Comisión Valech: El secreto que no permite conocer qué pasó ¿Protección a las víctimas o a los criminales?

Existen expectativas de que el reciente nombramiento de la abogada Lorena Fríes, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la primera subsecretaria de DDHH en nuestro país, genere un compromiso efectivo para que, durante el actual gobierno, se elimine la cláusula de secreto de la Ley 19.992 que prohíbe dar a conocer  los testimonios completos de las víctimas contenidos en el informe Valech I.

En medio de la ceremonia interreligiosa que se realizó en La Moneda como homenaje a Salvador Allende a 43 años del derrocamiento de su gobierno y su muerte a causa del golpe de Estado, la Presidenta Michelle Bachelet le solicitó a la profesional que se haga cargo de la puesta en marcha de la nueva repartición.

La abogada reconoció que es «un gran desafío. Me siento muy honrada por el nombramiento y la confianza que ha depositado en mí la Presidenta. Ahora me toca ir a sumergirme y empezar a trabajar (…) por lo tanto, en este período se trata de hacer el plan de trabajo de preparar todo para que quede instalada en el Estado de Chile una subsecretaría de Derechos Humanos», fueron sus primeras palabras.

Magna tarea en que deberá acreditarse una doble consecuencia, la del gobierno que sostiene en las palabras de la Primera Mandataria que «hemos dado pasos sustantivos en materia de reconocimiento, verdad, justicia y reparación, y lo queremos seguir haciendo» y los propios dichos de la nueva autoridad, para quien «en Chile todavía hay causas pendientes, no se ha avanzado todo lo que quisiéramos en materia de verdad, justicia y reparación».

Valech I, el secreto mejor guardado

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech (y conocida como «Comisión Valech»), fue creada «para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990», durante la dictadura cívico-militar.

Esta emitió su informe el 28 de noviembre de 2004 y fue dado a conocer por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Fue elaborado sobre la base al testimonio de más de 35.000 compatriotas detenidos y sometidos a apremios ilegítimos. Sin embargo, la autoridad dispuso por ley que los relatos completos de las víctimas contenidos en el informe solo puedan ser desclasificados después de cinco décadas desde su publicación.

La razón esgrimida fue el compromiso adoptado por la comisión con las víctimas, que habrían pedido mantener reserva sobre lo declarado, pues no querrían que sus familiares y entornos se enteraran de los padecimientos y horrores que habían sufrido. El problema, según quienes impugnan dicho secreto, es que de paso tampoco se conocerán los nombres de los represores y los crímenes que cometieron, lo que asegura su absoluta impunidad y contraviene el discurso de búsqueda de «verdad, justicia y reparación», pues la verdad se conocerá muy tarde, cuando ya no viva ninguno de los criminales para hacer justicia ni de las víctimas a quienes reparar.

El portazo de la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados se rechazó dar carácter público a las declaraciones incluidas en el informe sobre la dictadura. La decisión adoptada al no lograrse el quórum de 60 votos, implicó el rechazo de  la iniciativa patrocinada por diputados del PC, con apoyo del PPD y la DC, y que buscaba levantar el secreto establecido para los antecedentes que obtuvo la comisión. Solo 57 parlamentarios votaron a favor de la medida.

En contra de la iniciativa se manifestaron en bloque los partidos de derecha, La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, pero lo que llamó la atención fue que algunos parlamentarios del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia se sumaron a ellos. Se trata de los PS Juan Luis Castro y Marcelo Schilling y de los PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma. También rechazó el alzamiento del secreto el hoy independiente Pepe Auth, ex PPD. Aunque no se negaron al levantamiento sí se abstuvieron los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini.

En los hechos ello implica que no podrá restablecerse una iniciativa legal como ella hasta un año más. Esta había sido suscrita por los diputados del PC Karol Cariola, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez y Guillermo Teillier; el IC Sergio Aguiló; los PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier, y el DC Patricio Vallespín.

Aberración

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), consideró «vergonzosa» la decisión de la Cámara: «Los diputados de la Nueva Mayoría que votaron en contra de este anhelado proyecto para que las chilenas y chilenos tengan el derecho de saber lo que pasó en este país, solamente se explica por la poca voluntad política que ha tenido el Gobierno en estos temas, por más de dos años, porque hace dos años la Presidenta se comprometió a reunirse con nosotros y darnos una respuesta y a la fecha no ha pasado nada», sostuvo.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó que «es entendible la votación en bloque de la derecha, pues tiene como objetivo mantener en reserva el nombre de los genocidas a ojos de la opinión pública nacional e internacional. Además refleja el peligro de que estarían dispuestos a actuar de la misma manera de ser necesario». Pero lo que le parece una aberración es que parlamentarios de la Nueva Mayoría votaran en contra de esta iniciativa: «son una vergüenza para cualquier país que se construye en democracia» y lo calificó de «gravísimo y repudiable».

La abogada Carmen Hertz fue más dura aún: «Que hoy, a 43 años del golpe militar y que haya comenzado la máquina genocida, se pretenda seguir ocultando la identidad de los perpetradores, caminando -seguramente apenas- por las calles de Chile, no solo es intolerable, sino que pone a Chile al margen de sus obligaciones internacionales (…) Esto es extraordinariamente grave, es intolerable (…) Al no levantar el secreto de la comisión Valech se está protegiendo la identidad de los represores, de los responsables del exterminio y se expande la impunidad», sostuvo quien además sufrió la pérdida de su cónyuge, Carlos Berger, asesinado en dictadura.

Auth: «Proteger a las víctimas»

Que la derecha se oponga a que se conozca el nombre de muchos de sus amigos, familiares o adherentes no es extraño, cuando incluso algunos de sus parlamentarios han estado mezclados en causas por delitos de lesa humanidad -como el desaforado diputado Rosauro Martínez RN-, pero ¿qué indujo a parlamentarios pertenecientes a un sector que sufrió en carne propia los rigores de las violaciones a los DDHH durante el régimen cívico-militar?

Cambio21 consultó al diputado Pepe Auth qué lo llevó a oponerse a la iniciativa legal. «Me parece un despropósito darle carácter público a una información que le pertenece a las propias víctimas que declararon con el compromiso del Estado de reserva de su contenido por un lapso determinado de tiempo. Yo propuse que el Estado les pidiera autorización a las víctimas para publicar su verdad y se opusieron los autores. En consecuencia yo no iba a avalar un agravio y una falta al compromiso que se tomó con las víctimas», dijo el parlamentario independiente.

Auth recordó que «yo recorrí Suecia siendo embajador, convenciendo a la gente de contar su verdad. Algunos ni siquiera se lo habían contado a sus propias familias, porque las historias son verdaderamente cruentas y dolorosas. Son ellos los que tienen que decidir y no el Estado ni un grupo de parlamentarios si su verdad es pública o sigue siendo reservada, como se estipuló a la hora de recabar esa información. Otra cosa es si la justicia necesita un testimonio, pero darle acceso a  la prensa a toda la verdad contada bajo compromiso de reserva, es faltarle el respeto a la gente».

Fríes y Valech I

En reiteradas oportunidades, en su condición de directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes abogó por el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I. De hecho, en el último informe anual que elaboró el organismo le pidió expresamente a los poderes del Estado «garantizar el acceso a la información», por lo que solicitaron eliminar la reserva, sujeto a «si las víctimas así lo decidían y siempre que no afecte derechos de terceros, a los fines de que los tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes».

«Estamos un poquito ‘taponeados’ con el secreto de los 50 años. No hay ningún país que tenga secretos de tantos años sobre antecedentes de violaciones a los derechos humanos», sostuvo, agregando que «es más, lo que pesa sobre el Estado es la obligación de verdad y, en ese sentido, de levantar todo obstáculo para conocer la verdad (…) Eso no quiere decir que en esos antecedentes necesariamente esté lo que requiere la justicia, pero sin duda que estamos hablando de un sistema represivo donde seguramente ahí hay información valiosa».

Es a ella a quien le corresponde resolver sobre materias como esta, como dijo cuando fue consultada sobre la entonces reciente creación de la Subsecretaría que hoy encabeza: «nosotros hemos insistido en la creación de una instancia de calificación de víctimas que esté al alero de esa subsecretaría, puesto que lo que hemos estado viendo es que con el tiempo y después de la vigencia de la comisión asesora presidencial Valech I y Valech II, hay personas que hoy pueden probar que estuvieron en prisión política, que fueron torturados y que por tanto tienen el derecho a ser reparados».

Desde fuera del gobierno Fríes reclamaba el accionar de los órganos del Estado para dar pronta respuesta a «verdad, justicia y reparación» en materia de DDHH, incluido el  secreto de la Comisión Valech I. Habrá que ver si logra «rellenar un agujero que había en el Gobierno» en esta materia, como señaló en su oportunidad.

Y la verdad ¿cuándo?

En Chile las violaciones a los DDHH han tenido cuatro comisiones abocadas a develar verdad. Para determinar las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones, se dispuso la creación de la «Comisión Rettig» y la «Corporación Nacional de Reparación y Conciliación». La «Comisión Valech I» versó sobre prisión política y tortura y la «Comisión Valech II» se destinó para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.

Si bien los informes de esas comisiones son de carácter público, los antecedentes recopilados por las comisiones «Rettig», «Corporación Nacional de Reparación y Conciliación» y «Comisión Valech II», están sujetos a reserva y solo pueden acceder a ellos los Tribunales de Justicia. Solo los antecedentes de la «Comisión Valech I» están sujetos al secreto de 50 años y se prohíbe el acceso a ellos incluso al Poder Judicial.

Desde el mundo de los DDHH se sostiene que jamás se comprometió con las víctimas la reserva de sus declaraciones o antecedentes aportados, pues el secreto sobre los antecedentes habría sido impuesto con posterioridad a la creación y trabajo de la Comisión Valech I.

Afirman que durante los meses en que las personas fueron a prestar su declaración y se recababan los antecedentes, jamás se habló del mentado secreto, menos que este se extendería por cinco décadas.

Personeros que participaron de la recolección de testimonios afirman que esa era la base para que las víctimas hablaran. Como sea, los únicos favorecidos parecen ser los represores que terminarán impunes.

La reciente negativa de la Cámara de Diputados -por falta de quórum- para levantar la reserva que afecta por 50 años el acceso al informe, golpeó fuerte al mundo de las víctimas. Varios parlamentarios que se declaran comprometidos con el respeto a las garantías de la persona humana votaron en contra. Se busca proteger la honra e intimidad, justifican. Lorena Fríes, la flamante nueva subsecretaria de DDHH, pidió desde el INDH que se garantice el acceso a la información y se opuso al secreto que alimentaba la impunidad de represores. Hoy en sus manos está la solución.