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«Existen antecedentes serios», desde hace tiempo, sobre montajes de Carabineros en La Araucanía

«Existen antecedentes serios», desde hace tiempo, sobre montajes de Carabineros en La Araucanía
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Manuela Royo, la abogada defensora de causas mapuche y candidata a constituyente, aseguró que son situaciones respaldadas por información que está en el INDH y que, para ella, se deben a que

la policía «en vez de responder al orden público y el bien común, responde a ser los guardias privados de latifundistas y dueños de empresas forestales».

En los últimos días se han conocido denuncias que apuntan a que funcionarios de Carabineros de Chile estarían involucrados en hechos de corrupción que van desde la venta de seguridad privada hasta chantajes, autoatentados y robo de madera. De esto dio cuenta el testimonio entregado el pasado domingo 21 de febrero, en el programa Pauta Libre de La Red, por el ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo, quien afirmó que la institución realiza autoatentados para encubrir el robo de madera. A él se sumó, este miércoles, el diputado René Saffirio, quien aseguró en el programa Stock Disponible de Vía X, contar con información que daba cuenta de

“una organización al interior de Carabineros, en la cual están vinculados oficiales y personal de distinto rango, que vende seguridad a los interesados en explotar determinados bosques de la Araucanía”.

“Hay una red para delinquir de Carabineros. Han hecho del conflicto un negocio”,

remató el parlamentario.

Pero hay quienes vienen denunciando este tipo de conductas desde hace años. Es el caso de la abogada Manuela Royo, defensora en causas mapuche y candidata a la Convención Constituyente, quien en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile abordó el complejo escenario que se vive en La Araucanía a raíz de los últimos hechos de violencia y la respuesta que ha llegado desde el Gobierno.

“En La Araucanía estamos viviendo una especie de 18 de octubre mapuche, lo digo porque en todas las comunas se están levantando procesos de recuperación territorial, vemos que en todas las comunas existen procesos de movilización en los que se han realizado entradas a terrenos, tomas simbólicas, tomas pacíficas; pero también muchas manifestaciones y mucha protesta social por parte de las comunidades mapuche”, aseguró respecto de su diagnóstico de la situación en la región.

Se le ha criticado mucho al sistema de justicia penal que, a pesar de las muertes de un carabinero, de un PDI y de civiles, mapuche y no mapuche; no hay culpables. ¿Comparte esa crítica?

“Hoy día los tribunales están colapsados, la Fiscalía está absolutamente sobrecargada. No existe, a mi juicio, mayor poder de los grupos de Derechos Humanos de la Fiscalía que trabajan en ciertas investigaciones. Y hoy día el Gobierno en vez de apuntar hacia la investigación, hacia la verdad de la Justicia y hacia que se resuelvan los conflictos mediante el diálogo a través de canales judiciales efectivos; finalmente se apunta hacia la criminalización y la violencia.

Por ejemplo, respecto del caso del funcionario de la PDI que falleció en Temucuicui, claramente hoy día no hay respuesta sobre lo que pasó, la familia no tiene ninguna información. Nosotras también levantamos instancias de diálogo entre la familia de él y los werkenes y lonkos de la comunidad de Temucuicui, y estamos tratando de hacer las cosas como se deben. Sin embargo, creo que aquí, cuando uno intenta apuntar desde la represión, utilizando la policía para resolver los conflictos y la criminalización, lo que se genera es más y más violencia. Esa misma violencia es la que hace sentir en muchas personas una sensación de injusticia y de impunidad”.

La madre y el hermano del detective asesinado durante el operativo de la PDI en Temucuicui llegaron hasta la comunidad y mantuvieron una emotiva conversación con la familia Catrillanca. Foto: Manuela Royo.

“Ahora, también hay una dimensión importante que tiene que ver con la manipulación de los medios de comunicación por parte de la derecha. Hoy día hablan que hay terrorismo, inseguridad en la región y están presionando, cuando en la práctica en La Araucanía la mayoría de la gente vive en paz. En el verano la gente se peleaba por venir acá de vacaciones, entonces ¿de qué estamos hablando? En una zona donde hay terrorismo no se puede vivir, no viene turismo, no se puede transitar, cosas que no pasan acá”.

Desde un sector se acusa al pueblo mapuche de esta ola de violencia. Para usted, ¿qué responsabilidad le cabe en este conflicto a los agricultores, las forestales o los grupos de ultraderecha de la zona?

“Creo que hoy estamos ad portas de algo muy fuerte, que tiene que ver con la paramilitarización y el sicariato. Recordemos que la lamngen Emilia fue asesinada en Panguipulli fue a manos de guardias privados. Semanalmente me llegan fotos, videos e información de comunidades que dicen que las están atacando, que les disparan. Eso pasa porque se han dado muchas facultades para que la derecha se arme en plena impunidad. Vemos a gente de la Multigremial o de APRA, Juan de Dios Fuentes se pasea con pistolas por cualquier lado. Son gente que llama al Estado de Sitio, a la militarización y a la violencia, pero al mismo tiempo también ejercen violencia, están armados y se transforman en una amenaza”.

En los últimos días hemos vuelto a ver denuncias que apuntan a que Carabineros se estaría beneficiando del conflicto a través de la venta de seguridad, robo de madera y la creación de montajes. ¿Usted ha visto esto en la región?

“Me tocó conocer un caso cuando trabajaba en el INDH, en el que un ex policía que trabajaba en la frontera entre el Bío Bío y La Araucanía, por el sector de Tirúa, denunció a Carabineros de que se estaba obligando, por un lado, a hacer montajes y acusar personas inocentes, y que existía la muerte de un carabinero que presumiblemente había sido por las propias negligencias de Carabineros. Él fue acosado y expulsado de la institución. Existen antecedentes serios, respaldados por información que está en el INDH, respecto de las denuncias de este policía”.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se trasladó hacia la Región de La Araucanía junto al general director de Carabineros, Rodrigo Yáñez, y el general director de la PDI, Héctor Espinosa. Foto: Ministerio del Interior.

“Como este caso hay muchos más. Carabineros es una institución que está desatada y que se ha tornado, a mi juicio, en una institución que, en vez de responder al orden público y el bien común, responde a ser los guardias privados de latifundistas y dueños de empresas forestales. Y obedecen a quienes les pagan y no a su institución.

En esos términos se inician procesos de corrupción y vemos cómo dentro de Carabineros incluso hay denuncias por robar madera. A mí personalmente me ha tocado ver cómo muchas veces mienten, cómo manipulan la información, cómo crean montajes como el caso Huracán, como en el caso de Camilo (Catrillanca), y así un sinnúmero de hechos que me ha tocado de ver como defensora y como abogada de derechos humanos en La Araucanía”.

¿Dice que el INDH en La Araucanía tiene antecedentes que dan cuenta de estas situaciones?

Sí, desde hace bastante tiempo.

¿Los antecedentes dan cuenta de qué en concreto?

De que existen denuncias de ex carabineros respecto de que se les obliga a mentir en las declaraciones, también de que se realizaron persecuciones y afectaciones a los derechos humanos de ex carabineros, por parte de la propia institución, por denunciar corrupción y por denunciar también montajes. Esos antecedentes están en el INDH desde hace mucho tiempo, eso a mí me consta.

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