«Caso Bombas» en Chile: contra el miedo, la ardiente solidaridad

8 meses de cautiverio y casi dos meses de huelga de hambre
llevan los jóvenes prisioneros políticos acusados por lo jamás probado; por un
régimen que mortifica con inquina brutal la disidencia de las ideas y las
formas de vivir distintas a las que reproducen al disciplinado consumidor y al
cliente manso.

Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la
miseria en Chile, el mal llamado "Caso Bombas" resulta un paradigma, un modelo
ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento social,
criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de un Estado
policial en el país.

El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación
pacífica de  solidaridad de los
familiares, amigos y personas de honda sensibilidad ante la situación de los
prisioneros políticos, el centro de Santiago estaba copado de Carabineros y
Fuerzas Especiales a lo largo de cuadras completas y bocacalles. Cualquier
joven que pasara por allí en una de las horas punta de la Capital fue revisado por
la policía. Y los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros
políticos fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros
lanzaaguas. Se desconoce el número de detenidos 
y heridos.

El día anterior se había realizado una actividad solidaria,
esta vez en la Plaza
Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró encaramarse a una
pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en la Plaza Italia, donde
desplegaron un cartel por los mismos motivos. Allí también hubo detenidos.

Alejandra Morales es hermana de Pablo Morales, encerrado en
el Módulo de Alta Seguridad de la
Cárcel de Alta Seguridad por el caso en cuestión. El juez
Alejandro Peña solicitó para él presidio perpetuo simple como supuesto ‘líder
de asociación ilícita’.  Alejandra dice
que debido a la huelga de hambre, los jóvenes "están muy débiles, pero fuertes
de espíritu. Han bajado entre 10
a 12 kilos", y agrega que "con el traslado del fiscal
Peña al Ministerio del Interior se confirma la condición eminentemente política
del caso. Pablo fue prisionero político en la década de los 90′ y esta en su huelga de
hambre número 17. Nuestra única expectativa es la verdad y la libertad".
Explica que "las pruebas son irrisorias" y siente que  "estamos luchando contra Goliat. Hoy nos está
tocando  a nosotros en particular, pero
la aplicación de la
Ley Antiterrorista puede ser utilizada contra  cualquier persona. Además, ¿cómo puede usarse
una ley antiterrorista si en Chile no existe el terrorismo, según los propios
organismos internacionales?"

Verónica Garín es pareja de Omar Hermosilla, también privado
de libertad en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad.
El fiscal Peña pide para él 10 años de presidio por ‘asociación ilícita’ y tres
años por ‘financista de la asociación’. 
Verónica tiene un hijo con Omar y cuenta que su pareja "estuvo detenido
en los 90′
por ser miembro del Mapu-Lautaro. Luego salió en libertad condicional a fines
de 1999, y jamás dejó de solidarizar con los compañeros aún detenidos en aquel
entonces. El fiscal Peña lo acusa de ‘financista’ porque en septiembre de 2009
recibió un monto de 900 euros ($ 700 mil pesos, 4 sueldos mínimos) desde el
extranjero para ayudar a los familiares de algunos prisioneros políticos, y
para una biblioteca popular de una casa ocupa. Cuando lo detuvieron él
trabajaba en una empresa desde hace 10 años, a la cual sigue vinculado, y no lo
han despedido. Sus colegas de empleo se han organizado para hacer colectas y
llevarle alimentos a la prisión".

Omar fue presidente del Comité de Administración del Block
72 de la Villa Olímpica,
inhabitable después del terremoto de febrero de 2010. Como damnificado, Omar
fue dirigente, ganándose la animadversión del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex
miembro de la dictadura de Augusto Pinochet como alcalde designado en esa
municipalidad en 1987).

Verónica, periodista profesional, relata que "el fiscal Peña
ha presentado, entre otras pruebas ridículas, una enorme cantidad de libros,
entre los que están incautados textos periodísticos que se venden en las
cunetas y librerías del país. Nosotros no somos ni anarkistas ni ocupas. Desde
el gobierno se ha intentado generar temor entre las personas y organizaciones
sociales para que no apoyen la libertad de los prisioneros".

-¿Cómo luchar contra
el temor?
"Blindados de solidaridad. Gente sin militancia ninguna nos
ha hecho preciosa compañía."

La solidaridad tiene relación originaria con la palabra
‘sólido’. Sólido amor y colaboración entre los seres humanos. Relación donde
nos reconocemos en la necesidad, en la igualdad y la justicia. Síntesis de
aquello que nos vuelve más humanos. La solidaridad es el arma ardiente que
destruye el egoísmo y el temor.

Las razones profundas
de la defensa
Alberto Espinoza es acaso, el abogado más brillante, sólido
y riguroso en materia de Derechos Humanos en Chile. Él lleva la defensa del
imputado y joven comunicador social, Rodolfo Retamales Leiva, para quien el
fiscal Peña ha pedido cadena perpetua simple por su supuesto liderazgo en la
igualmente supuesta ‘asociación ilícita’ de la que se le acusa.

El jurista Alberto Espinoza dice que "en el plano
estrictamente judicial nos encontramos con una investigación desarrollada al
amparo de la Ley
Antiterrorista, que no tiene ningún sustento material
probatorio que permita a cualquier tribunal con independencia formarse ninguna
convicción condenatoria".

-¿Por qué?
"Los antecedentes son muy precarios, muy débiles, muy
repetitivos. La acusación que ha formulado el fiscal Peña resulta francamente
poco seria hasta en su estructura formal. El fiscal Peña hace alusión a más de
7 mil evidencias, 800 testigos, unos 300 peritajes. Sin embargo, nos
encontramos con que hay más de 3 mil evidencias repetidas."

-¿Cómo así?
"Por ejemplo, una misma cuenta del BancoEstado se encuentra
repetida 4 veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está
tres veces. Igual cosa ocurre con material fotográfico. Se utilizan como
evidencia colillas de cigarrillo que carecen de todo peritaje. Hay tarjetas del
transporte público y hasta juegos de llave que se emplean como pruebas. Existen
hechos ocurridos en 1992 que ni siquiera son motivo de la investigación, como
la compra y venta de un automóvil. Toda esta ‘prueba basura’, después de ser
despejada, puede quedar reducida a unas 500 evidencias, que tampoco comportan
un mérito probatorio como para que un tribunal se haga una convicción de
condena. Confiamos en que cuando un tribunal conozca estos antecedentes no
podrá llegar a otro resultado que a la absolución de los acusados."

Una de las acusaciones más graves que cae como techo de
plomo sobre los jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en el llamado ‘montaje
del caso bombas’ corresponde a una pretendida ‘asociación ilícita terrorista’.
Pero el abogado Espinoza es vehemente cuando señala que "elementos de
terrorismo no se logran advertir de ninguna manera. No hay armas, ni explosivos
incautados. Nada puede sostener que este grupo de personas pudiera estar
comprometido en hechos ilícitos, y menos en ilícitos de carácter terrorista."

No obstante, la cuestión de fondo es política. Alberto
Espinoza indica al respecto que "aquí nos encontramos frente a una acción
política de parte del Estado, donde se han articulado las fuerzas del Poder
Ejecutivo con la fuerzas del Ministerio Público, más las fuerzas de las
policías -Investigaciones y Carabineros-, para emprender un proceso de
criminalización de la protesta social. Los muchachos efectivamente, son
conciencias antisistémicas, descontentas del neoliberalismo, de las formas como
se administra el Estado, de las políticas represivas, de las desigualdades
sociales generadas por el modelo económico. Y ello es legítimo. Pero aquí se
busca criminalizar esta forma distinta de pensar respecto del actual estado de
cosas".

-¿Y de dónde nace el
castigo a la disconformidad social, política, económica y cultural?
"Se arrastra desde los gobiernos de la Concertación. Y es
una estrategia represiva que se expresa en la persecución al pueblo mapuche.
Ahora se amplía a estas personas antisistémicas. Y todo al amparo de la Ley Antiterrorista."

-Hay gente que mira
hacia el lado, pensando que no es asunto suyo…
"Esto es altamente preocupante desde el punto de vista de
los derechos cívicos y ciudadanos, porque bajo la actual dinámica represiva
pueden extender el ‘terrorismo’ a acciones absolutamente poco relevantes. Si
están empleando una tarjeta Bip (sistema de pago del trasporte colectivo
Transantiago) como evidencia para acreditar que una persona es parte de una
asociación ilícita terrorista, estamos entonces, llegando a extremos insólitos,
absurdos, abusivos. Sobrepasan incluso prácticas utilizadas por la dictadura
militar."

-Ha sido un caso, en
general, muy explotado por los grandes medios de comunicación…
"Eso lo prueba el hecho de que ante las cámaras, el fiscal Peña se presenta
hablando de 7 mil evidencias. Eso es fácil decirlo, toda vez que la defensa no
tiene la cobertura para contravenir fundadamente esas afirmaciones. Por tanto,
la opinión pública se queda con la sola versión del fiscal. Pero, tanto las
evidencias, como los testigos y los peritos están multirepetidos."  

Hace pocos días, el fiscal Peña sorprendió al país,
informando que del Poder Judicial partiría a trabajar al Ministerio del
Interior, junto al jefe de la
Cartera, Rodrigo Hinzpeter. Los textos escolares explican que
las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la independencia de los
poderes del Estado. Ello constituiría una garantía ciudadana, que en este caso,
a través del salto de los tribunales al marcapasos de La Moneda del todavía fiscal
Alejandro Peña, se violentaría con velocidad lumínica y en portadas a todo
color.

En este sentido, el abogado Espinoza califica el episodio
como "vergonzoso. Y refleja con claridad el sustento de fondo que tiene esta
investigación. El Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente
del Poder Ejecutivo; sin embargo, aquí ha quedado en evidencia que el fiscal
Peña estuvo actuando como un paniaguado del Ministerio del Interior, el cual es
querellante de esta causa. De algún modo, siempre hay que guardar algún grado
de decencia pública porque Alejandro Peña no es una persona común y corriente
que anda buscando trabajo. Se trata de un funcionario público en quien la
sociedad ha confiado la potestad institucionalidad de perseguir a gente ligada
a hechos ilícitos. Es criticable el suceso porque debe primar siempre el principio
de objetividad del Ministerio Público, esto es, investigar con igual celo
aquellos elementos que son inculpatorios de los imputados, como aquellos
elementos que los eximen, los extinguen o los atenúan. Pero aquí el fiscal
operó de manera estrecha con el Ministerio del Interior", y el jurista añade
que "esto quedó reflejado desde que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, removió
al fiscal Armendáriz para nombrar al fiscal Peña en la causa. Y entonces
existen también responsabilidades en la aplicación de la Ley Antiterrorista
en el fiscal nacional Chahuán. El ministro del Interior, Hinzpeter visitó al
fiscal Chahuán e inmediatamente después se cambia a Armendáriz por Peña. Por
eso el fiscal Sabas Chahuán tiene cuestiones que responder al respecto".

Abril 13 de 2011