Cobre chileno: La historia del saqueo y la traición

• El proceso de nacionalización del metal rojo
• La ofensiva privatizadora de Piñera
• Las responsabilidades de la Concertación en la desnacionalización
• Fuertes denuncias del ex senador Jorge Lavandero

Patricio
Malatrassi es economista y fue representante de los trabajadores de la
minería del cobre en el yacimiento de Chuquicamata durante el gobierno
de la Unidad Popular. Recuerda que el mayor argumento en los 60 del
siglo XX usado por los detractores de la nacionalización del metal rojo
se sostenía en que “el conocimiento técnico para manejar una riqueza de
esa envergadura no estaba, supuestamente, dentro de las capacidades de
los chilenos. Entonces pasar la propiedad del cobre de la propiedad
privada al área social significaría el caos.”

ALLENDE: "LO MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE"
La
Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente
Salvador Allende en  julio de 1971, comportó el clímax  de un largo
proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo que siempre
reivindicaron como una demanda de soberanía recuperar el cobre para los
chilenos. Allende llamó a este hecho "Lo más importante después de la
Independencia de Chile" y el día de su puesta en vigencia, a través de
todos los medios de comunicación, afirmó que “este acto tiene una
extraordinaria trascendencia (…) que significa una modificación a la
Constitución Política que acentúa la fuerza al sentido nacional de
nuestra patria (…) es por eso que agradezco la presencia de los poderes
del Estado: el Presidente del Senado; el Presidente de la Corte Suprema ;
el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el Contralor General de la República ;
el compañero Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de
Trabajadores y el compañero Héctor Olivares, Presidente de la
Confederación de Trabajadores del Cobre. En este acto se firma el
Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional aprobada por
unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma
constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la Gran
minería del Cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas
de nuestro país. Más allá de las fronteras que dividen a veces a los
hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer
posible que Chile empiece a caminar hacia su definitiva independencia
económica”.

Ya
Luis Emilio Recabarren  señaló en un artículo en el Diario El
Socialista de Antofagasta en 1920 que "Los problemas de la miseria y de
la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a
sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias
extractivas. Nacionalicemos las minas del carbón, las salitreras, los
bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria
nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas
por el gobierno o las municipalidades respectivas".

En 1951 los
senadores del Partido Comunista, Salvador Ocampo y Elías Lafertte
presentaron en el Congreso el Primer Proyecto de Ley de Nacionalización
del Cobre.

Los enemigos de la nacionalización durante la UP

Malatrassi
informa que “el gran desafío del momento era resolver el problema  de
que la producción se mantuviera y acrecentara, si era posible. La
realidad era así. Toda la planificación y el desarrollo de esta riqueza 
venían elaborados del extranjero“. El economista que vivió en carne
propia el proceso duro de la nacionalización cuprífera explica que “los
ingenieros chilenos, en su momento, eran capataces  que aplicaban las
políticas de desarrollo  que venían elaboradas  fundamentalmente por
Anaconda Copper Company, desde Estados Unidos. Por fortuna me encontré
con una persona excepcional, el Gerente General David Silberman Gurovich
(ver recuadro). Logró tomar al conjunto de los supervisores de la
empresa (Chuquicamata) y enrolarlo  en una entrega importante, toda vez
que existían fuerzas profundas y ocultas que trataban de desviarnos de
nuestra dirección”.

El profesional evoca que “se manejaba mucha
plata y se trataba de corromper a las personas, ofreciendo casas, autos,
etc. Era gente que quería que el proyecto fracasara. De hecho, cuando
era inminente el triunfo de la Unidad Popular, los enemigos de la
nacionalización “florearon las minas”, es decir, explotaron aquellos
lugares que eran más ricos por la calidad del metal y acumularon
material estéril en sitios donde después se tenía que seguir
produciendo. Ello se tradujo en un proceso de racionalización de la
producción tremendamente caro y peligroso.”

La nueva fase de privatización: el papel de Diego Hernández

El
ex senador Jorge Lavandero manifiesta que cuando se inició la tarea,
primero de chilenizar el cobre con Frei Montalva (51 % de propiedad
estatal), y luego la nacionalización íntegra con Salvador Allende “a las
empresas privadas se les cobraba un impuesto según su producción que
iba de un 65 a un 85 %, el cual era pagado y seguían ganando.”

Y
en la actualidad, mientras en Australia –donde están las mineras más
grandes del globo- la tasa de tributación efectiva alcanza el 43 %, en
Chile, de acuerdo a Jorge Lavandero, “de las 47 empresas de cobre según
el Servicio de Impuestos Internos, sólo dos y en forma esporádica han
pagado impuestos, las otras 45, nunca.” Por lo demás, en el país se
emplea erráticamente el término “royalty”, cuyo significado preciso es
“renta”. Y corresponde a un derecho que tiene el propietario, en este
caso el Estado, sobre los bienes que son de su propiedad. En Chile no se
cobra ese derecho sobre la renta a las grandes mineras. Se entregan
gratuitamente. 

Por su parte, el doctor Edgardo Condeza,
Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos,
asegura que Chile representa sólo el 0,25 % de la superficie terrestre,
“pero tiene el 37 % de las reservas conocidas de cobre en todo el
planeta”, y agrega que “su costo de producción es el más bajo del mundo,
y produce la tercera parte de todo el cobre de La Tierra.”

El
economista y académico, Orlando Caputo (quien fuera representante de
Allende en el Comité Ejecutivo de CODELCO y Gerente General de CODELCO),
cuenta que la Constitución señala categóricamente que “El Estado tiene
el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas
las minas. Sin embargo, el impuesto transitorio a la gran minería
propuesto por el actual presidente Sebastián Piñera, reafirma las
normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los
yacimientos mineros. Esta traición a Chile se aprobó en dictadura,
ideada por su hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de
Pinochet, y en momentos que Sebastián tenía problemas jurídicos como
máximo ejecutivo del Banco de Talca.”

Caputo dice que Sebastián
Piñera ha iniciado una nueva fase de privatización del CODELCO,
comenzando con actividades esenciales como el suministro de energía
eléctrica. Asimismo, pretende privatizar los ricos yacimientos de
CODELCO que aún no han sido explotados.

En 1990, la dictadura
había privatizado alrededor del 10 % del cobre, mientras el 90 % seguía
en manos del Estado. Los gobiernos de la Concertación han dejado la
propiedad estatal del metal rojo en un 27 %, mientras un 73 % está en
poder del capital extranjero.

Diego Hernández fue nombrado por
Piñera como presidente de CODELCO. Hernández fue antes un alto ejecutivo
de la gigante BHP y de Minera Escondida, y dirigió varias mineras
transnacionales. Al respecto, Patricio Malatrassi indica que Diego
Hernández “está trabajando para modificar los planes de desarrollo de
CODELCO y explotar brutalmente aquellos lugares donde el cobre tiene más
alta ley, desechando los otros, e hipotecando los intereses
nacionales.”

En este sentido, además Sebastián Piñera nombró al
abogado Juan Luis Ossa en el Directorio de Codelco. Ossa apoyó
directamente a José Piñera en los 80’ cuando él era ministro de Minería
de la tiranía, en la elaboración de la llamada Ley Orgánica
Constitucional sobre Concesiones Mineras, que entrega gratuitamente en
propiedad privada los yacimientos.

El precio del silencio

El
ex senador Lavandero sostiene que el valor de CODELCO, a tres dólares
la libra, es de un billón 400 mil millones de dólares. Y las utilidades
de la industria cuprífera  se encuentran entre el 200 y 400 %, entonces
“que haya ministros de Estado o senadores, como Evelyn Matthei, que
dicen que no hay una rendija para colocar un impuesto a estas empresas
multinacionales, no significa otra cosa que esas corporaciones entregan
plata para capturar votos y así nada se cambie en el país. De este modo
se compran presidentes, senadores, etc. ¿Cuánto cuesta una candidatura
presidencial como la de Ricardo Lagos o la señora Bachelet? ¿100
millones de dólares? ¿Quién puede entregarle a Jovino Novoa 10 millones
de dólares para su candidatura senatorial por Santiago? Cuando la
industria del cobre gana 20 mil millones de dólares en un año, ¿Qué le
significan 100 o más millones de dólares?”

Por otro lado,
Patricio Malatrassi declara que a las transnacionales “no les interesa
dejar de producir concentrado de cobre, porque contiene otras materias
primas incluso más valiosas que el cobre. Del concentrado de cobre se
puede extraer molibdeno, plata, oro, metales raros, litio. Aquí en Chile
se podría crear una industria pesada al servicio y para bienestar de
todos los chilenos.”

El Detenido y Desaparecido Gerente General de Cobre Chuqui, David Silberman

El
20 de abril de 2009, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la
investigación por el secuestro calificado de David Silberman Gurovich,
ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en Santiago.

En fallo
dividido, los ministros  ratificaron el fallo  penal que había
establecido las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 7 años
de presidio efectivo; Marcelo Moren Brito: 7 años de presidio efectivo;
Carlos Labarca Sanhueza: absuelto por falta de participación; y Marcos
Derpich Miranda: absuelto por falta de participación.

David
Silberman Gurovich fue un ingeniero civil casado y Gerente General de
Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militante del Partido
Comunista, se presentó voluntariamente el 15 de septiembre de 1973 ante
el Comandante Militar de Calama, quedando detenido y sometido a proceso
por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra.

El 28 de septiembre
de ese año el Consejo de Guerra dictó sentencia, condenándole a la pena
de 10 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad
del Estado y a 3 años por Ley de Control de Armas, debiendo cumplir su
condena en Santiago. Alrededor del 2 de octubre fue recluido en la
Penitenciaría de esta ciudad.

El  4 de octubre del mismo año, fue
sacado de la Penitenciaría y llevado a la Academia de Guerra de la
Fuerza Aérea , permaneciendo en ese recinto hasta el 20 de octubre, día
en que fue devuelto a la Penitenciaría de Santiago.

En esta
fecha, David Silberman fue sacado del recinto carcelario por agentes de
la DINA que falsificaron documentos del Ejército para engañar a
Gendarmería y lograr la entrega del detenido. Fuera del recinto, David
Silberman fue trasladado a la casa que la DINA mantenía en José Domingo
Cañas.

De allí, el 5 de octubre fue llevado a 4 Alamos, para ser
luego nuevamente conducido a José Domingo Cañas, en cuyas dependencias
permanece hasta mediados del mismo mes en que es trasladado a 4 Alamos,
desde donde desaparece a fines de octubre o primeros días del mes de
noviembre.

El cuerpo del personero allendista continúa desaparecido.