El régimen de crueldad de Australia ha convertido Nauru, un campo para refugiados, en una prisión al aire libre

El gobierno australiano está sometiendo a las  personas refugiadas y solicitantes de asilo a un sistema elaborado y cruel de abusos —incumpliendo descaradamente el derecho internacional— con el único propósito de mantenerlas alejadas de sus costas, afirma un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy.

Basado en meses de investigación, incluidas entrevistas con más de 100 personas en Nauru y Australia, el informe de Amnistía Internacional Island of Despair: Australia’s ‘processing of refugees’ (Isla de desesperación: La “tramitación” de personas refugiadas en Nauru por Australia) desenmascara la política del gobierno australiano de “tramitar” a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la presenta como lo que es: un régimen deliberado y sistemático de abandono y crueldad.

“En Nauru, el gobierno australiano administra una prisión al aire libre concebida para infligir tanto sufrimiento como sea necesario para impedir que algunas de las personas más vulnerables del mundo intenten encontrar seguridad en Australia”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional y una de las pocas personas que ha logrado entrar en la remota y hermética isla para investigar los abusos contra los derechos humanos.

“El gobierno de Australia ha aislado a mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables en un lugar remoto del que no pueden salir, con el propósito deliberado de que estas personas sufran. Y han sufrido: ha sido demoledor y, en algunos casos, irreparable.”

Sólo unas semanas después de que el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, presentaba la política de su gobierno en la Cumbre sobre Refugiados de la ONU como modelo que debía ser emulado, el informe de Amnistía Internacional muestra cómo la política de Australia, centrada en la disuasión, es directamente responsable de un terrible catálogo de abusos contra los derechos humanos.

“La política del gobierno australiano es exactamente lo contrario de lo que los países deberían practicar. Es un modelo que reduce al mínimo la protección y potencia al máximo los daños. La única dirección en la que Australia lidera al mundo respecto a las personas refugiadas es en una peligrosa caída en el abismo”, ha manifestado Anna Neistat.

“Hace seis decenios, la firma del gobierno de Australia permitió la entrada en vigor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ahora, en una terrible ironía, un país que tanto debe a las personas refugiadas está violando de modo flagrante el derecho internacional y animando a otros países a seguir su ejemplo.”

Australia ha gastado miles de millones de dólares en crear y mantener su sistema de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional intrínsecamente abusivo. Según la Oficina Nacional de Auditoría australiana, la tramitación extraterritorial en Nauru y en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, ha costado más de 573.000 dólares australianos por persona y año.

Gran parte de este dinero se ha gastado en la contratación de empresas para que trabajen en Nauru, muchas de las cuales han anunciado que pondrán fin a sus actividades en la isla. Miembros del personal de algunas empresas han denunciado irregularidades, y están bajo la amenaza de enjuiciamiento criminal por desvelar la situación desesperada que existe en Nauru.

“Las autoridades australianas deben llegar a la misma conclusión, cerrar el centro de ‘tratamiento’ de la isla, y destinar a usos mejores el dinero de los contribuyentes, reconociendo que todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru tienen derecho a llegar a Australia inmediatamente. Estas personas no pueden estar ni un instante más esperando una solución humana”, ha afirmado Anna Neistat.

Castigo de las víctimas

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru se han convertido en blanco de abusos a manos de parte de la población local, incluidas personas que ocupan puestos de autoridad. A pesar de los relatos fidedignos de decenas de agresiones físicas —incluidas agresiones sexuales— contra personas refugiadas y solicitantes de asilo cometidas por habitantes de la isla, Amnistía Internacional no tiene constancia de que ningún ciudadano de Nauru haya rendido cuentas.

En cambio, se ha detenido arbitrariamente y encarcelado a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Un proveedor de servicios contó a Amnistía Internacional: “Las detenciones arbitrarias como forma de intimidación son habituales en Nauru.”

Hamid Reza Nadaf, refugiado iraní con un hijo de corta edad, manifestó que lo detuvieron y estuvo encarcelado entre el 3 de junio y el 7 de septiembre de 2016, a partir de pruebas de manifiesta falsedad.

Su reclusión podría haber guardado relación con unas fotografías que tomó del Centro de Tramitación de Refugiados. Su hijo de 8 años, que según informes está enfermo de tuberculosis, se quedó solo en el Centro de Tramitación de Refugiados durante gran parte del tiempo mientras Nadaf pasaba los tres meses en prisión.

Las autoridades de Nauru también han detenido a personas refugiadas y solicitantes de asilo por autolesiones, incluso en casos en los que el hecho de estar almacenadas en Nauru es precisamente lo que dio lugar a un profundo deterioro de la salud mental de la persona.

“Es un círculo vicioso. Personas angustiadas intentan poner fin a su vida para escapar de ella, pero después se encuentran entre rejas, arrojadas a una prisión dentro de una prisión”, ha afirmado Anna Neistat.

Deterioro de la salud mental

Casi todas las personas con las que habló Amnistía Internacional —entre ellas niños de corta edad— estaban aquejadas de una salud mental precaria. Es innegable que los periodos prolongados de reclusión indefinida tienen efectos directos y negativos sobre la salud mental de las personas, según el Real Colegio de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda.

Las personas no reciben la atención que necesitan para los problemas de salud mental, ni para otras muchas dolencias. “Laleh” —nombre ficticio— es una mujer iraní que huyó con su esposo y su hija de 3 años. Laleh contó a Amnistía Internacional que sufría depresión pero “no les importó”, dijo.

La hija de Laleh, “Nahal” (nombre ficticio) también desarrolló problemas de salud durante los 18 meses que su familia pasó en una tienda de campaña en Nauru. Tras concluir que Nahal sufría problemas de salud mental, el médico le prescribió medicinas que no eran aptas para niños.

Cuando Laleh y su esposo le plantearon la cuestión, el médico ignoró sus preocupaciones. “Nos dijo: ’Si no les gusta, vuelvan a su país de origen’, contaron a Amnistía Internacional.

“Dejar que la salud mental de la gente se deteriore sin aplicar un tratamiento adecuado parece ser un elemento deliberado de la política disuasoria del gobierno de Australia.

El doctor Peter Young, ex director de salud mental de International Health and Medical Services (IHMS), dijo a Amnistía Internacional que en los entornos de tramitación extraterritorial, “[t]odo se supeditó a ‘detener los barcos’”.

El trato que reciben las personas refugiadas en Nauru constituye tortura

Amnistía Internacional concluyó que el sistema al que están sometidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru es constitutivo de tortura.

La combinación de angustia psicológica grave de las personas refugiadas, el carácter intencionadamente nocivo del sistema, y el hecho de que el objetivo de la tramitación extraterritorial sea intimidar a otras personas o coaccionarlas para lograr un resultado concreto, hacen que el régimen de “tramitación” extraterritorial de Australia encaje en la definición de tortura en virtud del derecho internacional.

El actual primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, ha sostenido que el gobierno australiano debe asegurarse de la severidad de su régimen de “tramitación” extraterritorial.

El ministro de Comunicaciones afirmó a este respecto en mayo de 2014: “Tenemos medidas severas [y] alguien dirá que medidas crueles […] [pero] lo cierto es que si queremos detener el negocio de contrabando de personas, tenemos que ser muy, muy duros.”

En septiembre de 2015, al tiempo que admitía su preocupación por las condiciones en Nauru, Malcolm Turnbull afirmó: “Ya sé que es duro, tenemos una política de protección de fronteras dura, podría decirse que es una política severa, pero ha funcionado.”

Aunque Australia no desea que se conozcan en toda su extensión los abusos que se cometen en Nauru, y ha puesto el máximo empeño para ocultarlos, los posibles solicitantes de asilo deben ser conscientes de que las consecuencias de intentar buscar protección en Australia por mar son punitivas. El “éxito” del control de fronteras depende del sufrimiento humano.

“El gobierno de Australia ha reconocido ante la opinión pública que la política que presenta al mundo como un éxito es cruel. Esta política de legitimación de los abusos sistemáticos no sólo es un callejón sin salida para las personas refugiadas: también es un callejón sin salida para Australia. Ha logrado para Australia una excepcional notoriedad como país que hará cuanto esté en su poder para asegurarse de que las personas refugiadas no llegan a sus costas y para castigar a quienes se atrevieron a intentarlo”, ha afirmado Anna Neistat.