Así maltrataron a los abuelos: Las injusticias de la Justicia chilena

 “Así trataron y maltrataron a los abuelos” decía un campesino mapuche,
recordando la historia, mientras asistía al proceso judicial de
dirigentes de su comunidad. Prolonguemos su frase diciendo, así
maltratan a sus descendientes: perseguidos, condenados y ahora treinta
dos presos políticos en huelga de hambre desde el 12 de julio.

Hasta aquí, autoridades gubernamentales, partidos enquistados en el
poder, parlamento, han hecho caso omiso de lo que ocurre en las cárceles
de Concepción, Lebu, Angol, Temuco, Valdivia, en donde se encuentran
detenidos los huelguistas. Son los organismos de derechos humanos,
organizaciones sociales, culturales, los que han actuado para señalar la
gravedad del hecho y la necesidad de alcanzar una solución. ¿Qué
reclaman los huelguistas? Que no se les aplique la ley antiterrorista,
que no se les someta a un procesamiento doble: por tribunales civiles y
militares, que se ponga fin a la persecución de algunas comunidades
particularmente golpeadas por operativos policiales. ¿Se trata de una
demanda desmesurada?
 
La indiferencia de responsables políticos ante la huelga de hambre como
recurso extremo para defender derechos, es reveladora de la realidad de
una sociedad; denota un déficit de canales políticos e institucionales
representativos para atender las demandas de diferentes sectores de la
población.
 
La huelga de hambre deja en evidencia la parcialidad de la justicia.
Citemos algunos ejemplos sintomáticos: Pascual Pichun, Aniceto Norin y
Patricia Troncoso fueron procesados por « ataques incendiarios ». Un
tribunal los absolvió en el 2003. El dueño del fundo Nancahue, a quien
se confrontaban los acusados, presentó un recurso de nulidad ante la
Corte Suprema que desconoció las sentencias absolutorias y condenó a
Pascual Pichun a cinco años de cárcel por « amenaza terrorista » (una
carta a los dueños del fundo constituía la prueba) y diez años de cárcel
para Patricia Troncoso por « asociación ilícita terrorista ». En el
2004 coincidieron en la acusación a mapuche, el subsecretario del
Ministerio del Interior que habló de « delincuentes », los fiscales y
una empresa forestal. Hoy se procesa doblemente a los « culpables »
pidiéndose penas que van desde 40 a 103 años de presidio. ¿A cuántos
interpela el hecho de que un país miembro de la OCDE, que hace gala de
éxitos económicos, maltrate los derechos esenciales de una parte de su
población y empuje a 32 mapuche a exponer sus vidas para defender sus
derechos?
 
 ¿Cómo entender lo que ocurre en materia de justicia?  Si nos
atuviéramos a la Constitución Política del Estado, no lograríamos
despejar nada: « En Chile no hay persona ni grupos privilegiados…
Hombres y mujeres son iguales ante la ley ». Esto no se aplica a los
mapuche. Debemos referirnos entonces a la Ley Antiterrorista que en unos
de sus artículos define las « conductas terroristas »: secuestro,
atentados contra medios de transporte público, utilización de bombas o
artificios explosivos o incendiarios « con la finalidad de producir en
la población o parte de ella el temor justificado de ser víctima… ».
¿Debería desprenderse que los presos políticos infundieron temor a un
sector de la población? ¿A cuál? Posiblemente a las multinacionales como
Endesa que construyó la represa hidroeléctrica Ralco obligando al
desplazamiento de los pehuenches que allí habitaban y sepultando un
cementerio, o a las empresas forestales transnacionales que no han
trepidado en recurrir a guardias privados. ¿Es para salvaguardar a esos
grupos atemorizados que el Estado neoliberal ha desencadenado una
política represiva? ¿Por eso se encarceló a decenas de mapuche, se
asesinó a Alex Lemun (2002) a Matías Catrileo Quezada (2008) y a Jaime
Mendoza Collío (2009)?
 
Naturalmente, los responsables de esos crímenes fueron dejados en
libertad por tribunales de justicia sin que alguien exclamara: « Nadie
está por encima de la ley », como lo hiciera una vocera de gobierno
(julio 2009) cuando se condenaba a un dirigente mapuche.
 
Habrá que rendirse probablemente a la evidencia. Como lo escribió un
académico de la Universidad Central: históricamente a los mapuche « los
hemos torturado y tratado como animales, vejado a sus líderes
religiosos, marcado con hierros, alcoholizado…para procurar que ellos y
sus familias se mueran en la miseria ». Pero que desaparezcan
discretamente, sin revueltas ni violencia. Y si no fuera así, « los
meteremos en cintura invocando la ley y usando los largos brazos de la
policía. No hay nada de qué preocuparse, porque el sistema político y
jurídico está diseñado para esto » (C. Reusser M., El Mostrador.cl,
20.8.10).
 
A este académico no lo desmentirían los campesinos mapuche que, en las
primeras décadas del siglo XX, conocieron de decenas de asesinados por
defender sus tierras, supieron de casas y sembrados incendiados, de
usurpaciones, de marcaciones a hierro candente o corte de oreja. En la
época, los oligarcas no pusieron el grito en el cielo por el atropello a
la propiedad privada, ni por « ataques incendiarios », ni por el Estado
de derecho; era un asunto de « indios flojos y borrachos ». Tampoco lo
contradeciría el poeta Pablo de Rocka que escribió: « a los mapuches les
saquean el ganado, les incendian las sementeras y luego les echan los
perros de la ley encima », ni Gabriela Mistral que se refirió a los
abusos cometidos « a un kilometro de tribunales indiferentes ». La
justicia ha sido históricamente injusta con los mapuche.
 
¿Otro ejemplo? Mientras el país se apresta a celebrar el Bicentenario,
recordemos la carta de Alejandro Venegas dirigida al Presidente Ramón
Barros Luco en 1910. Hace precisamente un siglo. En un pasaje relativo a
los mapuche señalaba:
 
« La víctima que, como no tenía noticia de lo que en su contra se había
fraguado, no entendía una palabra de lo que se le pedía, naturalmente se
negaba a entregar su hogar i sus tierras a aquel advenedizo. Entraba
entónces a obrar la justicia i después de los trámites acostumbrados, se
presentaba algun ministril acompañado de fuerza pública i lanzaba de su
propiedad al infeliz indio, le destruía sus sementeras, le quitaba sus
ganados para pagarse de las costas y le quemaba su ruca, para que no
tuviese la idea de volver a reconquistarla ».
 
¿Hablaremos entonces de igualdad ante la ley tanto ayer como hoy? No es
por nada, suponemos, que más de un 50 % de los chilenos tenían una
opinión desfavorable de los Tribunales de Justicia y del Poder Judicial
según una encuesta nacional (2005) del Instituto de Investigación de la
Universidad Diego Portales y de El Mercurio Opina (G. Salazar, 2009).
 
La arremetida contra las demandas mapuche no debería dejar indiferente
al constatar que el « Estado empresario » se ha valido de instrumentos
instaurados por el régimen dictatorial: Constitución Política (1980),
Ley Antiterrorista (1984), Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) creado
en 1979 y que ha actuado en la represión a las movilizaciones mapuche.
¿En cuántos países democráticos, que no han estado exentos de tensiones
sociales, se aplica hoy una ley antiterrorista? ¿En cuántos de ellos los
tribunales recurren a testigos « sin rostro », a jueces y a fiscales
que acusan, persiguen y juzgan a la vez? Al parecer esto no preocupa a
un buen número de responsables políticos; ni siquiera saber si eso está
reñido o no con la democracia, incluso con la democracia como la
entienden los neoliberales.
 
No es menos preocupante observar que medios de información controlados
por empresas o grupos económicos (prensa, radio, televisión) han tendido
casi un cerco de silencio en torno a la huelga de hambre (mientras dan
amplia cobertura a huelgas de hambre en Cuba). Una vez más, son los
medios de información alternativos, especialmente prensa electrónica,
que entregan información con una cobertura que no se compara a la de los
grandes medios. ¿Es esto novedoso o sorprendente? No, desde luego. Se
ha conocido una discriminación flagrante en la información. ¿No  hay
nada que decir acerca del derecho a una información plural?
 
Cualquiera, al leer la prensa, al mirar la televisión, al escuchar la
radio, de los grupos económicos, podría pensar que los actos terroristas
cometidos en otros puntos del planeta causando centenas de muertos
entre la población civil, no son nada ante el llamado « terrorismo »
mapuche. La acusación de terrorismo es un argumento falaz destinado a
desalentar las movilizaciones reivindicativas. El terrorismo agitado a
través del Estado y de los medios de información dependientes de
potentes intereses económicos, podrían estar más bien revelando resabios
de un orden autoritario y una concepción elitista de la política, una «
política –para decirlo con una frase de N. Lechner (2002)- que se
contenta con la gestión de los negocios de cada día », es decir, sin
perspectiva colectiva.
 
Hace unos días, el Presidente Piñera ha dicho que « la violencia no
conduce a nada ». Si no lo dijo con sentido politiquero para
descalificar a los mapuche, sino con el ánimo de ahondar en el tema,
habrá tocado un punto clave. ¿Su idea de violencia engloba la violencia
dictatorial y la violencia institucional? Un campesino mapuche
comentaba: « Nos acusan de violentos. ¿Qué es la violencia? Los mapuche
han sufrido una violencia histórica. Esto ya fue subrayado por un grupo
de historiadores en declaraciones del 2008 y 2009. Mientras no se
reparen las injusticias cometidas contra los mapuche, persistirán las
movilizaciones como ha sucedido a lo largo del siglo XX y en lo que va
del siglo XXI.
 
¿Persistirá el Estado neoliberal en una política punitiva y
amedrentadora mediante aparatos policiales y la ley? ¿El gobierno
mantendrá su sordera ante llamados a encontrar una rápida solución
provenientes de diferentes organizaciones, incluso de diputadas y
diputados del Parlamento Europeo? ¿Se insistirá en una política de
postergación de las demandas mapuche como ocurrió durante la mayor parte
del siglo XX?
 
El gobierno de Salvador Allende fue una excepción. Este no hizo oídos
sordos a las demandas de las organizaciones mapuche, valorizó su cultura
y no reprimió sus movilizaciones. Una excepción de 1000 días en una
historia de 100 años, para referirnos sólo al siglo XX. ¿Se ha superado
hoy « el peso de codicias, de miedos y de tradiciones obsoletas » al que
se refirió Allende? Para los mapuche, « el peso de codicias » se
manifiesta hoy en persecución y cárcel. ¿Ha variado lo que dijera el
juez Juan Guzmán? : « En treinta y cinco años de ejercicio en el seno de
la magistratura chilena…pude medir hasta qué punto la justicia estaba al
servicio de los poderosos » (2005). Para los mapuche, la herencia de la
Justicia no se ha modificado, se les condena no por crímenes cometidos
sino por defender el derecho a una vida digna.
 
Denunciando la criminalización de las movilizaciones mapuche,
solidarizando con quienes realizan una huelga de hambre por procesos más
equitativos, se defienden espacios de democracia, derechos colectivos e
individuales, la libertad de expresión a la evidencia atropellada por
los medios que controlan la información y buscan confundir a la opinión
pública para legitimar ideológicamente una política discriminatoria. La
causa mapuche es también la de todos aquéllos que aspiran a mayor
libertad y a una sociedad más justa.
lunes, 13 de septiembre de 2010

*Fuente:
El Clarin