22.08.2018
PARTE III: LA ARREMETIDA SIN CONTROL DEL NARCOTRÁFICO EN CHILE
La disputa territorial del narco ha hecho emerger otro de sus negocios: el tráfico internacional de armas. Ocultas en reproductores de DVD, en encomiendas desde Texas usando sociedades de pantalla, por distintas vías, fusiles de asalto, miras láser, subametralladoras y escudos antibalísticos llegan a Chile a manos del narco. Sociedades legales usan también la nueva dupla de este mapa: mafias internacionales asociadas a chilenos para traer cocaína de Bolivia, Colombia y Perú en motos de agua o máquinas agrícolas y reenviarla a Canadá, España, Italia, Jordania y Australia. Este año, la incautación de casi media tonelada de cocaína en el Puerto de San Antonio, lo convierte en zona roja del comercio ilegal transoceánico.
En medio de la niebla e iluminado solo por los focos de su camioneta, Andrés Garrido Campos recibió una ráfaga de 21 proyectiles: ocho se incrustaron en su cabeza, trece en su tórax. Eran las siete de la mañana del sábado 29 de marzo de 2014. Garrido había descendido de su vehículo en Avenida Ossa con Capricornio (La Cisterna) para entregarle 20 kilos de pasta base a Matías Bezoaín Sepúlveda. Ambos se habían conocido trabajando para la organización criminal de los hermanos Peña Torres, cuyos miembros meses después fueron detenidos en la Panamericana transportando tres toneladas de droga en un camión tolva escoltado por tres camionetas, que simulaba un convoy minero.
Al momento de la entrega, Garrido fungía como el brazo operativo de los Peña Torres. Lo que no supo ni leyó, fue que a Bezoaín no le interesaba tanto la droga como sí escalar posiciones en la organización criminal. Y así lo consiguió, a sangre fría, tal como lo dictan los códigos no escritos del narco.
El arma homicida desapareció. Por la cantidad de balas que perforaron a Andrés Garrido se presume que la pistola fue modificada con un repetidor automático o “chip”, como se le conoce en el hampa, un dispositivo prohibido en Chile.
En los últimos cinco años, el avance sin control del narcotráfico ha modificado por completo el poder de fuego en manos de organizaciones criminales. Hoy las armas hechizas están en definitivo retroceso. Datos de la PDI solicitados por CIPER vía Transparencia indican que de las 1.189 armas incautadas en la Región Metropolitana entre 2016 y 2018, solo 115 eran hechizas. ¿El resto?: pistolas, revólveres, escopetas, rifles, fusiles y subametralladoras.
El decomiso de armas corre paralelo al aumento de incautaciones de droga. Si en 2014 se decomisaron 621 armas a nivel nacional, en 2017 fueron 935. Máxima seguridad y capacidad de intimidación es requisito indispensable para disminuir el riesgo cuando aumenta el volumen del negocio. Fierros y plomo para hacerse respetar. Silenciadores, miras láser y estabilizadores tipo Rony para disparar con discreción y sin errores (figuran en decomisos recientes).
Con esos accesorios, una pistola Glock es un arma de guerra. Si al “chip” y al estabilizador se le agrega un “Mickey Mouse” –cargador adicional de dos tambores de 50 balas cada uno– la pistola se convierte en subametralladora. La Glock de servicio calibre Punto 40 que puso uno de los policías sobre la mesa en una entrevista para este reportaje, poco puede hacer contra ese poder de fuego. Menos si ya corre entre algunos narcos la Glock Punto 45.
El floreciente mercado negro de armas del que disponen los narco mayoristas, aumenta la violencia en la disputa por el territorio en poblaciones. El poder de descarga de las armas va al alza. La saña en los ajustes de cuenta entre bandas rivales también: a Manuel Cárdenas, con antecedentes por tráfico de drogas, lo acribillaron con 10 tiros el año pasado en Puente Alto; otros 27 disparos quedaron incrustados en su auto.
Datos obtenidos por CIPER arrojan que en los últimos seis años se han perpetrado 620 homicidios con armas de fuego: un aumento de 65% entre 2012 y 2018. En el mismo periodo, los asesinatos con armas blancas cayeron.
Es sabido que para abastecerse de armas el crimen organizado utiliza testaferros, personas sin antecedentes penales inscritas en la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN). De las 753 mil armas que figuran inscritas legalmente por civiles en los registros de la DGMN, 234 mil no tienen paradero conocido. Varias de ellas fueron reportadas por sus titulares –de manera intencional o no– como “robadas” o “extraviadas”. En esos registros también figuran miles de titulares de armas ya fallecidos.
En el mundo de las armas hay un tipo de “palo blanco” cada vez más codiciado por el narco. A principios de año, dos traficantes de La Legua tomaron contacto con Gonzalo Hernández Rodríguez, quien está inscrito en la nómina de la DGMN como deportista de tiro. A diferencia del resto, una persona inscrita como deportista de tiro o cazador tiene manga para inscribir hasta ocho armas. Pero no es la cantidad lo que más se cotiza: los deportistas además pueden adquirir carabinas y fusiles.
El 30 de enero, Hernández se juntó con los traficantes en un mall de Maipú y les entregó un bolso negro. En su interior: tres pistolas Glock de 9 milímetros, cinco selectores de tiro automático (“chip”) y una mira láser. Al deportista también se le incautó una Glock Punto 40, 15 repetidores automáticos, tres cañones para pistola y uno para escopeta, un rifle, un silenciador y 650 cartuchos. Más de 450 de ellos eran Punto 357 Magnum, un calibre poco habitual en Chile. Basta uno de esos proyectiles –cuya vaina tiene una altura de 33 milímetros–, para matar a corta distancia a un tigre o a cualquier animal de más de 100 kilos.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS
La revisión de casos realizada por CIPER indica que al mismo ritmo que se expande el crimen organizado en Chile, también se acrecienta un nuevo y lucrativo negocio: el tráfico internacional de armas. Pistolas de grueso calibre tienen aquí una reventa por el doble o más que su valor comercial en sus puntos de origen.
Negocio redondo que fue aprovechado por la organización de los hermanos Pavez Becerra desde al menos 2015. Para abastecer al mercado local, los Pavez Becerra apostaron por Texas (Estados Unidos), estado que figura entre los mayores proveedores de las armas ilegales que llegan a los carteles mexicanos de la droga. El negocio creció al punto que uno de los hermanos debió radicarse en Estados Unidos, donde aún reside. Desde allá enviaba hasta hace solo meses encomiendas a nombre de “palos blancos”.
En un principio las encomiendas viajaban por aire al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con las armas y municiones escondidas al interior de reproductores de DVD. Así metieron al mercado pistolas marca Walther, Taurus y Tanfoglio. También algunas Glock calibre Punto 40 y 45 (cuyo precio promedio en Texas es de US$550), con cargadores y cientos de municiones para armas cortas y largas.
Una de las encomiendas incluyó el envío por partes de un fusil de asalto AR-15, arma utilizada en dos de los tiroteos más mortales de la historia reciente de Estados Unidos: las masacres en Las Vegas (2017) y Orlando (2016), con un saldo de 58 y 49 víctimas, respectivamente.
A principios de este año, los Pavez Becerra se volcaron a la tarea de sofisticar el mecanismo de internación. Se asociaron con un importador de autos de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Las encomiendas comenzaron a enviarse a Miami a nombre de la empresa Logistic Group, propiedad del importador. Desde allí salían por mar en un container entre vehículos para atracar semanas después en el Puerto de Arica.
Las utilidades del negocio llevaron a uno de los miembros de la organización criminal a lavar dinero a través de supuestos servicios de banquetería por los que emitió más de 43 boletas de honorarios. En la operación también se incautaron 13 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz que tenía encargo por robo.
Desde Miami también llegó hace unas semanas al Puerto de San Antonio un cargamento con 32.700 municiones para pistolas y rifles de distinto calibre, informaron fuentes policiales a CIPER. El arsenal, que aún está siendo periciado, viajó entre consolas de videojuego. Las municiones fueron descubiertas luego de varios días en los que nadie reclamó la propiedad del container donde eran transportadas.
El poder de fuego no es el único que gana terreno entre organizaciones dedicadas al crimen. También se expande el mercado de accesorios y sistemas de precisión y defensa. Así lo indica el decomiso realizado a fines de junio en las comunas de Algarrobo y el Quisco (Quinta Región). En ese operativo se incautaron 37 armas: una subametralladora Mac –de diseño compacto y silenciador–, cinco escopetas, cinco fusiles, 15 pistolas y una carabina, entre otras. Junto a ellas, 18 mil tiros, entre los que se contaban cartuchos Magnum Punto 357, miras nocturnas y escudos antibalísticos.
Varias armas estaban inscritas y habrían sido obtenidas vía testaferros. De las otras, no se descarta que provengan del tráfico internacional. Además de los sofisticados accesorios, lo que más llamó la atención fueron los escudos antibalísticos en manos de la organización criminal:
–Por las características del armamento incautado, es el decomiso de armas más grande e importante que hemos hecho en la Región de Valparaíso. Encontramos escudos individuales y también un escudo antibalístico confeccionado para proteger a cuatro personas a la vez. Eso no lo habíamos visto –señaló a CIPER el fiscal de Valparaíso a cargo del caso, José Uribe.
Además del uso de testaferros y la internación ilegal de armas, se hace cada vez más común una tercera fuente de abastecimiento: el arsenal de las propias policías y Fuerzas Armadas.
En junio pasado fue detenido el sargento primero del Ejército Víctor Roa Alburquenque, quien está acusado de abastecer con armamento pesado a Jonathan Olave Ahumada, líder de una banda narco de la Población Santa Adriana, en Lo Espejo: un fusil AK-47, pistolas, una carabina, un silenciador y más de 4 mil cartuchos de alto calibre y sin percutir, fueron las armas y municiones exhibidas por la policía tras el decomiso.
Roa también intentó abastecerlos con seis granadas de fragmentación. Fuentes policiales dijeron a CIPER que al menos una de ellas no logró ser recuperada. Solo días después de la incautación, el brazo derecho del líder de la banda que contactó a Roa, apareció muerto en su domicilio con varios disparos.
CHILE EN LA NUEVA RUTA DEL TRÁFICO
El uso de sociedades de fachada para internar ilegalmente a Chile armas de alto poder de fuego para el narcotráfico no fue más que una réplica de una de las vías que también usa el crimen organizado para importar y exportar estupefacientes. Dos operaciones recientes muestran a narcotraficantes extranjeros asociándose con titulares de sociedades registradas en nuestro país y que son utilizadas como vehículos de exportación de cocaína.
Uno de esos casos está en plena investigación. Involucra a ciudadanos colombianos y chilenos que a través de una red de sociedades fantasma se dedicaban a la importación de maquinaria agrícola. En su interior ocultaron más de 150 kilos de cocaína base que viajaron desde el Puerto de Buenaventura, en Colombia, al de San Antonio. Desde allí la droga sería reenviada a España, Italia y Canadá.
Un esquema similar fue el utilizado por el ciudadano ecuatoriano Eduardo Canales Gómez, quien a través de una sociedad del chileno Cristián Orrego Muñoz planificó el envío de casi 550 kilos de cocaína a Chipre y Jordania. Para ocultar la droga, en vez de máquinas agrícolas se utilizaron generadores eléctricos importados desde Ecuador.
Un primer envío de 150 kilos realizado a mediados de 2016 desde el Puerto de Valparaíso, fue detectado por Interpol en el Puerto de Limassol, Chipre. En febrero de 2017, un segundo cargamento con destino a Jordania, fue incautado en San Antonio. Esta vez se utilizaron tres generadores, todos cargaban entre 130 kilos y 150 kilos de cocaína. En total: 397 kilos de droga con rangos de pureza de 62% a 75%.
En el juicio oral realizado a fines del mes pasado, Canales –a quien se le probaron vínculos con una organización criminal internacional– fue condenado. Orrego, propietario de la sociedad que se utilizó como vehículo para exportar la sustancia, fue absuelto de cargos. A juicio del tribunal, las pruebas presentadas por la Fiscalía no resultaron suficientes para acreditar su conocimiento de lo que ocurría.
“BLANQUEAR LA RUTA”
Cerca de la medianoche del 1 de marzo, una camioneta con remolque que arrastraba un par de motos de agua, procedente de Tacna, llegó al paso fronterizo Chacalluta para cruzar a Chile. A bordo del vehículo viajaban dos italianos que decían haber participado de un campeonato internacional de jet ski en Perú. Semanas antes habían aterrizado en Santiago con su equipo y motos de competencia y desde allí se trasladaron por tierra hacia el norte, para luego cruzar a Perú. De la logística del viaje –autos, remolques y teléfonos celulares–, se encargó un ciudadano chileno que registra domicilio en Renca y que no tiene antecedentes penales.
A su regreso de Perú, fueron revisados en Chacalluta. Al interior del vehículo no había trofeos ni medallas. Lo que encontraron los agentes de Aduanas fueron 152 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Iban ocultos en la base de las motos. Otras dos jet ski fueron incautadas en Arica a tres italianos de la misma organización, quienes esperaban el vamos para el acopio de más cocaína en Perú, la que sería internada a Chile y reexportada a Roma. Allí el valor del gramo de esa sustancia puede sobrepasar los US$90.
La investigación se maneja con estricta reserva en la Fiscalía de Arica y en la unidad de drogas de la institución en la Región Metropolitana. No es la cuantía del decomiso o la sofisticada operación para sacar por Chile la sustancia hacia Europa lo que alertó a las autoridades. La revisión de la prensa italiana de esas semanas aclara el motivo del revuelo: los detenidos en el operativo residen en el corazón de Ostia Nueva, el territorio base de los Spada, mafia que controla el litoral costero de Roma a punta de extorsiones, violencia y tráfico de drogas. La fiscalía romana también está sobre el caso y, según fuentes policiales, se está investigando al menos un envío anterior.
En los últimos cinco años, Chile se ha consolidado como un importante trampolín para abastecer de cocaína a grupos criminales esparcidos en distintos continentes: de Italia, Holanda, España (vía directa o con escala en África), Canadá, Estados Unidos, Australia, Chipre y Jordania. La buena reputación de Chile en el comercio internacional está siendo aprovechada por redes de narcotráfico en Sudamérica para “limpiar la ruta” de la droga. Son esas redes las que pusieron el ojo sobre el Puerto de San Antonio, hoy convertido en una zona roja del comercio transoceánico de cocaína, con incautaciones por cerca de media tonelada solo en lo que va del año.
Una prueba más de que lo que se incauta en pasos fronterizos no es más que una muestra de la droga que entra al país para consumo interno o para su reexportación hacia puntos estratégicos en el extranjero.
Pero en Australia, Chile está hoy lejos de generar confianza entre policías y funcionarios de Aduanas de ese país. Datos recopilados por CIPER indican que en 2012 nuestro país se convirtió en el principal punto de embarque –aéreo y marítimo– de la cocaína incautada en Australia, aportando 282 kilos. La droga llegó por barco y escondida en cajas de vino. Al año siguiente fueron 123 kilos de cocaína, esta vez por vía aérea.
Australia es un mercado altamente codiciado por redes sudamericanas de narcotráfico. En ese engranaje Chile está cumpliendo un rol clave. En ese país, el valor del gramo de cocaína puede alcanzar hasta los US$300, ubicándose entre los mercados internacionales más rentables para el narcotráfico. El consumo además subió como espuma: si en 2004 era el 1% de la población, en 2017 la tasa creció al 2,5%.
Otros 500 kilos de cocaína incautados en diciembre de 2016 pudieron haber sido embarcados en Chile, según informó la prensa australiana. En la operación se utilizó una “nave madre” que ancló en alta mar frente a las costas de Sydney y que distribuyó el cargamento a embarcaciones menores. La droga iba a ser internada al mercado australiano por el terminal pesquero de esa ciudad.
*Fuente: CiperChile
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