Corte Suprema: "…solo con falta o abuso grave se pudo llegar a una sentencia condenatoria"

Seguiremos esta lucha por  la justicia y la dignidad

Hace unos días, el 16  de enero 2016, la Corte Suprema dictó sentencia respecto de mi caso, acusado como autor de delito terrorista y de la muerte del ideólogo de la dictadura y de la UDI Jaime Guzmán ocurrido en 1991. Cinco Jueces decidieron por unanimidad anular la sentencia de segunda instancia a cadena perpetua y mantener la sentencia de primera instancia a cinco años con libertad vigilada.
En el fallo, dos de los jueces, el actual Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmech y el Juez Milton Juica, dejaron establecido un voto de prevención, en el cual señalan los vicios del proceso y que solo por la aplicación de una manera inquisitoria de hacer  justicia, fue posible  dictar la  sentencia y recomiendan que esta deba ser revocada. Ambos jueces señalan que  

“aparece clara la falta de argumentaciones jurídicas en el fallo recurrido para demostrar como lo exige la ley la participación de Villanueva en estos hechos ilícitos, de modo que solo con falta o abuso grave se pudo llegar a una sentencia condenatoria, por lo que para la prevención no cabe otra decisión, para poner término al error cometido, que acoger el recurso en estudio y dejar sin efecto la sentencia recurrida, para que en su reemplazo se revoque la de primera instancia y se decida la absolución del aludido Villanueva”…

Pero, a pesar de esta clara advertencia e irrefutable prueba de mi total inocencia, la justicia dictó una resolución, que como los hechos demuestran, es el corolario a un juicio y a una persecución política implacable de parte de la UDI, motivados por la venganza y el odio en contra de todos quienes valientemente enfrentamos a la dictadura cívico militar en su momento, haciendo uso del legítimo y reconocido derecho universal a la rebelión en contra de la tiranía.
De esta manera la verdad, fue violentamente desechada por los jueces y por los  intereses que se esconden en este proceso mañoso, quedando estampada como una mancha sobre la democracia y en un gobierno que se hizo parte de las acusaciones. Siendo incapaz de hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, lo que dejó en evidencia una vez mas, que en temas de violaciones a los derechos humanos, los poderes facticos continúan operando para proteger y terminar imponiendo la voluntad de los herederos de Pinochet.
Es altamente cuestionable el hecho, que en democracia se viole el fin más profundo de la ley penal sustantiva, el principio de presunción de inocencia, la legalidad y legitimidad del juzgamiento y sobre todo el respeto a la dignidad humana violentando todas las garantías constitucionales y procesales.
Toda la evidencia demuestra que de manera arbitraria se me aplicó la ley antiterrorista ( Ley 18.314 ) conforme al procedimiento  vigente en mayo de 1984, es decir en dictadura, a través del cual se determinaban  conductas terroristas con artículos y normas procesales que fueron derogados en 1992, justamente por ser contrarios a las garantías del procesado para tener un juicio justo e imparcial. Contexto que le permitió al juez dictaminar solo con la apreciación de la prueba “fallar en conciencia”, violentando el  derecho a la prueba es decir, eliminado la posibilidad del acusado de utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez sobre la verdad del interés material perseguido.
Los jueces Milton Juica y Hugo Dolmech, actual presidente de la Corte Suprema de Chile, así lo aclaran en la redacción del voto previsión incluido en la sentencia, explicando que

“fluye con  claridad para la prevención, que la responsabilidad punible del recurrente Villanueva se basó en antecedentes en que algunos de ellos no refieren imputación seria y directa en contra de éste como partícipe del delito investigado; en otros, su agregación no tiene ninguna relevancia con el delito mismo y las menos, que le atribuyen a lo menos un conocimiento en la decisión del Frente en la ejecución del senador Guzmán, los cuales nada infieren que  dicho acusado hubiese participado en el delito mismo, en algunas de las formas de autoría que exige el artículo 15 del Código Penal,  cuestión que resultaba esencial para justificar una sentencia de condena en un hecho tan grave como el investigado en la causa que se ha traído a la vista”.

Más adelante agregan que los argumentos del juez presentados como pruebas,

“en caso alguno constituyen presunciones idóneas para establecer la responsabilidad penal del imputado Villanueva en el delito que se le acusa, puesto que si de ellos se hiciera una apreciación en conciencia, su relato no permitiría, razonable y lógicamente, establecer un nexo entre esas afirmaciones y la coautoría que se trata de demostrar en la decisión y ejecución del crimen en contra de la persona del senador Guzmán, de modo que sólo con falta o abusos grave se podría formar convicción de condena con dichos elementos de juicio, en los términos exigidos en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal”…

En resumen, fui condenado a pesar de que EN NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DE CARGO, APARECE NINGUNA REFERENCIA, siquiera de nombre a mi persona, que demuestre mi culpabilidad. Por lo que si hubiera sido sometido a un juicio justo, no se hubiera podido, como fue en este caso, condenarme sin pruebas y con presunciones totalmente falsas de mi supuesta culpabilidad.
Pero la verdad no se va a detener, esta condena injusta no va a disminuir nuestra voluntad  inquebrantable de seguir luchando por demostrar mi total inocencia, no podemos permitir que la venganza y el odio de la UDI, viertan su mancha vergonzosa en la justicia y en la democracia que a muchos les costo la vida construir. Para ello removeremos conciencias y le diremos a este gobierno democrático, cuya presidenta es hija de un general asesinado por oponerse justamente al golpe de estado en 1973,  fraguado y ejecutado por quienes hoy son mis actuales persecutores, que no puede hacerse eco de la persecución en contra de quienes luchamos por la libertad en nuestro país.
En este sentido, es vergonzoso que se contrate a un equipo de abogados para intentar extraditar a otro dirigente del FPMR desde Argentina, Galvarino Apalblaza, quien bajo las condiciones que yo fui juzgado en chile, no  tendrá oportunidad  de un juicio justo e imparcial ni menos un debido proceso. Es una  decisión que burla la lucha incansable de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados en dictadura, para extraditar a criminales torturadores que hoy viven en Estados Unidos, como es el caso  de uno de los asesinos de Víctor Jara y para lo cual este ni otros gobiernos han contratado abogados para lograr este objetivo.
Nosotros rechazamos esto y no pararemos de denunciar estas injusticias, por cinco años mi abogado hombre justo, que ama la justicia y es poseedor de inquebrantables valores éticos y morales, se enfrentó valientemente a los poderes facticos que operaron detrás de esta trama, actuando como querellantes y acusadores en este caso; el Tribunal Constitucional, el Ministerio del Interior, jueces vinculados al paso dictatorial, la UDI y la familia de Jaime Guzmán. Hoy y agotadas todas las instancias en Chile, continuaremos luchando por la justicia ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Para ello nos acompaña la historia, que se asienta en la reserva ético política que significó la lucha por la dignidad, la libertad y los derechos humanos en  nuestro país y de cual fuimos parte, en contra de quienes hoy con ropajes democráticos nos persiguen, una lucha digna que se inició con los familiares de victimas de desaparecidos y asesinados en dictadura. Las nuevas generaciones de jóvenes luchadores sociales, deben saber que fueron decenas de mujeres valientes las que iniciaron la lucha por la libertad, que mostraron un camino venciendo el miedo, que resistieron todos los embates de una tiranía terrorista y que hoy son totalmente olvidadas y en casos despreciadas, en sus justas reivindicaciones por los gobiernos democráticos.
En este contexto insistir en que se haga justicia no es solo por  alcanzar mi total absolución, porque soy inocente, el seguir adelante significa unir nuestros esfuerzos y exigir que se respeten los derechos de las personas en general, lo que encierra la  igualdad ante la ley, terminando con la ley de amnistía que aun favorece la impunidad y mantiene en libertad a cientos de torturadores y violadores de derechos humanos, nuestra lucha se identifica con el dolor de miles de madres y de hombres que aun no saben que paso con sus familiares,  cuyos restos fueron hechos desaparecer en dictadura.
Es tambien una lucha para reivindicar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda al medio ambiente sano y limpio, es todo lo que constituye un espacio de resistencia moral necesario, que abre sendas de identidad para la acción política en beneficio de los ciudadanos y no de las elites.
En suma y como lo ha sido siempre, somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes debemos exigir respeto por nuestros derechos, sobre todo hoy, ante la ola de corrupción y descredito de nuestras instituciones, porque esa es la base moral que nos va a diferenciar de aquellos que defienden un sistema neoliberal abusivo y especulador, mercantilista y elitista, que esclaviza a la mayoría de la población y que utiliza, como fue en mi caso, a la justicia para hacer valer sus intereses políticos espurios, situaciones que no se resuelven sin establecer una nueva Constitución verdaderamente democrática.
Enrique Villanueva M.
Perseguido político en democracia
Ofrecemos también el Texto completo del Fallo de la Corte Suprema