El dilema de Chile: educación pública versus particular subvencionada

22 de noviembre de 2014

El clasismo, que históricamente ha corroído el tejido social de la clase media del país, se ha instalado también en los sectores medio-bajos… (Editorial de R. y L.).

El trámite legislativo de la Reforma Educacional está sufriendo un serio revés en el Senado, luego de aprobarse en la Cámara de diputados. El hecho deja en evidencia la asintonía entre las dos cámaras, revelando las debilidades estructurales de un sistema democrático que impide la expresión de las mayorías. Más allá de la asintonía legislativa hay importantes elementos subyacentes que explican el virtual fracaso de la reforma. Previamente, cabe recordar que esta reforma fue la principal promesa de campaña que consiguió elegir, con una abrumadora votación, a Michelle Bachelet como presidenta.

Ante una eventual frustración del proyecto de Reforma Educacional es conveniente mirar en retrospectiva el proceso para descubrir los aspectos más resistidos de la reforma, las causas subyacentes y posibles cursos de acción.

En primer lugar, cabe precisar que no es la Reforma Educacional lo que concita los más airados  cuestionamientos; es el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Al respecto, es justo reconocer que el ministro Nicolás Eyzaguirre tuvo la osadía de abordar, con su proyecto de reforma, los flancos de mayor sensibilidad que tiene el actual sistema educativo.

Así también, con un mínimo de honestidad hay que convenir que la oposición al proyecto ha sido más estratégica que ciudadana, más ruidosa que mayoritaria. Ello porque con los medios de comunicación a su disposición, se estableció una oposición virtual y mediática, creando una atmósfera ficticia de resistencia social. El tono de la discusión, la hostilidad y la majadería avalan la puesta en escena de una verdadera campaña del terror destinada a desinformar a la opinión pública.

En otro plano, la propuesta del ministro ha tenido asertividad técnica, pero ingenuidad política al subestimar las reacciones de los poderes vulnerados con el proyecto. En efecto, no previó que los afectados eran minorías con gran capacidad de organización; los sostenedores del sistema de educación particular subvencionada. Desestimó que los afectados relevantes no eran los emprendedores que al momento de resolver sus opciones de negocio, visualizaron a la educación como un área de emprendimiento. No visualizó que detrás de ese grupo social, estaba la Iglesia Católica con una amplia red de colegios establecidos al amparo del Estado de Chile, convirtiéndose en el principal grupo social privilegiado con la subvención educacional.

Eyzaguirre tampoco previó que, habiendo una oposición política dura al gobierno, liderada por la UDI, ésta se confabularía con la jerarquía de la Iglesia Católica para conseguir futuros dividendos electorales. Desestimó la reconfiguración de una simbiosis político-religiosa, que sumaría a algunos sectores del centro político que, siendo los artífices del modelo de educación particular subvencionado, se habían convertido en importantes beneficiarios del sistema que concibieron. Se menospreció que el andamiaje creado para sustentar el modelo se había sofisticado de tal manera, que era casi indesmontable y transversal, comprometiendo a un amplio espectro de actores políticos de la antigua concertación.

Así, el proyecto de reforma quedó expuesto a los ataques de los especialistas en conducción de masas. En ese plano es donde los medios de comunicación de la derecha fueron eficaces para operar estratégicamente, saboteando precozmente las bases del proyecto. En esa fase, el cardenal Ezzati jugó un rol de alta exposición pública, a quien se sumaron otros actores políticos, sociales y columnistas de prensa.

En una fase siguiente, la Iglesia desempeñó nuevamente un rol protagónico, organizando a las federaciones de sostenedores, que rápidamente hicieron lo propio. El eje articulador fue la FIDE (Federación de Instituciones de Educación Particular, perteneciente a la Iglesia católica y que agrupa a más de 760 establecimientos). En una fase posterior y decisiva, también coordinada por la Iglesia, se consiguió movilizar y sacar a la calle a los apoderados, de lo que constan acciones organizadas por vicarías de la educación de algunas iglesias locales.

Uno de los espectáculos más desoladores de este proceso ha sido ver a apoderados marchando para manifestar su oposición al proyecto de reforma. Un hecho que no dejó indiferente a las redes sociales, que difundieron un eslogan revelador: “Chile es el único lugar del mundo donde los jóvenes marchan pidiendo educación gratuita de calidad, y sus padres marchan para exigir pagarla”.

Lo que parece una ironía anecdótica merece atención, porque revela una delicada crisis social que ha sido utilizada maquiavélicamente para atacar a la reforma.

El clasismo, que históricamente ha corroído el tejido social de la clase media del país, se ha instalado también en los sectores medio-bajos. En ese segmento social el copago se ha convertido en un instrumento de segregación social que ha potenciado el clasismo en sectores que históricamente dieron ejemplo de solidaridad y espíritu comunitario. En este terreno, el sistema educativo chileno ha contribuido a fracturar el tejido social del pueblo. Es triste ver que la vieja costumbre instaurada en los colegios católicos, de segregar a las familias que acceden a sus colegios, ha ayudado a instalar en las personas un patrón de comportamiento clasista en sectores donde antes no existía esa lacra social.

Cuando los privilegiados del sistema de educación particular subvencionado han conseguido lesionar seriamente el proyecto original de reforma, surgen señales que podrían determinar su reformulación, con el riesgo de cercenamiento y de alteración de los principios básicos de fin al lucro, al copago y a la selección. Es previsible imaginar los costos sociales y políticos que podría acarrear al país la frustración de los principios básicos de la reforma educacional.

Siendo incierto el escenario futuro para la reforma de la educación, hay que reconocer que el camino elegido por el ministro Eyzaguirre ha sido un camino honesto y de gran consideración hacia los sostenedores del sistema educativo. Ello porque pudo haber diseñado una vía de mayor hostilidad y celeridad en la búsqueda de resultados. Como buen técnico pudo recurrir a la vía economicista, donde los costos y los riesgos del emprendimiento sean asumidos por los propios inversionistas (los sostenedores), haciendo que el mercado ajuste naturalmente el “negocio educacional”.

Tal vía pudo o puede ser aun posible. Es la vía que supone establecer un estatuto docente para los profesores y directivos de establecimientos públicos, con facultades administrativas para conformar las mejores plantas docentes en la educación pública, estableciendo una escala de remuneraciones competitiva que garantice la contratación de los mejores; todo ello complementado con un riguroso plan de inversiones en infraestructura pública. Los efectos de establecer un sistema público competitivo serían rápidamente visibles, con consecuencias nefastas para el sistema particular subvencionado, que enfrentado a una estructura de costos insostenible sería inviable.

Los costos económicos, sociales y políticos quedarían radicados exclusivamente en los inversionistas del sistema educativo (los sostenedores), mientras los apoderados y alumnos migrarían rápidamente al sistema público, en tanto quienes buscan dividendos electorales tendrían que buscar otro tema para boicotear al gobierno.

Sin duda que el ministro tiene más cartas que las mostradas hasta ahora para sortear los arteros ataques infligidos al proyecto emblemático del gobierno de la presidenta Bachelet.

Consejo Editorial Revista Reflexión y Liberación – Chile.

*Fuente: Reflexión y Liberación