La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos va en menoscabo de la pluralidad informativa. Esto afecta el derecho que tiene todo ciudadano de formar libremente su pensamiento considerando diferentes enfoques y puntos de vista sobre acontecimientos de interés individual.
Si bien, en general, el crecimiento de las páginas web ha ensanchado los canales de libertad de expresión, los grupos corporativos tradicionales que concentran las grandes audiencias siguen dominando el mercado mexicano de medios.
El proyecto Media Ownership Monitor (MOM), realizado por Reporteros Sin Fronteras y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos A.C.), encontró que la falta de datos del mercado, la opacidad en la medición de las audiencias, el efecto corruptor de la publicidad oficial y el insuficiente marco regulatorio son factores clave que aumentan el alto nivel de la concentración de medios en manos de unos cuantos propietarios, en vez de limitarlo.
De esta manera, la sociedad mexicana se ve afectada negativamente en su derecho a recibir información diversa y confiable, lo cual va en detrimento del fortalecimiento del pensamiento propio, libre e independiente –características inherentes a las naciones democráticas.
Los resultados de Mom México pueden consultarse en esta página web navegando a través de los perfiles de medios, compañías y dueños, así como por sus muchos textos explicativos.
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En estos días cruciales para Chile, cuando se discute la construcción de una nueva Carta Magna y estamos próximo a las nuevas elecciones presidenciales, es urgente incorporar algunos cambios institucionales que demanda la mayoría de los chilenos y chilenas, relacionadas con las transformaciones de leyes y normas que regulan a la actual organización cultural, por otras que establezca la ciudadanía organizada, como la principal rectora de una política cultural democrática, popular y participativa.
Carta abierta a José Antonio Kast sobre los crímenes de Paine
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¿Dónde está Mohamed Lamin Haddi, preso político saharaui en huelga de hambre?
Como potencia administradora de derecho del Sahara Occidental, España tiene la obligación de proteger a los saharauis. Aunque no lo fuera, su obligación de defender los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno, que no se está cumpliendo.