El “puto peso” y su rol en la campaña por derogar la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas

Septiembre 2016

En mayo de 1999, el candidato presidencial Ricardo Lagos Escobar, en una entrevista en EEUU para la Revista Latin Trade, sostuvo que:

            «Es muy importante introducir capital privado en Codelco para que pueda expandirse. Pero para privatizar Codelco tenemos que suspender la entrega del 10 % de sus ingresos a las fuerzas armadas. No creo que ningún inversionista privado esté interesado en Codelco hasta que superemos este problema”.

Ya han pasado 16 años, desde que el candidato Lagos, expuso ante los inversionistas  estadounidenses, que para poder introducir capital privado o privatizar Codelco, era necesario con anterioridad, derogar la ley que destina el 10% de sus ventas a las FFAA. Fundaba su argumento el Sr. Lagos, en que ninguna empresa querrá comprar Codelco, si tiene que entregar el 10% DE SUS VENTAS a las Fuerzas Armadas. Con esa mochila, la empresa que compre Codelco, no podría competir con las otras mineras extranjeras.

La derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, no es entonces un asunto de carácter ideológico o político, o de militaristas o antimilitaristas, sino una condición sine qua non, para llevar a cabo el objetivo principal: poder acometer la privatización parcial o total de Codelco.

A pesar que la derogación de la Ley Reservada no requiere de un quórum especial, y que siempre ha habido mayoría para hacerlo,  ello no se ha concretado hasta la fecha, principalmente porque su derogación no tiene sentido si a la vez no se acomete el objetivo principal de privatizar Codelco. Y este sí que es un escollo difícil de pasar, porque para privatizar Codelco se tiene que reformar la Constitución, para lo cual se requiere los dos tercios del Congreso Nacional, 25 senadores y 80 diputados.

Además, con los extraordinarios excedentes que Codelco ha entregado al país, más de US$ 120 mil millones, era prácticamente imposible lograr el quórum de los dos tercios de una reforma constitucional para privatizar Codelco, y por la misma razón, no prosperaban los proyectos para derogar la Ley Reservada, a pesar de no necesitar un quórum especial para su derogación.

Pero ahora, con la espectacularidad de la declaración de no haber “un puto peso en Codelco”, y que días después se anuncie pérdidas por US$ 97 millones en el primer semestre de 2016, pérdidas que se producen por primera vez en la historia de Codelco, las transnacionales mineras, creen que el viento sopla a su favor, para conseguir ambos objetivos, derogar la Ley Reservada y abrir Codelco al ingreso de capital privado.

Por ahora, la derogación de la Ley Reservada ha adquirido carácter de urgencia, con apabullante publicidad mediática, y apoyo transversal, desde la derecha más conservadora hasta los más progresistas de la Nueva Mayoría.

La Ley 13.196 o Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, fue promulgada como ley secreta por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en 1958, y disponía que una parte de las UTILIDADES de las empresas de la gran minería, deben destinarse al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas. En 1976, la Junta Militar, con el DL 1.530 modificó esta ley, y dispuso que el 10% de las VENTAS, ya no de la gran minería, sino nominativamente de Codelco, se debe destinar  exclusivamente al equipamiento militar de las FFAA. A partir de 1976, ya nadie se atrevió a plantear la privatización de Codelco. La Ley Reservada era la trinchera que defendía a Codelco de su privatización.

Solo a partir de 1994, a raíz de las pérdidas de US$ 200 millones de Codelco en mercados de futuro, nuevamente renacieron propuestas transversales para privatizar Codelco, pero que no encontraron apoyo suficiente en el Congreso, precisamente por los importantes excedentes que Codelco entregaba al país.

Pero ahora, que el Sr. Nelson Pizarro, y sus antecesores Diego Hernández y Thomas Keller, ejecutivos de clase mundial, endeudaron en exceso a Codelco y lo dejaron, además, sin un “puto peso”, se ha generado un consenso transversal, de políticos y “expertos”, desde la derecha más conservadora hasta los más progresistas de la Nueva Mayoría, para derogar la Ley Reservada, con el fin que dichos recursos queden en Codelco para financiar sus proyectos estructurales.

El Mostrador del sábado 3 del presente, nos informa que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que preside Jorge Tarud, ha citado para el martes 6 a los ministros de Hacienda y Defensa,  para que expliquen la compleja situación que atraviesa Codelco y que se siga manteniendo la Ley Reservada. Dice la nota de El Mostrador:

“Para el diputado Tarud es primordial que el titular de Hacienda explique por qué este tema no es prioritario para el Gobierno, «ya que de verdad no se entiende que no se le ponga urgencia a un proyecto de ley de este tipo cuando el presidente de Codelco nos dice que no hay un peso, porque el 10 por ciento del presupuesto se va a las Fuerzas Armadas”.

Sostener que si se deroga la Ley Reservada dichos recursos quedarán en Codelco, es fruto de la falacia o de la ignorancia, o de ambas cosas, puesto que si Codelco deja de pagar este tributo a las Fuerzas Armadas, ello se trasformaría inmediatamente en un aumento neto de sus utilidades, y por lo tanto, tendría que pagar el 69% de dichas utilidades en impuestos al Fisco: 24% de impuesto de primera categoría (que el 2018 subirá a 28%), más 40% de impuesto del DL 2.398, y 5% de impuesto específico o royalty. En consecuencia, el 69% (el 73% a partir del año 2018) del monto de la Ley Reservada, no quedará en Codelco porque pasará directamente al Presupuesto Nacional, del cual igualmente se tendría que financiar el equipamiento militar.

Del 31% que resta de la Ley Reservada, pasa también al Presupuesto en forma de ganancias del dueño, el Estado. Solo parte ese 31% podría quedar para capitalizar a Codelco, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo autorice. En consecuencia, es una falsedad absoluta, o ignorancia supina, que al derogar la Ley Reservada, dichos recursos quedarán en Codelco para financiar sus inversiones.

Pero también existen otros argumentos, en el pasado y en la actualidad, que se han barajado para justificar la derogación de la Ley Reservada.

            1.- Si sostiene que si se deroga esta ley, ello permitiría limitar el gasto en armamento, para destinarlo al gasto social.

Este es un argumento inconsistente, puesto que para limitar el gasto en equipamiento militar, no es necesario derogar la Ley Reservada, ya que bastaría con modificarla, para que no sólo contemple un piso para los aportes, sino que también contemple un techo, y todo lo que sobrepase de ese techo se destine al Presupuesto Nacional. Al respecto es necesario considerar que esta ley ya ha sido modificada en varias ocasiones para aumentar el piso de los aportes, y nada impide entonces que también se le fije un techo.

            2.- Se sostiene que esta ley, no permite que el Congreso Nacional discuta y apruebe el gasto en armamento y la prioridad de su distribución entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas.

Este también es un falso argumento, puesto que sin derogar la ley, solo modificándola –es una ley ordinaria-, se puede establecer que sean comisiones tripartitas de las Fuerzas Armadas, del gobierno y del Congreso Nacional,  que planifiquen a largo plazo las inversiones en armamento y fijen las prioridades entre sus diversas ramas, para que finalmente el Congreso Nacional apruebe el gasto anual. En consecuencia, en la misma Ley Reservada, se puede establecer la discusión parlamentaria en el gasto en defensa.

            3.- Otro argumento que se ha utilizado para justificar la derogación de esta ley, es que ella es discriminatoria para Codelco, ya que “el costo” extraordinario que significa este impuesto, lo dejaría en pésimas condiciones de competitividad frente a su concurrencia.

Históricamente, este argumento no tiene ninguna lógica ni sustentación real, puesto que las mineras extranjeras, hasta el año 2004, todas declararon pérdidas y no pagaron ni un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Escondida. Declaraban pérdidas, a pesar que no pagaban el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas, mientras que Codelco nunca dejó de entregar excedentes al Fisco, a pesar de tener que pagar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

Pero en los hechos, es evidente que es discriminatorio que este tributo lo pague únicamente Codelco, siendo que hasta 1976, lo tenían que pagar todas las grandes mineras, aunque solamente sobre las utilidades. Pero esa discriminación o arbitrariedad es fácil de solucionar, pero ello no pasa por derogar la Ley Reservada, sino que ampliando su aplicación a todas las empresas de la gran minería, de manera a que toda la Gran Minería quede afecta a este impuesto de 10 % de sus ventas en favor de las Fuerzas Armadas.

Jurídicamente nada impide que este tributo a favor de la Defensa Nacional se pueda aplicar a las mineras extranjeras, puesto que es un tributo autorizado expresamente por el Nº 20 del art. 19 de la Constitución, y tampoco está afecto a la invariabilidad tributaria de la Ley 20.026 de Impuesto Específico a la Minería. Además, es de plena justicia, que todas las empresas de la gran minería queden afectas a este impuesto, como lo fue hasta 1976.

Al ampliar la Ley Reservada a todas las mineras, la recaudación de este tributo se podría triplicar, pero como la ley también fijaría un techo, todo lo que sobrepase de ese techo, pasaría directamente al Presupuesto Nacional, para satisfacer las diferentes necesidades sociales.

Este es precisamente la ocasión para proponer que la Ley Reservada se extienda a todas las empresas de la gran minería, es la modificación que debieran sostener todos los partidos que otrora apoyaron al Presidente Allende, incluyendo al PPD, y por cierto la Presidenta Bachelet.

En suma, no es necesario derogar la Ley Reservada, porque todas las objeciones que se le hacen, no tienen sustentación fáctica o legal, o pueden ser solucionadas modificando la ley, sin que sea necesario derogarla, porque con o sin esta ley, igualmente se debe financiar el equipamiento militar.

Son las transnacionales mineras las que están detrás de esta derogación, porque al final existe un fabuloso botín: apropiarse de las colosales reservas de cobre de Codelco, que son alrededor de UN CUARTO DE LAS RESERVAS MUNDIALES.

            Las transnacionales mineras no pierden el tiempo, avanzan en la derogación de la Ley Reservada, proyecto que en principio sería presentado en diciembre próximo, y ya avanzan en un proyecto privatizador, con el apoyo del mismísimo Presidente del Directorio de Codelco, Sr. Oscar Landerretche. En efecto, en una noticia del Diario Financiero de 28.08.2016, se puede leer:

«Hay que calmarse un poco con las palabras. Porque cuando uno dice privatización significa vender todo Codelco y que lo controle un privado. La entrada de capitales privados a invertir en Codelco es una cosa completamente distinta», dijo el ejecutivo en entrevista en radio ADN. Según Landerretche «es perfectamente posible tener un esquema en el cual la abrumadora mayoría y el control lo tiene el Estado pero tiene capitales privados».

Queda muy claro entonces, que derogar la Ley Reservada no es más que el chivo expiatorio para privatizar Codelco.

• El autor, Julián Alcayaga, es economista y abogado