Itinerario de una Rebelión Estudiantil Inconclusa

El movimiento estudiantil irrumpe de manera sorpresiva en el apacible y dorado otoño, con sus demandas de educación pública, democrática, gratuita y de calidad para todos. Las manifestaciones, marchas, tomas de colegios  y paros de los estudiantes secundarios y universitarios, educadores y trabajadores han continuado entibiando el frío invierno chileno y creciendo constantemente en calidad y en masividad. Los 25 mil manifestantes que marcharon por la recuperación de la educación pública desde Plaza Italia hasta el Paseo Bulnes, justo al frente de La Moneda, el 12 de mayo, se transformarían en más de 200 mil personas sólo en Santiago y 196 mil en las distintas regiones del país el 30 de junio.

Descontentos con el trato y las respuestas del Ministro de Educación Joaquín Lavín, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) convocaron a un paro nacional por la educación pública.

Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) señaló que el “Ministro primero nos subestimo, luego nos deslegitimo, luego nos trato de mentirosos porque la crisis según él no existía en la educación superior (…). Y aun no ha sido capaz de dar una respuesta concreta a nuestras demandas”. A estas alturas el ex Ministro Lavin es sólo un infortunado episodio en el primer capítulo de ésta historia que ha comenzado a escribir el movimiento social. Los estudiantes, desde el inicio, lo objetaron como interlocutor válido y exigieron su renuncia por estar involucrado directamente en el negocio de la educación. Se sabe que tenía acciones en la Universidad del Desarrollo en la ciudad de Concepción. Ante el repudio de los estudiantes, el Presidente Sebastián Pinera no tuvo otra alternativa que moverlo a otro Ministerio en la reciente restructuración de gabinete.

El paro del 30 de junio marcó un avance significativo en la lucha de los estudiantes no sólo por su  masividad, sino también por la composición de las fuerzas sociales que participaron. Se sumaban, por primera vez, importantes organizaciones sociales como el Colegio de Profesores, el Consejo de Trabajadores de la Educación, los trabajadores de la salud agrupados en la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) y los empleados públicos representados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Carolina Espinoza, presidenta de la Confusam llamó a sus miembros a adherir a la convocatoria de los estudiantes expresando que “tanto la educación, como la salud, son un derecho y una responsabilidad del Estado, por lo que consideramos un deber ético y moral [hacernos] parte del paro nacional.”

“Esta fue una jornada grandiosa y monumental. Esto nos da una señal y nos deja establecido que este es un movimiento ciudadano por la educación pública”, expresó Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.

La respuesta del gobierno a la gigantesca movilización ciudadana la entregó el propio Presidente Sebastián Pinera en cadena nacional, el 5 de julio; ocasión en la cual planteó un Gran Acuerdo Nacional por la Educación, conocido como la propuesta GANE. Los primeros en responder, tres días después, fueron los estudiantes universitarios a través de la CONFECH, quienes de manera categórica rechazaron el plan GANE, por ser “un proyecto que no responde a los ejes y desafíos que esperamos para el futuro de nuestro país.”

Desde la vetusta casa central de la Universidad de Chile y en una declaración pública, los dirigentes de la CONFECH profundizaron sus planteamientos.

“Creemos que responder a nuestro petitorio de cambio estructural con un fondo [financiero] sobre el cual no existe ninguna claridad sobre criterios de asignación, es pensar que nuestras exigencias son exclusivamente económicas, cuando también corresponden a demandas políticas y sociales, sostuvieron. Y agregaron que “reducir el conflicto a la mayor inyección de recursos, sin parámetros claros, no logrará superar la profunda crisis de la educación. Para enfrentar este problema necesitamos un Estado verdaderamente comprometido con la educación como derecho social y como estrategia para el desarrollo del país.”

Para los estudiantes “la propuesta del gobierno no es más que la continuidad del modelo ya existente que, aún más ideologizada, profundiza un sistema que favorece la exclusión y segregación social, el endeudamiento de las familias y la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional. Esto debido a que el programa anunciado permite de forma directa una posibilidad de legalización del lucro en la educación”.

Y concluyeron señalando que “el gobierno ha ignorado los ejes fundamentales de nuestra movilización: un rol del estado como garante del derecho a la educación y con un fuerte compromiso con sus instituciones; democratización de los establecimientos educacionales; un nuevo sistema de acceso que reemplace los sesgos de la PSU; el fin efectivo al lucro en toda la educación; y el término del endeudamiento familiar”.

Sin abandonar las escuelas ocupadas y sin detener las movilizaciones, el movimiento estudiantil se dio un respiro para la discusión y la reflexión, esenciales para el afinamiento de las distintas proposiciones y el diseño de una propuesta común conocida hoy como Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena.

Los dirigentes universitarios, secundarios y del Colegio de Profesores hicieron entrega del documento, casi simultáneamente, a Felipe Bulnes, nuevo Ministro de Educación; y al presidente en ejercicio del Senado, Juan Pablo Letelier (PS) y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI).

Camila Vallejo, presidenta de la FECH dijo que “con este primer documento queremos señalar que el movimiento social por la educación ha iniciado una nueva etapa de elaboración de una propuesta para un gran Acuerdo Social por la Educación donde se expresan las demandas de los estudiantes secundarios, profesores y universitarios”.

Los estudiantes comienzan haciendo un diagnostico de la educación chilena, sosteniendo que se encuentra en una profunda crisis estructural y que para solucionarla es necesario una reforma integral y profunda.  La propuesta delinea, a continuación, los ejes fundamentales que deben orientar las transformaciones afirmando que se asientan en “la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo proyecto histórico de desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que este estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, gratuita, democrática y de calidad organizado y financiando por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación”.

El ministro de Educación, Felipe Bulnes de modo diligente respondió, el 1 de agosto, con un nuevo documento titulado Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena, el cual contiene 21 medidas con las cuales el gobierno intentó dar respuesta a los planteamientos formulados por los estudiantes.  Entre las propuestas principales se encuentra la desmunicipalización selectiva y gradual de los establecimientos escolares en aquellos municipios “que no alcancen estrictos niveles de calidad educativa”. Del mismo modo el ministro reafirmó que el Gobierno impulsaría una reforma a la Constitución de modo que la calidad de la educación sea considerada “una garantía constitucional”.

Un día antes de lo previsto, los estudiantes respondieron con los pies al ministro Bulnes convocando a dos marchas: una en la mañana de los secundarios y otro en la tarde de los universitarios y organizaciones sociales. Para entonces, ya se sabía que la mayoría de las federaciones universitarias del país se habían pronunciado en contra de las 21 proposiciones del gobierno.

Para asombro de los santiaguinos el día jueves 4 de agosto Plaza Italia, punto de inicio de todas las marchas estudiantiles, amaneció cercada para impedir el acceso a ella. Y con el correr de las horas, quedaría claro que el gobierno había optado por la mano dura y la represión violenta para responder a los estudiantes y organizaciones sociales. Según el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla,  hubo 874 personas detenidas y 90 carabineros heridos en la jornada de protesta. No se menciona, por supuesto, ningún estudiante lesionado como consecuencia de la desmedida fuerza utilizada por las fuerzas policiales.

Al día siguiente en conferencia de prensa los lideres Camila Vallejo, de los universitarios, Freddy Fuentes de los secundarios y Jaime Gajardo del magisterio confirmaron el rechazo oficial a la nueva  propuesta del gobierno.

Freddy Fuentes, vocero de los secundarios, señaló que la rechazaban “porque pensamos no esta respondiendo nuevamente lo que son nuestras demandas. La clase política sigue defendiendo sus intereses, sigue  demostrando que su ideología esta siendo defendida en estos documentos”.

Camila Vallejo, representante de los universitarios, dijo que habían rechazado el documento del ministro Bulnes porque es “más de lo mismo”. Y añadió “que lo que se plantea acá es una profundización de la lógica del endeudamiento como acceso a la educación; no se habla de cómo fortalecer concretamente la educación pública como pilar del sistema educacional en todos sus niveles; se legitima el lucro, que constituye hoy día el cáncer del sistema educacional, que además el 80% de la ciudadanía rechaza; y tampoco se avanza en cambios constitucionales que permitan que el Estado sea garante y proveedor de educación”.

Los dirigentes del  movimiento social por la educación instaron al gobierno a dar una ‘respuesta seria y coherente” a sus demandas dentro de un plazo de 6 días, y anunciaron que mientras tanto permanecerían movilizados.

Después de seguir con atención los últimos acontecimientos en Chile tendríamos que concluir, que el movimiento estudiantil ha demostrado audacia, creatividad e inteligencia, lo cual le ha permitido mantener la iniciativa hasta ahora. Audacia para enfrentar con resolución al sistema, creatividad para expresar con ingenio sus demandas e inteligencia para aprender de las luchas precedentes. El referente histórico inmediato en la lucha por cambiar el modelo educacional vigente es, sin dudas, la “rebelión de los pingüinos” del 2006,  que a pesar de no haber conseguido sus objetivos fundamentales es y seguirá siendo fuente de valiosas lecciones para las luchas presentes y futuras del movimiento social.

En este instante es evidente, a la luz de la propuesta elaborada por el movimiento social y por las ideas expresadas por sus lideres, que la lucha por una educación pública, democrática, gratuita y de calidad para todos los chilenos no es posible sin cambiar la Constitución de 1980 y las leyes fundamentales que rigen el sistema económico, político, social y cultural de nuestro país. Las leyes que convirtieron en un negocio la salud, la educación y la previsión social de los chilenos, y que quedaron casi intactas durante los 20 años de gobiernos de la Concertación, son un componente esencial de la institucionalidad heredada de la dictadura.

De esta manera la lucha por la educación, cada día que pasa, deviene más y más en una batalla política por derribar los pilares de la “democracia tutelada” de Pinochet y avanzar hacia una nueva democracia, con pueblo, con participación ciudadana  y con justicia social. Para ello se necesita generar una fuerza social mayoritaria, que aún no se vislumbra, pero que los estudiantes y profesores con audacia están ayudando a crear. El futuro es incierto, pero también infinitamente luminoso.