Fiscalía desconfiaba hace meses del rol de Carabineros en “Operación Huracán”

El 19 de octubre la Corte Suprema ordenó liberar a los ocho imputados en la Operación Huracán que se encontraban encarcelados. Lo que sucedió después fue extraño y dudoso. La Fiscalía, a diferencia de lo que acostumbra a hacer en la mayoría de los casos relativos al conflicto Estado-mapuche, no insistió en buscar la prisión preventiva para los acusados y así fueron pasando los meses. Lo que no sabía la mayoría de los chilenos es que en ese momento la causa se encontraba en estado de coma.

Un simple hecho muestra que la persecución contra la supuesta asociación ilícita de carácter terrorista estaba en pausa. Al ingresar al portal del Poder Judicial, el último movimiento en la investigación, antes de la solicitud de no perseverar ingresada este 25 de enero, data del 20 de octubre de 2017. Tres meses sin novedades.

¿Qué pasó en el intertanto? Hoy ya es de público conocimiento que las pericias realizadas por la Fiscalía Nacional a los celulares incautados por Carabineros determinaron que se les implantó información cuando los aparatos ya estaban en manos de los policías. Pero las sospechas surgieron tempranamente, poco tiempo después de iniciado el caso, desconfianza aumentada en gran parte por la actitud de Carabineros. Esta información es recopilada a partir de la solicitud de no perseverar con la investigación que envió la Fiscalía al Juzgado de Garantía de Temuco, además de testimonios de personas cuya identidad debió ser protegida para este artículo.

Antes de las detenciones incluso ya había malos presagios. Durante el 30 de agosto, en una visita del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a La Araucanía, se informó a la Fiscalía  que sostendrían una reunión con la autoridad uniformada para conocer información de inteligencia que tenían recopilada los policías. Para sorpresa del Ministerio Público, algo que generó molestia también, Villalobos citó a un punto de prensa en cual dijo que estaba ahí para “revisar las investigaciones que se han llevado en curso en este sector con gente de inteligencia”, además de que acudirían a la Fiscalía, al Ministerio Público, para coordinar la entrega de la “importante y gran cantidad de información para utilizar en los juicios”.

La información llegó recién el 20 de septiembre de 2017 hasta el escritorio del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes. El oficio 130, documento de 26 páginas firmado por el director nacional de Inteligencia de Carabineros Gonzalo Blu, indicaba los supuestos nombres de los responsables de una serie de ataques incendiarios a camiones, con los supuestos mensajes de Whatsapp entre ellos. El Ministerio Público no tuvo mucho margen para chequear estos antecedentes, puesto que el documento alertaba que se vendrían tres ataques de parte de los acusados entre La Araucanía y Los Ríos en poco tiempo.

Por lo mismo, según información obtenida por Diario y Radio Universidad de Chile, los persecutores se inclinaron por actuar rápido, buscando prevenir nuevos incidentes, por lo que solicitaron al Juzgado de Garantía de Temuco las órdenes de detención a los ocho perseguidos, hecho que se concretó el 23 de septiembre, día en que el país se enteró de la Operación Huracán, nombre dado por Carabineros y que también habría molestado en el Ministerio Público.

Incluso el día de la formalización, el 24 de septiembre, los fiscales no habrían tenido mayor conocimiento de los antecedentes, puesto que al nacer esta interceptación de comunicaciones al amparo de la Ley de Inteligencia, ellos no tenían mayor noción ni control sobre las acciones de Carabineros.

El informe 130 no tenía valor de prueba por sí sólo, debido a lo que estipula la Ley de Inteligencia, por lo tanto, lo importante para probar la acusación se conseguiría desde las incautaciones y pericias posteriores. Durante toda la historia del caso nunca se ha encontrado armamento ni financiamiento, elementos fundamentales para articular una asociación ilícita.

Durante el mismo día de la audiencia de formalización, el 24 de septiembre llega el primer pre-informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), documento clave en el final de la historia. En éste se indicaban las pericias al teléfono marca Samsung de Martín Curiche, uno de los detenidos, y se daba cuenta de las supuestas conversaciones de mensajería entre los acusados. Con esto se consiguió la prisión preventiva para ellos.

Ya después de la formalización, el fiscal a cargo del caso, Felipe González, solicitó al Labocar otro pre-informe de los aparatos incautados durante las detenciones, para conocer mayores detalles.

El 29 de septiembre llegó la respuesta y la policía uniformada aseguró haber encontrado conversaciones archivadas en formato “Block de Notas” en la cuales los perseguidos hablaban de tener un informante en la Agencia Nacional de Inteligencia y en la Fiscalía. También se hablaba de la supuesta intención de Héctor Llaitul de intervenir el correo electrónico del mayor de Carabineros Patricio Marín Lazo, como también de la supuesta intención de ingresar armas desde Argentina.

El problema es que no existía evidencia alguna mostrada por Carabineros de la extracción de imágenes de los equipos telefónicos y los datos entregados por la Policía eran de gravedad. El fiscal González insistía en mayores antecedentes, el nombre del infiltrado en el Ministerio Público, por ejemplo, pero los uniformados no respondían.

En estos días, en que comenzó el Ministerio Público a solicitar mayor precisión en el material entregado, la distancia se fue acrecentando. “Al principio los Carabineros empezaron a ir menos a la Fiscalía, después terminaron por no ir más”, cuenta una fuente.

Al verse presionados, el Labocar de Temuco envió el 11 de octubre, un día después de que la defensa presentó el recurso de amparo en la Corte Suprema que dio la libertad a los ocho acusados, a la Fiscalía de Alta Complejidad tres discos con imágenes e informes del software utilizado. Este material fue remitido a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional (Ulddeco), para que fuera periciado.

Entre el 20 y 25 de octubre el Labocar entregó una serie de informes periciales informáticos a los fiscales, quienes procedieron a iniciar el análisis de estos. Aquí encontraron varias de las conversaciones ya conocidas, pero también contradicciones entre los mismos documentos de la policía.

En el informe 861-2017, elaborado por los cabos 1º Manuel Riquelme Mardones y Marco Sanhueza Córdova, no se dan hallazgos de conversaciones almacenadas en el celular marca Samsung perteneciente al detenido Martín Curiche, algo que sí se había indicado en el preinforme del 24 de septiembre firmado por el sargento 1º Marvin Marín Maluenda.

Esta contradicción motivó a los fiscales a solicitar la pericia a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. El resultado es el ya conocido, existían archivos en formatos distintos a los que utilizan las aplicaciones de mensajería interceptadas, ni marca temporal, tampoco la estructura de un elemento exportado de la aplicación. En el teléfono de Martín Curiche se hallaron cuatro archivos con nombre, contenido y fecha de creación similares, pero en distintas ubicaciones del teléfono, algo que fue catalogado como irregular por la Fiscalía Nacional, puesto que estas aplicaciones crean su propio directorio de almacenamiento.

En un segundo informe de la Ulddeco de la Fiscalía Nacional, enviado el 24 de enero, se comprobó de los teléfonos periciados tan sólo dos tenían Whatsapp instalado, uno telegram y otro ninguna aplicación de mensajería. También se indica que los archivos .txt encontrados en el celular de Martín Curiche fueron ingresados después de la incautación.

El 13 de noviembre, con los acusados ya en libertad, se comienzan a dar los momentos más agudos en el quiebre entre la Fiscalía y Carabineros. Dicho día el Ministerio Público solicitó 27 diligencias a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de la policía uniformada, con las que se buscaba confirmar la existencia de una asociación ilícita y la participación de los imputados en ella. Recién el 22 de enero hubo una respuesta, excediendo el plazo de cuarenta días que se les concedió. Pero lo remitido por Carabineros no dejó satisfechos a los fiscales, puesto que sólo respondieron a tres de las diligencias ordenadas, esto, según dijo el fiscal Felipe González en la solicitud de no perseverar “da cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de Chile”.

Hoy el quiebre es casi irreversible.

*Fuente: Diario UdeChile