Niños en barrios pobres: cuando la violencia es el único camino 

Tampoco fueron azarosas las palabras de Sebastián Piñera apenas muerto el uniformado, allí a las afueras del centro clínico de Dipreca. El mandatario ratificó su “combate contra la delincuencia” y que “esta es una guerra que va a tomar tiempo, pero que la vamos a dar con toda la fuerza de la ley y con toda la voluntad”.

A partir de estos mensajes, que van alineados con un tipo de agenda política y mediática, desde distintos espectros de la sociedad se hizo un llamado a abordar el tema desde otras perspectivas que indaguen en la génesis del hecho.

Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, afirmó que acá se debe ir “más allá de esta noticia lamentable, y ver cuál es el problema que está detrás”.

En ese sentido, contó que el enfrentamiento mediante armas de alto calibre es algo normalizado en las poblaciones de Chile, lo que se ha podido establecer en distintos estudios, siendo el más reciente uno que todavía se encuentra en el análisis de datos, y que midió los problemas que tienen este tipo de barrios pobres en Santiago, con desventajas sociales, pobreza y aislamiento.

En ese texto, acorde a Mohor, en los sectores “un 23 por ciento de los entrevistados declara que siempre o casi siempre hay enfrentamientos entre bandas utilizando armas”, mientras que “un 9 por ciento declara que hay enfrentamiento entre bandas y policías”.

La académica cree que actualmente “nos estamos enfrentando desde hace un par de décadas a un proceso de degradación de los territorios que debe concitar nuestra preocupación colectiva, ya sea que vivamos en ellos o no”.

“Me refiero a una degradación en términos de que la vida en comunidad no es lo que era hace 30 o 40 años; en términos que las expectativas de la ciudadanía no son las mismas; en términos que hoy nos enfrentamos a un fenómeno que es la instalación, a partir del fenómeno de las drogas –no de su consumo; de su tráfico–, de mercados ilegales que movilizan recursos humanos, que movilizan recursos de fuego”, agregó.

El mercado que manda

Alejandra Mohor comentó que el contexto diario de esas poblaciones lo tomaron hace tiempo las bandas del narcotráfico que se disputan el control del mercado de droga, lo que lleva a jóvenes menores de 18 años a entrar en ese mundo. “Hay un sector de la sociedad que no tiene perspectiva de futuro. No la tiene por el tipo de sociedad que hemos construido. Aquí no basta solo con el esfuerzo, hay una cierta desesperanza aprendida. Algunos jóvenes, la minoría por supuesto, ven el involucramiento de actividades delictivas como una opción”, señaló.

“Si tú combinas todos estos elementos, los elementos asociados al desarrollo de la corteza frontal, a la transformación de la adolescencia con la privación, con el abandono, con la falta de expectativas propias, y a eso le superpones un mundo que te ofrece la ‘meca y la seca’, encuentras una explicación de por qué niños a los 10 años, en vez de estar yendo al colegio, están trabajando para el narco de sapos en la esquina, y están deseosos de que les toque cargar el arma, porque esa es su perspectiva de futuro profesional”.

Anunciar reformas

Para Gonzalo Berríos, abogado de la Universidad de Chile, en este tipo de situaciones se deben poner “un poco de paños fríos cuando se trata de hacer reformas legales”. En opinión del jurista, “buena parte del fracaso es porque no hay reinserción social y no hay una oferta para ello”.

“Se ha hablado mucho de guerra contra las drogas, contra estos delitos; eso no tiene ninguna novedad, se viene haciendo en Estados Unidos hace muchos años, y en México también, y mire cómo están las situaciones después de esta guerra, está peor, hay más violencia, el narco tiene controlado muchos territorios. La respuesta no va por frases grandilocuentes, sino que por tomarse en serio los problemas y enfrentarlos de raíz”, manifestó.

Por último, Berríos afirmó que en el debate actual se observa “demagogia punitiva”, puesto que en “ningún país se ha podido demostrar que el aumento de penas tenga un efecto disuasivo, y es el error que viene cometiendo Chile los últimos 20 años”.

*Fuente: Diario UdeChile