Agosto saharaui: los inmigrantes del Open Arms y el luchador saharaui entregado a Marruecos

• La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, afirma que el tema de los inmigrantes se trata “con responsabilidad y con solidaridad”.

• El Gobierno, que dice seguir una política de “protección de los derechos humanos”, entregó a Marruecos a un activista saharaui perseguido que buscaba asilo político.

• Husein Bachir, estudiante de Derecho, lleva más de siete meses en prisión esperando ser juzgado por “actividades políticas ilegales”.

La migración ha estado especialmente presente en la política española en agosto por el caso del Open Arms, con cuya resolución llegaron a suelo español los 15 inmigrantes que aceptó el Gobierno de España, el mismo que en enero entregó a Marruecos un estudiante saharaui que era perseguido por “actividades políticas”.

La migración y el Open Arms hicieron que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, compareciese el 29 de agosto en la sesión de control al Gobierno donde, además de decir que somos una “gran democracia”, señaló en referencia a los inmigrantes que se trata de “personas, de sus derechos, de la integridad de sus vidas”, un tema que en España se afronta “con responsabilidad y con solidaridad, por tanto en la ética”. Y habló, también, de una política de “protección de los derechos humanos”.

El Gobierno de España que, días antes, el 18 de agosto, aludió en un comunicado de Exteriores a los derechos humanos de los inmigrantes cuando mostró su disposición a llevar a un puerto seguro a los ocupantes del Open Arms si Italia no autorizaba su desembarco en Lampedusa, fue el que entregó a Marruecos a Husein Bachir Brahim -Lahoucine Amaadour para los marroquíes en su práctica de cambiar los nombres saharauis-, que lleva ya más de siete meses en una cárcel de Marrakech a la espera de juicio.

Husein Bachir, estudiante de Derecho en Agadir (Marruecos), llegó a la isla de Lanzarote en patera el 11 de enero de 2019, después de permanecer tres meses oculto. Era buscado por la policía marroquí, que le relaciona con el llamado “grupo amigos de El Luali”, estudiantes de la universidad de Marrakech. Quince de este grupo fueron juzgados en julio de 2017, después de doce aplazamientos, en relación con un supuesto delito de homicidio y condenados cuatro de ellos a 10 años de cárcel y a 3 años los demás, El juicio no fue público y la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) denunció que no contaba con las mínimas garantías.

Volviendo al Open Arms, el 30 de agosto llegaron en un buque de la Armada a San Roque (Cádiz) los inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo que correspondieron a España; el Gobierno dijo que iban a ser informado de sus derechos, entre ellos el de poder solicitar asilo, y según informó Europa Pres los 15 inmigrantes manifestaron su voluntad de hacerlo en España, por lo que se les daría fecha para formalizar la solicitud.

Atención en un caso, deportación en otro

La diligente actitud del Gobierno con los inmigrantes del Open Arms deja en evidencia lo que se hizo con el saharaui Husein Bachir, que el 11 de enero llegó en patera a la isla de Lanzarote procedente de Tan-Tan (Marruecos) huyendo de la policía marroquí. Detenido por la policía española, el 14 de enero compareció ante el juzgado  de Instrucción número 4 de Arrecife, donde manifestó su deseo de solicitar asilo político por estar perseguido por Marruecos por su activismo. Se declaró activista de los Derechos Humanos y defensor de la autodeterminación del Sáhara Occidental y dijo que los integrantes del grupo Compañeros de El Luali fueron perseguidos y dos de ellos asesinados, por lo que temía ser detenido o asesinado.

El titular del juzgado ordenó el ingreso de Husein Bachir en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, pero acabó tres días después en Marruecos, entregado por la policía española, y fue encarcelado por “actividades políticas ilegales” en la prisión de Luidadya, en Marrakech,

La explicación del Ministerio del Interior a Contramutis fue que Husein Bachir no pidió asilo, a pesar de que sí lo manifestó ante el juez de Arrecife, según consta en el acta judicial.

Si en el caso del Open Arms la vicepresidenta en funciones se encontró con la oposición en contra, el ministro del Interior en funciones tuvo más suerte: Unidos Podemos y Compromís, con el apoyo del PNV y ERC, pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Fernando Grande-Marlaska para que explicase la deportación del estudiante saharaui, pero lo impidieron el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, de acuerdo para esta ocasión.

La entonces eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol denunció el caso ante la Comisión Europea por considerar que el Estado español violó la normativa europea en materia de asilo y el principio de no devolución.

Recientemente, el 28 de agosto, han llegado a la isla de Fuerteventura con otros inmigrantes cuatro jóvenes saharauis, uno de ellos menor, ante lo que la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui ha pedido al ministro del Interior en funciones que no se repita un comportamiento como el que sufrió Husein Bachir Brahim.

Durante el mes de agosto en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, de donde salieron en patera cuatro saharauis hasta Fuerteventura; en ciudades del sur marroquí con población saharaui, de donde huyo el estudiante saharaui, y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, donde ahora se encuentra Husein Bachir, se siguen vulnerando los Derechos Humanos, como muestra el siguiente recuento, aproximado, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis:

Agosto saharaui 2019 (pinchar)

*Fuente: Contramutis