Otro mapuche condenado en Angol: cuatro años y un día con libertad vigilada

El ex presidente de la comunidad de Tricauco (comuna de Ercilla)  Luis Catrimil Huenupe (60 años)  fue condenado a  cuatro años y un día de prisión remitida por el Tribunal Oral de Angol, integrado por los jueces Luis Muñoz Caamaño, Juan Peña Tobar y Sergio Yáñez Arellano. Catrimil fue declarado culpable del delito de "incendio simple" en  diciembre de 2001, en el fundo Poluco Pidenco. Por  el mismo hecho  Patricia Troncoso, José Huenchunao, Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Juan Patricio Marileo, todos  comuneros mapuche, fueron condenados  por "incendio terrorista". Esta vez el tribunal no acogió los argumentos de los fiscales Luis Chamorro y Miguel Angel Velásquez quienes junto al abogado querellante de la gobernación de la provincia de Malleco, Mauricio Latorre, habían acusado a Catrimil de incendio terrorista, incumpliendo la promesa de la Presidenta Bachelet de no recurrir más como gobierno a esa legislación del período de dictadura. El juicio oral se realizó el pasado 23 de mayo y la sentencia –de primera instancia- se conoció el miércoles 29 del mismo mes.

Los otros condenados
Patricia Troncoso y Jaime Marileo han permanecido ya cinco años encarcelados y en marzo de este año lograron la salida de fin de semana y el traslado a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, tras una extensa y combativa huelga de hambre. José Huenchunao, en tanto, fue detenido en marzo de 2007 (luego de 3 años de clandestinidad) y cumple condena en la cárcel de Angol, al igual que Marileo. Luego de 101 días sin ingerir alimentos y tras un mes de recuperación en el hospital de Temuco, Chepa, fue trasladada al CET de la misma ciudad y cuenta con la salida dominical. Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo están recluidos en el CET de Victoria. Los cinco están sentenciados bajo la Ley Antiterrorista. El sexto prisionero por esta causa es José Llanquileo. Este militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue detenido en noviembre de 2006 tras estar cerca de tres años clandestino. Llanquileo –preso en Traiguén- fue sentenciado, en enero de 2007, a cinco años y un día por el delito de incendio simple, la misma calificación que aplicó a Catrimil este tribunal.
Asimismo, en abril de 2006, los comuneros José Cariqueo y Juan Carlos Colihuinca fueron sometidos a juicio oral por las mismas acusaciones y sorpresivamente, con idénticos testigos, fueron absueltos de las imputaciones efectuadas por los fiscales. Mireya Figueroa y Juan Ciriaco Millacheo, también requeridos en este proceso, permanecen en la clandestinidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acogido la denuncia presentada contra el gobierno chileno por los presos políticos mapuche respecto de la inexistencia de un debido proceso y la negativa del gobierno de revisar las sentencias. Por estos hechos el gobierno chileno ha sido duramente cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos acerca de la aplicación de la ley antiterrorista del período pinochetista por delitos no relacionados con hechos de sangre.

El incendio de 1977
El fallecido abuelo de Luis Catrimil Huenupe, es considerado como el último cacique de Tricauco, y su preocupación siempre fue recuperar las tierras usurpadas ayer por los colonos que llegaron al sur, y hoy  por las empresas forestales.

Pero en 1977, en dictadura, los comuneros mapuche de Tricauco fueron desalojados del fundo Poluco  y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol.

Las tierras de este fundo  pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron "reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y chacras, y se apropió de los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección, fuentes de agua y bosques. A fines de los años 60, en tiempos del ex presidente Eduardo Frei Montalva, la comunidad de Tricauco recuperó esas tierras, y las trabajó como unidad de producción durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende. Después del golpe militar, el desalojo, y los remates de tierras de la Reforma Agraria, Mininco las compró entre los años 1982 y 1986.  Hoy allí hay plantaciones de pino y eucaliptos, plantadas sin respetar vertientes ni esteros cubren ese territorio.

Antes de la realización del juicio, Catrimil hizo llegar una declaración a los medios sosteniendo: "Me imputan por el incendio de plantaciones forestales del fundo Poluco Pidenco de forestal Mininco. Tales acusaciones se fundan en declaraciones hechas por los testigos con sueldo a costa de nosotros los dirigentes. Estas personas son preparadas para mentir declarando en contra de nosotros, además de eso jamás han contribuido a la comunidad, todo lo contrario, hacen daño quemando rastrojos, pequeños bosques y casas. Son la cizaña del lugar. Somos perseguidos por esta situación, siendo que sólo queremos progreso para la comunidad y de esta manera terminar con la pobreza y cesantía. En particular tengo muchos testigos de mi intachable conducta, como alcaldes, concejales, técnicos y gente de mi comunidad, elementos que no son considerados por quienes nos acusan."

La defensa estuvo a cargo de Ricardo Cáceres y Jaime López de la Defensoría Pública. Catrimil, quien estaba acusado de participar en el incendio del fundo Poluco Pidenco, en Ercilla, había sido formalizado en el año 2003, permaneciendo un año en "prisión preventiva". Al ser presentada la acusación le otorgaron la libertad pero él no se presentó posteriormente al juicio oral. El caso estuvo más de tres años sin que se realizaran diligencias en la causa. Por ello el tribunal estimó que se reunían los antecedentes para concederle al condenado el beneficio de media prescripción solicitado por el defensor penal mapuche, Ricardo Cáceres.

El comunero cumplirá la pena en libertad vigilada,  acogiendo el tribunal las conclusiones de un informe elaborado por un sicólogo y una asistente social antes de que se emitiera la sentencia, el cual consideraba a Luis Amable Catrimil como apto para cumplir la pena en libertad. Los jueces asignaron la vigilancia a un funcionario del Centro de Reinserción Social(CRS) de Gendarmería.
 
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