Alarma en Copiapó: ¡se acaba el agua!

El primer día que la diputada Isabel Allende se instaló en el departamento que arrienda en la ciudad de Copiapó desde enero de este año, se encontró con la sorpresa de que el agua potable estaba cortada. La situación no es ninguna novedad para los habitantes de la zona, que conviven con periódicas restricciones al suministro, problemas en la presión y muy mala calidad del agua. Tanto, que los que pueden permitírselo prefieren beber agua embotellada.

La realidad hídrica del valle de Copiapó es preocupante: en pocas palabras se está secando. Ya lo anunció a principios de año la superintendenta de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinoza, que aseguró que "la napa sigue disminuyendo y si no encontramos una salida inmediata, la región no va a tener agua para el consumo humano en dos o tres años más".

El gran problema es que el río Copiapó, que abastece el valle, está sobreexplotado. Según explica la diputada Allende, "se consume más del agua que se puede reponer, lo que es una bomba de tiempo".

Eso, sin tomar en cuenta que a pesar de que los derechos de agua otorgados cuadruplican la recarga del recurso acuífero -que naturalmente alcanza los 4.500 litros por segundo-, y hoy se extraen poco más de 7 mil. Lo que significa que si se aprovecharan todos los derechos otorgados simplemente no habría abastecimiento.

Agricultores en peligro
Los grandes consumidores de agua de la zona son, según un estudio encargado por el gobierno regional el año pasado al experto estadounidense Charles M. Burt, la agricultura, que utiliza 53 por ciento del agua del valle, y la minería, responsable del uso del 31 por ciento. El consumo humano sólo alcanza al 10 por ciento

Según el último reporte anual de disponibilidad hídrica destinada al riego, entregado hace una semana, los pronósticos para la temporada 2009-2010 son bastante complejos para Atacama, especialmente para la cuenca del Copiapó: el volumen de deshielo histórico llegaría apenas al 50%.

Los datos de la Dirección General de Aguas (DGA), indican que el embalse Lautaro, clave para la región, tiene 7,3 millones de metros cúbicos almacenados al 31 de agosto, en contra de los 10 millones que tenía en la misma fecha del año pasado y los 13 millones de metros cúbicos que es su promedio histórico en esta época.

A este negro escenario se suma que el agua subterránea en la cuenca, desde 2005 sólo ha presentado descensos.

El director de la DGA, Rodrigo Weisner, aseguró que esto se traduce en menos disponibilidad de agua, pero "no debiera afectar el consumo humano porque las empresas sanitarias tienen por ley garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Así que aquí no estamos diciendo que Copiapó se va a quedar sin agua para tomar".

Además, descarta que la situación actual se deba a la sobreexplotación del recurso, sino que asegura que "la naturaleza es la naturaleza".

Para el abogado, los que efectivamente están en serios problemas son los agricultores, ya que habrá una restricción del recurso hídrico para la agricultura "que se puede traducir en decisiones que deben tomar los privados. Vienen momentos difíciles para este valle, por lo que decimos que los privados tomen las decisiones correctas".

SOS en Copiapó
El jefe de Fiscalización de la SISS, Sergio Rivera, es bastante menos optimista. Al menos en cuanto al abastecimiento para consumo humano. "Hay un descenso y una sobreexplotación del acuífero. Estamos detectando a través de la empresa sanitaria Aguas Chañar, que abastece a Copiapó, Caldera y Chañaral, un constante descenso del nivel de la napa subterránea", explica.

Por ello les preocupa el tema de disponibilidad del recurso. Sobre todo porque se mantiene la tendencia de baja de niveles. "De seguir así es mal pronóstico, por lo que hay que buscar alternativas de abastecimiento en los próximos dos años".

Rivera asegura que en ese lapso no se quedarán sin abastecimiento para la población, "pero no hay que quedarse de brazos cruzados. Necesitamos seguridad a largo plazo y si continúan las condiciones actuales no podemos garantizar que el 100 por ciento de la población tendrá acceso al agua".

Según la diputada Allende, los problemas ya se ven hoy. "En Copiapó no está garantizado el suministro en todos lados, hay sectores donde el agua se corta por días".

El Código de Aguas
Un gran aliado de la compleja situación es el Código de Aguas de 1981, que entrega los derechos de agua sólo en función de la disponibilidad del recurso, como si fuera sólo un bien con fines productivos sujeto a las normas del mercado.

La fórmula de entregar gratuitamente a quien solicite derechos de agua siempre y cuando no haya restricciones en la cuenca ni existan conflictos con otros, es en gran parte el culpable de la crisis que se vive en la zona, ya que impulsó que hubiera más derechos entregados que el agua que existe realmente.

Según la diputada Allende, esto también permitió que muchos se llenaran los bolsillos, ya que "hay derechos de agua gratuitos que se venden a precios millonarios".

La parlamentaria señala que dadas las actuales condiciones es imperativo que se tomen cartas en el asunto.

"Aguas Chañar hizo pozos que permitieron sortear el problema el año pasado, pero si este invierno no se hacen inversiones tendremos una crisis. No es suficiente hacer más pozos, ya que además el agua es pésima".

Su propuesta apunta a la instalación de plantas desalinizadoras, lo que debería lograrse a través de inversión público-privada: "Ni el Estado ni los privados pueden renegar de las responsabilidades".

Además del abastecimiento humano, la hija del ex presidente Salvador Allende señala que "si esto sigue así no serán posibles grandes proyectos mineros en carpeta como Los Morros, Caserones y Pascua Lama: si no instalan plantas desalinizadoras no podrán ejecutarse."

En tanto, Rivera explica que a la empresa Aguas Chañar se le solicitó un análisis de alternativas de solución a largo plazo, tanto de la continuidad del suministro como de la calidad del agua potable, el que debería presentarse en los próximos meses.

También se constituyó en 2008 una Mesa del Agua, iniciativa público-privada que busca encontrar una solución al trance que vive el valle.

Reforma
Actualmente hay un proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca elevar a nivel constitucional que las aguas sean bienes nacionales de uso público.

Además se establece que la gestión del agua se tiene que hacer a nivel de cuencas y que cuando la autoridad otorgue derechos de agua reconozca la diversidad geográfica del país, ya que según señala Weisner "no es posible que la misma ley que regula los derechos de agua en el desierto de Atacama, establezca los derechos de agua en Aysén. Es absurdo".

Por otra parte, abre la posibilidad de que en una legislación posterior se contemple la posibilidad de la caducidad de los derechos de agua.

"El objetivo es establecer una regulación constitucional de las aguas que hoy sólo existe a propósito del derecho de propiedad, que obviamente es insuficiente. El agua es mucho más que un bien para fines productivos", asegura el director de la DGA.

Ya ha habido voces, como de los centros de estudios como Libertad y Desarrollo (LyD) y el Instituto Libertad, que señalan que el proyecto es innecesario y que podría provocar incertidumbre en la inversión. Frente a lo cual Weisner responde que "nuestra evaluación es que el impacto será positivo, ya que el mercado de derechos de agua que tenemos en Chile es pésimo. Funciona mal, de manera desigual, hay monopolio, concentración, asimetrías de la información, barreras de entrada, obstáculos administrativos".

En todo caso, no hay un cronograma que garantice que la decisión política se tomará antes de marzo de 2010.
29 de Septiembre de 2009

* Fuente: El Mostrador