La Concertación y el engaño sistemático sobre mayorías parlamentarias

En los últimos años ha habido una virtual campaña sistemática de numerosos líderes de la Concertación destinada a distorsionar nuestra historia reciente en el sentido de negar que cualquiera de sus gobiernos hubiese tenido las mayorías parlamentarias suficientes para transformar las instituciones económicas, sociales y culturales fundamentales heredadas de la dictadura.
En efecto, constituye un hecho evidente que tanto el gobierno de Lagos como el de Bachelet contaron, en alguna de sus fases, con la mayoría absoluta en ambas cámaras que les habría permitido sustituir el conjunto de las instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura; con excepción de la LOCE, la Ley de concesiones mineras y la Ley del Banco Central, por ser éstas leyes orgánica- constitucionales que requerían de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. El de Lagos contó con dicha mayoría entre agosto de 2000 y enero de 2002, debido a los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz; además de la mayoría de la Cámara de Diputados que tuvo durante todo su período. Y el de Bachelet, desde el comienzo de su gobierno, ya que la Concertación –además de obtener la mayoría de los diputados- logró doblar en senadores en Concepción, quedando con una mayoría de 20-18; hasta que a fines de 2007 el PDC expulsó de sus filas al senador Adolfo Zaldívar.
Sin embargo, particularmente el ex presidente Lagos ha insistido en reiteradas oportunidades en negar esos hechos, señalando que la Concertación no tuvo nunca los quórums necesarios para efectuar aquellas transformaciones. También lo hizo la presidenta electa Bachelet, cuando en el foro de las primarias señaló que durante su gobierno no había tenido mayoría parlamentaria para modificar el sistema de AFP, en circunstancias que éste requiere solo de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, denominado “quórum calificado” de acuerdo al Artículo 66 de la Constitución. La misma afirmación “errónea” respecto de las AFP hizo el senador José Antonio Gómez, siendo precandidato presidencial, en el programa de TV “Tolerancia Cero”. También el diputado Sergio Aguiló señaló en CNN-Chile que la Ley antiterrorista no había podido tampoco ser transformada durante el gobierno de Bachelet, “olvidando” que ésta también es de quórum calificado.
El caso de Ricardo Lagos se agrava al considerar el especial engaño de que se nos hizo víctimas a todos los chilenos con ocasión de su segunda vuelta frente a Lavín en 1999. En esa ocasión, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle presentó con extrema urgencia un proyecto de reformas laborales que, si bien no sustituía el “Plan Laboral” tal como lo planteó el Programa presidencial de la Concertación de 1989, postulaba significativas transformaciones de aquel (Ver La Nación; 3-12-1999). Naturalmente, la Alianza impidió su aprobación; pero al costo de recibir fuertes descalificaciones del liderazgo concertacionista, ad portas de la elección final de Lagos. Así, el entonces presidente Frei dijo que “tres millones de trabajadores son los únicos perdedores con la votación de la derecha” y que “este debate ha mostrado al país quienes están por mejorar las condiciones laborales y quiénes se oponen a ampliar los derechos de los trabajadores” (La Nación; 3-12-1999). A su vez, el entonces presidente del PDC, Gutenberg Martínez, sostuvo que “a partir de esta votación en el Senado, consideramos que Joaquín Lavín no tiene ninguna credibilidad y que se comprobó que no es más que un instrumento de los malos empresarios” (La Nación; 3-12-1999). En efecto, la generalidad de los analistas políticos consideró que aquel rechazo fue funesto para las pretensiones presidenciales de Lavín. Pero además, el senador DC Jorge Pizarro “aseguró que esperan reponer el proyecto el próximo año, ‘cuando Ricardo Lagos sea Presidente y Eduardo Frei sea senador y tengamos mayoría para aprobar la iniciativa’ ” (La Nación; 3-12.1999). Efectivamente, Lagos –como vimos- tuvo dicha mayoría desde agosto de 2000, pero el proyecto nunca se volvió a presentar…
Otro hecho -¡más grave aún!- que el liderazgo de la Concertación continúa ocultándonos es el regalo de la mayoría parlamentaria que solapadamente le hizo a la futura oposición de derecha mediante las reformas constitucionales de 1989. En efecto, la Constitución original del 80 –pensando, obviamente, en que Pinochet sería ratificado en el plebiscito de 1988 y en la minoría electoral histórica de los partidos de derecha- estipulaba que el gobierno “democrático” tendría mayoría parlamentaria simple con la mayoría absoluta en una cámara y solo un tercio en la otra. Así, con los senadores designados Pinochet hubiese tenido mayoría absoluta en el Senado (ilegítima, pero realmente); y con el sistema binominal se habría asegurado el tercio en la Cámara de Diputados.
Pero con la derrota de Pinochet el 88, la previsión era con toda seguridad la opuesta: La Concertación ganaría la Presidencia y la mayoría parlamentaria simple. Esto, porque obtendría demás los doblajes que le aportarían la mayoría absoluta en diputados; y porque lograría con toda seguridad el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original se componía de 35 miembros (2 electos por cada una de las 13 regiones; y 9 designados); y que, en el peor de los casos la Concertación habría elegido 13 (uno por región), siendo el tercio de 35, 12. Con esta mayoría, el conglomerado habría tenido los quórums suficientes para modificar completamente el “Plan Laboral”; el sistema de ISAPRE; la ley de universidades; los sistemas financiero y tributario; el decreto-ley de amnistía; etc.
Sin embargo, en un hecho seguramente inédito en la historia, en el “paquete” de 54 reformas concordadas entre Pinochet y la Concertación, ésta aceptó que se elevaran los quórums para modificar las leyes simples a la mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡manteniendo los senadores designados! Es decir, lisa y llanamente, regalar la mayoría parlamentaria. ¿A cambio de qué? De varias reformas positivas menores, ninguna de las cuales eliminaba los dispositivos autoritarios más graves de la Constitución del 80. Además, como en el plebiscito de julio de 1989 que las ratificó, los “ciudadanos” votaron desinformadamente por el “paquete”; y como ni a la derecha ni a la Concertación les convenía informar de dicho regalo, ¡esta situación permanece hasta hoy desconocida para la generalidad de la población chilena!
¿Y cuál sería la explicación del conjunto de lo anterior, que a primera vista parece demencial? Todo indica, que la razón dada por quién fue precisamente la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad), parece la más adecuada. Esta es, que el liderazgo de la Concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha; “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Edit. Andrés Bello; p. 369). En otras palabras, que dado el profundo viraje ideológico de su liderazgo, este prefería no adquirir la mayoría parlamentaria que la desnudaría frente a sus bases en ese viraje. Entonces, frente al reclamo futuro de estas por la falta de cumplimiento del Programa, dicha cúpula podría argüir plausiblemente que no tenía la mayoría parlamentaria para llevarla a cabo. Esto es, que no podía, no que no quería hacer los cambios prometidos.
Además, la explicación de Boeninger calza completamente con otro conjunto de hechos de la más alta importancia, demostrativos de actitudes y conductas “capituladoras” de los gobiernos de la Concertación. En primer lugar en el ámbito comunicacional, con las políticas de “autodestrucción” de los medios escritos afines a la Concertación -generados durante la dictadura- consistentes en bloquearles millonarios aportes financieros del gobierno holandés ofrecidos en 1990; discriminarles en el avisaje estatal a favor del duopolio; y, en el caso de Análisis, que personeros concertacionistas la comprasen para luego cerrarla. Todo esto –que ha sido denunciado reiteradamente, y nunca desmentido, por sus propietarios y directores- generó la destrucción de todos ellos en la década de los 90. En segundo lugar, con la “neutralización” de TVN, incorporando al canal a varios directores de derecha por una ley de 1992, bloqueando así las posibilidades que el canal público desarrollara pluralmente un debate sobre la obra de la dictadura. En tercer lugar, con la privatización del canal de televisión de la Universidad de Chile a comienzos de los 90, que también podría haber aportado a un amplio debate democratizador de la sociedad chilena. Y, por último, con la denodada lucha de los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet por no devolver los bienes confiscados del diario Clarín a quien el Consejo de Defensa del Estado (1975) y el Tribunal del Banco Mundial (2008) definieron –en el primer caso para su confiscación; y en el segundo para ordenar la devolución de sus bienes- como su legítimo propietario: Víctor Pey. Esto último ha significado en la práctica, además, la consagración del duopolio El Mercurio-Copesa, luego de la autodestrucción de Fortín Mapocho y La Epoca. Como los propietarios y directores de dichos medios escritos no experimentaron el viraje ideológico del liderazgo concertacionista; su preservación o reanudación representaba, a la larga, un “peligro” de que esos medios se convirtieran en los reales opositores a sus gobiernos neoliberales. En el caso de los canales, dicha amenaza se eliminaba con su neutralización o privatización.
Calza también la explicación de Boeninger con la continuación hecha por los gobiernos concertacionistas de las políticas de privatizaciones de los servicios públicos y de las riquezas básicas efectuadas por la dictadura. Particularmente con el agua, el desarrollo energético, el sistema portuario, la pesca y, sobre todo, con el cobre, cuya gran minería ha llegado a desnacionalizarse en más de un 70%. Además, dichos gobiernos continuaron profundizando el perfil exportador de productos primarios de nuestra economía; el “adiós a América Latina”; y la búsqueda frenética de la inserción solitaria de Chile en los mercados mundiales, expresado en decenas de tratados bilaterales de libre comercio.
También es plenamente congruente con las razones de Boeninger la mantención –hecha por los gobiernos de la Concertación- de la destrucción o irrelevancia del conjunto de organizaciones sociales de los sectores medios y populares que hizo la dictadura; y que habían sido un elemento clave de los procesos de democratización de antes de 1973: sindicatos, juntas de vecinos, colegios de profesionales y técnicos, organizaciones de pequeños productores, cooperativas, etc. La fortaleza de éstas constituye ciertamente un factor destructivo de una economía neoliberal.
Asimismo –y sin pretender ser exhaustivo- el argumento de Boeninger nos permite entender también porqué los gobiernos de la Concertación aceptaron ya en 1991 la legitimidad de la Constitución del 80, al señalar que Chile vivía en una democracia “imperfecta”, pero democracia al fin y al cabo (Ver El Mercurio; 8-8-1991); y como en 2005 ¡hicieron suya dicha Constitución, al ser firmada por Lagos y todos sus ministros!, a cambio de la eliminación de las disposiciones más evidentes de ella que establecían una autonomía militar. En la medida que la élite concertacionista ya no estaba interesada en la sustitución de la obra económica, social y cultural de la dictadura; no necesitaba de estructuras democráticas que la hicieran posible.
Ha sido tan notable y eficaz la sistemática distorsión histórica efectuada por el liderazgo concertacionista que ella ha engañado no solo al conjunto de la población, sino además a muchos de los más connotados cientistas sociales y jurídicos de la sociedad chilena. Estos no han percibido las amplias posibilidades históricas que han habido de sustituir el modelo heredado de la dictadura. Solo a título muy reciente tenemos el caso del más famoso experto (y crítico) del sistema de AFP del país, Manuel Riesco, quien al referirse a un estudio sobre el nefasto efecto que dicho sistema está teniendo sobre las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores (“La increíble estafa de las AFP explicada paso a paso”; en El Clarín, 3-11-2013) señaló que el sistema era casi imposible de cambiar ya que ¡requería quórums de reformas constitucionales! Asimismo, una de las más conocidas sociólogas del país, Marta Lagos, dijo recientemente que “el modelo (económico) está funcionando porque Pinochet dejó leyes que no se pueden reformar, porque hacerlo requiere quórum calificado” (Punto Final; 6-12-2013). Y el destacado jurista Fernando Atria manifestó un total desconocimiento del regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por la Concertación en 1989 en un foro realizado en el VI Congreso de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, el 18 de octubre pasado.