Pruebas sobre el Cóndor

Un documento de la Policía Federal da cuenta del trabajo conjunto con fuerzas represivas de Chile y Uruguay
Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.

El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.

El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.

El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.

Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.

Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.

Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.

Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.

La burocracia

El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.

“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”

*Fuente: Página 12