La industria celebra: Chile impulsa tratado de Escazú para no firmarlo

La ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, confirmó que nuestro país postergó la rúbrica por decisión de Cancillería, lo que ha desconcertado a las organizaciones que han trabajado por más de cuatro años en el desarrollo del documento.

La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de crisis ambiental en la que por más de un mes se han registrado centenares de personas intoxicadas producto de la emanación de gases contaminantes por parte de las empresas que funcionan en la zona de Quintero y Puchuncaví.

La catástrofe ambiental del borde costero aún no tiene responsables y el Gobierno no ha dado señales de un plan para mitigar esta emergencia que podría convertirse en uno de los casos de violación de derechos humanos ambientales más grave en las últimas décadas. A esto se suma que el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó las tronaduras en Isla Riesco,  sector patrimonial de la Patagonia que se pondría en peligro por la actividad minera del carbón.

Escenario internacional sustentable

En materia medioambiental Chile se ha perfilado como uno de los líderes en el desarrollo de su institucionalidad ambiental, esto porque es uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con Tribunales Ambientales, Superintendencia de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y un Ministerio en la materia.

Por lo mismo, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y el segundo mandato de Michelle Bachelet se desarrollaron negociaciones para crear un marco internacional que avanzara en la protección de los recursos naturales finitos y en la protección de los derechos humanos ambientales.

Ezio Costa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director de FIMA, una de las organizaciones civiles implicadas en la redacción y desarrollo de la negociación para el acuerdo de Escazú planteó que “ha sido harto trabajo de parte del Estado y también de las organizaciones sociales que nos hemos sumado a esto. Llevamos trabajando cuatro años en el convenio para que salga con un texto aprobado en negociaciones sucesivas entre países de América Latina y el Caribe en que Chile tuvo un papel central.  Fue nuestro país el que propuso la existencia de este convenio y fue Chile el que llamó a otros países a sumarse a este tratado, incluso nuestro país mantuvo la guía de la negociación y de la redacción.  La oficina ejecutiva de la negociación fue la CEPAL que está en Santiago y que tuvo una forma de llevar el tratado que tenía que ver con su relación con Chile”.

Por lo mismo, es que el hecho de no firmar este convenio deja a nuestro país en una muy mala postura frente a sus pares en Latinoamérica y el mundo, “porque Chile es visto desde los ojos internacionales como un país que ha cumplido con sus obligaciones en general, incluso este país se ha enorgullecido en manifestar ser seguidor de sus compromisos internacionales y en este momento lo que está haciendo el Gobierno es romper una larga tradición de cumplimiento. Esta vuelta que se da el Gobierno creo que va  afectar  las relaciones diplomáticas en Latinoamérica”.

Por su parte, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quien participó activamente en las negociaciones que se dieron durante los últimos cuatro años, planteó que “el tratado se va a firmar y va a entrar en vigencia y quizás Chile lo firme más adelante, pero lo que se pierde hoy con esta decisión es liderazgo, porque Chile ha ganado un gran prestigio internacional por haber liderado este proceso. A nuestro país se le ha criticado por ser un mal vecino, por mirar solo al norte, en cambio en este proceso, desde 2012 se ha posicionado como un vecino interesado en cooperar con su región. Entonces si Chile no firma, después de que junto a Costa Rica, hace tres meses, invitó a todos los estados que participaron en las negociaciones a firmar, se va a perder ese liderazgo y prestigio. Además va a aparecer como un país que no cumple con sus compromisos, porque es como que el anfitrión abandone la casa antes de empezar la fiesta”.

La participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos empresariales es uno de los objetivos que plantea el convenio de Escazú, instancia que podría evitar que se sigan sucediendo casos como los que se han evidenciado en Quintero y Puchuncaví con el funcionamiento tóxico de un cordón industrial que no genera una convivencia con la comunidad, sino todo lo contrario, la ha llevado al colapso sanitario. Los mismo que ha ocurrido en Petorca con las empresas agroexportadoras que usurpan agua, dejando sin suministro básico de agua a la comunidad o como lo que se vive en las zonas australes de nuestro país con los desastres ambientales causados por la sobreproducción de salmones de cultivo en las aguas del sur de Chile que mantiene devastado el fondo marino y a las comunidades que han perdido sus fuentes de abastecimiento natural.

El convenio, si bien es cierto, no genera una posición vinculante de la comunidad en la evaluación ambiental, si exige que exista una participación activa de las comunidades y también protege la figura de los defensores ambientales que son personas que por iniciativa personal han estado constantemente levantando las demandas de la ciudadanía en esta materia y que en diferentes territorios han sufrido ataques que incluso en nuestro país han terminado en asesinatos.

El porqué  de no firmar

Uno de los motivos por los que la Cancillería habría declinado de la firma del convenio de Escazú es la participación que eventualmente tendría el Tribunal de La Haya en la resolución de controversias ambientales, lo que podría haber incomodado al Gobierno en el contexto en que se encuentra con el litigio que vive nuestro país con Bolivia por la disputa de una salida soberana al mar.

En este sentido, Valentina Duran, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y una de las cabezas dentro del documento presentado para su firma mañana en Nueva York, explicó que “fuera de que me parece totalmente inoportuna la decisión de Cancillería, porque el texto del tratado ya estaba consolidado desde el cuatro de marzo, entiendo que las aprensiones tendrían que ver con darle o no competencia para la resolución de conflictos a la Corte Internacional de la Haya. Este tratado tiene disposiciones idénticas a las de muchos tratados internacionales, donde se explicita que los estados al firmar, ratificar o en cualquier momento pueden decidir a qué sistema de solución de controversia adhieren para efectos del tratado.  Esta puede ser o someterse a la competencia de la Corte Internacional de la Haya o bien a sistemas de arbitraje que establezca el tratado, pueden ser a ambos sistemas o uno de los dos, por lo tanto, Chile al firmar tampoco se está comprometiendo a llevar cualquier controversia en relación con este tratado a la Haya, por lo que si esa es la tensión es un entendimiento errado de los alcances de este tratado”.

Según explicó, Ezio Costa, “durante toda la negociación participó un funcionario de la Cancillería, por lo mismo nos parece tan extraña la decisión, ya que incluso existía un borrador que había sido aprobado hace cuatro meses”.

Por otra parte, Duran explicó que “este tratado internacional, una vez ratificado y que pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, no exige necesariamente que hayan cambios legales inmediatos, más bien requiere hacer  progresivos ajustes en la gestión ambiental. Lo más importante de este tratado es que nos comprometemos a avanzar y no retroceder en la protección del medio ambiente.

*Fuente: Diario UdeChile