Debate: ¡Chile sangra aún, 43 años después del golpe! La prensa sueca censura esta denuncia

Este artículo de debate, firmado por dos chilenas residentes en Estocolmo, fue enviado a las redacciones de los principales diarios de tiraje nacional en Suecia. No fue aceptado para su publicación en ninguno de ellos. Lamentablemente, esto nos confirma que a los compromisos comerciales entre Chile y el Reino de Suecia se les adjudica mayor importancia que al supuestamente democrático “derecho a libre expresión” de dos sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Es por eso que divulgamos nuestro relato a los medios de comunicación alternativos.

Del 10 al 12 de mayo de 2016 la Presidenta de Chile Michelle Bachelet realiza una visita de Estado a Suecia. A nosotras, al igual que a muchos de los chilenos residentes en Suecia nos complace esta visita, así como el diálogo entre las autoridades chilenas y suecas. Nos alegra sobre todo que la Presidenta Bachelet el 11 de mayo devele un busto del Embajador Harald Edelstam en el parlamento. Para nosotros esto simboliza nuestro agradecimiento a la sociedad sueca que en un momento de apremio nos recibió cuando huíamos de la dictadura de Pinochet, sociedad que nos otorgó un refugio seguro y la posibilidad de reanudar nuestras vidas.
En Suecia hay aproximadamente 50.000 personas de ascendencia chilena, muchos de ellos víctimas directas o indirectas de la prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet. Hoy levantamos nuestras voces para llamar la atención sobre temas importantes, dado que los derechos humanos son uno de los temas clave durante la visita de Estado de la Presidenta Bachelet.
Desde la transición de la dictadura a gobiernos civiles, pasaron 13 años antes de que el Estado chileno reconociera que habían otras víctimas además de los muertos/ejecutados y desaparecidos durante la dictadura. Fueron años de lucha de las víctimas sobrevivientes, sus familiares y organizaciones de derechos humanos hasta que se designaron comisiones para recibir testimonios sobre prisión política y tortura. Pero nosotras, al igual que otros, consideramos que no hemos recibido la reparación e indemnización que nos corresponde.
Olinda:

“Soy sobreviviente de una familia a la cual los esbirros de la dictadura intentaron eliminar. Mi hermana Nalvia (embarazada), su esposo, yerno y suegro forman parte de los detenidos desaparecidos. Mi hermana menor no pudo superar la desaparición de Nalvia y se dejó morir. Mi madre, hermanos, mi hijo mayor y yo experimentamos la prisión política. Yo sobreviví torturas horribles, mientras que mi esposo falleció en mis brazos (a los 41 años de edad) producto de las hemorragias internas causadas por las sesiones de tortura.”

Vania:

“Llegué a Suecia en 1976 con mis padres. Portaba traumas acumulados durante tres años de mi niñez, cuando mi familia fue acosada y perseguida, y mi padre y primos fueron encarcelados y torturados. El frágil cuerpo de mi madre no sobrevivió el trauma del exilio. Mi padre vivió con las secuelas físicas y psicológicas de la tortura hasta fallecer prematuramente producto de enfermedad cardiovascular severa (el destino de muchas víctimas de tortura). Hice entrega póstuma de la información sobre mi padre a la Comisión Valech. Su nombre con un número designado son un renglón en un informe. No hubo reparación por parte del Estado chileno; la víctima reconocida había fallecido”.

Nos indigna el hecho que la información que nosotras y muchos más entregaron a las Comisiones Valech esté clasificada como confidencial durante 50 años, lo que implica la impunidad para los que encarcelaron y torturaron a las víctimas (=nosotros y/o nuestros familiares).
Consideramos que todos los gobiernos civiles chilenos que se han sucedido, incluyendo los de la Presidenta Bachelet, han postergado sistemáticamente el tema de reparación e indemnización para las víctimas de prisión política y tortura. Todos parecen esperar que las víctimas directas envejezcan y mueran, mientras que los familiares sobrevivientes seguirán condenados a vivir con sus traumas.
La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, establece que “Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada…” ¿No debería el Estado chileno estar a la altura de una Convención a la cual se ha suscrito? El Estado chileno no cumple con sus compromisos. ¿Nombrará el Gobierno sueco esta situación a la Presidenta Bachelet, además de hacerle un seguimiento posterior en el diálogo anual sobre derechos humanos entre la Unión Europea y el gobierno chileno?
-Las autoras,  Olinda Mena, enfermera, es terapeuta y Vania Ramírez León, es médico. Ambas viven en el exilio y residen en  en Estocolmo, Suecia