Por una democracia social y participativa

1. Estamos convencidos que las cosméticas constitucionales, como la eliminación de senadores designados y vitalicios, la supeditación de los comandantes en jefe al poder político, la reforma del sistema electoral municipal, y otras no han cambiado, en el fondo, el carácter autoritario y despectivo de la soberanía popular, que informa todos los artículos de la Carta Fundamental.
2. Es necesario un plebiscito, aunque este sea no vinculante, donde se vote una nueva Constitución y renovado pacto social. Basta ya de transacciones.
3. Cambio del sistema electoral por el proporcional: nada se logra con los remilgos del sistema binominal. La inscripción debe ser automática a los dieciocho años y el voto voluntario. Los ciudadanos en base a un número determinado de firmas podrán proponer proyectos de ley que deberán ser tratados con carácter de urgencia por ambas cámaras.
4. Todas las autoridades que emanen de la soberanía popular tendrán que someterse a un plebiscito revocatorio, que podrá ser solicitado por un número determinado de ciudadanos
5. Todos los cargos elegidos por voto popular sólo podrán ser reelegidos para un período subsiguiente; este caso incluye al Presidente de la República, Senadores, Diputados, Alcaldes, Concejales, Intendentes, Gobernadores y Consejeros regionales.
6. Todos los cargos de representación popular serán elegidos, incluyendo Intendentes, Gobernadores y Consejeros regionales.
7. Se deroga la Ley de Amnistía y la Constitución consagra el predominio de los Tratados internacionales de derechos humanos, respecto a la legislación nacional.
8. La instauración de la institución de Defensor del Pueblo, quien deberá velar:
   1. por el efectivo respeto de las garantías constitucionales y de derechos humanos,  por parte de las instituciones estatales, teniendo poder para llamarles la atención y querellarse contra ellos.
   2. Tener facultades resolutivas para actuar frente a los abusos de la administración pública y de otros organismos del Estado, respecto a los derechos ciudadanos.
   3. Proteger el derecho de información y transparencia de las instituciones del Estado.
9. Establecer un régimen de equilibrio de poderes, llamado semipresidencial, cuyos principios están contenidos en el manifiesto de la Comisión de los 24, que ponga fin a los proyectos de ley con quórum calificado y que la iniciativa de los proyectos de ley surjan del Parlamento, además, que los ministros puedan ser interpelados por el Parlamento. Se trataría de un sistema semipresidencial con cierta base plebiscitaria y de democracia directa, lo cual evitaría la partidocracia y la formación de castas políticas al ser permanentemente sometidos los representantes al control de la soberanía popular, por medio de la iniciativa de leyes y de plebiscitos revocatorios.
10. El Estado debe garantizar, constitucionalmente, el derecho de todo ciudadano a una educación equitativa y de calidad, pudiendo recurrir de protección a los tribunales de justicia ante el incumplimiento del Estado de este deber; a una salud pronta, oportuna y de calidad, teniendo los ciudadanos los mismos derechos que para educación;. Los fiscales económicos de AFP y de Isapres deberán rendir cuenta pública de su gestión, y podrán ser revocados por los usuarios si estos consideran que, desde su cargo, no defienden correctamente sus intereses.
11. Los funcionarios públicos no podrán durante el periodo de dos años ejercer cargos de dirección en empresas privadas que puedan ser objeto de fiscalización por parte del parlamento. Obligatoriedad de la declaración de bienes al comienzo de toda función pública.
12. Aumentar en un 18% el royalty a las empresas de la gran minería del cobre; aumentar en forma creciente los impuestos a las ganancias de las grandes empresas y condonar gradualmente la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas; utilizar, como criterio, para graduar las cargas impositivas el número de trabajadores que la empresa emplea, premiando aquellas que favorecen el fin de la cesantía.
13. Cambiar completamente el sentido del Banco del Estado transformándolo, de un banco comercial más como lo es ahora, en una institución dedicada exclusivamente a las pequeñas y microempresas, con créditos blandos, sin avales, sin burocracia

05.11.2014