Bayer y Monsanto detrás del golpe de Estado de EE.UU. contra Venezuela

Caracas, Venezuela — Al tiempo que se desarrolla la crisis política en Venezuela, mucho se ha dicho sobre los claros intereses de la Administración Trump en la privatización y explotación de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo, por firmas gigantes como Chevron y ExxonMobil.

Pero la influencia de otra notoria compañía estadounidense, Monsanto -ahora una subsidiaria de Bayer- no ha sido mencionada.

Mientras numerosas naciones latinoamericanas se han vuelto «sálvase quien pueda» para las compañías biotecnológicas y sus afiliadas, Venezuela ha sido uno de los pocos países en pelear con Monsanto y otros gigantes de la agroquímica internacional y ganar. Sin embargo, desde esa victoria -que se ganó bajo el mandato chavista- la oposición apoyada por los Estados Unidos han venido trabajando para revertirla.

Ahora, con el gobierno paralelo de Juan Guaidó tratando de tomar el poder con el respaldo de los Estados Unidos, es revelador que los más altos contribuyentes políticos que pujan por un cambio de régimen en Venezuela tienen estrechos vínculos con Monsanto y grandes acciones financieras en Bayer.

En meses recientes, el producto de Monsanto más controversial y notorio -el pesticida glifosato, tildado Roundup, y vinculado al cáncer en recientes fallos en cortes estadounidenses- ha amenazado el futuro financiero de Bayer como nunca antes, como una letanía de nuevos casos jurídicos ladrando a las puertas de Bayer. Parece que muchas de las fuerzas en los Estados Unidos que ahora buscan derrocar al gobierno venezolano esperan por que un nuevo gobierno liderado por Guaidó proveerá a Bayer un nuevo y mucho más necesario mercado para sus agroquímicos y semillas transgénicas, particularmente aquellos productos que ahora encaran vetos en países de todo el mundo, incluyendo el defoliado y aún envenenado Vietnam.

EL ANTICHAVISMO BUSCA REVERTIR LA LEY DE SEMILLAS Y EL VETO A LOS TRANSGÉNICOS

En 2004, el entonces presidente Hugo Chávez sorprendió a muchos cuando anunció la cancelación de los planes de Monsanto para plantar 500 mil acres con semillas genéticamente modificadas (SGM) de soya en tierras venezolanas. El cese del contrato llevó a lo que se tradujo en una proscripción ad hoc de todas las SGM en el país, una jugada alabada por grupos de agriculturos locales y activistas ambientales. En contraste con los movimientos anti-transgénicos surgido en otros países, la resistencia de Venezuela a los cultivos GM se basó más en las preocupaciones entorno a la soberanía alimentaria del país y a la protección del modo de vida de los agricultores.

Aunque el veto ha fallado de mantener lejos los productos GM de Venezuela -en la medida en que ha importado la mayoría de su comida, mucha de ella originada en países que están entre los más grandes productores mundiales de alimentos GM-, un efecto prístino ha sido el prevenir que compañías como Monsanto y otros grandes firmas agroquímicas y semilleras de ganar terreno significativo en el mercado venezolano.

Inmediatamente después de que la nueva ley de semillas fue aprobada en 2015, la oposición pro-estadounidense liderada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -un grupo formado por numerosos partidos financiados por los Estados Unidos, incluido Voluntad Popular de Guaidó- tomó control de la Asamblea Nacional. Hasta que la Corte Suprema de Venezuela disolviera el parlamento en 2017, la legislación de la MUD intentó derogar la ley de semillas en varias ocasiones. Quienes estuvieron a favor de ello llamaron a la ley de «anti-científica» y de dañar a la economía.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema de 2017, la Asamblea Nacional ha continuado sus reuniones, pero el cuerpo no tiene poder real alguno bajo el actual gobierno venezolano. Sin embargo, si éste es derrocado y Guaidó -el «presidente interino» que también es presidente de la disuelta Asamblea Nacional- llega al poder, parece casi una certeza la «Ley de Semillas del Pueblo» será una de las primeras piezas legislativas en subir al patíbulo.

EL EJE AEI

Algunas de las figuras clave y las voces más ruidosas que apoyan los esfuerzos de la Administración Trump por derrocar al gobierno venezolano están bien conectadas con un tanque de pensamiento en particular: el American Enterprise Institute (AEI). Por ejemplo, John Bolton -ahora asesor de seguridad nacional de Trump y un actor importante en la política agresiva contra Venezuela- fue un alto miembro (senior fellow) del AEI hasta ocupar su actual cargo. En éste, Bolton asesora al presidente en cuestiones de política exterior y seguridad nacional mientras hace lo mismo con las Secretarías de Estado y de Defensa. Desde entonces, ha estado presionando por una acción militar en Venezuela, de acuerdo a los reportes en medios.

Otra figura clave de la política de Trump contra Venezuela -Elliott Abrams, el representante especial del Departamento de Estado para Venezuela- ha sido regularmente incluido en las reuniones del AEI y como invitado en paneles y podcasts. De acuerdo al secretario de Estado, Mike Pompeo, el rol actual de Abrams le da «la responsabilidad de todas las cosas relacionadas a nuestros esfuerzos por restaurar la democracia» en Venezuela. Otras figuras top en la administración, incluidos el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, fueron invitados al cónclave «secreto» del AEI en pasado marzo. Como MintPress y otros medios han reportado, Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela a instancia de Pence. Pompeo también está íntimamente envuelto en la dirección de la política de Trump sobre Venezuela, siendo el principal asesor del presidente en asuntos externos.

Otras conexiones de la Administración Trump incluyen a la secretaria de Educación Betsy De Vos, quien estuvo previamente en el consejo directivo del AEI.

AEI ha sido por lago tiempo parte del establishment «neoconservador» y emplea a neoconservadores reconocidos como Fred Kagan -el arquitecto de las «tropas insurgentes» de Irak- y Paul Wolfowitz, el arquitecto de la guerra de Irak. Sus conexiones con la administración de George W. Bush son particularmente notables y controversiales, al tiempo que 20 empleados del AEI fueron puestos en altos cargos durante ese mandato. Muchos de ellos, como Bolton, han disfrutado de una nueva prominencia en la Administración Trump.

Otros oficiales clave de Bush se unieron al AEI pronto luego de que dejaran sus puestos en la administración. Uno fue Roger Noriega, quien fue representante estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el fallido golpe apoyado por los Estados Unidos en 2002 contra Hugo Chávez y venía de ser el asistente de las secretaría de Estado para los asuntos del Hemisferio Occidental de 2003 a 2005, donde fue extremadamente influyente en las políticas de la administración respecto a Venezuela y Cuba.

Desde que se fuera de la Administración Bush y se uniera prontamente al AEI, Noriega ha sido instrumental en promover denuncias sin fundamentos pero con el objetivo de pintar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo afirmando que Venezuela ayuda a Irán a adquirir armas nucleares y hospeda a soldados del Hezbolá libanés. También cabildeó en el Congreso para apoyar al líder opositor Leopoldo López, el mentor político de Guaidó y líder de su partido político, Voluntad Popular.

No sólo eso, también Noriega se juntó con Martin Rodil, un exiliado venezolano que trabajó para el FMI, y José Cardenas, quien sirvió en la Administración Bush, para fundar Visión Américas, una firma privada de asesoría de riesgos y cabildeo que fue contratada para «apoyar en los esfuerzos del sector privado hondureño y así ayudar a consolidar la transición democrática en su país» luego del golpe de Estado de 2009 en Honduras. En los meses recientes, Noriega y sus asociados han estado bien enfocados en Venezuela, con Cardenas ofreciendo a Trump asesoría pública sobre cómo «precipitar la salida de Maduro», mientras que Rodil le ha ofrecido públicamente «obtenerle un trato» si tiene activos del gobierno venezolano.

Mientras el AEI es mejor conocido por su línea dura, también es un promotor de grandes intereses en la agricultura. Desde el año 2000, ha sido anfitrión de varias conferencias augurando la «biotecnología» y las SGM, y ha promovido fuertemente el trabajo del lobbysta de Monsanto, Jon Entine, quien fue profesor visitante del AEI durante muchos años. El AEI también tiene conexiones de larga data con Dow Chemical.

La más probable razón por la que el AEI se interesa en promover la biotecnología, sin embargo, puede encontrarse en sus vínculos con Monsanto. En 2013, The Nation adquirió un documento del AEI de 2009, obtenido por un trámite erróneo y que no tenía intenciones de publicarse, que revelaba los mayores contribuyentes del tanque de pensamiento. El formulario, conocido como el «programa de los contribuyentes», reveló que los dos mayores donantes en simultáneo eran el fondo Donors Capital y el milmillonario Paul Singer.

El fondo Donors Capital, que sigue siendo un importante contribuyente del AEI, está vinculado a los intereses de Monsanto mediante el vicepresidente de su junta, Kimberly O. Dennis, quien es actualmente una miembro del Consejo Nacional del AEI. De acuerdo al AEI, el Consejo Nacional está compuesto por «líderes comunitarios y de negocios de todo el país que están comprometidos al éxito del AEI y sirven como embajadores del AEI, proveyéndonos de asesoramiento, perspectiva y orientación».

Dennis es la prolongada presidenta del Searle Freedom Trust, que fue fundada en 1988 por Daniel Searle luego de haber supervisado la venta de la compañía farmacéutica de su familia -G.D. Searle and Company- a Monsanto en 1985 por 2.7 mil millones de dólares. El dinero que Searle hizo con la fusión fue usado para financiar el fideicomiso que ahora financia al AEI y a otros tanques de pensamiento de derecha. Searle también fue cercano a Donald Rumsfeld, quien manejó G.D. Searle and Co. durante años y fue secretario de Defensa con Gerald Ford y George W. Bush. Searle también fue administrador del Instituto Hudson, que una vez empleó a Elliott Abrams.

Antes de que la compañía familiar -que ganó notoriedad por falsificar sus investigaciones sobre la inocuidad de sus edulcorantes, aspartame o NutraSweet- fuera vendida a Monsanto, los ejecutivos de G.D. Searle cercanos a Daniel Searle aumentaron su prominencia adentro de la firma. Robert Shapiro, quien fue durante mucho tiempo el abogado de G.D. Searle y jefe de la división NutraSweet, se convertiría en el vicepresidente, presidente y luego director ejecutivo de Monsanto. Notablemente, el nieto de Daniel Searle, D. Gideon Searle, fue un director del AEI hasta hace poco.

LA RELACIÓN RUBIO-SINGER-BAYER

Con todo, es el mayor contribuyente individual del AEI según el accidentado «programa de contribuyentes» el que dice más sobre los intereses biotecnológicos privados que guían la política de la Administración Trump contra Venezuela. Paul Singer, el controversial multimillonario y gestor de fondos financieros, ha sido por mucho tiempo el mayor donante de las causas neoconservadoras y sionistas, ayudando a financiar la Foreign Policy Initiative (FPI), sucesora del Project for a New American Century (PNAC); y la neoconservadora e islamofóbica Foundation for the Defense of Democracies (FDD), además del AEI.

Singer es uno de los más notables e importantes contribuyentes políticos del senador Marco Rubio (republicano, de Florida) y ha estado íntimamente envuelto en el caos reciente en Venezuela. Ha sido llamado como uno de los arquitectos de la política de cambio de régimen de la actual administración, y fue el mayor donante de la campaña presidencial de Rubio, al tiempo que figura clave detrás del controversial «dossier» sobre Donald Trump compilado por Fusion GPS. De hecho, Singer ha sido la primera persona en contratar a Fusion GPS para hacer una «opposition research” sobre Trump. Sin embargo, Singer ha evadido desde entonces mucho escrutinio por su rol en la creación del dossier probablemente porque se convirtió en un contribuyente clave de Trump luego de su elección presidencial en 2016, dando 1 millón de dólares al fondo de inauguración de su administración.

Singer tiene una variada historia en América del Sur, aunque ha estado relativamente silencioso en torno a Venezuela. Sin embargo, un directivo de larga data del fondo financiero de Singer, Jay Newman, recientemente dijo a Bloomberg que un gobierno de Guaidó reconocería que los acreedores internacionales «no son el enemigo», e insinuó que el mismo Newman estaba ponderando si unirse a la creciente «lista de bonos veteranos que ya comenzaron a cotizarse, anticipando la reestructuración de una deuda de 60 mil millones de dólares una vez que el apoyado por Washington, Guaidó, derroque al presidente Nicolás Maduro y tome el control». Además, el Washington Free Beacon, que está ampliamente financiado por Singer, ha sido un defensor verbal del cambio de régimen en Venezuela por parte de la Administración Trump.

Más allá de eso, la Elliott Management Corporation de Singer dio a Roger Noriega 60 mil dólares en 2007 para cabildear en los asuntos de deuda soberana y por «la promoción federal en nombre de los inversionistas estadounidenses en América Latina». Durante el tiempo en que Noriega estuvo bajo la nómina de Singer, escribió artículos vinculando a Argentina y Venezuela en el inexistente programa nuclear de Irán. En ese tiempo, Singer estuvo persiguiendo agresivamente al gobierno de Argentina en un esfuerzo por obtener más dinero de ese país antes del impago de la deuda soberana.

Mientras Singer ha estado callado sobre Venezuela, ha estado haciendo decisiones de negocios que han levantado cejas, ya que ha estado incrementando su participación en Bayer. Esta jugada parece rara por los problemas financieros de Bayer, resultado directo del giro en casos jurídicos respecto a su vinculación con el glifosato y el cáncer de Monsanto. La primera decisión que significó un problema para Monsanto y su nueva compañía relacionada Bayer tuvo lugar el pasado agosto, pero Singer incrementó su inversión en la compañía desde diciembre, incluso ya era claro para ese momento que los problemas financieros de Bayer relacionados a los casos de glifosato apenas estaban empezando.

Desde que 2019 comenzó, los problemas de Bayer con la fusión Monsanto solo han empeorado, con el director ejecutivo de Bayer declarando recientemente que las demandas han «afectado gravemente» los precios de las acciones y el rendimiento financiero de la compañía.

FORZANDO LA APERTURA DE UN NUEVO MERCADO PARA ROUNDUP

Parte de los intereses de Singer en Bayer puede relacionarse con Venezuela, dado que el «Plan País»de Juan Guaidó para «rescatar» a la economía venezolana incluya un foco en el sector agricultor del país. Notablemente, previo a y bajo el chavismo, la productividad agricultora y la inversión en ese sector han tomado la retaguardia ante la producción petrolera; como resultado, un 25% de las tierras venezolanas están siendo usadas para propósitos agrarios a pesar del hecho de que la nación tiene una rica tierra arable. Como consecuencia, Venezuela necesita importar muchos de sus alimentos de afuera, muchos de ellos originados en Colombia o los Estados Unidos.

Bajo Chávez y su sucesor Maduro, ha habido un nuevo enfoque de cultivo en pequeña escala, soberanía alimentaria y agricultura orgánica. Sin embargo, si Maduro es derrocado y Guaidó se moviliza para implementar su «Plan País», el acomodamiento de la oposición con corporaciones extranjeras, los intereses de los arquitectos estadounidenses del golpe en Bayer/Monsanto, y los esfuerzos pasados de la oposición de revertir el veto a las SGM, sugiere que un nuevo mercado para los productos de Bayer/Monsanto -particularmente el glifosato- se abrirá.

Suramérica ha sido durante mucho tiempo un mercado clave para Monsanto y -mientras los problemas de la compañía comenzaron a acumularse antes de la fusión con Bayer- se volvió vital para la empresa debido a las pocas regulaciones ambientales y de consumo con relación a muchos países occidentales. En años recientes, cuando los gobiernos suramericanos habían abierto sus países a políticas más «amigables con el mercado» en sus sectores agrarios, Monsanto hizo millones.

Por ejemplo, cuando Brasil buscó expandir la inversión en biotecnología en 2012, Monsanto vio incrementar sus ventas nada más de SGM de maíz un 21%, generando ganancias adicionales de 1 mil millones de dólares para la compañía. Un escenario similar es necesario más que nunca para Bayer/Monsanto, mientras que los problemas legales hicieron disminuir las ganacias de la compañía el año pasado.

Con países en el mundo que sopesan proscripciones al glifosato como resultado de las crecidas litigaciones sobre las vinculaciones químicas al cáncer, Bayer necesita un nuevo mercado para evitar la ruina financiera. Como Singer ahora tiene una participación significativa en la compañía, él -junto a los políticos y tanques de pensamiento que financia- podría ver promisorio el final del veto a las SGM que un gobierno de Guaidó brindaría.

Asimismo, dado que el máximo asesor de Guaidó quiere que la Administración Trump tenga un rol directo en la gobernanza de Venezuela si Maduro es derrocado, parece probable que Singer apalancaría sus conexiones para mantener a Bayer/Monsanto a flote a pesar de la creciente controversia que rodea al glifosato. Tal comportamiento de parte de Singer no debería sorprender a la luz de que los medios financieros internacionales lo han caracterizado como un «oportunista despiadado» y «demasiado agresivo».

Tal desenlace sería para mantener el crecimiento de los márgenes de ganancia de Monsanto y compañías relacionadas que han seguido su expansión en países donde hubo golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Por ejemplo, luego del golpe en Ucrania en 2014, los préstamos dados a Ucrania por el FMI y el Banco Mundial forzaron al país a abrir y expandir el uso de «biotecnología» y los cultivos GM en su sectoragrario, y Monsanto, en particular, hizo millones al tiempo que el veto a las SGM y sus agroquímicos asociados fue revertido por el gobierno respaldo por Estados Unidos. Si Maduro es derrocado, un escenario similar probablemente se dará en Venezuela, pues la oposición dio a conocer sus intenciones de borrar en gran medida sus instituciones justo unos días luego de que Guaidó se autoproclamara «presidente interino».

-La autora, Whitney Webb,  es una periodista estadounidense de MintPress News, radicada en Chile. Ha contribuido para varios medios independientes como Global Research, EcoWatch, Instituto Ron Paul y 21st Century Wire, entre otros. En 2019 ganó el premio Serena Shim por «su integridad inflexible como periodista».

Este artículo fue publicado en inglés en MintPress el 6 de mayo de 2019, la traducción para Misión Verdad fue realizada por Ernesto Cazal.

*Fuente: MisiónVerdad