¿Quiénes son, qué piensan, qué hacen?

Tienen, en promedio, 39 años. Algunos tienen trayectorias de luchas sociales desde mucho antes del 18 de octubre de 2019. Otros levantaron diversas banderas a partir del estallido social. Juntos, unieron fuerzas en la Lista del Pueblo. Y dieron la gran sorpresa en las elecciones del fin de semana, al obtener 27 escaños en la Convención Constitucional tras haber hecho una campaña austera, centrada en las redes sociales y sin vincularse a los partidos políticos.

Conversamos con los 27 elegidos de la lista para escribir una nueva Carta Magna. Aquí, hacen énfasis en que son el pueblo, “olvidado, marginado y maltratado” en Chile, que la Constituyente permite que “gente común y corriente” represente los intereses de los ciudadanos y nos cuentan sus principales cruzadas en el proceso.

Dayyana González (33), distrito 3

Profesora de historia y geografía de una escuela municipal de Tocopilla, donde intenta fomentar una educación democrática, no sexista y que fortalezca la identidad territorial de sus alumnos. Estudió en un liceo politécnico y, más tarde, pedagogía en la Universidad de Tarapacá, por lo que se considera “una hija de la educación pública”. En sus años de estudiante fue activista por la defensa de la autodeterminación de los pueblos originarios de Arica, y en Tocopilla ha liderado y organizado luchas medioambientales y por las mujeres de la comuna que sufren violencia. De hecho, su candidatura fue levantada por la Unión de Mujeres Kori, que presta ayuda y orientación a mujeres vulneradas.

“Nosotros levantamos nuestra candidatura con el feminismo de los pueblos. Desde este territorio golpeado por el sistema económico extractivista y neoliberal, nuestra primera bandera de lucha es abrir este Estado a que nos garantice el buen vivir, con un rol solidario, que se involucre con una perspectiva ecológica y que venga a resguardar los derechos de la naturaleza por la recuperación de nuestros bienes comunes, como el agua. También abrirnos a un Estado plurinacional por la autodeterminación de los pueblos”, comenta.

Constanza San Juan (35), distrito 4 

Nacida y criada en Santiago. Es licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Llegó a Huasco a los 19 años, luego de enterarse del conflicto socioambiental en Pascua Lama. Es parte del movimiento Asamblea Constituyente Atacama. Sus propuestas son antineoliberales. Cree en un Estado solidario y garante de derechos, especialmente los que dicen relación con la cultura, el acceso al agua y a un medioambiente limpio, además del acceso al Internet y a la información con énfasis para sectores rurales.

“Voy por una Constitución que defienda la vida en todas sus formas y diversidad, además de la recuperación del agua, del bien común y del buen vivir”, afirma.

Ivanna Olivares (30), distrito 5

Socióloga, vive en el cerro Esperanza de Valparaíso. Durante su enseñanza media y superior, participó en el movimiento estudiantil y la reorganización de federaciones de estudiantes. Apoyó la organización y lucha por una vivienda digna de la Toma de Terrenos de La Voz de los Sin Casa en Peñalolén. Además, encabezó la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso durante la administración de Jorge Sharp.

Una de sus principales batallas en la Convención, señala, será la promoción de un nuevo modelo de desarrollo basado en una democracia participativa: “Un Estado que garantice los derechos políticos y civiles, en clave territorial. Esto significa que se establezcan mecanismos de participación vinculante (plebiscitos, iniciativas populares de ley, mandatos revocatorios, etc.) en todas las escalas del Estado, nacional, regional y local”.

María Magdalena Rivera (63), distrito 8 

Ingrid Villena (30), distrito 13

Abogada, ha vivido toda su vida en la comuna de El Bosque. Estudió en el único colegio particular subvencionado de la comuna y luego, en 2007, decidió ingresar a Derecho en la Universidad Central. Una vez titulada cursó un diplomado en abuso sexual infantil en la Fundación para la Confianza, el cual le sirvió para dedicarse a defender de forma independiente a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos tanto física como sexualmente. Hasta hoy realiza esa labor, que complementa con distintas charlas que da sobre violencia intrafamiliar para el colectivo Violetas Sur.

En la Convención, su objetivo es claro: “Principalmente buscaré erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, esa es mi bandera de lucha”, comenta.

Rodrigo Rojas (37), distrito 13

Se define como hijo del movimiento “octubrista”, porque no había participado de otras instancias sociales antes del estallido de 2019. Es encargado de operaciones de vuelo. Nació y creció en Puente Alto y actualmente vive con sus padres en Melipilla. Fue diagnosticado hace siete años con leucemia y hoy se encuentra en un período de transición en su tratamiento médico. Ha desarrollado problemas auto inmunes por el mismo motivo. Dice que a pesar de su enfermedad y de la pandemia no se ha aislado, porque no le teme a la muerte.

Entre los temas que más le interesan está la salud y la inclusión como pilares de los derechos sociales. “Lo más importante que viene es el diálogo, la gran herramienta de la Convención. Pero no el diálogo que tenemos entendido y nos impusieron desde hace 30 años o más, donde la oligarquía daba sus ideas y nosotros acatábamos. Nosotros creemos en el diálogo ciudadano participativo, donde vamos a llegar a consensos, pero donde hay derechos sociales que no se van a transar porque son el mínimo que nos debemos”, comenta.

Francisco Caamaño (31), distrito 14 

Vive en la comuna de El Monte y trabaja como asistente administrativo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Es activista medioambiental y forma parte de organizaciones como Verde Nativo, Humedales del Mapocho y Plantemos Nativo, que pretenden dar solución a conflictos socioambientales del distrito.

Apuesta por un Estado ambiental, igualitario y participativo, valores que pretende defender en la Convención. “Además de que se garanticen los derechos fundamentales en la nueva Constitución, me interesa la defensa de la naturaleza, que se garantice el derecho de vivir en un medio ambiente sano, la desprivatización del agua y velar por su gestión comunitaria”, señala.

Loreto Vallejos (41), distrito 15

Hace cinco años es coach educacional. Profesora de Historia, realiza talleres de acompañamiento a personas enfocados en el conocimiento personal y desarrollo emocional. Principalmente ha ayudado a profesores y a mujeres emprendedoras. Nació en Santiago, se creó en los cerros de Viña del Mar y lleva 11 años viviendo en Olivar, Región de O’Higgins.

Dentro de sus principales temas a impulsar en la Convención está la educación. Cree que no solo debe ser gratuita y de calidad, sino que también no sexista, para toda la vida, con énfasis en los aspectos sexuales y emocionales. Además, buscará fomentar la protección de los ecosistemas y de los recursos naturales. “Toda transformación que queramos hacer debe nacer en la educación. No existe transformación posible sin educación. No podemos cambiar el sistema político si no tenemos gente que quiera participar. No podemos tener democracia directa si la gente no hace asambleas y vota. La educación es la base de todo, y no existe transformación posible sin ella”, sostiene.

Gloria Alvarado (57), distrito 16

Es técnica en Administración de Empresas y oriunda de Pichidegua en la Región de O’Higgins, que hoy al igual que otras localidades de la zona central, enfrenta una crisis hídrica. Este problema la ha motivado a movilizarse en ese sentido. Ha dedicado gran parte de su vida a organizaciones ligadas a la defensa del agua potable rural, como la agrupación Pichidegua Unidos por el Agua y el Comité de Defensa del Medio Ambiente de Pichidegua.

Algunas de sus banderas en este proceso son promover la gestión comunitaria del agua y defender el agua para el consumo humano, especialmente en territorios donde predomina la agroindustria. “Me interesa que este recurso tenga el lugar que corresponde y que su acceso sea un derecho humano garantizado por el Estado y que la gestión del agua comunitaria sea una alternativa para administrar el agua en Chile. Además, es importante hacer todo este trabajo con participación ciudadana”, dice.

Elsa Labraña (46), distrito 17  

Nació en Santiago. Vivía viajando entre la capital y Curicó porque sus padres son separados. Trabajadora social de profesión, madre y abuela, se declara como ecofeminista y pertenece al Colectivo de Mujeres de Curicó. También participa de No + AFP, Chile Mejor sin TLC, en la Red Chilena contra la Violencia y, a través del Consejo Ecológico de Molina, se vincula con el Movimiento por al Agua y los Territorios. Dentro de la región, se ha vinculado con las asambleas territoriales de Molina, Teno y Curicó.

Apunta hacia terminar con la economía extractivista y entregar mayor autonomía a los territorios, fomentar mecanismos de democracia directa y la creación de un estado plurinacional. Pero principalmente, la recuperación de los bienes comunes. “Mi eslogan dice ‘con la democracia participativa se come, se educa, se cuida el medioambiente y la salud’. Es importante avanzar en entender la alimentación como un derecho y pensarlo como una soberanía alimentaria. Siempre se habla de los derechos sociales garantizados por el Estado, pero a veces se olvida del más básico de los derechos, que debe garantizarse apenas uno nace, que es la alimentación”.

Francisca Arauna (30), distrito 18

De profesión abogada, ganó visibilidad por sus perfiles en redes sociales llamado “Derecho Fácil”, que busca acercar esta disciplina a las personas, y donde cuenta con más de 190.000 seguidores. Desde ahí, hizo campaña por el Apruebo en el plebiscito de octubre y recibió muchos comentarios preguntándole por qué no se lanzaba como candidata.

Lo hizo. Y ahora, como constituyente, buscará “una Constitución feminista; que ponga fin al Estado subsidiario, pasando a un rol activo del Estado, un Estado social de Derecho”. Además, buscará incluir en la Carta Magna “una perspectiva medioambiental, que es fundamental para el proceso vivido en todo el mundo”.

Fernando Salinas (65), distrito 18

Es ingeniero civil de profesión, pero sus grandes pasiones son la ecología y el activismo ambiental. Vive en Chanco, en la región del Maule, y viaja regularmente a Santiago por trabajo. Realizó el primer documental ecológico en Chile, llamado “El despertar de la conciencia” (1983), y coordinó la campaña contra la Termoeléctrica Los Robles en la costa del Maule. Es parte del Comité Pro-defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) desde 1993 y de Acción Ciudadana Costa Maule.

Una de sus principales preocupaciones para este proceso es la creación de una “Constitución eco-social”. “Me interesa que la naturaleza sea sujeto de derecho, que a las personas se le garanticen los derechos básicos que están pendientes y que la participación ciudadana se incorpore en la Constitución, para que nuestra democracia sea participativa, en lugar de representativa”, explica.

César Uribe (37), distrito 19  

Hijo de profesores, nació y creció en San Fabián de Alico. Ha luchado por las banderas socioambientales por más de 10 años. Durante su época universitaria participó en movilizaciones estudiantiles, pero siempre desde la independencia. Hasta que, en 2013, se integró a la organización Ñuble Libre, movimiento social que aboga por la defensa del río Ñuble.

“Principalmente me voy a preocupar de la defensa del medioambiente, de la recuperación del agua, de la protección de las comunidades, eso es fundamental. Por otro lado, creo mucho en la democracia, en la autonomía de las regiones, y en generar herramientas de participación ciudadana y de soberanía territorial en los distintos lugares, esos son mis principales enfoques”, afirma.

Rossana Vidal (51), distrito 20

Es enfermera, abogada y docente de la comuna de Chiguayante. Se ha dedicado al trabajo con grupos vulnerables de la zona, especialmente con personas en situación de calle a través de la Corporación Sempiterno, que formó hace tres años.

El derecho a la salud, la educación y el bienestar animal son tres temas que quiere llevar a la Convención. Pero su principal bandera de lucha en el proceso será la dignidad humana. “Creo que a partir de ella vamos a poder escribir esta nueva Constitución, pensando que desde ahí van a salir todas las políticas que van a dirigir los destinos de nuestro país para el futuro próximo y las generaciones futuras. Es lo que nos permitirá hacer políticas con rostro humano”, dice.

Adriana Ampuero (34), distrito 26  

Vive en la península de Rilán, en Castro, y ha trabajado durante años para visibilizar las problemáticas de la Isla de Chiloé, como la conectividad y el acceso a servicios básicos. Es egresada de Derecho y vocera del Movimiento Archipiélago Soberano, que agrupa a personas de todo el territorio insular que luchan por la recuperación de las autonomías regionales.

Entre los principales temas que desea plantear en la Constituyente están la descentralización y la promoción de las autonomías regionales. “Estos dos aspectos son los más importantes en el distrito. Vivimos en carne propia las problemáticas de la conectividad insular y de territorios inhóspitos, que termina dificultando el acceso a otros derechos sociales básicos como por la salud y educación. Aquí la gente tiene que transitar por el territorio y mar para poder llegar a un hospital o mandar a sus niños a estudiar, lo que es sin duda un conflicto”, explica.

Elisa Giustinianovich (36), distrito 28 

Doctora en Ingeniería Química e investigadora de la Universidad de Magallanes, ha trabajado especialmente en temáticas relacionadas con las energías renovables. Se declara ecofeminista y ha participado en espacios de educación popular y ambiental. Es parte de la Coordinadora Feminista de la Patagonia, Colectiva y Cooperativa Rosas Silvestres, Red de terapias “Matríztica” y Red Austral de Acción Territorial.

En la nueva Constitución, buscará “acabar con la impunidad de este gobierno frente a las violaciones de derechos humanos”. Asimismo, su compromiso va por “descentralizar el poder político, económico y administrativo, avanzar hacia un Estado social y garante de derechos y poner un enfoque feminista a lo largo de toda la Carta Magna, garantizando vías libres de violencia a mujeres, disidencias e infancia”.