“Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”

A principios de este año, el Gobierno de Chile envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo presente o futuro para la vida de la mujer, violación e inviabilidad fetal. Para Amnistía Internacional, esta propuesta, si bien es limitada, es un punto de partida para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.
En Chile, las mujeres que viven embarazos complejos y dolorosos y que toman la difícil decisión de interrumpir dichos embarazos, se ven empujadas a viajar al extranjero o arriesgarse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su vida y exponiéndose a la criminalización; o bien, se ven obligadas a continuar embarazos contra su voluntad.
“El Estado de Chile, con su actual legislación, desconoce el sufrimiento y la desprotección que viven las mujeres. Por ese motivo, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”, señaló Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile.
El principal llamado de la campaña es que los parlamentarios y parlamentarias avancen en la protección a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas sin discriminación. Un primer paso para ello, es votar a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo, aprovechando esta oportunidad para asegurar que la legislación chilena dé un primer paso hacia la protección de las mujeres y niñas en esta materia, ajustándose a las normas internacionales de derechos humanos. De esta forma, además, pueden hacer eco de la mayoría de la población chilena que apoya la despenalización del aborto en estas tres causales.
Carolina es una chilena que tuvo un aborto tras un embarazo ectópico. Tenía 26 años cuando llegó a una clínica de Santiago por fuertes dolores y vómitos, no sabía que estaba embarazada. Cuando estaba recién asimilando su situación, el doctor le dice que tiene un embarazo ectópico y que está con riesgo vital. A Carolina la internaron en Maternidad, al lado de mujeres que estaban pariendo mientras ella era testigo de la muerte de su hijo. Peor aún, debió esperar que estuviera realmente al borde de perder su vida para que la pudieran intervenir, pues en Chile interrumpir un embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer es igualmente delito. Carolina tras este procedimiento, que ella considera tardío, perdió una trompa de Falopio y aún hoy no sabe si podrá ser madre.
“Es terrible que la prohibición del aborto se extienda incluso a casos en que la vida de la embarazada corra peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad, son llevadas a riesgo vital para justificar una intervención, pues los y las profesionales de la salud se ven con las manos atadas y no puedan actuar a tiempo para atender a la mujer”, señala Ana Piquer.
Isabelle es francesa pero vive en Chile, ella también vivió las consecuencias de la legislación chilena. En su tercer embarazo, los médicos le informaron que el feto venía con graves problemas genéticos. Isabelle cuenta que uno de los doctores le dijo “no, eso no es viable” y más aún le recomendó volver a su país a hacerse un aborto terapéutico, asumiendo que por ser extranjera necesariamente quería interrumpir el embarazo. Con mucho dolor y tras varias conversaciones, ella y su marido concluyeron que no querían seguir con el embarazo si éste significaba ver morir paulatinamente a su hija, pues ya no le quedaba líquido amniótico y los latidos eran cada vez menos.
En Chile no encontraron solución, así que no les quedó otra opción que hacer todos los esfuerzos para juntar dinero y viajar a Francia, donde acudieron a un hospital especializado en estos temas. En ese centro de salud le confirmaron de inmediato que el feto era inviable, le dieron cinco días para pensar y tomar la decisión. En ese lugar le proporcionaron información, todo el acompañamiento necesario y le permitieron que ella decidiera. Tras la intervención, Isabelle reconoce que vivió su tristeza con un poco más de paz.
“En circunstancias tan dramáticas como estas tres causales, debiera ser la mujer quien pueda decidir si quiere intentar llevar el embarazo a término o interrumpirlo. Que la ley le impida tomar la decisión tiene además un efecto discriminatorio, pues mujeres con recursos pueden obtener servicios seguros o viajar al extranjero para interrumpir su embarazo y, por tanto, tienen la posibilidad de decidir, como lo pudo hacer Isabelle, mientras que mujeres con menos recursos se ven obligadas a continuar con un embarazo que las atormenta”, destaca Ana Piquer.
Por otra parte, Amnistía Internacional sabe que la causal “violación” es la que genera mayor nivel de discusión, siendo fundamental comprender el particular estado de vulnerabilidad que enfrentan las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, reconociendo que cuando existe un embarazo producto de una violación, implica que ya existió una falla del Estado en dar protección a esa mujer para enfrentar la violencia.
Rossana fue víctima de “toqueteos de connotación sexual” en algunos periodos de su infancia. Luego, con el pasar de los años vivió también la brutal experiencia de la violación. “Siempre me he recriminado por qué ese día usé minifalda”, menciona Rossana cuando recuerda el día en que ese chico con quien había empezado una inocente relación amorosa, la forcejeó y la violó. Al dolor y la rabia se sumó también el asombro cuando se percató de que había quedado embarazada. Rossana, sin contar lo sucedido a sus padres, se sometió a un aborto clandestino en la casa de un médico. “Fue triste pasar por un aborto, pero la violación fue peor. La violación te destruye”, menciona Rossana.
Obligar a una mujer a continuar con el embarazo en las tres causales o criminalizarla si lo interrumpe, es equivalente a un trato cruel, inhumano o degradante infligido por el Estado, y así lo han interpretado diversas instancias de Naciones Unidas. Además, puede implicar una amplia gama de violaciones de derechos humanos de esa mujer o niña, tales como su derecho a la vida, a su salud, a su integridad física y psíquica, a su privacidad, a un debido proceso, entre otros.
Cada mujer que viva circunstancias como éstas, desde su vivencia y sus creencias, es quien debe poder decidir libre e informadamente si quiere o no continuar con su embarazo. El rol del Estado en este escenario es proveer a la mujer o niña toda la información que requiera para tomar una decisión, sin perjuicios y sin intentar influir en su decisión en ningún sentido. Luego, una vez que ella decida, debe proveerle de todos los servicios de salud que requiera, cualquiera sea la determinación que haya adoptado.
“El Estado de Chile no puede seguir dando la espalda a las mujeres y niñas. Por este motivo, hacemos un llamado a las parlamentarias y parlamentarios  a legislar en esta materia, asegurando que el proyecto garantice el acceso a servicios de aborto legal y seguro para todas las mujeres y niñas sin discriminación, a lo menos en caso de riesgo presente o futuro para la vida o la salud de la mujer o la niña, inviabilidad del feto y embarazo como resultado de una violación. Invitamos a la ciudadanía a apoyar la campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”, firmando la petición que se encuentra en el sitio web de Amnistía Internacional”, concluye Ana Piquer.
El Link de la acción es  http://amnistia.cl/web/acciononline/pide-a-chile-que-ponga-fin-a-la-criminalizacion-total-del-aborto/
Información adicional
En Chile, el aborto se prohibió totalmente en 1989 durante el régimen de Augusto Pinochet, lo cual constituye una violación del derecho internacional. Amnistía Internacional considera que ninguna mujer debiera ser penalizada por practicarse un aborto en ninguna circunstancia.
De acuerdo a las normas de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de:

• Derogar las leyes que criminalicen a las mujeres y niñas que buscan un aborto y a los/las profesionales que lo practican;
• Garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise, sin temor a ser denunciada, y
• Garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, en caso de inviabilidad fetal o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

Chile es Estado Parte en los principales tratados de la ONU e interamericanos de los derechos humanos pertinentes a los derechos sexuales y reproductivos, incluidos los siguientes:

• La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
• La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
• La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
• La convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Actualmente Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.
Para solicitar entrevistas, por favor, contacte a:
Ilsen Jara Quijada, Directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional – Chile.
ilsen.jara@amnistia.cl
Tel/Fax: (+56-2) 2235 5945, celular:(+56-9) 64278411
www.amnistia.cl