El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres repudió enfáticamente la escalada represiva desatada por el Gobierno en la Patagonia en defensa de “los intereses de los terratenientes por encima de los derechos de la población” y remarcó que dicha militarización es acompañada por una criminalización del pueblo mapuche, que lucha por sus tierras ancestrales. “Nos preocupan la acelerada disolución del Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”, sostuvieron los sacerdotes en una extensa carta, donde afirmaron que salir en defensa de “la vida ultrajada de Rafita, el desfalco de los abuelos y trabajadores previsto por este Gobierno” son también “cosas de Dios” de las que deben ocuparse.
El duro reclamo de los curas hizo foco en “la militarización de la Patagonia” que lleva adelante el gobierno de Macri para defender los intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”. Para los curas, las muertes de Santiago Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido, y la de Rafael Nahuel, el joven de 21 años asesinado por la espalda en la represión del último sábado a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, responden al Estado policial instalado en el sur.
“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley”, sostuvieron los curas, que acusaron al Estado de en ambos casos “producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras” que hirieron “la dignidad y el buen nombre” del pueblo mapuche y la familia de Santiago.
El repudio de los sacerdotes también apuntó al “discurso autoritario y represivo” similar al usado en la dictadura militar, a la “intimidación” sobre los jueces y la Procuración General y a la “violación de la división de poderes que este Gobierno ha impuesto como costumbre”.
“La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El Gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de Estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional”, condenaron.
También criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”. “Es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia”, afirmaron.
Los curas exhortaron a legisladores y dirigentes sindicales a “defender los derechos de los trabajadores y jubilados” y remarcaron que apoyan “de corazón” la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que se manifestaron ayer frente al Congreso.
Por último, los curas se solidarizaron también con otras víctimas de “este gobierno irresponsable” como los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, los muertos en el incendio de Iron Mountain y Milagro Sala y “sus compañeros presos políticos”. Además, respondieron las críticas del senador Miguel Ángel Pichetto, que había dicho que los curas “se tienen que ocupar de las cosas de dios”, sosteniendo que denunciar estas injusticias son también “cosa del dios” amigo de los pobres y los excluidos.
*Fuente: Página12
