Fuerzas Armadas, Derechos Humanos y las garantías de no repetición

16 de agosto de 2021
La no repetición de las violaciones a los derechos humanos en Chile ha sido un objetivo  que no se ha logrado a cabalidad, más allá de las intenciones de quienes desde distintos gobiernos lo han impulsado, un conjunto de esfuerzos mediatizados por los acuerdos políticos con la dictadura, los que en beneficio de la transición a la democracia pactada, crearon un manto de impunidad que al paso de los años fue transformándose en un freno para alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la no reparación y la no repetición[1]. Así es como se han permitido los pactos de silencio entre los principales autores y cómplices, civiles y militares, de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la justicia ha actuado de manera benevolente y en otras cómplice en juicios que terminan con la absolución o con penas irrelevantes frente a la gravedad de los crímenes cometidos, pero aun más, todos los gobiernos post dictadura fueron incapaces, por acción u omisión, de vincular a las FFAA y Carabineros a los cambios democráticos que la sociedad fue realizando y experimentando terminada la dictadura.

En este contexto resulta difícil pensar que el derecho a la verdad y a la no repetición se pueda lograr sin que los militares entiendan y asuman la importancia de la democracia, a través de un proceso de reeducación, para que los principios de la democracia se apliquen a las funciones de protección del Estado de Derecho que tienen que cumplir los militares. Sin esta comprensión del valor de la democracia, por los militares, no hay certeza de no repetición y de que no ocurrirán atropellos a la dignidad de la persona humana y a los derechos que el Estado debe garantizarle. [2]

La pregunta entonces y que surge nuevamente después de casi cincuenta años es, cómo se involucra a las instituciones militares (y carabineros) en el proceso de cambios, que está viviendo el pais, a partir del diseño de una nueva constitución, la solución es política, radica justamente en el diseño de la Constitución y luego, asumida en el futuro por con gobierno  que con valentía lo enfrente y resuelva. Ya no es tolerable que las FFAA continúen siendo el refugio para generales, oficiales y suboficiales quienes al amparo del negacionismo y de autoproclamarse vencedores de una guerra inexistente, cometieron abusos, torturas y crímenes de lesa humanidad, sin que, hasta hoy, exista un reconocimiento explícito y una reflexión crítica sobre tales hechos [3].

Quienes nos opusimos al golpe de estado, en nuestro caso como oficiales y suboficiales en la Fuerza Aérea, que fuimos leales a nuestros principios a nuestro juramento militar, a un presidente y a un gobierno elegido democráticamente, lo que afirmamos es que en 1973 en Chile no había peligro de una guerra civil, ese fue el argumento utilizado para justificar la participación de quienes apoyaron el derrocamiento violento de Salvador Allende y por los militares que planificaron y llevaron a cabo la  represión.

El origen de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es el golpe de Estado, los militares derrocaron un gobierno y a un presidente democráticamente elegido e intervinieron como el brazo armado que permitió imponer los fines, privilegios y propósitos de quienes, desde el poder económico y político, violentaron y terminaron con la democracia en 1973.

La evidencia histórica, así como los miles de testimonios de sobrevivientes, las investigaciones de organismos internacionales demuestran que nunca existieron fuerzas en conflicto enfrentadas militarmente, el enemigo de la junta militar fue la Unidad Popular, la izquierda chilena, un enemigo político, no militar. Es cierto que a mediados de 1973 Chile estaba en presencia de un profundo conflicto político cuyo impacto fue una crisis económica, pero no se registró ningún acto de insurrección o con carácter de rebelión armada por parte de quienes apoyaban el gobierno de Allende.

Por otra parte, la profundidad de la crisis económica, la escasez de alimentos, incluso la polarización del pais, no se constituían en una justificación material para un «estado de guerra» interno, ni para justificar operaciones militares como las que fueron desplegadas por las FFAA durante y después del 11 de septiembre de 1973.  La Junta militar utilizo el decreto de Ley No 5 del 22 de septiembre de 1973, para ordenar que el estado de sitio debía ser entendido como en «tiempo de guerra», respaldando así el nombramiento de un general en jefe que se hacía cargo “de las operaciones militares”, que fueron todas las acciones represivas para perseguir y eliminar a los opositores políticos, militantes y simpatizantes del gobierno derrocado, civiles desarmados, bajo la excusa de actuar contra una fuerza de rebeldes armados o una insurrección imaginaria.

El objetivo de la junta militar golpista fue crear la idea de que en Chile había una fuerza militar clandestina y que su objetivo era eliminar a las FFAA, esa era la propaganda que a diario se entregaba en las unidades militares.

Las FFAA entonces, no pueden pretender que el olvido es el camino para dejar atrás todo esto, un periodo en el cual causaron daños irreparables a miles de compatriotas, justificando acciones criminales con la mentira histórica que actuaron para salvar a Chile del Comunismo. Las Fuerzas Armadas, como instituciones permanentes de la nación, no deben cargar con pactos de silencio que esconden las responsabilidades de militares que, escudándose en el honor militar, en los símbolos patrios, cometieron aberrantes crímenes, eludiendo su responsabilidad frente al pais y evadiendo la justicia.

Lo que deben hacer es entregar toda la información referente a los miles de ejecutados y cuyos cuerpos hicieron desaparecer, limpiando el pasado que les separa de su pueblo y cumpliendo con lo que dicta el sistema interamericano de derechos humanos, respetando el derecho de las víctimas a la verdad y a la no repetición. En este punto debe quedar establecida la responsabilidad de quienes involucraron a las FFAA en el golpe de estado asumiendo falsos valores de patriotismo y lealtad institucional, terminando así, con los pactos de silencio, identificando a los responsables de los crímenes cometidos, para someterlos a juzgamiento e imponer las sanciones que correspondan.

Las garantías de no repetición entonces, pasa necesariamente por la reeducación de los militares, que estos asuman la responsabilidad que les cabe en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ese es el paso anterior para construir los instrumentos de subordinación y control efectivo por las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas. Lo anterior nos lleva a otro aspecto no menos importante, a la necesidad de terminar con la doctrina militar actual, férreamente vinculada a la doctrina de la seguridad nacional, cuyos lineamientos doctrinarios son ajenos a nuestro país, porque mantienen a las FFAA ancladas al pasado dictatorial, ordenadas en base a la relación que la Constitución de 1980 estableció entre el Estado, las Fuerzas Armadas y el “gobierno” dictatorial, una concepción no solo antidemocrática, sino que elitista, sustentada en las élites militares.

El diseño de una nueva doctrina militar por lo tanto, elimina la visión distorsionada del pasado reciente,  las supuestas  victorias que el ejército reclama en una guerra inexistente en 1973, sustentándola en un Estado social de derechos, democrático, para desde allí  establecer el tipo de organización de las fuerzas armadas que el pais necesita, definir los métodos de instrucción de las tropas y de su mando, acordes también, a la realidad actual, a los cambios de la tecnología, y de la ciencia militar.

La doctrina militar finalmente, se sustenta en la no deliberación y la obediencia de los militares al poder civil, relación que debe estar contenida en la Constitución Política del Estado, así como, en leyes y reglamentos, todo un andamiaje legal diseñado sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos.

De esta manera, la obediencia, no deliberancia, profesionalidad, jerarquización y disciplina, además de ser normas jurídicas en las instituciones militares, son valores y principios que ordenan la conducta de los militares y forman parte sustantiva de su código ético. Estos principios comienzan por asimilar que el desconocer los derechos del individuo y su dignidad humana, es contrario a la Constitución y a la ley, lo que debe ser inculcado en la formación de oficiales y suboficiales en el futuro.

Notas:

[1] permitieron que el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei R, con su canciller socialista Jose Miguel Insulza, liberaran al dictador detenido en Londres e impidieran que este fuera sometido a Juicio por sus responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de la cual era su cabeza visible.

[2] tal  cual sucedió durante, y después del estallido social de octubre de 2018, con acciones represivas permitidas e inducidas por el gobierno, llegando al extremo de incitar a la guerra entre compatriotas, tal cual lo hizo la junta militar que derroco a Salvador Allende en su momento, rompiendo los mínimos básicos de la convivencia democracia

[3] Lo que vale también para la derecha chilena y para quienes apoyaron el golpe de estado de 1973, justificando cobardemente  la represión y los crímenes que se cometieron a nombre de la libertad y la democracia.