¿Quién ganó, verdaderamente, las elecciones?

Ha llegado, finalmente, a su término, el proceso eleccionario en Chile; ha cesado, en consecuencia, la compraventa de candidatas y, muy probablemente, ceda tal mercancía su protagonismo a la invasión de productos navideños que es lo habitual en estas fechas de fin de año. Menester es, no obstante, intentar analizar lo que ha sucedido dentro de ese proceso que llegara a su término el domingo 15 del presente.
Sabido es que ese día se enfrentaron en la arena electoral Evelyn Matthei, defendiendo las banderas del pacto ‘Alianza por Chile’, y Michelle Bachelet, representando a la coalición ‘Nueva Mayoría’. Ambas candidatas no sólo se autodenominaron ‘centro derecha’ y ‘centro izquierda’(o, simplemente, ‘izquierda’), respectivamente, sino han sido así conceptualizadas por los medios de comunicación y gran parte de la población. La producción de ideología es tarea de dichos medios.
Comencemos diciendo aquí que ambas coaliciones representaron (y representan) los intereses de los partidos que las integran, afirmación que más parece de Perogrullo. En estricta doctrina, deberían tales partidos, a su vez, representar algo más, pues nadie se organiza de esa manera por el simple deseo de hacerlo. La moderna teoría sociológica, que busca sepultar (sin éxito, por cierto) la existencia de las clases sociales, sostiene que los intereses de los partidos no son sino los de determinados grupos sociales, es decir, intereses corporativos, sociales, étnicos, religiosos, culturales, en fin. Para esa corriente, hasta ahí llegaría el fenómeno de la representación; la cultura, la religión, la pertenencia a una etnia o el conflicto sexual, de acuerdo con lo que sostienen esos teóricos, no podría encuadrarse dentro del ‘estrecho ámbito’ del concepto de ‘clases sociales’. De ahí que para ellos existan dos mundos que se contraponen en la lucha política: la ‘izquierda’ y la ‘derecha’.  La política tendría, así, una existencia propia e independiente que encontraría su razón de ser en sí misma. De ahí en adelante, todo es posible. Hasta que académicos como Carlos Peña, luego de la derrota de la abanderada del pacto ‘Alianza por Chile’, arriben a conclusiones tan discutibles como la siguiente:

“Lo que ocurre es que la derecha –tal como se la conoce hasta ahora– está llegando a su fin”[1].

Resulta, no obstante, difícil explicar para quienes sostienen tales tesis (generalmente las corrientes académicas de carácter social demócrata) el hecho que las propias empresas (y sus medios de comunicación) recurran al uso de conceptos tan contrapuestos a aquellos empleados por ellas, como lo son, entre otros, ‘clase ejecutiva’, ‘clase mundial’, ‘clases medias’, etc. No pueden, por lo mismo, explicar por qué, frecuentemente, las organizaciones políticas ‘de izquierda’ actúan como si fueran ‘de derecha’ ni por qué las ‘de derecha’ asumen, en ciertas oportunidades, comportamientos ‘de izquierda’. Ni, mucho menos, por qué, luego de suponer que ‘la derecha ha perdido toda esperanza’ o que ‘la derecha no tiene ya representación’ constatan que jamás el empresariado ha hecho tan buenos negocios en esas épocas y por qué amplios sectores sociales no cesan en sus protestas.
Sostenemos nosotros aquí, por el contrario, que las organizaciones políticas surgen para representar los intereses (parciales o totales) de determinadas clases sociales; dicha representación sólo puede realizarse en una ‘práctica política’, no en base a una división estructural de clases. Queremos decir, con ello, que las clases sociales no se diferencian ni definen de manera estructural sino en sus ‘prácticas políticas’.
Lo usual es que cada organización política se componga de una militancia y dirigencia arrancada de la clase cuyos intereses van a representar; en ese caso, estaríamos en presencia de una representación ‘natural’. Pero ese fenómeno no siempre sucede; a menudo, las organizaciones políticas no asumen la representación deb ida de los intereses que dicen defender. Entonces, tal representación es ‘espuria’ puesto que la realizan actores que no provienen del sector al cual pertenecen, sino son elementos advenedizos. Y puesto que la defensa de los intereses de clase se realiza tan sólo en la ‘práctica política’, es en esa ‘práctica’ donde puede descubrirse el carácter de clase de una organización, pues no siempre sus integrantes van a actuar de acuerdo a los principios que la organización manifieste defender. Las palabras precedentes nos pueden conducir a intentar un examen un tanto diferente a los que se han hecho respecto de las recientes elecciones chilenas.
Digamos aquí, para establecer otra premisa, que, en segundo lugar, si la ‘derecha’ obtuvo un porcentaje bajo (‘el más bajo de la historia’ como se afirma en los medios de comunicación) tal circunstancia no significa en absoluto que haya ‘perdido’; ni, mucho menos, que la ‘izquierda’ haya ganado la elección. Lo cual tampoco significa que ambas sean lo mismo.
Sucede, en tercer lugar, que las estructuras del sistema permiten hacerle talas o reajustes, modificaciones, alteraciones o reformas al mismo sin que ellas impliquen una amenaza a su existencia ni, mucho menos, que tal circunstancia conduzca a una asonada golpista por parte de las Fuerzas Armadas. Los golpes de Estado no se dan por la simple voluntad de un jefe militar o por el deseo, a menudo enfermizo, de algún empresario que tema perder sus privilegios, sino cuando existen condiciones para llevarlo a cabo. En Chile, este tipo de sujetos —que sí existen—se encuentran nítidamente representados en la persona de uno de los dueños  del Grupo ‘Ultramar’, Sven Von Appen, quien, el mismo día de la segunda vuelta, refiriéndose a un eventual mal manejo de la economía por parte de la candidata triunfante se atrevió a señalar:

“Si pasa eso buscamos otro Pinochet”[2].

Constituye, en consecuencia, una falacia suponer que el sistema no va a aceptar reformas profundas que permitan mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población. De hecho, si así fuera, no existirían gobiernos socialdemócratas, ni estados de bienestar ni condiciones de vida favorables a las grandes mayorías en naciones eminentemente capitalistas. De hecho, no podrían existir gobiernos europeos ni australianos ni canadienses, entre otros, que permitiesen vivir de manera más digna a sus connacionales. En los países sudamericanos, si los golpes de Estado han sido frecuentes en las décadas pasadas, ello fue posible por la existencia de un contrapoder planetario opuesto al de Estados Unidos como lo fue la URSS y por la estrecha vinculación del empresariado latinoamericano con los poderes norteamericanos que veían al continente como su patio trasero. La situación no se presenta así hoy en día: no existe ese contrapoder planetario ni tampoco Latinoamérica es vista como en el pasado. Por el contrario, la expansión del mercado ha hecho posible que todo funcione de manera diferente.
En cuarto lugar, un hecho que frecuentemente se olvida, precisamente porque muchos conceptos se aprenden simplemente como si fueran consignas, es que la única clase verdaderamente revolucionaria es la empresarial (o clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo). Y eso se debe a que nada de lo que posee le ha significado un esfuerzo sobrehumano para obtenerlo. Todo lo que tiene proviene del plusvalor que arrebata a otros. Por eso no vacila en arriesgar lo que tiene. Emprende reformas, cambia los modelos, introduce cambios, arma y desarma institucionalidades. Puede, en consecuencia —y si lo necesita—, entrar en guerra en cualquier momento con otra nación, o con grupos hostiles dentro de su propio país; poco o nada le importa bombardear todo el patrimonio cultural del enemigo y poco o nada le importa si éste lo hace con el suyo. Tiene recursos suficientes tanto para hacerlo como para reconstruir lo que ha sido destruido.
Por el contrario, la clase de los vendedores de fuerza o capacidad de trabajo, contrariamente a lo que se piensa, es profundamente conservadora pues, como todo lo que posee le ha costado tenerlo, se aferra a ello; se aferra, consecuencialmente, a todo el aparataje cultural y jurídico político. No es casualidad que sean los sectores dominados quienes estén constantemente recurriendo a demandar la vigencia de los ‘valores perdidos’ o se presenten ante los tribunales en demanda de ‘justicia’.
Establecidas así las premisas de este análisis, podemos comenzar diciendo que existen razones por las cuales la representación política natural de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo —no la clase misma— ha perdido esta elección.
En el campo de la representatividad natural de los intereses de la clase de los empresarios era (y es aún) posible distinguir hasta hace poco dos grandes conglomerados: la Unión Demócrata Independiente UDI y Renovación Nacional RN. Ambas organizaciones no mostraban igual ideario en torno a cómo realizar la forma de acumular heredada de la dictadura. Porque también los sectores lúcidos de ese sector advertían las graves trasgresiones que cometían ciertos empresarios inescrupulosos que arriesgaban la confianza del resto del empresariado (caso La Polar, caso de las farmacias, sobornos a algunos parlamentarios como el protagonizado por la diputada nortina Marta Isasi, la sanción aplicada a CENCOSUD por cobro de la tarjeta Jumbo, en fin) y el abuso que cometían ciertos funcionarios públicos en beneficio de personajes vinculados a las finanzas[3]. Había que hacer correcciones al modelo ante el riesgo de perder la confianza entre sí. Luego, comenzaron a aparecer personajes comprometidos con el gobierno cometiendo acciones temerarias, como el caso de Álvaro Saieh, dueño del Supermercados UNIMARC (SMU) y del banco Corpbanca, el de las sociedades de papel o  ‘caso de las cascadas’ protagonizado por Julio Ponce Lerou, dueño de SOQUIMICH y ex yerno del general Pinochet, el de uno de los empresarios sostenedores del Transantiago como lo es Juan Antonio Guzmán, dueño de la empresa Alsacia, etc. El ataque a los empresarios que trasgredían las normas del modelo realizado por parte del gobierno de Sebastián Piñera fue violento. Era necesario limpiar y ordenar la extracción de plusvalor. En palabras simples, perfeccionar la forma de llevar a cabo la explotación o, si se quiere, realizar la labor sucia que no se atrevió a realizar la Concertación. Las peleas con la banca fueron intensas: la sanción que la Corte Suprema aplicó al BancoEstado, por el cobro de comisiones abusivas, permitió al Gobierno dictar una circular que afectó a todo el comercio bancario impidiendo los cobros unilaterales y el de ciertas comisiones, al extremo que hubo fuertes intercambios de palabras entre el presidente de la Asociación de Bancos Jorge Awad y el Superintendente de Bancos Raphael Bergoieng. Awad llegó a expresar que nos

“[…] han dado como caja”;

“[..-] ha habido un abuso de la palabra abuso”[4].

Introducir reformas a un modelo no es fácil, especialmente cuando se tienen concepciones diferentes acerca de cómo ha de entenderse lo que es la ‘derecha’. En la UDI y en RN coexisten dos grandes sectores: unos, que intentan representar ‘racionalmente’ los intereses de la clase empresarial y están dispuestos a introducir al modelo social las reformas o cambios que se requieran con tal que la estructura misma del sistema se mantenga inalterable y otros, que lo hacen ‘emocionalmente’ e intentan ver en el legado de Pinochet el modelo por el cual ha de guiarse la labor del Gobierno; son, por ende, reacios a introducir talas o reajustes a dicho modelo. Estos últimos predominan en la UDI. En RN, el predominio no es de los sectores pinochetistas sino de aquellos que están más dispuestos a introducir reformas al sistema.
Las discusiones habidas al respecto han sido intensas; en algunos casos, terminaron con el nacimiento de nuevas colectividades políticas que, a pesar de todo, se han mantenido dentro del pacto ‘Alianza Por Chile’. Una de esas divisiones fue la encabezada por el diputado Felipe Kast que adoptó el nombre de ‘Evolución Política’ o EVOPOLI. Tales fraccionamientos muestran, desde ya, la intensa lucha de clase que se ha desarrollado dentro de la representación política natural del empresariado. En esa lucha se enmarca el alejamiento de Pablo Longueira de la dirección de la UDI que provocara la toma del control partidario por el sector liderado por Jovino Novoa. Ese hecho contribuyó a acelerar las discordias entre los mayores partidos del pacto. Las disputas por los cupos parlamentarios y la nominación del candidato a la presidencia terminaron por minar todo tipo de acuerdo. Ambos sectores querían imponer su voluntad. Así, pues, el futuro gobierno del pacto ‘Alianza por Chile’ no garantizaba al empresariado la paz social, ni tampoco la gobernabilidad del país, asuntos de primordial importancia para aquel.
Más consciente que su representación natural, la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo no encontró nada mejor que depositar su confianza en una coalición que los representara espuriamente, como lo había hecho en otras oportunidades desde el retorno a la democracia; en una coalición que, aunque prometiese cambios atrevidos, asegurase la gobernabilidad del país, estuviese en óptimas condiciones para controlar las veleidades del movimiento sindical y pudiese manejar con facilidad la protesta social y. Esa  coalición no era otra que la ‘Nueva Mayoría’. De la mano de Michelle Bachelet podrían venir cambios sustanciales, pero ninguno amenazaría la estabilidad institucional; ninguno introduciría reformas estructurales al sistema, sino realizaría aquellas transformaciones acerca de cuya urgencia y necesidad estaba consciente el propio empresariado[5]. Eso lo sabía Jorge Awad, presidente de la Asociación Nacional de Bancos; la familia Cuneo, que controla el Grupo Falabella; Horst Paulmann, que posee el Grupo CENCOSUD; Andrónico Luksic, que maneja el Banco de Chile; Anacleto Angelini, que controla las pesqueras; y muchos otros empresarios que se incorporaron a la campaña de Michelle Bachelet aportando gruesas sumas de dinero, como lo reconocerían varios de los integrantes de su comando electoral.
El apoyo de la clase empresarial a la candidata de la coalición ‘Nueva Mayoría’ no era algo nuevo: en octubre pasado, el Banco norteamericano J.P.Morgan ya había dado su apoyo al plan económico de Bachelet, señalando que

“[…] aunque mantiene todas las iniciativas que consideramos negativas para el mercado, incluyendo la reforma tributaria y cambios a la Constitución, todas las medidas son consistentes con lo que ya se había anunciado”[6].

Y el prestigioso banco alemán Deutsche Bank, refiriéndose a lo mismo, indicaba en un informe de noviembre pasado:

“Es muy probable que los beneficios económicos y sociales de una mayor cohesión social y mayor inversión en educación superior excedan los costos que le puedan ocasionar a los empresarios […] el bajo nivel de inversión de Chile en educación pública es bien conocido, especialmente comparado con países del OCDE”[7].

El propio programa de la presidenta electa constituye una garantía en el sentido que no se sobrepasarán los límites del sistema; antes bien, en muchos casos, la competencia no será sustituida por cordiales forma de cooperación sino, por el contrario, se acentuará con la creación de una AFP estatal, empresa que deberá disputar a las demás que operan en el mercado su lugar entre todas ellas. Porque la existencia de una AFP estatal no implica, en absoluto, el término de las otras AFP sino extremar la competencia entre las mismas por el control del mercado, con un nuevo actor.
Esta aceptación del mercado al programa de Bachelet se comenzó a dar desde el momento mismo en que dicho documento se dio a conocer. Por eso no debe sorprender que haya llevado calma y seguridad a los capitalistas. Como lo expresa un autor:

“La mayoría de los bancos de inversión, como JP Morgan, Credit Suisse y la corredora LarrainVial, habían asumido un triunfo en primera o segunda vuelta de Bachelet y concluían que con la excepción del FUT, la mayoría de las reformas propuestas por la ex mandataria no traerían grandes cambios al modelo y no deberían tener un mayor impacto a mediano o largo plazo en el mercado”[8].

Es tan efectiva esa confianza en la política que ha de llevar adelante el pacto ‘Nueva Mayoría’ que a poco de realizarse la elección, la Bolsa de Comercio subió levemente sus índices en un 0,85% como consecuencia de lo que ha dado en denominarse ‘internalización’ que no es sino el convencimiento que tenían los organismos internacionales de la inminente derrota de la abanderada de la ‘Alianza por Chile’ y del triunfo de la de ‘Nueva Mayoría’.
Las entidades financieras se han manifestado, ahora, en espera del nombramiento del nuevo gabinete, en especial del nombramiento del nuevo ministro de Hacienda. En este aspecto, el Banco Citi apuesta por Guillermo Larraín, José de Gregorio, Nicolás Eyzaguirre, Alejandro Micco, Alberto Arenas y Andrea Repetto, entre otros[9].
Morgan Stanley ha señalado que muchas de las reformas que Bachelet pretende impulsar están ‘justificadas’;  Credicorp ha manifestado que

“Nuestra visión para los siguientes doce meses no se modifica; seguimos esperando rentabilidades bastante superiores  a las de la renta variable global y, en especial, a las de renta fija global. Durante este mes, sin embargo, mantenemos nuestra posición neutral a la espera de indicadores sobre el futuro de la política económica bajo el nuevo gobierno”[10].

Goldman Sachs espera que las reformas se realicen en base a consensos amplios, idea que también ya había reafirmado la vocera del pacto ‘Nueva Mayoría’ Javiera Blanco.
Así, pues, lo que ha sucedido en las recientes elecciones no es una derrota de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo; puede ser una derrota de la ‘derecha’ conceptualizada en el carácter de partidos que intentan representar naturalmente al capital, pero eso no significa, en modo alguno, propinar una derrota a la clase capitalista quien, representada espuriamente, ya se siente segura en los sillones del poder de donde jamás ha salido en estos 23 años de democracia post dictatorial.
A  eso se refiere expresamente Alberto Mayol cuando indica que

“[…] las ideas y parte de las emociones que provee la derecha continuarán siendo representadas por partidos como la DC y ciertos sectores del PS. Por lo tanto, no se debería pensar que esta es la total derrota de la derecha chilena”[11].

Explica eso el rumor que se hizo público el mismo día en que ganó Bachelet, de una llamada hecha por el presidente de RN Carlos Larraín al presidente del PS Osvaldo Andrade consultándole acerca de si existiría un lugar para esa colectividad en el gobierno de Bachelet[12]. Broma o no, el hecho no deja de evidenciar una vez más la necesidad de estar constantemente haciendo análisis de clase y no, simplemente, constatando las veleidades de la escena política de la nación.
De esta manera, si todo se realiza tal cual ha sido prometido, a partir de este momento inicia la sociedad chilena el camino hacia el establecimiento de reformas que, sin lugar a dudas, contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales. Pero eso no significará, en modo alguno, la transformación de las estructuras de poder que se establecieron durante la dictadura, robustecidas bajo las administraciones que la sucedieron. Un régimen de carácter social demócrata parece dibujarse hacia el futuro; en todo caso, no será el mismo régimen de las naciones europeas. Pero no hay que olvidar una circunstancia: las condiciones de existencia de un régimen de ese tipo implican la coexistencia de dos clases principales, una de las cuales domina a la otra aunque en condiciones que pueden ser toleradas, con un gobierno de alternancia en donde dos coaliciones se turnan para los efectos de administrar la extracción del plusvalor a los dominados. Establecido semejante sistema, el dominado no sólo comienza a consentir en su explotación sino empieza a defenderlo como el mejor de todos los que existen; el autogobierno de los productores directos se aleja definitivamente, en tanto el sistema de explotación pasa a formar parte del acervo cultural de los sectores dominados. Las contiendas políticas se empiezan a definir entre dos bloques (‘izquierda’ y ‘derecha’) realizándose así la llamada ‘alternancia’ y, cada cuatro años, la población será llamada a elegir entre uno y otro bloque, cuyas disputas electorales se reducirán a desprestigiarse constantemente; la idea del control ciudadano sobre los órganos del Estado se archiva definitivamente. Y el reemplazo del Estado por una ‘Gemeinwessen’ (‘comunidad’) se transforma en una utopía.
Santiago, diciembre de 2013