Querella contra Mapuexpress genera críticas por atropello a la libertad de expresión

Desde su fundación, el 1 de abril de 2000, el Colectivo Editorial Mapuexpress ha informado sobre la defensa territorial de las comunidades mapuche frente al cuestionado modelo extractivista y forestal. Aseguran que su atención ha estado puesta en visibilizar los daños que ha provocado el modelo económico dominante sobre las comunidades, y en dar a conocer las redes de cooperación que se han conformado ante ese escenario.

En ese contexto, el 28 de enero de este año el medio publicó un comunicado público de organizaciones mapuche huilliche de la zona del Lago Maihue y de la cuenca del Lago Ranco, partícipes de la Alianza Territorial Puelwillimapu.

La información apuntaba al rechazo de un proyecto piloto de energía que se ubicaría en la zona y, en particular, a Andrés Antivil Álvarez, consultor del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) vinculado al Ministerio de Energía y a la Corfo, quien estaría asociado a esta iniciativa.

El comunicado precisó que el profesional se ha desempeñado en entidades internacionales fomentando “puentes” entre las comunidades y proyectos de energía, información disponible en sus propios perfiles públicos.

Ante esto, Andrés Antivil presentó a fines de junio una querella criminal contra el medio informativo aludiendo a que se habría cometido el delito de injurias graves con publicidad al difundir dicha información.

En la querella se detalla que uno de los puntos que afectaría la reputación de Antivil es el haber sido calificado de “operador político” y cómplice de malas prácticas”. Además, en el documento se lee que “el haber sido tratado de ´yanacona´ quizás para la cultura no mapuche pueda no tener significado relevante, pero para quienes forman parte del pueblo mapuche es ofensivo porque alude a quienes renuncian a su cultura para servir a otros. Representa, en definitiva, a un traidor”.

La querella solicita tres años de cárcel para el coordinador de Mapuexpres Alfredo Seguel y el pago de una multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), alrededor de 7 millones de pesos.

Sin embargo, el medio digital le otorgó a Antivil su derecho a réplica para integrar sus argumentos en la publicación, a lo que él nunca respondió hasta presentar la querella donde se manifiesta su intención de “bajar” el comunicado que sigue disponible en el sitio.

El abogado Sergio Millamán integrante del colectivo y quien asumirá la defensa judicial, explicó que la información se entregó luego de una reunión que sostuvieron las comunidades indígenas con autoridades de energía y, por lo tanto, se trataría de una acción que transgrede la libertad de expresión y el derecho a difundir esa información.

“Ese comunicado se dio en el marco de una reunión que tuvieron las comunidades con representantes del Ministerio de Energía, donde ellos pidieron que se terminaran estas prácticas, en particular de esta persona que intervenía en sus comunidades con intereses privados. Es por eso que esa persona apela a que su honra fue pasada a llevar por el medio de comunicación”, aseveró.

El abogado hizo la distinción de este caso con otros de tipo judicial: “En la Ley de Telecomunicaciones que regula el acceso de las radios al espectro eléctrico, es el Estado quien limita el acceso para ejercer la comunicación. En cambio, en este caso se evidencian los intereses de un particular ligado al sector de la energía”. Sin embargo, se advierte que el efecto es el mismo: silenciar a los medios de comunicación independientes.

La libertad de expresión en cuestión

La querella fue presentada invocándose transgresiones de a los artículos 416, 417, 418 y 422 del Código Penal y el artículo 29 ley 19.733 Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo y que precisa cuando se configuran injurias y calumnias.

Sin embargo, en esta oportunidad la figura invocada colisiona con el quehacer comunicacional mantienen los medios independientes y comunitarios como Mapuexpress, desde donde apuntan a una abierta criminalización y amedrentamiento a develar los intereses detrás de los grandes proyectos energéticos.

El coordinador de la Red de Medios de los Pueblos, Javier Karmy, sostuvo que no se trata de un hecho aislado porque esta acción se suma a múltiples allanamientos a radios comunitarias y juicios similares contra medios de comunicación alternativos, que refleja la desprotección jurídica y legislativa que tienen actualmente los medios independientes. “Todo esto refleja el atraso a nivel país en término de los derechos a la comunicación libre”, enfatizó.

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Mientras, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, expresó que esta acción jurídica pretende tipificar el acto comunicativo como un crimen y una vez más se vuelven a evidenciar las deficiencias en la normativa que rige la libertad de expresión.

“En todas las democracias del mundo se ha avanzado hacia despenalizar, es decir, quitarle cárcel a cualquier sanción por eventuales faltas asociadas al derecho humano de expresarse y difundir información. Incluso, si se llega a comprobar que existe algún tipo de falta no puede ir asociado el presidio”, señaló.

Además, la periodista dijo que “esto se da considerando un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche donde los medios que difunden esas informaciones tampoco son resguardados en ningún caso. Los medios comunitarios han sido muy maltratados por el estado chileno”, resaltó.

Agregó que “cuando una situación de este tipo ocurre con un medio masivo tradicional se genera un amplio debate en el cual aparecen defensores de todos los colores para proteger la libertad de expresión, pero cuando ocurre con medios alternativos nadie dice nada por no criticar el modelo”.

La causa del medio digital se revisará el próximo 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco, para dar luego dar paso a la audiencia preparatoria y al juicio, en este caso del coordinador Mapuexpress.