Informe sobre la represión y criminalización del pueblo mapuche en Chile

Misión Conjunta
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
 
INFORME SOBRE LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE.
31 de enero de 2008

Nota de la Redacción: Para recibir el informe completo, 63 páginas, rogamos a los interesados, enviar un e-mail a contacto@piensachile.com solicitandolo. Se lo haremos llegar por la misma vía, en formato HTML.

2.8. Visita a comunidad de Temucuicui. Comuna de Ercilla. 29 de enero. 

Al ingresar la Misión al predio, se observó que los niños salieron corriendo y se escondieron. Ninguna persona adulta se acercó, sólo al rato apareció una niña. El resto tardó mucho en hacerse ver. Se pudo, así advertir, que se habían aterrorizado con sólo notar la presencia de la Van que nos transportaba.

La reunión se realiza en la zona rural de Temucuicui, con los hermanos Huenchullán Cayul. El conflicto en esta  comunidad está considerado  como uno de los más críticos.

Las reclamaciones sobre la restituciones de tierra llevan muchísimos años. El despojo se origina en el remate fiscal realizado en 1919, por medio del cual la mayor parte de las tierras pasaron a manos de un particular. Con la reforma agraria de 1973 las comunidades ocuparon nuevamente sus tierras. Con el advenimiento de la dictadura, al igual que otras comunidades, fueron desalojadas por la fuerza. Desde entonces la comunidad no ha cesado en el reclamo de sus tierras, que la democracia actual no les ha devuelto. 

Militarización de la zona, violencia policial y persecución judicial.

En el ingreso a la zona, la Misión constató la presencia de un autobús de carabineros escondido en un camino a poca distancia de la casa de esta comunidad. Al retirarnos, tomamos conocimiento de otros puesto de vigilancia con máquinas fotográficas y filmadoras fijas. Mientras se desarrollaba la entrevista sobrevoló el sitio un helicóptero militar. Los integrantes de la misión pudimos notar el pánico de los niños producido por el ruido del helicóptero.

Al tomar la palabra Rodrigo Huenchullán nos cuenta que ha dejado de ser Werken de la comunidad por estar requerido por la justicia. Según manifiesta, los dirigentes de la zona son asediados, vigilados y violentados con la finalidad de encarcelarlos. Permanentemente sufren allanamientos, en los que se utiliza el maltrato, la humillación, golpes, armas y un número desproporcionado de efectivos, con el objetivo de crear miedo o inventar causas de procesamiento a los comuneros. Producto de este accionar se ha propinado numeroso daños físicos, psíquicos y materiales (quema de casa, matanza de animales y destrucción de bienes) a estas comunidades. 

También plantea la instalación en la zona de puestos de control y vigilancia con cámaras de video y fotográficas, que permanentemente los asedian y constituye un severo cercenamiento de sus libertades individuales y causa de inseguridad y temor para la comunidad.

Diferencia de trato. Falta de acceso a la justicia.

Con la intención de no sobreabundar en datos, esta misión recomienda la lectura del informe de la Misión Internacional de Observación de la Violencia Institucional en contra del Pueblo Mapuche en Chile:”EL CASO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI”. En él consta un pormenorizado detalle de los casos de violencia y abuso policial con daños a adultos, mujeres, menores y ancianos. Se destaca que ninguno de ellos ha sido motivo de sanción a los funcionarios.

Relatan que por haber sido heridos de bala numerosos niños por la fuerza especial de carabineros, han realizado una presentación ante la UNICEF que hasta el momento no conocen su resultado. Agregan “a una viejita Juana Keipulfo de 80 años una bomba de gases lacrimógenos le estalló en la pierna, pasó 8 meses, la operaron, le pusieron hierros, a Patricio de 13 años le pegaron perdigones en la espalda, irrumpen a las 4 de la mañana, pegan a las mujeres, las sacan de las casas. Si viene un fiscal, el fiscal va a una sola casa y deja a los policías que vayan por toda la comunidad solos. La palabra mapuche no tiene peso. A veces entran 200 carabineros buscando un solo animal y se llevan lo que quieren. Uno va perdiendo la paciencia. Entran con tanquetas rompiendo los cercos, lo hacen cuando quieren. Si uno discute lo acusan de tentativa de homicidio. El intendente, el comandante, cubren todo …”

Refieren que ante la sola denuncia de un particular, son detenidos o allanados, violentando sus cercos y propiedades, y muchas veces encausados. En ocasiones, si un particular los reclama, les sacan sus animales sin investigar a quién pertenecen. Declaran que han sido allanados 15 veces en un año. Generalmente de noche, con camiones que irrumpen violentamente rompiendo cercos, mientras los gendarmes en gran número rompen y tiran sus pertenencias, vaciando el interior de sus viviendas mientras los niños y las mujeres tiemblan de miedo. Si el allanamiento se produce de día, generalmente es acompañado por helicópteros. El Estado ha tomado claramente posición a favor de los propietarios y latifundistas, destinando efectivos policiales a la custodia  de sus bienes. En el caso de Temucuicui la mayoría de las denuncias provienen del Sr. René Pagnard, quien con testigos de su familia y colocándose como victima de supuestos atentados, consigue ser  beneficiado económicamente por el Gobierno. Afirman que tienen grandes restricciones y dificultades, pues tienen que firmar en 3, a veces en 4, lugares distintos (uno por cada causa), cada semana o cada 30 días, los obligan a trasladarse bien lejos a perder días enteros. Si uno falta, al día siguiente le allanan la casa, rompen todo y lo detienen. Familias enteras están prófugas.

Respecto de las irregularidades en los procedimientos, afirman que basta con que sean negadas por el oficial a cargo y el fiscal, para que nada se investigue. En un caso llevaron a una recién operada de su cama arrastrando por la fuerza, se le abrió la herida, entonces fue la comunidad a hablar con el Fiscal Regional Francisco Luberta y no los quiso atender. Manifiestan que desearían tener medios para probar este accionar, tales como filmadoras o cámaras.

No ser escuchados les produce impotencia y descreimiento en el sistema.

Están convencidos que los medios de comunicación han colaborado en la estigmatización negativa de los mapuche en la opinión pública. Esta estigmatización es sufrida especialmente por los jóvenes y por los dirigentes, catalogados como violentos, delincuentes y “terroristas”. Ante la mera declaración pública de un particular son considerados culpables, cuando uno es dirigente lo acusan de varios delitos, cuando tiene más de una causa pierde la libertad, por eso mantienen las causas abiertas durante años. La Defensoría Mapuche, les pone un abogado, pero ese abogado no hace nada. Agregan: “Somos dirigentes y aparecemos en los diarios como delincuentes, da rabia.”

Se preguntan qué va a pasar cuando la comunidad responda con la misma violencia con la que son tratados, pues hasta ahora las víctimas son todas mapuche.

2.9. Visita a la Cárcel Femenina de Temuco, para entrevistar a Juana Calfunao, lonko de la comunidad  Paillalef. 29 de enero.

Concurrió la Misión conjuntamente con medios televisivos a quienes les impidieron ingresar. La entrevista se realizó con Juana Calfunao y su Hermana Luisa. 

Violencia policial y persecución judicial. 

En el marco de manifestaciones por el reclamo de tierras, Juana Calfunao y su esposo fueron procesados con cargos de “desórdenes públicos, hurto, secuestro y amenazas” causa en la que fueron absueltos. A raíz de incidentes violentos producidos en una audiencia oral, se les abre, junto a más miembros de la familia una nueva causa por “atentado a la autoridad “y lesiones menos graves” contra funcionarios públicos”. Por esta última causa permanecen presas desde noviembre de 2006. La pena solicitada por estos cargos es de cinco años para ella, 15 años para su esposo, 3 años para Luisa Calfunao y Jorge Landero Calfunao, Ernesto Sincopan, Juan Carlos Garrido Lincoyan, Fernando Braulio Lincopan, Víctor Guiñez Hernandez, Gloria Romero Cheuquepil, Carolina Landero Calfunao, y Roknelia Neculman Calfunao. Los once miembros de la familia deberían pagar además la suma de 700.000 pesos en concepto de daños reportados por el Tribunal de Temuco.

En estos incidentes, las detenidas fueron golpeadas por los funcionarios públicos, así como el resto de su familia, pero hay tratamiento especial respecto de los empleados públicos, quienes siguen en funciones. Al relatar los hechos, Juana afirma: “Ante morir doblado mejor morir de pie. Las golpizas más grande las ligué yo y soy como cuero de chancho, más golpes mejor,  a mi hermana Luisa, el Fiscal Torres le rompió un diente.” “Mi abuelo, José Luis Paillaleff, murió en la cárcel de Valdivia. A su mujer la violaron y le quemaron los niños, menos su madre y su hermana. Pero a su mamá la violaron, le cortaron la trenza, la encarcelaron en Valdivia. Al salir y regresar al predio encontró pobladores falsos, todavía están. Pero la gente ahora está atreviendo a luchar.”  Toda su familia está presa, los niños de 3, de 8 años, botados a la calle, mendigando pan duro.

Derechos e identidad mapuche.

Luego de un relato pormenorizado del origen de los derechos ancestrales sobre las tierras que reclama, y del violento despojo que ha sufrido su familia, que se remonta a su abuelo Juan Paillalef, Juana sostiene que los actos de recuperación del fundo representan el ejercicio del justo derecho de desarrollo como pueblo. Que razón de ello han recibido grandes golpizas y finalmente la cárcel. En relación a la autoridad que detenta dice que: “Soy Lonko por esencia, tengo mi descendencia, una historia que se remonta a 1810, la comunidad de Juan Paillalef.”

Juana Calfunao plantea: “Yo desconozco la jurisdicción de quienes me tienen hoy día presa. Ellos se instalaron en mi territorio sin mi consentimiento. Este es un estado que no tiene la legitimidad del pueblo mapuche.”

Condiciones de detención.

Manifiesta que tratan de permanecer en su celda pues sufren ataques de los delincuentes comunes, y viven amedrentadas. Que desde que fue apresada su familia no se ha vuelto a reunir a pesar que haber solicitado en muchas oportunidades el derecho de visitas familiares. Que sus hijas menores se encuentran en estado de abandono, ahora las cuida el de 20 que acaba de salir en libertad y que no puede salir a trabajar.

Su hermana sufrió una depresión profunda, provocada por tener que separase de su niña de tres años que aún era amamantada. En total tiene cuatro hijos. Luego de varios pedidos de atención especializada, la llevaron tres meses al hospital de psiquiatría, donde la tuvieron amarrada de pies y manos con cadenas. “Ella tiene un trauma de persecución de la familia. Estuvo con grilletes en el hospital durante cuatro meses. En un año y medio no pudieron reunirse como familia. No pueden verse las caras todos  juntos. Necesitan verse como familia”.

Agrega Juana que la hicieron perder una criatura a los golpes, le fracturaron el pómulo con la bota, la ahogaron con las dos trenzas.

Acceso a la Justicia.

Cuenta que su abogado, Lorenzo Andrés Morales Cortés, se presentó espontáneamente a defenderla en el juicio oral del Tribunal de Temuco. Que por tal motivo lo echaron del Hotel y debió preparar su defensa en la cárcel. Que lo hace solidaria y gratuitamente porque lo conmueve la situación de ella y su familia. Pero que antes de él nunca habían podido acceder a una defensa particular. Como los demás entrevistados desconfían de las defensas oficiales en razón de la situación procesal de los presos mapuche.  Nos comenta que habría un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Pero esta Misión no pudo contactar a su abogado y conocer el estado de dicho recurso. 

NOTA: Con posterioridad a la conclusión de la misión, hemos tomado conocimiento que el día 16/02/08, con motivo de ingresar a la cárcel de Temuco para visitar a su padre, Waikilaf Cadin Calfunao, hijo de Juana, sufrió intento de requisas vejatorias siendo atacado por nueve funcionarios penitenciarios. Esto le produjo lesiones leves. Le fue negado constatar dichas lesiones. Luego fue detenido por cargo de lesiones leves y amenaza verbal contra funcionarios de gendarmería.