Basta de cuentos neoliberales

El gran temor de la derecha y de los conservadores de la concertación es la Asamblea Constituyente, repasando la historia, en las memorias de Edgardo Boeninger, sin lugar a dudas el ideólogo principal de la concertación, aparece que este reconoce que el objetivo de las negociaciones con el gobierno de Pinochet era reconocer la legitimidad de la Constitución, “puesto que de no ser así el gobierno de Aylwin enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente”.

Ultima sentencia que encierra el temor de políticos que no solo fueron incapaces de hacer valer la mayoría expresada en el plebiscito, bajo la supuesta amenaza de un nuevo golpe de estado, sino que, con sus decisiones, nos negaron recuperar una democracia verdadera, secuestrada desde el 11 de Septiembre de 1973. Por ello hemos vivido hasta hoy, gobernados manteniendo vigente la Constitución de 1980, diseñada tal cual lo dijo su autor principal Jaime Guzmán, “para que, no importa quien gobierne, se vea constreñido a tomar una acción no tan distinta de lo que nosotros haríamos”.

De aquí deriva la persistencia de poderes facticos o enclaves dictatoriales, que los continuadores del Pinochetismo asumen hoy como una cuestión de principios, entre ellos el principal, la Constitución diseñada e impuesta por la dictadura cívico militar.

Por eso es que para la izquierda y las fuerzas democráticas de nuestro país, es hora de mirar el futuro de manera distinta, ya no es posible prolongar un sistema económico que está en crisis en el mundo entero, como tampoco podemos privarnos de plantear la necesidad de proponer una respuesta democrática para el avance en el proceso de democratización política y social en Chile. Desde que se inició la dictadura y luego en los veinte años de gobiernos concertacionistas, los primeros vendieron el país, destruyeron del «Estado de Bienestar» y los segundos continuaron con esta obra, según ellos para dinamizar la expansión económica a través de la «fuerza del mercado».

Así fue que se nos presentó como solución, la autorregulación de la sociedad por parte del mercado, de manera que la amenaza de desempleo sirviera de freno a las demandas de alzas de salario, para lo cual durante todo este largo periodo, se condenó cualquier intervención estatal como negativa y nefasta. En suma redefinieron el modelo de desarrollo privilegiando la oferta productiva y desestimando las demandas sociales; imponiendo una economía de mercado sin regulaciones, reprimiendo las reivindicaciones sociales e imponiendo la flexibilización y desregularización laboral.

Estos planteamientos se sustentaron y sustentan en la necesidad absoluta de que, para que el sistema perdure, es necesario sacrificar muchos o todos los beneficios obtenidos por los ciudadanos y que emanan del Estado Social. Impusieron como algo necesario e impostergable la involución en el bienestar de la sociedad, como un sacrificio necesario a cambio del mantenimiento del neoliberalismo, como único generador de las libertades individuales y colectivas, recetas todas, propias de una democracia que genera desigualdades oprobiosas: En otras palabras que los trabajadores, los ciudadanos (as) comunes, paguen la crisis provocada por la especulación sin limite de los dueños del capital particularmente financiero.

Basta de esta receta, es hora de pensar el país sin egoísmos, para lo cual seguir insistiendo en la reconducción por los medios tradicionales, manteniendo los pactos heredados con la dictadura, remozando el sistema político binominal, con una Constitución antidemocrática entre otros, es inviable. Todo esto ha significado el empobrecimiento de nuestro pueblo, la reducción drástica o la eliminación de los derechos sociales y de los sistemas públicos de cobertura social, de la educación, es lo que han aprovechado los depredadores del mercado, acumulando riqueza y concentrando el poder a partir de tener un Estado mínimo y subsidiario a servir sus intereses, convirtiendo todas las necesidades y los derechos de las personas en un negocio.

Por eso niegan la educación como un «derecho humano», la definición neoliberal de la educación como mercancía y con ello su negación como derecho humano, supone principios fundamentales que orientan el diseño de las políticas educativas en consonancia con los dictados del mercado y del capital financiero internacional y en particular por el Banco Mundial y del FMI.

Porque no terminar con todos aquellos obstáculos que impiden nuestro desarrollo como país, para encontrar caminos que de verdad terminen con la desigualdad que sufre la gran mayoría de compatriotas. Que pasa con la propiedad del cobre y los demás recursos naturales. Que impide terminar con la entrega de concesiones de explotación abusiva y desigual, que les permiten al explotador privado hacerse dueño de todo lo que sacan de una mina.

En Chile no se paga royalty, único país de América Latina donde ocurre esto, lo que se paga es un impuesto específico ridículamente bajo. Lo que junto a las concesiones indefinidas que se le entregan a los privados, sin plazos fijos, avalan una situación que permite la entrega prácticamente gratis de nuestras riquezas a inversionistas chilenos y extranjeros, quienes acumulan riqueza sin invertir en nuestro país.

Recordando la historia, durante el gobierno de la Unidad Popular que nacionalizó el cobre, apoyado por unanimidad en el Parlamento de ese entonces, una de las discusiones mas profundas tuvo que ver con las utilidades excesivas que las empresas extranjeras del cobre sacaban del país En esos años se fijo como exceso lo que fuera utilidad más allá del 10% del capital propio, estableciendo un camino para hacernos de nuestras riquezas en beneficio del país y de su pueblo.

Pasados mas de cuarenta años desde esa fecha, queda en evidencia que un gobierno que dice gobernar por mandato del pueblo y para superar las tremendas desigualdades que nos agobian, debe tener un sello propio, que se diferencie de quienes por varias décadas nos han gobernado secuestrando la democracia que queremos. De no hacerlo, todas sus propuestas terminarán avalando y dando continuidad al sistema neoliberal vigente, una indefinición que facilita la acción del conservadurismo concertacionista, que ve en la derecha su aliado principal para mantener lo que juntos construyeron en los últimos años.

Basta mirar como la derecha, la DC y en general los conservadores de la concertación, se han encargado de que la reforma tributaria no vaya mas allá de reunir los recursos mínimos para las reformas educacionales, alejándose de lo principal que es aportar a redistribuir la riqueza y contribuir a una mayor equidad social.

De igual manera sucede en la educación, cuya reforma general se está diluyendo y al parecer terminará, con el estado actuando en su papel subsidiario e interviniendo para equilibrar el mercado. Esta vez inyectando recursos destinados a la educación pública y a las universidades estatales pero sin poner fin de verdad a la educación como negocio.

En el ámbito laboral sucede lo mismo, frente a cualquier demanda se impone la ideología vigente, que los derechos económicos y sociales son «falsos derechos». O que los derechos al trabajo, a la educación y a la seguridad social, de ningún modo son un desarrollo de las libertades básicas, por el contrario, son necesidades a las que puede responder el mercado, siempre y cuando no exista intervención gubernamental.

A esto responden los progresivos reajustes al salario mínimo, con cifras irrisorias, las que nunca van a resolver la situación de vida digna de los trabajadores. Total el trabajador está para generar riqueza y aumentar las utilidades de las empresas, pagándoles ingresos paupérrimos y manteniéndoles atomizados en relación a sus pares, por tanto sin poder de negociación frente a sus empleadores.

En cuanto al régimen previsional y al sistema de salud, las propuestas son todavía mas débiles, aun las autoridades están recabando opiniones y armando comisiones de estudio para definir qué hacer. Y de seguro que todo terminará con soluciones propuestas entre cuatro paredes y en pactos secretos con los actores del binominal.

Los chilenos y chilenas queremos un camino distinto, no soluciones que se acuerden en pactos excluyentes, queremos una Proceso Constituyente nacional, democrático y que asegure el protagonismo ciudadano, en el que prevalezca la soberanía popular. Que incluya a los pueblos indígenas, a los compatriotas que viven en el extranjero, a todos los chilenos y chilenas, para que ejerzamos nuestra derecho a decidir por nuestro futuro y destino.

Una nueva Constitución es impostergable y la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático, para que el pueblo sea quien lleve a cabo esta nueva Constitución. Y este gobierno tiene la obligación de abrir y apoyar este proceso.