A los partidos políticos chilenos. A sus Dirigentes y Parlamentarios

A LOS PARTIDOS POLITICOS CHILENOS

A sus Dirigentes y Parlamentarios

En los últimos treinta y nueve años, los Derechos Humanos de los  chilenos han constituido un tema recurrente en el debate público, no podía ser de otra forma: En un momento de nuestra historia reciente, la  sociedad chilena aterrada se enfrentaba a una guerra interna declarada a un sector del cuerpo social y lo partía en dos, lo cuestionaba y destruía.  No solo en el ámbito de la materialidad, sino, desmembraba todo su ciclo paulatino de desarrollo, nuestra cultura vernácula, nuestro desarrollo sapiente, nuestras costumbres, opciones, ideas y proyectos de vida, eran anatemizados por unos tiranuelos emulando una república bananera. Los procedimientos: los ya conocidos por el país, los mismos aplicados en Brasil, en Centro América, en Indochina, en Argelia, y posteriormente Argentina, la vieja receta, la Doctrina de Seguridad Nacional, aprendida por las élites de excelencia de las fuerzas armadas chilenas y de los países satélites de EEUU en la Escuela de las Américas, en Fort Knox, en Panamá, en todas aquellas aulas creadas por el amo del imperio para capacitar y mentalizar a los que en algún momento fueron creados para independizar a sus pueblos, y ahora, se les reconvertía transformándolos en lideres de un sector que declaraba una guerra fratricida.

Porque eso fue lo que ocurrió en Chile entre 1973 y 1990, señores, acaso ustedes no lo sabían cuando idearon y aprobaron la perversa política llamada de Derechos Humanos del Estado de Chile, sinónimo de impunidad, falsificación de la historia real, injusticia e estigmatización de los vencidos. Nos preguntamos la causa de aprobar leyes especiales para reivindicar la dignidad vulnerada de las personas que lideraron a este sector, cuando Chile, está obligado por el artículo quinto de nuestra cuestionada Constitución ha subordinarse  a las normas del Derecho Internacional Humanitario. La respuesta la encontramos en los sucesos ocurridos con estas ilegitimas leyes y en ciertos hitos que marcan la voluntad política del poder, que ustedes representan en los últimos veintidós años en Chile: Primero, salvar al estado mayor de la tiranía que asolo al pueblo chileno durante diez y siete años, salvando a las instituciones armadas de todo cuestionamiento o juicio público; Segundo, salvar al estado mayor de la civilidad comprometida seriamente con las causas del quiebre institucional, de las políticas de aniquilamiento del enemigo interno y de la imposición de un proyecto de vida que deshumanizó a nuestra sociedad.  Porque esa es la base política de los acuerdos de 1989 que dan sustentabilidad a la transición, que al final del camino, termina siendo la continuidad ideológica y material del proyecto impuesto por los tiranos.

Su hito más significativo: El forcejeo con la justicia  para salvar a Pinochet de la segura condena de los tribunales internacionales por su responsabilidad con los crímenes que dan origen a esta carta pública. Montando un sainete de pacotilla, nuestro canciller y actual secretario general de la O.E.A. arrebata de las manos de la justica, al criminal, y lo trae sano y salvo para que goce de su estado de impunidad y prerrogativas como senador designado. Estos hechos absurdos y tragicómicos producidos por estos aberrantes acuerdos son traducidos por el dramaturgo Jorge Diaz, padre del drama del absurdo, en su obra: “Nadie es profeta en su espejo” una de las más poderosas metáforas sobre la transición chilena, donde nos cuenta: “Un travesti es levantado por un miembro de la inteligentzia concertacionista y pronto descubre que ambos son antiguos militantes del Mir. Uno fue traidor y el otro fue traicionado. En el presente, travesti y funcionario siguen traicionando y traicionándose”.

Nuestro pueblo siempre perspicaz, motejó esta forma de hacer política, este sincretismo donde se anulan las diferencias ideológicas, las opciones de vida, la disparidad, como obra de una nueva sub clase social y la tildó de: “La clase política”, engendro travestido cuyo único fin, es buscar la sustentabilidad en el ejercicio del poder a cualquier precio. Los grandes paradigmas de la democracia chilena solo serán realidad “en la medida de lo posible” como acuñó un ex presidente. Los tres tercios, histórica realidad, que describía el panorama desde el punto de vista ideológico de la política chilena, era derogado, se excluían las ideas del debate público y era reemplazado por “la política de los acuerdos”, donde paradojalmente, siempre triunfa la preservación del proyecto impuesto al país por la tiranía, tanto en lo institucional como en el modelo de desarrollo del país.

Los partidos políticos dejan de tener sentido en lo que fue su rol en la sociedad chilena, se acaban los proyectos de desarrollo sustentado en principios de tipo filosófico, será impensable una experiencia como “La revolución en libertad”, se anulan el centro político y las izquierdas, para dar paso solo a un proyecto, el de las derechas, coincidente con un  mundo globalizado, unipolar, dominado por esta tendencia.

Esto nos obliga para una mejor comprensión de esta nueva realidad política chilena, denominar a un sector como “Los Unos” y al otro sector como “Los Otros”.

Los Unos, son los que se presentaron al plebiscito de 1988, representando la opción del “No” y lo ganaron, con un programa   que después repiten para las elecciones de 1989 que también ganan, lo que les posibilitó estar en el gobierno del país durante veinte años y no aplicando jamás lo fundamental de las promesas ofrecidas al país, muy por el contrario, traicionado las esperanzas de un sector mayoritario de la sociedad, al sustentar desde el gobierno el proyecto neoliberal. Los Otros, como se imaginaran, son los que imponen y sustentan con su apoyo este proyecto ilegitimo en su génesis, pero que después de 1990, va adquiriendo legitimidad al contar con el patrocinio del poder institucional ejercido por Los Unos. Esta deleznable realidad al correr del tiempo, a producido una crisis de representatividad de tal magnitud, mostrada por la última encuesta de influencia de los partidos políticos chilenos, hecha por la Universidad Diego Portales, dada a conocer solo esta semana, donde este ascendiente solo llega al 7%.

En este contexto, de traición, intrigas y mentira, se promulgan leyes sobre  Derechos Humanos, ilegitimas por su inconstitucionalidad y contradicción con las obligaciones internacionales del país, que dicen reivindicar a chilenos que fueron salvajemente vulnerados en su dignidad, en sus derechos y su integridad física, pero que al final, terminan siendo instrumentos de un tráfico vil para obtener prebendas electorales, dividendos económicos y beneficiar a victimarios.

Hoy, por primera vez en Chile durante este período, hemos obligado al  Estado a intervenir para transparentar este gravísimo escándalo, porque así ha sido señores, la aplicación de las leyes promulgadas  por ustedes sobre Derechos Humanos en Chile, se han transformado en uno de los más graves fraudes de nuestra historia, esta grave realidad denunciada por nosotros durante catorce  años, hoy cuenta con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Chile, al cual, interpelamos para que actuara a través de toda su institucionalidad. La tarea no ha sido fácil, ha significado enfrentarse a toda la realidad antes descrita, a destruir la colusión de intereses producida por los acuerdos que daban sello a la transición con respecto particularmente, a Derechos Humanos.

Porque este proceso de reconocimiento Estatal del fraude que hoy presencia nuestra sociedad, ha significado una labor ardua para nosotros: Desde el año 2000, hemos requerido e interpelado al Presidente de la República, al Contralor General de la República, a los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a los Presidentes de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.

Miles de recursos por nosotros patrocinados de nuestros representados ante la Contraloría, que crearon o modificaron toda una jurisprudencia para aplicar estas leyes, que ahora el Contralor durante el proceso de investigación denuncia a la Cámara, que es desacatada y violada, por el aparato administrativo del Estado dependiente del Ministerio del Trabajo. Resoluciones de la propia Contraloría, que dejan fuera del proceso de control de la legalidad al sector mayoritario de los afectados de exoneración política desde el año 1996, hasta hoy, todo esto, contenido en el respectivo Informe de la Cámara, motivado por nuestra intervención.

Informe sobre investigación del Ministerio del Interior, sobre 50.000 expedientes de personas acogidas a los beneficios de la ley de exoneración política, que entrega un 18.7% de irregularidades: 9.338 casos de falsificación de antecedentes para ser calificados; 68.7% de las causas irregulares, con documentos entregados por parlamentarios. Proyectados al total de calificados, nos entrega 3l.790 casos irregulares, todo esto, sin considerar el perfil político del solicitante, que es facultad privativa del Presidente de la República lo que determina su responsabilidad, y por la subjetividad de la apreciación presidencial, un resultado insospechado. Lo que confirma, lo denunciado por nosotros.

Responsabilidad grave de la Contraloría y el Ministerio de Educación, en la autorización del reglamento regulador de  concesión de becas de la ley llamada Valech, denunciado por la investigación de la Cámara, grave negligencia de esta repartición de control de la legalidad en los actos ilícitos cometidos en la entrega de estos beneficios, el año 2008  se entregaron 78.020.290.648 pesos, con cargo a este beneficio, sin control de toma de razón por parte de Contraloría, sin que hasta el momento se haga nada al respecto, gravísima tardanza de Contraloría y el Ministerio de Educación, en la sustanciación de sumarios y juicios de cuenta sobre este escándalo, sin que además, se hayan puesto estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, todo esto, denunciado por el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, originado en la denuncia e intervención de esta organización.

En el caso Retornados del Exilio, la situación es aún más grave, tres informes de la Cámara de Diputados dan cuenta de esta gravedad, desde el ingreso de líneas de crédito internacionales para la reinserción de los exiliados políticos, sin control de Contraloría ni del Banco Central, el robo de los recursos económicos y el ocultamiento de los antecedentes del estos informes de la Cámara y la no sustanciación de la debida querella a los Tribunales de Justicia, por parte de toda la institucionalidad del Estado, que mantiene hasta hoy día, en la total impunidad a los autores de este cuantioso fraude.

Como podemos ver, señores, claramente al tenor de estos antecedentes sustentados por informes de la propia institucionalidad del Estado, podemos presumir colusión del poder ante un procedimiento promiscuo, poderes que se confabulan ante la irregularidad, ante el dolo, siempre y cuando, ni los Unos ni los Otros, sean afectados en los objetivos previamente acordados.

Porque estas leyes aunque ilegitimas, no fueron concebidas para macro horizontes sociales como los que hoy existen producto del ilícito, en  efecto: la ley del retorno fue concebida solo para los exiliados políticos, con reconocimiento del ACNUR-NU; la exoneración política fue consensuada para 50.000 afectados, hoy existen 160.000 reconocidos y 100.000 solicitudes pendientes; la ley de prisión política y la tortura la más inmoral de todas estas normas, en cuanto al beneficio para estudios superiores,  considera solo estudios suspendidos como efecto de la violación de la libertad. En consecuencia, ante esta deformada realidad había que violar la ley, disminuyendo sus efectos económicos, y esto, ha significado perjudicar a las legítimas victimas, que además, son la minoría en estos horizontes deformados, por tanto, sin peso electoral.

Siempre  rechazamos esta forma de encarar la barbarie que vivió nuestro país en su pasado reciente, por las consecuencias que la historiografía social nos muestra de similares experiencias anteriores ocurridas en Chile, una de ellas: La guerra de la Araucanía, oprobio estampado en nuestra historia, cuyo costo social pagamos hasta nuestros días; o las Constituciones que han regido nuestra convivencia social,  las cuales son producto siempre de la imposición del vencedor sobre el vencido en guerras fratricidas, jamás como resultado de procesos democráticos; o las masacres a nuestro pueblo cuando se ha rebelado contra la injusticia, veintisiete en nuestra historia, sin responsables, sin justicia para las víctimas, porque ese ha sido el proceder del país históricamente, absoluta falta de respeto por los derechos de los chilenos, de los pobres, de los vulnerables.

Los Derechos Humanos como patrimonio del Hombre, fueron letra muerta hasta 1973 en Chile, solo eran exhibidos como argumento, hasta entonces de una lucha ideológica que alimentaba la confrontación bipolar de un período de la historia de la humanidad. Fueron los acontecimientos ocurridos desde entonces, referidos a las características del salvajismo ejercido sobre las personas en nuestro país, los que motivaron la reacción internacional y el despertar de los chilenos sobre sus derechos como personas, como ciudadanos.

Ese fue el hito de inicio de nuestra cultura sobre los Derechos Humanos como pueblo, el dolor de muchos y la solidaridad de millones, desgraciadamente, ustedes señores, salvo honrosas excepciones, pertenecientes al poder político en nuestro país, han eludido este compromiso. Los Derechos Humanos constituyen hoy día, el único patrimonio del ser humano, donde está representado el capital  que le da el carácter de tal, no respetarlos constituye una negación de la esencia humana.

Lo han eludido, al legislar sobre una política ilegitima que contradice el Derecho Internacional Humanitario, del cual Chile es firmante; lo han eludido, al no ejercer la facultad constitucional de controlar la legalidad de los actos de los Gobiernos. Desde 1998, hemos denunciado los hechos irregulares que hoy reconoce el Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sin acogida y respuesta, solo ante una denuncia pública en Diciembre de 1998, y una red televisiva de reportajes levantada por esta organización, el poder político reacciona y hace funcionar a las instituciones… paradojal; eluden su responsabilidad ético moral, como representantes de la sociedad, cuando instrumentalizan con dolo, valores y principios implícitos en el concepto de derechos humanos y lo estigmatizan, con graves consecuencias para nuestra historia futura.

Afortunadamente, no todos han eludido este  compromiso, destacados periodistas chilenos, a través de estos años, han apoyado nuestra acción con sus reportajes que muestran la verdad denunciada. Tres programas televisivos apoyando nuestras afirmaciones: “Contacto”, “Esto no tiene nombre”, los cuales producen un vuelco en la inercia cómplice existente, y hacen funcionar a la institucionalidad, gracias por su apoyo, ética y profesionalismo. Gracias a Maura Brescia por su libro “Manos Limpias”, donde investiga el escándalo del retorno,  y al diario “El Periodista” por su investigación sobre las becas Valech. Gracias a los historiadores Sergio Grez y Gabriel Salazar, por enseñarnos sobre la historiografía social de nuestro pasado, pero también la historia del presente, porque este, también tiene historia. Gracias a María O. Monckeberg, por acoger nuestra denuncia sobre los abusos con las becas Valech, en su libro sobre educación superior. Gracias a Jóse Zalaquett, por sus declaraciones y análisis coincidentes con nuestra apreciación. Gracias a la sociedad chilena por el permanente apoyo a la causa que nos motiva, expresada por varios caminos, particularmente a través de la red social.

“En una época en que proliferan las grandes y pequeñas corrupciones, las claudicaciones y traiciones, los deslices y arreglínes, cuando la inercia, el cálculo y la conveniencia recomiendan guardar silencio…”(1)

Hemos querido dirigirnos a ustedes, los representantes del poder político chileno, para invitarlos a una rectificación que permita reivindicar el valor de lo político, invitarlos para que a partir también de valores y principios como son los Derechos Humanos, sean capaces en el contexto de una línea de procedimientos democráticos, modificar esta aberración de nuestra realidad.

Santiago, Abril de 2012.-

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS

POLITICOS DE CHILE

Dirección: Dieciocho Nº 45 Of. 301 – fono: 2635 52 33 – Santiago
Mail: raulcelpa@gmail.com

Notas:
(l) Sergio Grez T. Historiador