Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a otros cinco periodistas

En la página web del Registro Civil cualquier persona puede solicitar certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de un ciudadano chileno. Esas solicitudes de certificados de libre disposición fueron la hebra que jaló la Fiscalía para saber si el Ejército ha estado monitoreando a periodistas que investigan las zonas oscuras de la actividad militar.

En la investigación penal de la “Operación W” –el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien reveló el millonario desfalco conocido como “Milicogate”–, el Ministerio Público ya acreditó que al menos dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) solicitaron al Registro Civil antecedentes relacionados con el reportero y con ex militares denunciantes de corrupción al interior de la institución castrense. Esos dos funcionarios de la DINE son Luis Toledo Cid y Aida Segovia Crisóstomo.

Un informe reservado de la PDI, al que CIPER tuvo acceso, indica que Luis Toledo pidió certificados de Mauricio Weibel y de Carlos Farías (uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército). El documento también señala que Aida Segovia pidió antecedentes de la madre del capitán (r) Rafael Harvey, otro denunciante de irregularidades.

Ese informe de la PDI, que fue entregado a la Fiscalía, señala que las solicitudes que Toledo y Segovia hicieron al Registro Civil provienen de la misma dirección IP: 200.72.183.76. El documento de la policía civil revela que desde esa misma dirección IP también se pidieron al Registro Civil antecedentes de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

Desde otras direcciones IP investigadas por la policía se solicitaron antecedentes de ex miembros del Ejército que denunciaron corrupción, y también de los periodistas Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic  –y de algunos de sus familiares directos–, y de Danae Fuster. En las fechas en que se pidieron sus datos al Registro Civil, todos ellos investigaban casos relacionados con corrupción militar o violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura.

Las direcciones IP son la “huella digital” de las conexiones de internet. Cada vez que algún computador o un celular se conecta a internet “sale” a la red con una dirección IP. Y aunque en el caso de las conexiones que corresponden a domicilios particulares esa IP puede variar en el tiempo, las instituciones utilizan IP fijas, porque dan más estabilidad a la conexión.

Todas las IP desde las que se solicitaron certificados personales de denunciantes y periodistas, son del proveedor Entel. Según le explicó a CIPER alguien que trabaja en el área de redes de esa empresa, aunque para las conexiones de hogar las direcciones IP pueden cambiar cada vez que alguien desde esa casa se conecta a internet, en el caso de las instituciones, las direcciones IP son fijas (no cambian) y por lo general usan varias IP, porque conectan a un gran número de equipos a la red. Es lo mismo que dijo a CIPER Jorge Pérez, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Por eso, el hallazgo que la PDI comunicó a la Fiscalía cobra importancia: la misma IP desde donde dos funcionarios de la DINE pidieron al Registro Civil los antecedentes de personas que estaban bajo espionaje militar (Weibel, Farías y Harvey), es la que se usó para requerir datos de otros periodistas.

A pesar de esa evidencia, fuentes de la investigación judicial señalaron a CIPER que aún no logran que el Ejército o Entel les confirmen qué institución utiliza cada una de las direcciones IP investigadas.

AMPLIANDO EL RADIO DE BÚSQUEDA

Fue a fines de 2019 que la Fiscalía envió al Registro Civil una nómina que incluía a ex funcionarios del Ejército que han denunciado corrupción y periodistas que han investigado el desfalco militar y violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público pidió que el Registro Civil le informara si se habían requerido a través de su página web antecedentes sobre esas personas y, de ser así, desde qué correos electrónicos y direcciones IP se habían emitido esas solicitudes.

El 28 de enero de 2020 la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI tuvo listo el informe con la información facilitada por el Registro Civil. Allí figuran los correos electrónicos y direcciones IP que requirieron certificados de los periodistas Pascale Bonnefoy (corresponsal en Chile de The New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos); Juan Cristóbal Peña (autor de libros sobre el FPMR); Santiago Pavlovic (periodista de Informe Especial, de TVN); Danae Fuster (ex periodista de Informe Especial) y Javier Rebolledo (autor de libros sobre crímenes militares durante la dictadura).

La conclusión del informe de la PDI es clara: a la plataforma del Registro Civil se solicitaron certificados de todos esos periodistas y quienes los pidieron utilizaron correos electrónicos coincidentes, además de direcciones IP comunes. En algunos casos, mails anónimos también requirieron al Registro Civil certificados sobre sus cónyuges o sus hijos.

La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte mantiene activa una indagatoria, hasta ahora desformalizada, sobre el espionaje del Ejército al periodista Mauricio Weibel, quien actualmente colabora con CIPER (vea reportaje de CIPER “El documento que muestra cómo el Ejército engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel”). También investiga la “Operación Topógrafo”, el espionaje a cuatro ex militares que denunciaron corrupción en el Ejército. Pero ahora la investigación de la Fiscalía se amplió, luego de que el fiscal Jaime Retamal, a cargo de la indagatoria, solicitara extender el radio de búsqueda, lo que dio origen al informe de la PDI.

CIPER preguntó al Ejército si, además de Mauricio Weibel, su dirección de Inteligencia también había monitoreado a otros periodistas. También le consultamos si las direcciones IP que figuran en el informe de la PDI eran utilizadas por la DINE. Pero la institución castrense evitó responder, amparándose en la Ley de Inteligencia:

“En lo particular, y como se ha señalado anteriormente, el Ejército en cumplimiento a la ley N° 19.974 y al Artículo 182 del Código Procesal Penal, no le está permitido referirse a materias que poseen carácter reservado y que son parte de una investigación que desarrollan los Tribunales de Justicia”, dice la respuesta enviada a CIPER por el Departamento de Comunicaciones del Ejército.

En la misma comunicación, el Ejército señaló que el comandante de su Brigada de Inteligencia manifestó a la comisión de los diputados que fiscaliza los servicios de inteligencia que está disponible para aclarar dudas en esa instancia. Pero como esa comisión no elabora actas de sus reuniones, las que además son secretas, la opacidad es total (vea aquí la respuesta del Ejército).

TRAZANDO LA HUELLA DIGITAL

El informe de la PDI estableció que desde la dirección IP 200.111.136.4 se pidieron, entre 2013 y 2016, certificados de los periodistas Mauricio Weibel y Pascale Bonnefoy, pero también sobre tres de los ex militares que denunciaron casos de corrupción: Rafael Harvey, Sergio Tudesca y Carlos Farías. Desde esa misma IP se solicitaron al Registro Civil documentos relacionados con Cesar Fuentes Campusano y Raúl Fuentes Quintanilla, proveedores del Ejército procesados en la causa sobre el desfalco en esa institución.

Desde una IP casi idéntica a la anterior (200.111.136.5) se requirieron certificados de Mauricio Weibel y de su ex cónyuge, y nuevamente sobre Raúl Fuentes Quintanilla. Otra dirección IP que está en la mira de la Fiscalía es la 200.111.134.82, desde donde se solicitaron certificados de la ex esposa de Weibel y de la ex pareja del periodista Santiago Pavlovic y de su hijo.

La indagatoria de la Fiscalía ya comprobó que una de las IP que figuran en el informe de la PDI ha sido utilizada por funcionarios de la DINE. Se trata de la dirección 200.72.183.76, desde donde se pidieron certificados de los periodistas Rebolledo, Peña y Weibel; del denunciante de corrupción Carlos Farías y de la madre del capitan (r) Rafael Harvey.

Uno de los mails que se emitieron desde esa IP prevenía del correo personal de Luis Toledo Cid, quien se reveló como miembro de la DINE cuando los detectives buscaron su nombre en Google: allí figuraba un documento donde Toledo solicitaba feriado legal al Ejército. En el mismo archivo aparecía la repartición para la que trabajaba. Toledo Cid terminó de confirmar todo cuando declaró ante la PDI el 23 de enero de 2020.

“Desde el año 2003 que me desempeño en la Dirección de Inteligencia del Ejército, mi jornada laboral es de 08:00 a 17:00”. Así comenzó Toledo Cid su declaración ante los policías, a quienes informó que era psicólogo titulado en la Universidad Andrés Bello.

Luis Toledo apareció en el radar de la PDI porque el 16 de junio de 2017 solicitó un certificado de matrimonio de Mauricio Weibel. Cinco días después, el 21 de junio, hizo lo mismo para obtener certificados de Carlos Farías, ex militar denunciante de corrupción.

Cuando los detectives le preguntaron por estas solicitudes, Toledo Cid recordó solo una parte de lo que, según él, había sucedido:

“A raíz que el terminal de internet que utilizo es solo para materias de uso público, solo se utilizan sitios o lugares que cualquier persona puede ver, por lo que, en el caso de los certificados electrónicos de Mauricio Weibel Barahona y Carlos Farías Ramírez, yo solicité esos certificados a petición de un funcionario del DINE, a quien no recuerdo. No redireccioné los certificados digitales a otra casilla de correo electrónico, ya que siempre los imprimo y entrego a la persona que me lo solicitó”.

El psicólogo agregó en su declaración que en las oficinas de inteligencia del Ejército trabajan más de cien personas, entre civiles y militares, y que no todos los computadores están conectados a internet, ya que los que contienen material sensible no tienen acceso a la red.

Sobre sus funciones en la DINE, contó que solo se remiten a materias relacionadas con su disciplina: “Responder dudas o requerimientos que tenga el mando respecto a asuntos afines a mi profesión, como tomar un examen psicológico a una persona que quiera postular a un cargo, conversar con funcionarios del DINE a fin de efectuar una evaluación psicológica (…) tomo encuestas de clima laboral, entre otras funciones siempre ligadas a mi cargo de psicólogo”.

Además, Luis Toledo Cid figura con contratos a honorarios en la Defensoría Penal Pública desde 2008. En esa repartición señalaron a CIPER que ha prestado servicios como perito psicológico y también caligráfico en causas de la Defensoría Regional Metropolitana Sur.

En su declaración ante la PDI, Luis Toledo entregó un dato clave para identificar a otra persona que también figura pidiendo antecedentes al Registro Civil: “Tengo entendido que Aida Segovia Crisóstomo es militar y trabaja en la DINE, no tenemos una amistad ni tampoco sé qué funciones cumple”.

El 13 de diciembre de 2016, Aida Segovia utilizó su correo personal para solicitar un certificado de la madre del capitán (r) Rafael Harvey. Lo hizo desde la misma dirección IP utilizada por Luis Toledo Cid, y la misma desde la que se pidieron certificados de los periodistas Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.

CIPER envió correos electrónicos a cada una de las direcciones identificadas en el informe de la PDI, explicando que estábamos elaborando un reportaje y que necesitábamos comunicarnos con los usuarios de esas cuentas. Solo hubo una respuesta: la persona escribió un escueto mensaje, señalando que “antes compraba y vendía autos”. Además, llamó a las oficinas de CIPER para verificar que efectivamente se trataba de una investigación periodística, sin entregar sus datos de contacto. No volvió a contestar.

PERIODISTAS INVESTIGANDO A MILITARES

El periodista Juan Cristóbal Peña, autor de libros como “La secreta vida literaria de Augusto Pinochet”, “Los fusileros” y “Jóvenes pistoleros”, señaló a CIPER que estaba trabajando en la investigación para este último libro en la fecha en que sus certificados fueron solicitados desde una dirección IP asociada a funcionarios de Inteligencia del Ejército:

-En esa época estaba escribiendo “Jóvenes pistoleros”, que trata sobre la violencia política durante la transición a la democracia, la época del secuestro de (Cristián) Edwards. Investigué operaciones de la DINE, que en ese tiempo hacía seguimientos a la PDI, la que a su vez seguía a grupos subversivos. Todo esto a través de consultas y desarchivos de causas en las fiscalías militares.

Peña contó que en 2012, cuando preparaba su libro sobre la biblioteca de Pinochet, alguien entró a su casa, pero no robó nada: “El computador estaba en otro lugar de donde yo lo tenía y la pantalla estaba en el suelo de mi estudio. Mi disco duro lo cambiaron de lugar. Los juguetes de mis hijos los dejaron encima de sus camas. Dejaron todos los closet abiertos. No parecía que hayan estado buscando nada, más bien dejando una señal de que alguien había estado ahí. No había ninguna puerta ni ventana forzada”. El periodista dice que realizó una denuncia ante la PDI, pero que nunca tuvo novedades.

Los certificados electrónicos de la periodista Pascale Bonnefoy, corresponsal de The New York Times y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, fueron solicitados el 26 y 30 de agosto de 2016. La periodista buscó en sus archivos y detalló lo que estaba investigando en esa época:

-Entre marzo y abril de 2016 hice seis solicitudes por Ley de Transparencia al Ejército. Una sobre la supuesta investigación de quema de archivos en 1989; sobre causas de fiscalía militar en 1973; una tercera sobre el Servicio de Inteligencia Militar de 1973; sobre el jefe del servicio de interrogadores de las Fuerzas Armadas en 1973; otra sobre una investigación interna de la DINE respecto del asesinato de Charles Horman en 1973 y la última sobre las jefaturas de distintos departamentos de la DINE en 1973. Todo eso para la segunda edición actualizada de mi libro “Terrorismo de Estadio”, publicado en septiembre de 2016.

Poco antes, en julio de ese mismo año, recordó la periodista, publicó en The Clinic el reportaje “Piden procesar a edecán de la Cámara de Diputados por ejecución de detenido en 1973”, basado en documentos de expedientes militares.

Santiago Pavlovic, el periodista ancla de Informe Especial de TVN, señaló que desde 2015 no ha dejado de investigar corrupción militar. Contó a CIPER que durante estos años ha recibido solicitudes para reunirse con distintos comandantes en Jefe del Ejército, y que también han existido cartas y llamados a su jefatura en el área de prensa del canal, pero que no ha recibido amenazas. Antes, dice, sí las hubo. Ocurrieron, cuenta, cuando investigó asuntos relacionados con la represión en la dictadura:

-Ahí me llamaron por teléfono y me amenazaron, pero no realicé ninguna denuncia, sino que opté por tomar resguardos personales.

En el informe de la PDI al que accedió CIPER, aparecen distintos correos electrónicos solicitando certificados de Pavlovic y también de integrantes de su familia. En 2015 el periodista trabajó en Informe Especial junto a Mauricio Weibel en investigaciones sobre el desfalco militar conocido como “Milicogate”.

Otra periodista que formó parte de ese equipo de Informe Especial, Danae Fuster, también figura en el informe de la PDI. Un correo electrónico solicitó un certificado de ella al Registro Civil el 10 de julio de 2015. Ese día, la misma dirección de correo pidió un certificado de Sergio Tudesca, uno de los ex militares denunciantes de corrupción en el Ejército.

El quinto periodista que figura en el reporte de la PDI es Javier Rebolledo, quien se ha especializado en la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Rebolledo ha publicado libros como “La danza de los cuervos”. Sobre sus certificados, el informe de la PDI señala que se requirieron en dos fechas: el 28 de octubre de 2016 y el 18 de febrero de 2018.

-En octubre de 2016 estaba en pleno periodo de reporteo de “Camaleón, doble vida de un agente comunista”, que cuenta la historia de un comunista que se acercó a los servicios de inteligencia de la dictadura para camuflarse al lado de ellos. Debí investigar a ex funcionarios de la DINE, para lo cual me entrevisté con uno de ellos en fecha cercana al 20 de diciembre de 2016. Sin embargo, venía gestando esta reunión desde mediados de ese año. Después, en 2018, estaba en la parte investigativa del libro “Los hijos del frío”, relacionado con el centro de exterminio Simón Bolívar. En febrero viajé a entrevistar al testigo clave en causas de lesa humanidad contra militares, Jorgelino Vergara. Él me manifestó, no sé si con sustento, que yo tenía seguimiento.

El periodista, que acaba de lanzar su libro “Rati” -sobre el rol de “La Oficina” de La Moneda en los inicios de los gobiernos de la Concertación-, aseguró que el mismo día y a la misma hora en que era entrevistado por el programa El Informante, de TVN, por su investigación sobre la participación de Cristián Labbé (ex alcalde de Providencia) en la DINA, el local de la editorial Ceibo, que había publicado el libro donde se relataban esos hechos, sufrió un robo. Los ladrones, cuenta, además de llevarse equipos valiosos dejaron una huella singular: una hilera de billetes ordenados en el piso.

El periodista Mauricio Weibel también ha denunciado hechos similares. En la misma semana de 2012 en que entraron a la casa de Juan Cristóbal Peña, Weibel asegura que le robaron su computador y pendrives desde su casa. También ha relatado que, años después, cuando estaba publicando en The Clinic sus reportajes sobre el “Milicogate”, las oficinas de ese medio sufrieron un robo en el que se llevaron computadores.

*Fuente: CiperChile