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¿Soberanía sobre los recursos naturales? 

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Estabilidad institucional garantizada para la minería contaminante
Boletín quincenal Nº60 – La reciente y polémica visita de una funcionaria de Medio Ambiente a la ciudad de Tucumán; la ausencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en una audiencia pública a la que debía presentarse en San Rafael, Mendoza; el inicio del juicio contra vecinos de Esquel en lucha contra la Meridian Gold, propiedad de la familia Bush; y la continuidad de asambleas comunitarias, cortes de ruta y otras acciones informativas en La Rioja, Mendoza y Sierra de la Ventana, entre otros lugares, son hechos recientes que van poniendo sobre la mesa el debate sobre las explotaciones mineras en todo el país. Una discusión estratégica, como aspecto particular de la pelea por la apropiación de los recursos naturales: el agua, el aire, los nutrientes de la tierra, el gas y el petróleo, bienes comunes en disputa.

La actividad minera, en nuestro país, se encuentra regulada por 16 paquetes de leyes -que conforman un total de 20 normativas- sancionadas en su mayoría en los ’90. En estos momentos hay operaciones de exploración o explotación de metales en por lo menos la mitad de las provincias argentinas: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Buenos Aires. Casi todas se encuentran sobre la cordillera de Los Andes, rica en recursos. La minería a cielo abierto consiste en un proceso de remoción de enormes cantidades de suelo y subsuelo que luego son procesadas con químicos para extraer metales. Esta actividad requiere también de grandes volúmenes de agua en el proceso de separación de los minerales, a través de la llamada “sopa química” que se arroja sobre los cráteres de las montañas antes dinamitadas. El proceso contamina aire, agua y suelo, con consecuencias sobre la salud de las personas, afectando además a otras actividades productivas como la agricultura.

Al efecto directo sobre las poblaciones de las provincias con yacimientos instalados se suman Tucumán y Santiago del Estero, provincias de tránsito y desagote de deshechos. Bajo la Alumbrera es una explotación ubicada en Andalgalá, provincia de Catamarca. El recorrido de saqueo y contaminación de esos metales funciona como una metáfora de lo que pasa en todo el país. Se estima que desde esta mina, la más grande de América, se extraen concentrados de cobre por un valor aproximado de 650 millones de dólares anuales, entre otras riquezas, que se envían por un mineraloducto hasta Tucumán, donde se deshecha el agua, se solidifican los metales que son trasladados al puerto de San Lorenzo, en las afueras de Rosario, desde donde salen del país. "¿Quieres oro?, Ahora impórtalo", dice Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas.

En todas las explotaciones, con el oro, la plata y el cobre como elementos principales, los empresarios también se llevan los llamados "metales raros". "Los funcionarios dicen que ni siquiera sabemos qué hacer con eso", señala Rodríguez Pardo. Las tierras raras, como las que se usan en las industrias química, electrónica y de comunicaciones. "En todo el mundo están en la búsqueda del superconductor. Para darte un ejemplo, de la energía que sale del Chocón sólo llega el 40 por ciento a Buenos Aires. Así que imagínate lo que vale eso".

El ambientalista sostiene que la situación actual de la minería y el medio ambiente “tiene que ver con una política de Estado. Primero tendríamos que preguntarnos qué país se quiere hacer, de qué forma. Cuando hablamos nosotros de desarrollo sostenible y nos preguntan ‘bueno, ¿pero qué minería es la que hay que hacer?’, nosotros les decimos que hay que contestar cuatro o cinco preguntas básicas. La primera es que país quieres y en función de eso vas a generar una política: qué minerales necesitas para desarrollarte como tal, de dónde los vas a sacar y cómo los vas a sacar”.

Mientras crecen y tienden a unirse las protestas sociales, aparecen también persecuciones judiciales que en opinión de la socióloga Maristella Svampa “encuentra paralelismos significativos con lo que sucede desde hace años respecto de la protesta social. Recordemos que la judicialización de la protesta se inició en 1996 y tuvo como blancos predilectos piqueteros y militantes sindicales (maestros, empleados públicos). Hoy en día se estima que existen más de 4 mil personas procesadas. Una parte importante de estas causas se originaron en las localidades petroleras (Salta, Neuquén y, más recientemente Santa Cruz), y varias de ellas fueron iniciadas por empresas multinacionales”. La socióloga de la UBA se pregunta “si no estamos entonces frente al inicio de una segunda oleada de judicialización, que ahora incluye los explosivos conflictos ambientales."

Pero ¿cuál es la opinión -y la intervención- del gobierno nacional? En reiteradas oportunidades el presidente Kirchner se ha referido a la relación entre recursos naturales y soberanía. "Sabido es que la defensa de la soberanía, de nuestros intereses y recursos nacionales, así como nuestra voluntad de alcanzar un desarrollo sustentable e integrarnos a nivel regional desde una fuerte identidad nacional, configuran ejes esenciales de un proyecto de Nación que requiere la participación de todos los argentinos", señaló en un discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hace menos de dos años.

Sin embargo, en Santa Cruz, Chubut y recientemente en La Rioja, los vecinos fueron agredidos por patotas entre quienes identificaron a punteros del gobierno junto a grupos de choque de sindicatos, entre ellos sectores de la UOCRA. Por otro lado, en el plano del desarrollo productivo y el modelo económico, continúa la vigencia de las llamadas “leyes del saqueo”. Mientras las comunidades exigen la derogación del código minero, los gobernantes se pasan decididamente a la vereda de las multinacionales.

Como para confirmar el rumbo se puede citar la reunión realizada días pasados en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, entre Lourdes Bascary, directora de Participación y Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y vecinos que están organizándose y luchando contra la contaminación en la cuenca Salí – Dulce, a causa de Bajo La Alumbrera y en menor medida, otras industrias. En la reunión, Bascary negó la posibilidad de la Secretaría de constituirse como querellante, admitiendo que el gobierno tiene decidido no hacer nada para frenar la contaminación. "Si desde la Secretaría enjuiciamos a las empresas, nos podría costar el puesto", confesó la colaboradora de Romina Picolotti, titular del área. De esta manera, dejó en claro que el máximo órgano encargado de cuidar el medio ambiente a nivel nacional no tiene injerencia en las actividades mineras, a pesar de que los efectos sobre la salud están estudiados y esa información adquiere cada vez mayor estado público, sobre todo a partir de las crecientes luchas sociales. En su lugar, recomendó a los vecinos presentes dirigirse a la Secretaría de Minería de la Nación para efectuar sus reclamos. Esto se suma al faltazo de la CNEA en San Rafaela, donde 400 vecinos se presentaron a la audiencia pública para expresar su rechazo a la posición oficial y exigir el cierre de la mina de uranio de Sierra Pintada.

Pero no todo es inacción en materia minera: la propia página web del Ministerio de Economía de la Nación, por ejemplo, publicita desde hace tres años las oportunidades de inversión para La Rioja, y en un apartado titulado “Las principales ventajas que ofrece la provincia”, la Agencia de Desarrollo de Inversiones nacional destaca: "en la minería, las ventajas que ofrece el sector tienen que ver el potencial que representan los recursos mineros (con una importante superficie sin explotar), los incentivos económicos a la exploración y explotación minera, la integración regional y la seguridad jurídica".

Estas ofertas se complementan con un detallado informe para el conjunto del territorio argentino, donde además de la "amplia disponibilidad de recursos mineros en el país", el gobierno central destaca el "adecuado marco legal para el desarrollo de la actividad, brindándole así la estabilidad institucional que requiere" y la existencia de "importantes incentivos fiscales y económicos que hacen muy atractiva a la Argentina como destino de las inversiones. Tanto las compañías argentinas como las extranjeras pueden acceder a los beneficios. Para ello sólo necesitan inscribirse en el registro de inversiones mineras de la Secretaría de Minería de la Nación".
http://www.prensadefrente.org/ 

Información relacionada:
– Entrevista a la Asamblea de Vecinos de Esquel y la Unión de Asambleas Ciudadanas en Biblioteca
– Notas de la sección Recursos naturales
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