Que Naciones Unidas solicite a la Presidenta Bachelet no ratificar el TPP

Firma para respaldar esta petición de no ratificación por Chile del TPP, formulada a Naciones Unidas en Ginebra, con fecha 13 de noviembre y dirigida a los relatores y expertos en temas relacionados con los derechos humanos, en especial los derechos sociales y culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Diversas organizaciones sociales, ambientales e indígenas de Chile formularon inicialmente esta petición de Acción Directa haciendo  ver a los relatores que las disposiciones del TPP violan los derechos humanos y nuestra soberanía.
A inicios de octubre del 2015 en Atlanta, doce países: Estados Unidos,  Japón,  Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile,  firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).  Su texto completo sólo se publicó en noviembre de 2015 después de la aprobación oficial. Anteriormente sólo conocimos aspectos parciales a través de filtraciones de Wikileaks.  La Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que firmará  el TPP en febrero de 2016, tras lo cual  el Congreso  lo votará con carácter de plebiscito (voto Sí
o NO) sin plazos conocidos hasta ahora.
Este tratado responde a los intereses de las transnacionales de la industria farmaceútica,  de la biotecnología, la informática y  otras, que sí  participaron en su redacción y discusión. No hay beneficios demostrados sino impactos negativos. Los medicamentos para el cáncer, por ejemplo serán más caros por la expansión de la duración de las patentes, que atrasa el desarrollo de genéricos. Las transnacionales podrán demandar al Estado en tribunales internacionales si se implementan políticas públicas para garantizar el derecho a la salud, así como otras medidas relacionadas con los transgénicos, plaguicidas y la alimentación. Al incluir la ratificación del convenio UPOV 91 de propiedad intelectual de la semilla, el TPP  está forzando al país a aprobar la Ley Monsanto, que había abortado por la presión social.  El tratado incluye nuevas restricciones a los derechos digitales y criminaliza las descargas digitales libres.

El gobierno no  contempla la Consulta Indígena pese a que la inversión y proyectos propiciados en el tratado sin duda impactarán negativamente sus territorios. En síntesis, nuestros derechos humanos,  la democracia y la soberanía están gravemente
amenazados por este tratado. Dada la inexistencia de mecanismos democráticos
previos de discusión en el país, los relatores de Naciones Unidas deben solicitar al gobierno de Chile la no ratificación de este tratado que vulnera gravemente nuestros derechos humanos.