Colombia, Fallo Constitucional: Seis votos en contra de las bases norteamericanas, 3 a favor

Bogotá.- La Corte Constitucional de Colombia declaró "inexequible"
(inaplicable o sin efecto) el acuerdo entre los gobiernos de Colombia y
Estados Unidos, que permitiría el ingreso de militares del país
norteamericano en siete bases militares.

La votación quedó dividida en seis a favor de la inaplicabilidad y tres en contra.

Pese al fallo, todavía no se sabe si tendrá efecto inmediato o no, destacó el diario El Espectador en su página web.

La instalación de siete bases militares en Colombia sufrió así su primer
descalabro luego de que Jorge Iván Palacio, el magistrado ponente,
emitiera su concepto desfavorable a la aprobación del acuerdo por parte
de la Corte Constitucional.

El Gobierno deberá darle ahora trámite al tratado con Estados Unidos en
el Congreso para que uniformados y contratistas de EEUU estén en siete
bases colombianas, acotó Semana en su página web.

Con su decisión, el alto tribunal le devuelve el tratado al presidente
Juan Manuel Santos para que la Casa de Nariño le dé el correspondiente
trámite en el Congreso.

"Mientras su paso por el Legislativo se cumple, el acuerdo militar
quedará sin vigencia, contrario a lo que se había planteado antes de
darle un plazo de un año para que el convenio fuera analizado por el
Congreso", dijo Semana.

El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos contemplaba que personal
militar estadounidense (hasta 800 militares y 600 contratistas) puede
operar desde las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena
Medio), Apiay (Meta); las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el
centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia
(Caquetá).

"Desde el año pasado, funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro
Uribe explicaron que el convenio no significaba la creación de bases
militaresestadounidenses como tal, y que las bases de Malambo,
Palanquero y Apiay seguirían en manos colombianas sin restricciones, y
los norteamericanos tendrían que solicitar el visto bueno de los
oficiales nacionales para las misiones que desde allí se proyectaran",
destacó Semana.

"En teoría, con el acuerdo Colombia obtenía más recursos, tecnología y
asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos
armados para hacer trabajos de inteligencia en tiempo real, como la que
facilitó la Operación Jaque para liberar a 15 secuestrados por las FARC,
entre ellos a Íngrid Betancourt", destacó Semana.

"Además, se esperaba que lo que Estados Unidos invirtiera en
infraestructura se quedaría en el país. Sólo para Palanquero ya habían
sido aprobados 42 millones de dólares", indicó Semana.

El convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De
hecho fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y
Venezuela que llevó a la primera ruptura de relaciones en agosto del año
pasado, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirar su
embajador y a casi todo el personal diplomático de Bogotá, por
considerar una amenaza para su seguridad la actividad de militares
estadounidenses en Colombia.

La iniciativa, según el Gobierno colombiano, era complementaria de un
acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos vigente desde 1974, y
Washington aseguró en diciembre que no se estaba negociando ningún otro
pacto, como se llegó a señalar.
martes 17 de agosto de 2010


–    La demanda ciudadana que analizó la corte fue interpuesta por la
organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo.  http://www.colectivodeabogados.org/

*Fuente: El Universal

http://www.colectivodeabogados.org/

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" es una Organización No
Gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, con sede en
Bogotá, y está conformada por profesionales del derecho y estudiantes
colombianos, cita en su página de Internet. Este grupo fue el que
solicitó a la Corte Constitucional colombiana la revisión del acuerdo
militar firmado entre Colombia y EEUU el 30 de octubre de 2009.

El colectivo asegura que su principal objetivo es "buscar y establecer
la verdad, la justicia y reparación integral por las violaciones a los
Derechos Humanos y Crímenes contra los cometidos en Colombia ante
instancias nacionales e internacionales".

En el primer Gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe
(2002-2006), entre 2003 y 2005, el ahora ex mandatario profirió fuertes
críticas contra integrantes de ese colectivo, ante los reproches que
recibía por parte de sus miembros y del bloque entero hacia alguna de
sus polémicas decisiones en materia política y humanitaria. Este hecho
desencadenó fuertes tensiones e incluso, miembros de la agrupación
fueron víctimas de amenazas de muerte.

*Fuente: El Universal