La familia Navarrete Rolando, cercana a Pinochet y que “adquirió” el Fundo Panul a un precio irrisorio en dictadura (un millón de pesos, hoy 20 millones), demandó a la comunidad que defiende el bosque, a través de un recurso de protección.
Este recurso buscaría impedir que la comunidad pueda ingresar al bosque y proteger el ecosistema, algo que realizan miles de personas cada mes, lo que consolida al parque Panul como un importante y necesario pulmón verde para Santiago
Sabemos que el bosque Panul -un imponente bosque nativo dentro del radio urbano de Santiago- ubicado en la comuna de La Florida es propiedad privada, o mejor dicho, era propiedad pública y fue privatizado en dictadura. Para ser exactos, las 570 hectáreas fueron traspasadas por Augusto Pinochet desde Bienes Nacionales a la familia Navarrete Rolando en 1978, en un “remate a único postor” por un millón de pesos, lo que hoy serían cerca de 20 millones. Sabemos también que con los años esta familia creó empresas fantasmas, para vender entre ellas el fundo Panul y elevar su valor a nada menos que 40 mil millones de pesos: la magia de la especulación inmobiliaria, lo que supuestamente ha “inhibido a cualquier repartición pública de expropiarlo y hacer un parque en él”, según respondió en su web el Ministerio de Vivienda hace algunos años.
La comunidad organizada ha impedido todo intento de destrucción de este valioso ecosistema, y vela por su protección y cuidado, hasta ahora.
Los Navarrete Rolando contaminan el bosque Panul
Recordemos que durante tres décadas la empresa Gelymar, filial del holding Oxiquim (controlado por la familia Navarrete Rolando, cuyo patriarca era amigo íntimo de Augusto Pinochet) contaminó con cuatro mil toneladas de desperdicios y arena de mar el bosque nativo Panul, incluso obstruyendo quebradas que estan un poco más arriba de las casas. La comunidad denunció esto a las autoridades, y finalmente el 2do tribunal ambiental de Santiago les dió la razón, y ordenó el retiro inmediato de los desechos. Al mismo tiempo exigió una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para ver si Gelymar estaba o no eludiendo el sistema ambiental.
Gracias a la denuncia comunitaria, el tribunal reconoció el alto valor ambiental del bosque, y el riesgo que suponía aguas abajo la acumulación de estos residuos industriales, botados sin ninguna autorización ni control, ordenando a los dueños del Panul sacar estos desechos.
Para reparar el daño al medio ambiente y llevar a cabo el retiro de los desechos, los Navarrete pusieron a cargo a su inmobiliaria Gesterra, la misma que fue derrotada el año 2012 por la comunidad, cuando intentaron talar 150 hectáreas de bosque nativo para construir 1304 viviendas ABC1.
Desde que iniciaron el retiro de los desechos, la comunidad constató como la empresa dañaba nuevamente el bosque con total impunidad, incumpliendo en varias oportunidades el “plan de extracción de arenales” ordenado por la SMA. Gracias a una nueva denuncia de la comunidad, la SMA fiscalizó en terreno el retiro de estos desechos, y pudo constatar la denuncia, imponiendo a los dueños del Panul mayores condiciones y restricciones para su retiro. Pero al contrario de lo esperado, los Navarrete intensificaron su nefasto uso del bosque, generando un daño irreparable en varios lugares. Es decir, una medida de un tribunal ambiental para reparar el bosque termina dañándolo por una familia que cree estar por sobre la ley.
Los Navarrete Rolando demandan a la comunidad que defiende el bosque
Es en este contexto de impunidad y presión ciudadana, que Vicente Navarrete Rolando, en representación de la Inmobiliaria Gesterra, interpuso un recurso de protección en contra de personas ligadas a la defensa del Panul, algunas inexistentes y otras que nunca estuvieron en el lugar, para evitar que sigan fiscalizando e ingresando al bosque, buscando además, sentar un precedente para cerrar el parque en el futuro.
Esta familia describe así el trabajo del parque comunitario en el recurso:
“Este actuar, además, es a todas luces arbitrario. Nos preguntamos, ¿Cuál es la razón de este tipo de actuación?La respuesta es simple. El capricho de parte de los recurridos respecto de lo que ellos consideran, muy erróneamente, que es su derecho, ya que ellos consideran que el inmueble privado, protegido por el derecho de propiedad, debiese ser un Parque público de acuerdo a sus intenciones”. (página 10, recurso de protección, 96574-2020, Corte de Apelaciones de Santiago)
Vemos una vez más como los que se creen dueños de este país, que se enriquecieron en dictadura gracias a los favores del dictador, intentan dañar impunemente el medio ambiente, pensando que la propiedad privada les permite esto, destruir los ecosistemas y territorios mientras ellos se llenan los bolsillos con sus millonarios proyectos.
Al igual que los dueños de propiedades “con orilla” de río, lago o playa, los Navarrete buscan evitar el acceso de miles de personas hacia la montaña, un tesoro invaluable que habita nuestra cuenca de Santiago, y del que hemos sido despojados por falta de voluntad política.
La comunidad prepara una contundente respuesta a este recurso de protección, y no se dejará amedrentar. Estamos preparados para defender el bosque, porque hoy somos parte de él.
Hacemos un llamado al presidente y al alcalde para terminar con este absurdo conflicto, generando de una vez por todas, un parque nacional en el Panul y en toda la precordillera de Santiago.
Red por la Defensa de la Precordillera
Febrero de 2021
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