Derechos humanos y Jaime Guzmán

El actual gobierno parece desear que la parte obscura de nuestra historia reciente permanezca en el olvido. Ha dejado al Instituto de Derechos Humanos, aprobado a fines del gobierno de Michelle Bachelet, en calidad de letra muerta. El abogado Roberto Garretón, denuncia que esta institución ha sido desatendida al no cursarse los decretos de nombramiento de sus miembros, dejándola solo en el papel.

Esta omisión no resulta extraña, dada la posición de la derecha sobre el tema, por lo que es oportuno recordar la conducta sobre la materia de su máximo ideólogo, Jaime Guzmán. La UDI ha pretendido mostrarlo como un defensor de los DDHH, pero las evidencias revelan una realidad muy distinta.
 
Guzmán tuvo directa participación en la decisión de aniquilar sin contemplaciones a los partidarios de la Unidad Popular, vulnerando desembozadamente los derechos humanos. Estaba en la línea propiciada por Washington, con cuyos agentes se había relacionado estrechamente durante el gobierno de Allende, para lograr su caída. Dentro del contexto de la guerra fría, Chile debía equipararse a lo ocurrido en Brasil, Paraguay y Uruguay y que pronto acontecería en Argentina. Cuando ya se había convertido en el asesor preferido del general Leigh, destacado por su postura sumamente dura, envió un memorando a la Junta, llamándola a que no desistiera de actuar como dictadura. Los términos de esta despiadada petición, subrayan la posición exaltada anticomunista del líder gremialista. Era instigar la cultura de la muerte que ya  habían emprendido los sublevados, Augusto Pinochet con la destrucción del palacio de la Moneda y la casa presidencial y Gustavo Leigh con su amenaza de matar a cinco rehenes de la UP por cada víctima de las fuerzas armadas, en una conducta propia de las SS hitlerianas. Decía el documento:

“El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta. Sólo exige que ésta se ejerza con justicia y sin arbitrariedades. Véase sino la increíble pasividad con que se ha recibido por el estudiantado la intervención de las universidades, medida que en todas partes ha suscitado violenta resistencia. Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo quiere desde las sombras”

En aquellos momentos para nadie era un misterio que la represión desatada el mismo 11 de septiembre de 1973, era de una brutalidad extrema. Los muertos se contaban por cientos, algunos abandonados en las calles (Víctor Jara) o flotando en los ríos (padre Joan Alsina), con fines de amedrentamiento. Se había ajusticiado a los sobrevivientes de la Moneda (París, Paredes, Klein, Huerta) y hecho desaparecer sus cadáveres, contraviniendo manifiestamente los Convenios de Ginebra. Los principales establecimientos universitarios en contra los cuales se habían hecho operaciones despiadadamente represivas eran las Universidades de Concepción, Técnica del Estado y  de Chile. Las torturas, violaciones y  muertes de universitarios y estudiantes secundarios en estadios y campos de concentración fueron numerosos. Cualquier intento de resistencia habría resultado suicida, lo que era interpretado, tan frívolamente por Guzmán, como pasividad.
 
Argumentación utilizada para justificar las violaciones a los DDHH.
En los primeros tiempos de la dictadura, Guzmán pretendió negar que se estaba produciendo una grave y sistemática violación de los derechos humanos. Descalificaba rotundamente las acusaciones de torturas y crímenes cometidos por el gobierno militar, señalándolas como: “absurdas mentiras urdidas por el comunismo internacional, que no se conformaba con el derrocamiento de Allende”. Aseguró con toda impudicia, ante las cámaras de televisión en el noticiario central de TVN: “Es falso, de que en Chile se ha atentado contra los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho humano más importante?. La vida. ¿Y qué está haciendo el gobierno chileno?  Defender la vida”.

Después, ante lo indesmentible de la situación, se vio abocado a la operación de encontrar argumentación que pareciese creíble y valedera para interpretar y justificar la inédita y aberrante situación. Por eso, por lo general su discurso sobre el tema semeja mera retórica, como un simple juego de palabras. Utilizó su más fuerte y elaborada  prosa para defender al régimen de Pinochet de las violaciones de los derechos humanos, proceso al cual él había colaborado a desencadenar  Llegó a comentar que quienes condenaban las brutales transgresiones de la dictadura, lo hacían porque “no tenían la capacidad de un análisis profundo de las circunstancias”, y que estaban  “perturbados, probablemente en forma inadvertida, por su análisis superficial del tema”.

Su justificación de los crímenes de la dictadura daba la impresión de estar basada en su propia liberación de conciencia, al ser cómplice de ellos. No reconocía que la responsabilidad le cabía a los victimarios y pretendía hacerla descansar en las mismas víctimas. Su anticomunismo extremo lo cegaba, como lo muestra su expresión:. “El comunismo no es un simple error, sino la suma diabólica de todos los errores de la historia, acaso el grado final en la expresión del mal moral en la historia de la humanidad”. Talvez, al catalogarlos aquejados de un “profundo mal moral” las consideraba almas descarriadas que debían pagar sus pecados con las penas del infierno y del purgatorio. Esto bajo un prisma católico decimonónico. Dentro de la variedad de las argumentaciones que se valía Guzmán para excusar las violaciones a los DDHH que perpetraba el gobierno militar, es posible distinguir varias vertientes :
 
1.-El argumento clave para disfrazar la realidad era que las mismas víctimas habían intencionadamente generado un clima de guerra civil. Por ello debían asumir la responsabilidad de su violenta represión y no adjudicarla a los militares que se habían visto forzados a actuar en su contra. Jugaba en contra de esta tesis, la acreditada y bien fundada opinión del general Carlos Prats, quien estimaba imposible el desencadenamiento de una guerra civil. Además Prats descartaba totalmente la existencia de un movimiento guerrillero capaz de enfrentarse a las Fuerzas Armadas regulares (Memorias. Testimonio de un soldado. Ed. Pehuén). El mismo  Guzmán, el 29 de agosto de 1973, había escrito a su madre, que se encontraba en Roma, que no existía posibilidad de guerra civil y solo de actividades terroristas por parte de extremistas de ambos lados. Sin embargo, para ocultar el evidente propósito de dar cumplimiento a la finalidad de “extirpar el cáncer marxista” para ganar la guerra fría, sostuvo:

“El régimen actual accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuán grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron. Por esta razón, no puedo aceptar en conciencia y después de haberlo reflexionado durante años, que los dirigentes de la Unidad Popular pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad histórica absoluta y una osadía moral inaceptable”

“Producido el 11 de septiembre de 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia del cuadro de guerra civil generada por la Unidad Popular. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajenos a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del gobierno militar no fue algo que las Fuerzas Armadas buscaran”.

 En 1990, perseveraría en asignar la culpa a las víctimas, expresando: “En la guerra suceden inhumanidades que siempre exceden incluso las propias leyes de la guerra. Ello no las justifica. Pero sitúa su responsabilidad prioritaria en quienes provocaron las situaciones bélicas”.
 
2.- La segunda vertiente utilizada por Guzmán para justificar las violaciones de los derechos humanos, fue el configurar una forma atentatoria de ellos por inacción u omisión, al abstenerse el Estado de reprimir cuando procedía hacerlo. Bajo este retorcido punto de vista, si la dictadura no hubiese reprimido, estaría violando los DDHH.  Al respecto afirmaba:

“El Estado puede atentar contra los derechos humanos por omisión. Esta figura escasamente conocida o intencionalmente silenciada, se verifica cuando la autoridad no reprime debidamente a los particulares que vulneran los derechos humanos por medio del terrorismo o de cualquier otra forma., Asimismo, ella tiene lugar cuando la autoridad no recurre a un estado jurídico  excepcional para restringir determinados derechos en la medida que eso sea indispensable para asegurar el imperio de otros derechos”

“Ahora bien, ¿hay acaso alguna acusación formulada contra algún gobierno ante un organismo de derechos humanos, reclamando por omisiones en que él haya incurrido por no reprimir acciones que debió reprimir o por no restringir derechos que debió restringir? No conozco ningún reclamo en ese sentido aunque resulta evidente que hay gobiernos que caen manifiestamente en esta forma de violar los derechos humanos, movidos por la debilidad, por la demagogia o por una actitud de complicidad ideológica o política hacia la subversión”.

“Cuando un gobierno combate lícitamente  a quienes atentan contra él, como el terrorismo o la violencia subversiva, lo mismo que cuando impone restricciones a ciertos derechos, que son necesarias para preservar el orden público o la paz social, no sólo no debe permitirse que se le acuse de quebrantar los derechos humanos. Más que eso, lejos de dejarse acomplejar por esos vituperios, urge la claridad intelectual y el vigor moral para señalar que no hacerlo sí que sería violar los derechos humanos por omisión”.
 
3.- La tercera vertiente argumental utilizada por Guzmán para librar al régimen de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, fue sostener que, antes de 1973, en Chile, ellos se transgredían sistemáticamente, contando con el apoyo gubernativo y la aceptación tácita de la sociedad. ¿No se daba cuenta de lo absurdo que resultaba comparar un genocidio, con los hechos que mencionaba? Su escrito llega a parecer ingenuo y especulativo. En él argumentaba:

.“El estatismo socializante que predominó en décadas previas acarreó cercenamientos arbitrarios e injustificados para múltiples e importantes derechos humanos. La libertad de enseñanza, proyección directa del derecho de los padres a educar a sus hijos, fue violentado por un mal entendido concepto del Estado docente. La libertad de asociación y la libertad de trabajo fueron vulneradas por exigencias legales de agremiaciones o sindicaciones forzosas y por colegiaturas profesionales obligatorias para ejercer las más variadas actividades. La libertad de emprender iniciativas económicas ya sea productivas, de distribución o de transporte, fueron coartadas por una maraña burocrática que dejaba entregado el éxito o fracaso a la discrecionalidad gubernativa, ejercida a través de sus funcionarios de turno. En síntesis, los derechos cotidianos, aquellos que interesan a cada persona para decidir su propio destino y el de su familia, se vieron disminuidos a márgenes cada vez menores, dando paso a un creciente intervencionismo dirigista del Estado”
 
4.- La cuarta vertiente era justificar la tortura al suponerla una práctica constante y difundida en Chile, particularmente en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende. Guzmán se preguntaba: ¿Por qué ahora la tortura despertaba tanta indignación y protestas si antes era aceptada sin remilgos?. Decía sobre esta materia

“Sobre la tortura, constatamos que ella se practicó siempre en Chile por los organismos policiales –con caracteres sistemáticos y generalizados- respecto de dos géneros de personas: los delincuentes comunes y los acusados de complots políticos o actividades sediciosas…  Para ello se contaba con el tácito consenso de los dirigentes políticos y sociales, amén de la obvia y explícita tolerancia de los diferentes gobiernos en que eso sucedía. Los relatos de los implicados en el caso Schneider, a fines del gobierno democratacristiano, o de los acusados después de complots contra la Unidad Popular, son por demás conocidos y elocuentes… Advierto una clara hipocresía en quienes, tras repudiar toda tortura invocando razones morales, implícitamente avalan su práctica generalizada desde mucho antes de 1973, al no reconocer su existencia, a la cual le prestaron su tácito respaldo desde posiciones gubernativas, apoyados en el consenso ciudadano entonces registrado al efecto”.
 
 5.- Una quinta vertiente argumentativa para defender al régimen en contra de las acusaciones de violación de los derechos humanos, fue sostener que en ningún lugar del mundo ellos eran respetados cabalmente. Con este razonamiento pretendía descalificar cualquier acuerdo condenatorio para Chile sobre el tema. Sobre este tópico consignaba:

“No existe ningún país en el mundo en que se respeten integralmente los derechos humanos. Al margen de su quebrantamiento por los particulares, ellos son violados también por todos los Estados, sea por acción u omisión. Respecto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en unos es por la práctica de la tortura cruel, inhumana o degradante, mientras que en otros ocurre por la legalización del aborto. En unos es por restricciones indebidas a la libertad de expresión y a los derechos políticos, mientras en otros sucede por injustas limitaciones o atropellos al derecho de propiedad o a la libertad de enseñanza. En unos es por ilegítimo menoscabo a la libertad de culto religioso, mientras que en otros tiene lugar por igual cercenamiento de la libertad de asociación o de trabajo a través de agremiaciones forzadas por ley”.

“No encuentro ni razonable ni serio es que se centre la inquietud de la defensa de los derechos humanos en las violaciones por acción, hasta el punto de confundir los criterios fomentando, de hecho, la parálisis que el comunismo internacional busca generar en todos los gobiernos de los países que aún no controla, para inhibirlos en la lucha que impulsa contra ellos a través de la violencia y la subversión”.
 
6.- La sexta manera de argumentar era calificar a la represión como una obligación que debía ejercer sin tapujos la autoridad. Le dio a la expresión un carácter indefinido, otorgándole caracteres beneficiosos que, según él, la generalidad de la gente no apreciaba. De esta forma convocaba a razonar:

“Los invito a que reflexionen sobre las connotaciones peyorativas que hoy rodean la palabra represión. Pareciera que ella entrañara algo intrínsecamente negativo, en circunstancias de que se trata de un concepto neutro. Todo depende de qué se reprima, quien reprima y cómo se reprima. Que la autoridad contenga proporcionalmente el delito o una manifestación atentatoria para el orden público o los derechos de terceros, no sólo no tiene nada de negativo o condenable, sino que constituye un deber inexcusable para la autoridad. Sin embargo, sobre ella se lanzará el estigma de “represora”, siendo muy escasos quienes se atrevan a desafiar la consigna, sin dejarse acomplejar por el sesgo inapelablemente negativo con que ella se espeta”.
 
Pugna con la Iglesia Católica
El día 13 de septiembre, el Comité Permanente del Episcopado emitió una declaración manifestando:…”Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas –sangre de civiles y soldados- y las lágrimas de tantas mujeres y niños. Pedimos respeto para los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que fue hasta el martes 11 de septiembre, Presidente de la República… Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias. Que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que hoy han sido derrotados. Que se acabe el odio, que vuelva la hora de la reconciliación” Esta opinión contrastaba frontalmente con la de Guzmán, quien auspiciaba una férrea dictadura para eliminar a los marxistas. Consecuentemente, se convirtió en un antagonista decidido de la Iglesia. Impugnaba que asumiera de defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Decía que la Iglesia debía remitirse a la función pastoral y no inmiscuirse en proteger a las supuestas víctimas de quebrantamientos de dichos derechos. Objetó duramente al Comité Pro paz y después a la Vicaría de la Solidaridad. Es un hecho indudable que si esas entidades eclesiásticas no hubiesen existido, el número de víctimas de la dictadura se hubiese, a lo menos, triplicado. Consideraba totalmente improcedente que defendieran a enemigos declarados de la Iglesia, como los comunistas, que él juzgaba un peligro para la civilización occidental. Consideraba desacertado que esos organismos presentaran recursos de amparo a favor de los detenidos, pues estimaba que no correspondía a los Tribunales su defensa, al ser realizada su detención bajo estado de excepción que suspendía sus derechos individuales. Afirmaba que si los Tribunales entraban a calificar el fundamento del arresto: “significaría “trasladar a la judicatura una apreciación eminente y exclusivamente política, por entero ajena a lo jurisdiccional”.  El 11 de marzo de 1974, en discurso redactado por él, puso en boca de Pinochet palabras hirientes para la Iglesia: “Son enemigos inconscientes de Chile los que con su amor a la bondad brindan apoyo y ocultan a extremistas materialistas, que sólo los usan y desprecian”. Criticando a la Iglesia, escribió

“… Toda una gigantesca campaña internacional está montada al efecto. Su objetivo consiste en que cualquier acción de un gobierno no marxista contra la subversión comunista, sea tildada de violatoria de los derechos humanos. Incluso, vastos sectores de la Iglesia Católica ya han sido atrapados por la consigna, transformándose en sus más activos y estridentes voceros”. …“Sin desconocer el noble propósito que ha inspirado la mayor parte de las inquietudes de la Iglesia en torno a los derechos humanos, pienso que ellas se han visto frecuentemente empañadas por el indiscriminado compromiso político contingente de vastos sectores eclesiásticos”… “La que debiera ser una voz dotada del poder moral de quién sólo está comprometido con los altos valores éticos de la dignidad humana, ha aparecido habitualmente teñida de una intencionalidad político contingente, que excede con mucho tal objetivo. Mas que ese contrapeso válido de gran elevación e independencia, las actuaciones de la Iglesia chilena en la materia, han tenido muchas veces el sello – y la consiguiente menor fecundidad – de la militancia opositora al régimen” “Para que logre una postura más equilibrada y eficaz en el tema, la Iglesia, superando la politización de tantos eclesiásticos, debe remitirse a su genuina misión ética y pastoral al respecto”.

Guzmán haría pagar caro al cardenal Silva Henríquez su humanitaria labor en defensa de los DDHH. Cuando el purpurado cumplió los 75 años, la Santa Sede le aceptó inmediatamente la renuncia, pese a la petición en contra de la mayoría del clero chileno. Esto constituyó un trato discriminatorio, según la tradición que continuaran en el cargo quienes estaban en buen estado de salud. Detrás de esta decisión del Vaticano estuvo Guzmán, utilizando su red de contactos con el sector más tradicional y conservador de la Iglesia: Opus Dei, Legionarios de Cristo, monseñor Ángelo Sodano y la sociedad sacerdotal del padre Fernando Karadima. Este último era el párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de avenida El Bosque, de Providencia, lugar habitual de reuniones de Guzmán con su grupo gremialista. Además logró que Juan Pablo II nombrara en el cargo al obispo Juan Francisco Fresno, quien no había autorizado que en su diócesis de La Serena funcionara una sede de la Vicaría de la Solidaridad.
 
Relación de Guzmán con la Colonia Dignidad
Hay antecedentes que revelan que el vínculo de Guzmán con el enclave alemán se estableció a fines de la década de los 60. La colonia, que compartía con Guzmán su acérrimo anticomunismo, sirvió durante el gobierno UP de centro de entrenamiento y planificación de actos de sabotaje de Patria y Libertad. Producido el golpe militar, se constituyó en un sitio clandestino de detención, torturas y de desaparición de cadáveres. Además, allí se produjeron armamentos convencionales, biológicos y químicos (gas sarín). El líder y fundador de la colonia, Paul Schäfer, acusado de pederastia en Alemania y en Chile, llegó a ser gran amigo de Guzmán. En el fundo “El Lavadero” Guzmán realizaba  seminarios políticos e ideológicos con su grupo de jóvenes gremialistas. Actuaba en el enclave alemán como en su propia casa y se hizo su tenaz defensor.. Terminada la dictadura, el gobierno de Aylwin pretendió quitarle la personalidad jurídica e investigar la colonia. Esta acción fue impugnada por senadores de la UDI y RN, quienes presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional. Los parlamentarios de la Concertación pretendieron presentar una acusación constitucional contra esos senadores. Esto hizo saltar a la palestra a Guzmán, que sostuvo:  “quienes pretendan interponer la acusación en contra de los senadores partidarios de la Colonia Dignidad,  lean la Constitución, y se darán cuenta de que ellos no están violando sino que están aplicando y ejerciendo atribuciones propias de diputados y senadores. Aquí se trata del ejercicio que un grupo de senadores ha hecho de su facultad para requerir al Tribunal Constitucional. Resulta cuestionable pretender confundirlo con la causal de cesación en el cargo que establece la Constitución en las gestiones particulares de carácter administrativo. Sencillamente es un despropósito que se vaya a materializar”.
 
Ley de amnistía y Guzmán
Jaime Guzmán fue uno de los cerebros detrás de la dictación de la ley de amnistía de 1978, en colaboración con Sergio Fernández y Mónica Madariaga. La estimaba esencial para lograr la necesaria impunidad de los agentes de la dictadura, como ha sucedido con todas las tiranías en el mundo. Nunca consideró que los delitos de lesa humanidad y la inobservancia de los Tratados de Ginebra, no podían ser amnistiados. Su defensa la haría en agosto de 1989, cuando se planteaba su derogación, en un artículo en que decía:

“El fundamento ético que siempre se ha reconocido a la amnistía deriva de que hay ciertas situaciones en que resulta necesario no aplicar el rigor de la justicia en aras de un bien superior de paz social”… “En 1978 el Gobierno dictó una ley de Amnistía que benefició a ambos bandos. Cuando aún quedaba un margen incierto y previsiblemente largo de duración del régimen militar, éste tuvo el mérito moral de fijar un límite legal en el tiempo a lo que pudiera estimarse como período de secuelas  de la situación de guerra civil”…. “Pretender derogar una ley de amnistía es una monstruosidad jurídica. Por su naturaleza misma las leyes de amnistía son inderogables, ya que ellas surten su efecto por su sola promulgación. Un hecho que jurídicamente ha sido borrado no puede jamás pretender revivirse por una ley posterior. Propiciarlo implica salirse del campo del derecho, para colocarse en el terreno de la fuerza política arbitraria”… “Además, si se considera que tal intentona se dirige específicamente contra miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros beneficiados por la amnistía de 1978, se comprende lo insensato de colocarse en el terreno de la fuerza frente a los Institutos Armados”.

Es relevante contrastar la acérrima defensa de Guzmán de la Ley de amnistía con la opinión del que fue destacado  Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, muerto en un atentado a la sede de la ONU en Bagdad. Declaró enfáticamente el reputado funcionario a comienzos de 2003, es decir a 30 años del golpe, cuando la situación había sido largamente debatida y decantada:

“A Brasil, Chile, Uruguay y Argentina les digo que hay crímenes que en derecho internacional son imprescriptibles y no pueden ser prescritos ni perdonados por leyes de amnistía, aún adoptadas democráticamente. En la esfera nacional los países pueden hacer lo que quieran, pero deben saber que el derecho internacional prevalece sobre el nacional; la legislación de un país es sólo válida dentro de él, no es reconocida en el plano mundial si trasgrede los principios vigentes en la ONU”

Por su parte, José Zalaquet, distinguido abogado de reputación internacional, perseguido por el régimen militar por su actuación en el Comité Pro Paz, opina: “La ley de amnistía no se puede aplicar en crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Va en contra el principio moral que nadie puede beneficiarse de su propia mala fe. Entra en contradicción con las normas del derecho internacional que Chile ha suscrito”.
 
Su defensa a las críticas por no haberse opuesto a las violaciones de los DDHH.
En los primeros años del régimen militar, Jaime Guzmán ocupaba una posición de enorme influencia. Si hubiese levantado su voz y tenido una actitud firme en contra de los atropellos a los derechos humanos, hubiese salvado muchísimas vidas. Sus inquietudes quedaron soterradas, sobrepasadas por las circunstancias que se dieron durante el gobierno militar. Pese a su dinámica personalidad y sentido de independencia, creyó que su acción individual hubiese sido inútil e infructuosa, dejándolo en inconfortable posición frente a la mayoría de los integrantes del gobierno, especialmente delante de Pinochet. Justificaba su silencio afirmando: “porque a veces uno no puede evitar situaciones de conjunto o generales que se producen por causas que desbordan la posibilidad de acción de una persona”.

Cuando se le enrostraba que había sido partícipe de violaciones a los derechos humanos, manifestaba: “Afirmo que ello me parece una paradoja, porque conservo los testimonios de gratitud de innumerables opositores al actual Gobierno, que agradecen mis gestiones en su favor frente a las autoridades, en torno a problemas de derechos humanos. Personas de todas las ideologías, incluidos militantes del Partido Comunista, a las cuales he ayudado en muy difíciles circunstancias, porque tratándose de la dignidad humana no encuentro admisibles las barreras políticas, raciales, religiosas o de cualquier otro género. Un elemental sentido de delicadeza me inducirá siempre a mantener esa labor en discreción”.. .

Está comprobado que realizó acciones de defensa individual de perseguidos políticos, pero ellas fueron muy cautas y reservadas para no perjudicar su relación con Pinochet y también por temor a Manuel Contreras. Los antecedentes revisados revelan que  ejerció su influencia para lograr el retorno al país de algunos exiliados como el pianista Roberto Bravo, a quién conocía por su afición a la música. Ante la súplica de su prima, Martita Orrego Matte, gestionó la liberación desde el campo de prisioneros de Chacabuco del cantautor Ángel Parra. También es sabido que logró que sacaran de la cárcel y que expulsaran de Chile al ex senador socialista Raúl Ampuero, reconocido antagonista de Salvador Allende, lo cual constituía un mérito para Guzmán. En la Fundación Jaime Guzmán sólo existe una constancia, la cual es una carta de agradecimiento del presidente del Colegio de Arquitectos, Pastor Correa, por intervenir a favor del exiliado arquitecto comunista, Miguel Lawner, para asistir al funeral de su madre.
 
Descalificación del Informe Rettig
El Informe Rettig es reconocido internacionalmente por su seriedad y veracidad, pese a la tentativa de algunos integrantes de la comisión, como Gonzalo Vial, de acotarlo al máximo. Su publicación creó una gran polémica entre quienes habían sido partidarios de la dictadura. Roberto Pulido, director de la revista Que Pasa, antiguo amigo de Guzmán, escribió un duro editorial, criticando a los transgresores de los derechos humanos expuestos en el informe Rettig:

 “Durante el régimen militar se violaron los derechos humanos. Situación que no tuvo entonces, ni tiene ahora, mirado en perspectiva, justificación alguna. No hay bien más valioso que el de la vida. Es un derecho inviolable, que no admite jamás restricciones, está por sobre todos los demás. No hay causa por justa que ella sea, que autorice el violar ese derecho fundamental… Los individuos que se creen libres de todo riesgo o sanción por sus acciones abusa – surge lo más negativo del ser humano. Lo hicieron en nombre de la lealtad a las Fuerzas Armadas, pero en realidad les hicieron el mayor daño y les incubaron, de paso su mayor derrota: ensuciar su prestigio… lo hicieron además sobre seguro, pues conocían la lealtad militar”.

Guzmán, encabezó las reprobaciones al Informe e hizo que algunos de sus seguidores que, en un principio, lo habían alabado, rectificaran su opinión. En la revista Ercilla, en el que sería su último artículo, revivió su artificiosa y manida tesis de guerra interna. Esta vez, la reforzó con las sesgadas apreciaciones del ex presidente, Eduardo Frei Montalva, quien había querido salvar su obvia responsabilidad del quiebre de la democracia en Chile. De esta manera sostuvo su  posición

 “A raíz del Informe Rettig, algunos dirigentes de la ex Unidad Popular han reconocido la responsabilidad que les cupo en el quiebre del sistema democrático que se produjo entre 1970 y 1973…. Sin embargo, ellos sostienen que tal responsabilidad no se extendería a las transgresiones a los derechos humanos ocurridas después del 11 de septiembre de 1973. Dichos actos resultarían – única o principalmente – imputables a quienes los cometieron y al gobierno militar…. Ese enfoque me parece esencialmente equivocado e inaceptable…. En efecto, la destrucción de nuestra antigua democracia, que colapsó en 1973, no es separable de las transgresiones a los derechos de las personas que sucedieron al menos en el primer año del régimen militar, en que murió más de la mitad de las víctimas que consigna el Informe Rettig….

La ligazón indisoluble de ambas realidades deriva de un factor muy preciso. El quiebre institucional chileno tuvo un ingrediente especial, que fue el cuadro de guerra civil a que nos arrastró deliberadamente la Unidad Popular, como instrumento de su propósito totalitario de convertirnos en otra Cuba…. Ese cuadro de guerra civil queda elocuentemente reseñado por el ex Presidente Eduardo Frei en su célebre carta a Mariano Rumor, de noviembre de 1973…. La existencia de lo que él denomina un verdadero “ejército irregular” impulsado por la Unidad Popular, con el concurso de miles de extremistas foráneos que disponían de abundante armamento pesado introducido clandestinamente al país, ilustra el rasgo extremo del ambiente bélico en que se vivía…. A ello se añadían la larga siembra sistemática del odio entre los chilenos y las diarias amenazas del régimen marxista para arrastrarnos a un enfrentamiento…. Los intentos de la Unidad Popular de infiltrar y dividir a las fuerzas armadas fue el detonante final…. Entonces, la abrumadora mayoría del pueblo recurrió a instituciones entrenadas para la guerra, a fin de que asumieran el país en un cuadro de guerra interna, con el objetivo de conjurarla y salvar a Chile…. Las violaciones a los derechos humanos, que entonces se produjeron, no pueden ni deben justificarse por nadie. Pero sus principales responsables – más que los uniformados que las cometieron – son los jerarcas de la Unidad Popular, que nos condujeron a esa guerra civil larvada, situación en que la experiencia histórica demuestra que tan dolorosos acontecimientos fatalmente suceden…. Ese es un aspecto básico de la verdad que hoy pretende tergiversarse”.
 
Críticas de sus cercanos
Claudio Orrego Vicuña, destacado ex parlamentario democratacristiano, se hizo gran amigo de Guzmán a raíz de su participación en “ A esta hora se improvisa”, de canal 13, en que se concertaban para debatir en contra de polemistas de la UP.  En carta del 29 de noviembre de 1974, en protesta por un artículo de Guzmán en El Mercurio, en que negaba la existencia de las violaciones a los derechos humanos, Orrego le reprochaba acremente:  “¿Para qué decir nada de los derechos humanos? ¿Hasta cuándo se insiste en el engaño de querer negarlo, cuando cada vez hay más evidencias de las violaciones que a diario se cometen? Tú mismo has intervenido generosamente, en varios casos que me constan, sin ningún éxito. ¿Hasta cuándo seguir entonces tratando de engañarnos a nosotros mismos ya que no podemos engañar al mundo?”

Es interesante la opinión del destacado sociólogo Manuel Antonio Garretón, que tuvo una larga relación personal con Guzmán en la Universidad Católica. Su parecer lo dio a conocer en la revista Mensaje de mayo de 1991:

“El pensamiento de Jaime Guzmán, además de equivocado, fue muy dañino para el país. Lo fue en materia del juicio nacional sobre el régimen militar, que él defendió apasionadamente, y en materia de violaciones a los derechos humanos que él conoció, rechazó y combatió en privado, pero no enfrentó públicamente, permitiendo que otros usaran su argumentación para justificarlas. Es más, creo que él aportó una justificación ideológica a la larga mantención del régimen militar, promovió y defendió su institucionalización y el retardo de la apertura, y dificultó la construcción de la derecha democrática al vincular en demasía a una fracción de ella a la suerte del régimen no democrático”.

Su compañero en la directiva de Patria y Libertad en 1971-72, Roberto Thieme, activo terrorista, de relevante rol en la desestabilización del gobierno de Allende, quien se trasformó en un crítico de la dictadura, le censura: “Yo sostengo que Jaime Guzmán fue el responsable intelectual de la represión en Chile y de todo lo que se gestó durante el gobierno de Pinochet… Jaime Guzmán no hizo nada por los derechos humanos. ¿Si era tan humanista y defensor de la vida, por qué se asesina a Prats, a Letelier y a miles de chilenos, se tortura a más de cien mil y se exilia a cerca de un millón, por qué no alzó su voz?
 
Corolario
No caben dudas que Jaime Guzmán, inducido por su obsesivo y fanático anticomunismo, fue uno de los principales responsables de la violación de los derechos humanos perpetrada por la dictadura. Indujo a la Junta Militar a actuar con la mayor dureza. En una primera etapa negó la existencia de los atropellos. Después frente a las abrumadoras evidencias, hizo uso de todos los artilugios argumentativos posibles para justificarlos. Pese a su catolicismo extremo, no vaciló en criticar duramente a la jerarquía eclesiástica por defender a los marxistas y desplazar de su cargo al cardenal Silva Henríquez. Se preocupó especialmente que se dictara una ley de amnistía para asegurar la impunidad. Llegó a vincularse estrechamente con personajes tan deleznables como Paul Schäfer, apoyando la represión. Aunque, moralmente debía oponerse a tanta tortura y muerte, guardó silencio. No quiso arriesgar su calidad de eminencia gris del régimen para lograr su gran objetivo de cambiar radicalmente la institucionalidad del país. No podía perder la oportunidad de establecer, al amparo de una despiadada dictadura, un nuevo marco institucional que asegurara un sistema capitalista, conservador, autoritario e inamovible.
lunes, 10 de mayo de 2010

* Fuente: El Clarín