¿Por qué persiste la violencia policial en Chile?

Vea aquí investigación sobre la mano dura (en inglés): Supporting Mano Dura: Police Practices and Citizens’ Perceptions of Deservingness.

En los últimos meses la discusión sobre violencia policial y reforma ha estado en el tapete como resultado de múltiples casos de abuso policial en países tan diversos como Estados Unidos, Chile, Nigeria, Sudáfrica y, más recientemente, Colombia. Estos escándalos de abuso suelen movilizar fuertemente a sectores de la sociedad en busca de reforma, pero con pocos resultados visibles en términos de cambio en el comportamiento policial[1]. La pregunta es ¿por qué, a pesar de la identificación de problemas y la implementación de propuestas para solucionarlos[2] [3], se siguen cometiendo abusos?

Una respuesta común es atribuir los abusos a la falta rendición de cuentas y la falta entrenamiento. Desde luego, en contextos democráticos la rendición de cuentas y la existencia de cuerpos de policía profesionales y capaces son mínimos necesarios. Sin embargo, algunas de las policías mejor entrenadas son también las más violentas[4] y la gran mayoría de los procesos de reforma policial incluye la creación de distintos mecanismos de rendición de cuentas sin lograr evitar que la policía actúe con violencia.

Para entender esta situación de aparente bloqueo, hay que pensar a la policía como una pieza en un contexto social más amplio. La violencia policial se produce porque existe un sistema, una serie de estructuras dentro y fuera de la policía, que de manera indirecta o directa habilitan su comportamiento. Estas estructuras habilitadoras conviven con reclamos para reducir la violencia policial. Entonces, para entender por qué se perpetúa la violencia policial necesitamos entender cómo opera la policía, qué bases sociales apoyan el uso de la violencia del Estado, y cómo se relaciona todo esto con la política.

CÓMO OPERA LA POLICÍA

Una explicación que hemos escuchado repetidas veces respecto al por qué de la violencia policial está relacionada con la persistencia de la “militarización” del aparato policial. ¿Qué es la militarización? Es una manera de organizarse para el uso de la violencia que se traduce en ciertas prácticas y una “mentalidad” específica. La lógica militarizada implica que el trabajo policial es visto como la defensa del orden frente a la presencia de “enemigos.” Esta lógica requiere un tipo de entrenamiento defensivo. En sí mismo, esto no tiene por qué ser problemático. De hecho, en el mundo, la gran mayoría de los países cuenta con policías que operan bajo una lógica de organización militarizada[5], y prácticamente todos los países de América Latina cuentan con algún tipo de policía militarizada.[6]

Las policías cumplen una gran diversidad de funciones en la sociedad, y quizás para algunas de ellas, como por ejemplo el patrullaje de fronteras, un comportamiento defensivo sea necesario. Los problemas empiezan cuando la lógica de los enemigos se traslada al ámbito de la seguridad pública, el manejo de la protesta, y el combate al crimen. Por ejemplo, la mayor parte del entrenamiento que reciben los policías en Estados Unidos que manejan la seguridad pública se enfoca en manejo de armas y tácticas defensivas, y no en cómo des-escalar el conflicto. Es de esperar entonces que “si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo.” Es decir, si las policías están entrenadas para abordar cada situación como una de riesgo, reaccionarán de manera acorde.

Una de las razones esgrimidas para justificar la persistencia de la militarización en el contexto latinoamericano tiene que ver con la proliferación de organizaciones criminales en el continente y la percepción de que han de ser confrontadas de manera violenta. Sin embargo, la realidad de países como México, El Salvador, o Brasil demuestra que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen[7].

En efecto, la militarización es parte de las razones por las cuales la policía es violenta, pero no representa la historia completa. Después de todo, la militarización es un fenómeno extendido y sin embargo no todos los países exhiben los mismos niveles de violencia policial. Para entender por qué persiste la violencia policial necesitamos ver más allá de la organización policial.

BASES SOCIALES DE APOYO A LA VIOLENCIA ESTATAL

Amplios sectores de las sociedades latinoamericanas apoyan la implementación de estrategias violentas de seguridad interna; ya sea porque hay niveles altos de crimen, o porque existe la percepción de que hay gran inseguridad. Así como las policías identifican enemigos del orden social, también lo hacen las personas, y avalarán comportamientos agresivos en pos del mantenimiento del orden. De hecho, los niveles de apoyo a prácticas policiales violentas son extendidos incluso en comunidades con altas tasas de violencia y crimen. Esto es paradójico, dado que son estas mismas comunidades las que suelen pagar las consecuencias de este tipo de estrategias de seguridad. Las comunidades apoyan políticas de este tipo[8], posiblemente en contra de sus propios intereses, por razones complejas: en contextos de alta violencia las prácticas policiales violentas pueden ser vistas como el mecanismo más expeditivo para atacar los problemas de violencia cotidiana.

Pero el apoyo extendido a acciones policiales violentas no está limitado solamente a comunidades rutinariamente afectadas por situaciones de violencia. Mi investigación junto con otros colegas sugiere que distintos sectores de la sociedad han llegado a un consenso que identifica a otros segmentos sociales como merecedores de un tratamiento más violento por parte del Estado[9].

En contextos de baja información, las personas forman (pre)juicios respecto al comportamiento de otros con base en características sociodemográficas como la clase social, la raza, o la edad. La existencia de estos prejuicios respecto a qué tipo de personas son más proclives a cometer delitos genera las condiciones para justificar y avalar un comportamiento policial más violento hacia algunos sectores de la sociedad.

LA RELACIÓN ENTRE POLICÍA, BASES SOCIALES, Y POLÍTICA

Ante percepciones de aumento de la inseguridad, que pueden o no estar asociadas con un aumento real del crimen, los gobiernos necesitan reaccionar con políticas que sean visibles.

Los políticos están motivados por la necesidad de dar respuesta a las preocupaciones de los votantes para ganar elecciones. En la medida que la seguridad comienza a ser una de estas preocupaciones, se ven obligados a responder con políticas concretas. Las políticas de policía más violenta son menos costosas, más visibles, y más fáciles de implementar en el tiempo limitado de un gobierno. No hay nada más visible que la presencia de policías que se parecen a los militares, y la sensación de seguridad que generan para algunos, independientemente de su efecto sobre el crimen. Por ejemplo, la Guardia Republicana en Uruguay, o la Guardia Nacional en México, son policías militarizadas creadas para enfrentar cuestiones de orden público y prevención del crimen. En Chile, los Carabineros, que también tienen una estructura militarizada, históricamente han estado a cargo de la seguridad pública.

Además de la creación de nuevas unidades, o el reforzamiento de otras existentes, los gobiernos también recurren a la creación de leyes, o la implementación de regulaciones que habilitan actividades concretas, con posibles resultados violentos[10]. Un ejemplo claro de una ley que puede derivar en el aumento de la violencia policial es la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración en Uruguay. El artículo 1 de esa ley crea la figura de la “legítima defensa policial” eximiendo de responsabilidad al policía si actúa en defensa propia o de un tercero y aumentando la discrecionalidad y la dificultad de ejercer una adecuada rendición de cuentas.

Ejemplos de actividades concretas son las redadas a mitad de la noche, las detenciones breves con estándares bajos de evidencia (conocidas en otros contextos como “stop-and-search”), o el patrullaje por “puntos calientes,” una forma de desplegar a la policía en el territorio que implica enviar a más oficiales a lugares donde hay más crimen. La regulación de estas actividades—y no la ausencia de regulación— crea condiciones favorables al uso de la violencia por parte de las policías, porque incrementa las oportunidades para el contacto entre policías y residentes. Al incrementar el contacto se incrementan también las oportunidades para que se generen situaciones violentas. La ventaja de estas prácticas es que hacen visible la acción de los gobiernos, independientemente de su efecto sobre la reducción del crimen. De hecho, existe evidencia contradictoria respecto a la efectividad de, por ejemplo, el patrullaje por puntos calientes. Algunos estudios sugieren que no es efectivo[11], mientras que otros muestran efectos bajo condiciones específicas.

Dado que las sociedades suelen tener altos niveles de desconfianza en la policía, las políticas de policía más violentas se combinan con otras creadas para incrementar la rendición de cuentas, como las llamadas policías comunitarias. Con diversos formatos, las policías comunitarias suponen la creación de espacios de diálogo entre policías y comunidad como manera de transparentar información y de orientar la actividad policial en respuesta a las necesidades de la población. Este tipo de experiencias han tenido lugar en Argentina, Brasil y Colombia y en otros países más allá de América Latina, como Sudáfrica, India y Liberia. El problema principal de la inclusión de la sociedad civil en decisiones de policía es que, como vimos, existen posiciones encontradas respecto a los objetivos del trabajo policial, y fundamentalmente a los medios para lograr dichos objetivos. No es sorprendente entonces que los resultados de evaluaciones recientes sugieran que las policías comunitarias no reducen el crimen y tampoco aumentan la confianza de los individuos en la policía[12].