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Derecho a la vida: ¿derecho constitucional o reafirmación del patriarcado? 

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Una de las formas más terribles pero más sutiles de opresión de la mujer en nuestras sociedades capitalistas y patriarcales, ha sido la administración del uso del cuerpo de la misma por parte del varón. Cuando un hombre se casa, no pierde su nombre, sigue siendo “Juan Pérez”, pero la esposa es “la señora de Pérez”, hecho que demuestra claramente, como la mujer, por el hecho de haberse unido “voluntariamente” al hombre, pasa a ser “de su propiedad”, o sea, algo parecido a un objeto, a una pertenencia del varón, como el vehículo, la casa, el llavero. Esta actitud de pertenencia es refrendada “santamente” por la Iglesia Católica, como parte del poder establecido por el patriarcado para seguir sojuzgando “in eternum” a las mujeres, negándoles el derecho fundamental y por lo tanto, inalienable e imprescriptible de ser dueñas de su propio cuerpo y, lo que es peor, de su propio placer y disfrute.

Este poder omnímodo de la Iglesia Católica frente al estado, (que además no puede ser discutido porque deviene “divino” ) es el que finalmente se impone a la hora de hablar de los derechos de las mujeres a decidir libremente qué hacer y cómo hacer con su cuerpo y su sexualidad; por supuesto, esto va aparejado de la consigna religiosa que la mujer no puede sentir placer porque el placer es “pecaminoso” y que ella, la mujer, debe mantenerse “santa y pura” para que, eso si!! el varón “la disfrute” a discreción (no que disfruten juntos), sin importar que pasa al interior de ese ser en el momento pleno de ese supuesto disfrute, compartido o no.

Demasiados candados para un ser que es tan humano como cualquier otro, que siente, que ríe que llora, que se desangra mes a mes, dejando huir una duda o una esperanza; demasiadas ataduras en pleno siglo veintiuno, como si las mujeres no fuéramos otra cosa que máquinas de hacer hijos, olvidando lo que significa preñarse y parir. Olvidando que ese simple hecho cotidiano -el preñarse y parir- puede significar un grave riesgo de muerte, si no está hecho en las condiciones adecuadas.

¿Y que podríamos decir de las mujeres adolescentes, niñas, que víctimas de un incesto, de una violación, -el acto más sangriento y terrible de barbarie que un ser humano puede cometer contra otro-, resulta preñada? ¿O sea que porque “el derecho a la vida se inicia en la concepción”, esa niña deberá cargar toda su vida con el fruto de un embarazo no deseado, una maternidad acelerada y un millón de heridas en el alma que no se cerrarán jamás porque la sociedad, tan pechoña, cobarde e hipócrita el niega el derecho legítimo a su reivindicación como mujer? ¿O sea que lo que pasa en las fibras más íntimas de una mujer en el momento que es violada, que es forzada a entregar lo más preciado que tiene que es su cuerpo, no puede, no debe importarle al estado? ¿O sea que la mujer no es sujeta de derechos y el producto de una concepción mal habida si lo es? ¿En qué lugar empiezan y terminan las fronteras de los derechos humanos para las mujeres? ¿Existen? O ¿es que esta sociedad prefiere ignorarlos porque no le conviene hacer que por fin las mujeres tengamos derecho a decidir? ¿Porqué no se hablan las cosas como son, de manera valiente y decidida? ¿Porque no somos capaces de ser más honestos con nuestra prerrogativa a decidir libremente?

En este nuestro país, donde hemos iniciado una revolución democrática y cultural, se ha instalado una Asamblea Constituyente para refundar un nuevo país. Pero la refundación del nuevo país no solamente significa nuevas reglas de convivencia en el orden político, administrativo o económico; también lo significa en el orden moral. No podemos cerrar los ojos a realidades que gritan en el País; hechos como que la Razón de Mortalidad Materna es la más alta de Latinoamérica y que una gran parte de esas muertes ocurren en mujeres jóvenes, adolescentes a consecuencia de abortos clandestinos, mal practicados y en pésimas condiciones de higiene y que además, las que no mueren, corren el riesgo de quedar con graves secuelas que comprometen su posibilidad reproductiva, a veces, de manera irreversible. Es decir, dicho en palabras menos técnicas, que esas mujeres víctimas del abuso machista, patriarcal y consentido societalmente de los varones, una vez que superan el trauma (si es que alguna vez se puede superar el trauma de una violación) y deciden libre y voluntariamente preñarse y parir como producto del amor y el deseo, o como producto de la reafirmación de su prerrogativa de ser madres, no podrán hacerlo y al estado poco o nada le importará que estas secuelas profundas permanezcan en el cuerpo y la mente de miles de mujeres, sin que la sociedad se solidarice con ellas.

Por lo tanto, como diría mi querida compañera Raquel Gutiérrez Aguilar, estamos frente a un caso más de opresión a las mujeres y esta opresión, como cualquier otro ejercicio de poder está sostenida, no por una serie de limitaciones, de prohibiciones perversas, de exclusiones rígidas, sino por una múltiple, difusa, continua e intangible serie de prescripciones de aquello que socialmente es una mujer y, por lo tanto, de lo que es un varón. En resumen se trata de un tema político, eminentemente político y de ejercicio del poder, por lo que una vez más comprobamos, no sin amargura y rabia profunda, que el poder a las mujeres se nos sigue negando, así sea el poder de decidir sobre nuestras propias vidas.

Por lo tanto, la decisión asumida en días pasados en el seno de la Asamblea Constituyente, no es otra cosa que la reafirmación del patriarcado y dista, de muy lejos, de ser una defensa seria, sincera y comprometida del derecho a la vida.

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