Convocados por la denominada Asamblea Nacional Ciudadana, organizaciones sociales y gremios de trabajadores de Ecuador continúan hoy jornadas de movilizaciones contra las medidas económicas del gobierno y la presencia del FMI, entre otras razones.
Las concentraciones, iniciadas desde el pasado día 15, se desarrollan de manera progresiva en diferentes puntos de este territorio andino también en defensa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, electo por el pueblo y atacado por grupos de oposición, que hasta solicitaron juicios políticos contra algunos de los miembros del ente.
La víspera, cientos de personas, divididas en varios grupos, se manifestaron en provincias como Pichincha (donde se ubica la capital), Guayas, Esmeraldas, Bolívar, Manabí, Cañar, Los Ríos y Morona Santiago.
Interrupción de algunas vías con carteles, llantas quemadas y consignas como ‘No la Fondo Monetario Internacional’, ‘No a los despidos masivos’ ‘ No a las privatizaciones’ y ‘Queremos un buen Gobierno’, fueron parte de las protestas, que la Asamblea nacional Ciudadana denominan como Paro Nacional.
EL inicio de las marchas, el lunes 15, estuvo marcado por la detención del dirigente de transportistas Omar Delgado y de su hijo, por llamar al pueblo a unirse a la movilización.
La reacción de rechazo a la medida no se hizo esperar en las redes, usadas como bastión de lucha por movimientos sociales, asambleístas de la bancada de la revolución Ciudadana y pueblo en general, para exigir la liberación de los detenidos ‘de manera ilegal y arbitraria’ por llamar a la movilización nacional.
Desde inicios de este año se llevan a cabo en el país marchas contra el plan de ajuste implementado por el ejecutivo, que implica el despido de miles de funcionarios públicos, recortes en los presupuestos de sectores con impacto social como la educación y la salud y alza en los combustibles.
Un acuerdo alcanzado en marzo último con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un préstamo de más de cuatro mil millones de dólares también resulta motivo de condena en varios sectores de la sociedad, así como el retiro del asilo concedido desde 2012 al informático australiano Julian Assange en la embajada de Quito en Londres.
A los motivos de protesta se sumó el proceso que se lleva en contra del desarrollador de software sueco Ola Bini, procesado por supuesto hackeo a los sistemas informáticos del estado, sin que hasta ahora se demuestre cuales han sido los sectores afectados.
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