Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano

Los paramilitares no existen (1): Oaxaca
Sobran elementos en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos
paramilitares en franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas.
Sus acciones criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han
recrudecido en meses recientes, bajo una consistente protección del
gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre
con armas de uso exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de
negro, sólo en mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de
Hidalgo y Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio
autónomo San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo
armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos
paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es
la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la
Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y
organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la
impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador,
Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un
conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.

Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes murieron
emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el observador de paz
Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el líder del multi y
parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San Juan Copala,
Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro. Esto llamó la
atención nacional e internacional, y una segunda caravana de paz intentó
romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único caso. El 5 de
mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50 integrantes del grupo
paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales Arias bajaron de la
comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma Chalcatongo”. El grupo
colocó barricadas en los caminos, “dejando incomunicado a los
pobladores, y ha amenazado con matar a los que pretendan salir”, declaró
Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales de Chalcatongo de
Hidalgo.

“Los paramilitares, con armas de alto poder, bajaron de su comunidad
realizando disparos al aire, tratando de sembrar el terror en La Paz y
Reforma, lo que originó que los pobladores se encerraran en sus casas
para evitar ser asesinados.”

Los paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso
Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días
pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso
de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.

Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural de La Paz,
mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante la noche”.
Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos Humanos y
Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes se
encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales,
estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante
denuncias formales y peticiones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas
cautelares a 177 personas de Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino)
“en grave situación de peligro por la amenaza que representa el grupo
paramilitar que opera en dicha zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia
“que en Oaxaca existen grupos paramilitares que cuentan con la
protección del Estado, ya que actúan de manera reiterada y cada vez más
violenta, en total impunidad, sin que la procuración de justicia sea
eficaz e imparcial”.

Cabe mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un
municipio mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el
cacique de Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar,
Morales Arias, es parte del grupo de protegidos del gobernador y los
sucesivos secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o
legisladores, han asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca.
Chalcatongo y Santo Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.

El 29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle
informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon
contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la
Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el
blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”.

Nicanor Jiménez Garcí­a, suplente del agente municipal de Zimatlán dijo
que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de negro”
atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros que
rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a
buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los
cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases.

Los más de 150  paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la
comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la
situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los
pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los
cerros e inicien ejecuciones”.

Una explicación posible de este recrudecimiento está en el actual
proceso electoral, que para estos políticos profesionales significa el
Aleph: ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero
trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del
poder de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen
recursos minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de
transformarse en autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán,
los paramilitares atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o
también potenciales rutas para el narco y los polleros.

Una temporada de abusos
Según el informe en 2010 de Aministía Internacional (AI) El estado de
los derechos humanos en el mundo, “en México aumentaron las denuncias
por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza,
perpetrados por miembros del Ejército en tareas policiales y por
policías federales, estatales y municipales”.

Amnistía Internacional añade: “Familiares y víctimas que intentaron
denunciar a militares fueron amenazados, y las autoridades
gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la
impunidad de éstos”. Además, continuaron los asesinatos y secuestros de
mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año
pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y
secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a miles de  migrantes,
mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce periodistas fueron
asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio
y cargos penales falsos”.

Sierra Huichola:
despojo y destrucción del bosque
Un ejemplo de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de
“Focos rojos” de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció
mecanismos de retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes
por años invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los
litigios en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un
caso, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley
lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto).
Ello restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes
fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin
que ningún tribunal pueda impedirlo.

Los principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben
demostrar nuevamente que son las legítimos dueños del territorio
invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas
institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no
hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las
comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques,
incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del
bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de
la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de
extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió
la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y
Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a
la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro
cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique
Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los
wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla.

Y mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los
comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito
(Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos
de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con
permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y
nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres
rifles .22!

De igual manera, el 29 de mayo habían sido “desarmados” en Jalisco
cazadores wixaritari de San José Hayukarita, en la comunidad de San
Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo
mismo ocurrió en Ciénega de los Osos, dentro del territorio tepehuano de
Santa María Ocotán, (Durango). En todos los casos, esto representa un
hostigamiento a los trabajos ceremoniales indígenas.

Los paramilitares no existen (2): Ostula
En Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es
descrita así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos
los Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de
ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la
recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas
hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese
mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares
con rifles AK 47.

El pasado 23 de febrero, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles
fueron desaparecidos por un comando armado mientras se encontraban en un
restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando
paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitió la
casa del presidente del comisariado de Bienes Comunales, Francisco de
Asís Manuel, a quien secuestró y llevó “con rumbo desconocido”. 

El 7 de mayo, unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder,
incursionaron en la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El
Faro en la comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en
la población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después
por la carretera federal con absoluta impunidad”.

La Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la
zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y
el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de
Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de
las autoridades”.

Desde junio de 2009 han sido violentamente asesinados ocho comuneros
nahuas de Ostula, Coire y Pómaro “sin que los crímenes hayan sido
investigados por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la
comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos
cárteles de droga, que gozan de una completa impunidad y que se han
puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a
la población indígena”.

Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha venido
denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas. 

En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la
Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión para
imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados
con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el Desarrollo
Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera
Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.

Minería brutal: el proyecto de los depredadores
Las corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción
nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso
les funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar
sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”,
muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC),
Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva
escalada de apropiación del territorio (3 de junio).

“El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto
interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno,
desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o
concentrándola en núcleos urbanos, como el programa gubernamental
Ciudades Rurales Sustentables  en Chiapas. De este modo, regiones con
alta concentración de recursos quedarán disponibles para las empresas en
alianza con los gobiernos.

“La consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida
campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta
“dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para
el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la
militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más
silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la
población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.

Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la instauración de
megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles de personas, su
modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al saqueo del
territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”. La milpa y
la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos ecoturísticos,
carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre
bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza”, concluye
CIEPAC.

Nadie más rampante que las mineras. Paramilitarización, desplazamiento,
emboscadas y terror acompañan a muchos de los proyectos mineros, que
—según el investigador Andrés Barreda— “pasaron de la perforación de
túneles a la minería a cielo abierto, que entraña un despanzurramiento
de la región en pos de mucho menores cantidades de mineral, a cualquier
costo social y ambiental”.

Un caso ejemplar es la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el
tribunal federal de justicia fiscal falló contra sus operaciones, sigue
funcionando. Juan Carlos Ruiz Guadalajara explica (nota de Angélica
Enciso, La Jornada, 28 de abril): “Ahora la compañía canadiense labora
sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma
oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual
determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales.
La minera, en una zona semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de
litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no
podrá ser reutilizado”.

La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de
corteza terrestre. “Con ese método de explotación a tajo abierto, cuesta
180 dólares una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200
dólares. Por cada 28 gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de
montaña”.

Ya en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha en
Canadá, documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba: “El
debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los
movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos
mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a
dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las
empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el
control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo
y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan
actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de
las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos
naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante
años”.

Continuum Resources, de Vancouver, tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más
de 70 mil hectáreas, y “consolida su dominio en terrenos aun mayores”.
En septiembre de 2006, la empresa Chesapeake Gold Corp. anunció haber
cedido en Oaxaca casi la totalidad de dos proyectos a Pinnacle Mines.
“La Horseshoe Gold Mining, adquirió 60 por ciento de las acciones de
Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear Gold Corp de Halifax también es
dueña de un proyecto minero en marcha”.

El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala
aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las
compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la
caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una
activista contra la minería.

Desalojos “ecológicos” contra la autonomía comunitaria
El 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
presentó un informe sobre las situación de las garantías de los pueblos
de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los
procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente
en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye,
reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas
propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos
colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de
sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de
desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos
naturales”.

Planes como el Proyecto Mesoamérica, que promete infraestructura,
inversión turística y empleo con apoyo militar, “constituyen la
continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no
valora la vida humana ni la naturaleza”. El gobierno, considera el
Frayba, pretende despojar de la tierra a los pueblos, “lo cual supone la
venta de la gran diversidad biológica y cultural, en beneficio de
inversionistas internacionales y nacionales”.

La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “fomentan
conflictos” en diferentes regiones. Por ejemplo, “otorgando tierras
recuperadas por los zapatistas a peticionarios afines al proyecto de
privatización, valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa
y los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”.

En Chiapas (como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros),
“los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan la procuración
de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las
resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos
naturales”. La represión contra los pueblos que históricamente poseen la
tierra “ha aumentado”. 

La estrategia de despojo pretende imponer “la política económica
neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las
comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se organizan, movilizan
y ejercen su derecho al territorio”.

Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento global y por la
protección ambiental, los gobiernos estatales promueven presuntas
alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y maíz
transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una oportunidad
para el desarrollo de las comunidades más pobres”.

El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia de control
sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que los pueblos
dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se inserten en
la lógica consumista. Esto representa un peligro para el medio ambiente y
los derechos fundamentales.

El gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”,
confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes
Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de
bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de
mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención
oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del
EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y legítimamente.

Ante las demandas de autonomía de la población indígena, “el Estado se
limita a ofrecer subvenciones paternalistas, mediante programas que
crean dependencia para el control político y contrainsurgente”. La libre
determinación “implica que los pueblos asuman el control de su
territorio y la procuración de justicia, y ejerzan formas de
autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el
uso de los recursos de sus territorios”.

A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19 de mayo, las
fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los pescadores
cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, por
llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio público los
consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de la Reserva de
la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, donde los
cucapá han vivido y trabajado durante siglos.

El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a los indígenas,
sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como lo expresaron
sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta nueve años
por pescar en sus costas ancestrales.

Del mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas
equivalentes en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí),
territorio sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que
las voraces autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.

Los paramilitares no existen (3): Chiapas

En Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera
fueron reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997.
Mucho menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona
chol. La actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las
bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus
municipios autónomos se ha sucedido desde entonces.

Alrededor de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic —agrupación
priísta, como todos los grupos contrainsurgentes armados en México—, han
protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos
San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos.

El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol de La
Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de apoyo del
ezln, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por miembros
de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos asesinatos
en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos “asesinos” habían
ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el municipio autónomo
Ricardo Flores Magón.

La junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son
perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos
los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde
van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.

Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”, se encuentran
amenazadas por los paramilitares, que además “quieren desalojar” el
poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la propia junta a la
Opddic.

De esta manera, las mismas autoridades gubernamentales que han solapado a
los asesinos durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco
campesinos zapatistas, y los entregaron a la policía, que los condujo a
la cárcel para “ser procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la
amenaza paramilitar en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la
Otra Campaña en Chiapas sigue en pie.

En un episodio más, el 12 de marzo Opddic amenazó con atacar la
comunidad zapatista Casa Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al
caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón
Ajaw, municipio autónomo Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un
ataque armado de ejidatarios de Agua Azul, identificados desde hace años
como “opdiqueros”, y que a fines de enero habían invadido tierras de la
comunidad autónoma sobre las cuales no pueden invocar ningún derecho,
pues son tierras recuperadas por los zapatistas.

Sin embargo, y como siempre, los paramilitares “no existen” en los
territorios chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de
Ernesto Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas
(no hasta ahora) como para implementar una amplia estrategia
contrainsurgente que ha incluido sistemáticamente grupos civiles
armados. Paramilitares, o bien bandas criminales, “leales” al Ejército,
las policías y el gobierno estatal.

Coda: El cerco de Copala, una vergüenza nacional
El desenlace, si se le puede llamar así, de la segunda caravana de
solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8 de junio, confirma que
el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o permitir que se haga
cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El territorio triqui es el
escenario donde el Estado mexicano libra hoy mismo una batalla más de su
guerra contra los pueblos.

Conformaban el frustrado cortejo centenares de personas, en 20
autobuses. Indymedia registró entre los participantes a miembros del
municipio autónomo triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y
PT e integrantes del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ,
Ucizoni, FIOB, SME, FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de
derechos humanos y ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Veracruz. Decenas de comunicadores de medios alternativos y
comerciales. Observadores de varios países europeos.

La policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió
llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a
defenderlos, no había condiciones.

En la cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes
rocas trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas
priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres
armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito.

A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de Justicia
del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los
caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de
Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El
Universal, 9 de junio).

Defensores de derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con
una persona que está señalada en una averiguación previa como
responsable de la emboscada, “y no hay siquiera una orden de
presentación”. La procuradora se zafó replicando que existen órdenes de
aprehensión para militantes de las tres organizaciones de la zona triqui
(MULT, Ubisort, MULTI), pero no se ejecutan porque “no queremos vernos
como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede
coadyuvar al diálogo”.

La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el propio
secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan
Copala, se escucharon disparos de arma de fuego.

Convertido además en botín electoral de los partidos, el municipio
autónomo de San Juan Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón,
ante los ojos del mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?

* Enviado a piensaChile por: virtin red informativa internacional