Chile entre dos Centenarios: Historia de una democracia frustrada (II Parte)

Los dos Chiles del Centenario
El estudio histórico comparativo tiene el peligro  de sostener analogías discutibles, pero permite comprender los procesos históricos desde una concepción holística y abrir nuevos caminos a la indagación y análisis de los procesos históricos. Por ejemplo, es muy difícil comprender los Frentes Populares, de los años 30, sin recurrir al gran viraje de los partidos comunistas, en el VII Congreso de la Internacional. Como lo probé en un estudio anterior (Huasbe Gumucio 1973), las relaciones entre los Frentes Populares francés, español y chileno, son fundamentales en el entendimiento de la política chilena, a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Las ideas de Dimitrov, transmitidas en Chile por Kazán y  Ravines, agentes de la Internacional, fueron importantes en el viraje del Partido Comunista, desde la estrategia sectaria obrerista, de lucha de clase contra clase, a la apertura hacia la alianza de clases con los partidos burgueses, en especial con los radicales.

El simbolismo tiene mucha importancia en la historia: ambos Centenarios nacen después del  suicidio heroico de dos presidentes emblemáticos: José M. Balmaceda y Salvador Allende. No es el momento de discutir sobre su proyección histórica, sin embargo, la guerra civil de 1891, (significó más de 10.000 muertos), y el golpe militar de 1973, junto con causar una estela de muerte, tortura y exilio se caracterizó por el largo período de persecución de los vencidos. Por cierto, en el caso del parlamentarismo rápidamente se buscaron leyes de amnistía que permitieron inaugurar “la vía chilena a la reconciliación”. En la tiranía de Pinochet, el terrorismo de Estado se ensañó con los vencidos por más de 17 años. Creo que ninguna comparación podría establecerse entre la auto amnistía decretada en la dictadura pinochetista y las leyes dictadas en la república plutocrática, a favor de los ex balmacedistas.

En el período de transición a la democracia, aún bajo la tutela militar, se han intentado varias vías de reconciliación que, en general, han favorecido la impunidad de los torturadores y personeros de la tiranía. Por ejemplo, el Informe Rettig no menciona a ninguno de los culpables de secuestro y desaparecimiento de personas; la Mesa de Diálogo no ha servido para encontrar los cadáveres de los detenidos desaparecidos; el Informe sobre Prisión Política y Tortura omite, olímpicamente, los nombres de losa torturadores. Sólo algunos casos judiciales, como el que lleva el Ministro Alejandro Solís, han permitido apresar a la plana mayor de  la DINA y, en otro caso, a la dirección de la CNI. Para lograr estos contados éxitos han tenido que transcurrir más de 30 años.

La reconciliación ha significado, tanto en 1891, como en la actualidad, que los partidos políticos, que defendieron los ideales de Balmaceda y Allende, se hayan tenido que amoldar al país construido por los vencedores. Nada más vergonzoso que la adecuación de los liberales democráticos, antiguos balmacedistas, a las transacciones del decadente parlamentarismo, dirigidos por un especulador de la bolsa y un gran embaucador como lo era Juan Luis Sanfuentes quien, con un cinismo digno de la mejor causa, sostenía que se había acabado la época de los “grandes repúblicos”, como Manuel Montt, MacIver, Vicente Reyes, y tantos otros. Hoy predomina el pragmatismo, lo que hay que hacer hoy es enriquecerse. El partido liberal democrático participa de todos los juegos parlamentarios y su principal objetivo es lograr puestos para sus militantes. Creo que algo similar ha ocurrido con parte de los seguidores de Salvador Allende. En ellos ya nada queda de los ideales de cambiar una sociedad. El PPD y el PS se amoldan perfectamente al neoliberalismo, que utiliza la democracia como un vestido más decente para someter la política al mercado. Poco les importa que las mayorías nacionales rechacen a los políticos, pues esta es una casta que se auto genera en base a un sistema electoral que garantiza, como en el parlamentarismo, la subsistencia de dos grandes combinaciones políticas y de un pequeño número  de partidos: 6 en cada caso. Ninguna voz disidente puede ser elegida

Otro punto de similitud entre ambos períodos lo constituye el sistema electoral restringido: el binominalismo, que le parece tan sui generis a algunos analistas políticos, pero que no fue un invento de Pinochet; bastó que un  avezado e inteligente asesor, conocedor de las Memorias de mi abuelo, Manuel Rivas Vicuña imitara, casi exactamente, un proyecto de ley propuesto por el más duro de los contradictores del parlamentarismo, el último pelucón historiador, don Alberto Edwards, en esos tiempos miembro del Partido Nacional. La reforma electoral de 1911 dividía el país en un sinnúmero de pequeñas circunscripciones, donde cada una elegía dos diputados, lo que garantizaba que la minoría con solo obtener el 33% de los sufragios podía asegurar un diputado y, la mayoría, debería obtener un 66% de los votos para lograr la representación. El “empate” perfecto que tanto gusta a los chilenos. (Rivas Vicuña, 1930: 579).

Pareciera que nada ha cambiado: muchos de los concertacionistas se han amoldado perfectamente al famoso y antidemocrático sistema binominal. Por ejemplo, los senadores no sólo tienen garantizados sus puestos por ocho años, sino que fácilmente pueden ser reelegidos eternamente, bastándole para lograrlo mantenerse en las cúpulas de sus respectivos partidos. Se sabe, mucho antes de la elección, que el senado terminará empatado entre las dos combinaciones, pues es casi imposible, por la división electoral, que en alguna circunscripción se logre duplicar la votación. Como broma, me atrevo a proponer la suspensión de la elección de senadores limitándola a una interna de los partidos y donando las enormes sumas de dinero que se gastan en las campañas a una institución de beneficencia.

Lo dicho anteriormente hermana aún más la llamada transición a la democracia a la famosa república plutocrática. Son los mismos nombres, los mismos escenarios, los mismos cubileteos políticos los que se reparten los puestos de figuración: ora uno es senador, ora otro es ministro o, el siguiente, alto funcionario. Cuando algunos de esta “tribu de Judá”, como la llamaba Vicuña Fuentes, comete un desliz o mete las manos en la caja fiscal, en vez de castigársele, se le envía a un jugoso puesto secundario. El juego del enroque permite la pervivencia de estas verdaderas castas, cada día más alejadas de la sociedad civil. Ya no son los Ovalle, los Valdés, los Errázuriz, los Montt, los Riesco, los Sanfuentes…, que no aceptaban que ningún siútico, como los llamaban en la época, se atreviera a postular a la primera magistratura. Sin ninguna vergüenza expulsaron de su seno a Antonio Varas y a Heliodoro Yánez Ponce de León, por no poseer la alcurnia necesaria. La clase política de hoy, la mayoría  se formó en las ONGs y en el exilio: ya no pertenecen a la oligarquía, pero rápidamente, por el azar de tanta transacción se fueron acomodando y se transformaron en gerentes de grandes empresas, presidentes de bancos y asesores que, al igual que en el parlamentarismo, esta tribu de nuevos ricos que le sonríen a la derecha pinochetista, son impenetrables para el ciudadano común y corriente. Desde las alturas, tan rápidamente conquistada, escriben panfletos apologéticos, al Chile neoliberal.

Los escándalos de tipo financiero no son más que subproductos de esa abrupta separación entre la ética y la política. Ahora lo único que importa es el éxito. Y la pobreza –para que nadie lo olvide- es asumida como un verdadero castigo de Dios, como lo sostiene la ética calvinista. ¿Por qué no confundir el dinero del Estado con la caja chica personal o la de una
ONG? Como se consideran seres privilegiados por su inteligencia y sagacidad, como están asegurados en sus cargos por largo período, por qué no caer en la tentación de recurrir al dinero de las arcas fiscales. En este plano también se hermanan ambos Centenarios: en la república parlamentaria los diputados, senadores y ministros, en su mayoría eran directores de empresas salitreras o abogados de grandes bancos; por ejemplo, Arturo Alessandri no tuvo ningún empacho en defender los intereses de una gran compañía explotadora del caliche, siendo senador en ejercicio; Eulogio Altamirano era el abogado principal de la Casa Gibbs; otros como Zegers era abogado de Thomas. North; el conservador Carlos Walker de Puelma; ex presidentes  como Germán Riesco, oficiaban de gestores (“operadores”, les llaman hoy) ante el parlamento, o ante el presidente de la república, en representación de un banco a punto de quebrar,  aunque no logró la intervención del macuco presidente Barros Luco para salvarlo con dineros del Estado. Las oficinas salitreras más rentables se repartían entre los políticos. Así  ocurrió con los repartos de las tierras de la Araucanía y de Magallanes. En la quiebra de la Casa Granja, propiedad de un rico español que explotaba algunas salitreras del norte, intervino directamente para salvarla, el ministro del Interior de don Pedro Montt, Rafael Sotomayor, quien tenía intereses comprometidos en dicha empresa. La desafección de la opinión pública por tanto escándalo llevó a la crisis definitiva del sistema, durante los años veinte.    

Han sido necesarios más de treinta años para que la opinión pública pueda conocer, en toda su magnitud, el verdadero asalto a los dineros del Estado, que llevó a cabo la dictadura de Pinochet. Un pacto  secreto de transición, impulsado por el miedo al dictador, quien conservaba la comandancia en jefe del ejército, mantuvo en sordina el no pago de la deuda subordinada de los bancos, que estuvieron a punto de quebrar, a raíz de la crisis económica de 1os años 80. Las famosas privatizaciones se constituyeron en un gran negocio para los seguidores y beneficiarios del régimen: algunos eran simples funcionarios públicos y, de la noche a la mañana, se convirtieron en prósperos empresarios. Un caso emblemático lo constituye el famoso yerno de Pinochet, Ponce Leroux, actualmente propietario de la principal empresa salitrera chilena. últimamente se han descubierto algunos negocios, gracias a una investigación del senado de los Estados Unidos, dirigida al control de lavado de dinero. Diversas cuentas a nombre del propio Pinochet y de su familia que, incluso usando nombres falsos, como “Daniel López”, pasaportes adulterados, poseían más de US15.000.000, según lo  investigado por el Ministro Muñoz, a cargo de este caso.

A pesar de que Chile cuenta con una buena posición ante las agencias calificadoras de corrupción, los casos graves de mala utilización de fondos fiscales se han sucedido durante los tres gobiernos de la Concertación. A fines de la administración de Patricio Aylwin fue descubierto un boquete en los fondos de CODELCO, provocado por un funcionario de esta empresa, Juan Pablo Dávila. La pérdida total se calcula en US$ 218 millones, de los cuales sólo se han recuperado US$ 57 millones. Es difícil pensar que un negocio de esta magnitud haya sido posible sin el conocimiento de los directores de la empresa, como Alejandro Noemí y otros altos mandos; el único que pagó con cárcel, por delito tributario, fue Dávila quien, hoy converso al protestantismo, enseña en una universidad adventista de Chillán.

Otro escándalo de proporciones lo constituye el caso de las famosas indemnizaciones a todo evento, que le significó al fisco un gasto de US$ 111 millones de dólares, convirtiendo en millonarios a personas que trabajaron en la administración pública durante un corto período.. Otro escándalo fueron las famosas casas COPEVA, viviendas populares pésimamente construidas, a cargo de la familia Pérez-Yoma, emparentado directamente con el ministro de defensa del gobierno de Frei. El gobierno de Lagos no escapó de esta onda de malversación fiscal: una serie de diputados fueron acusados, ante los tribunales, por haber recibido “coimas” de planteros de la IV región. El caso MOP-Gate, que implica a un ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, y a la empresa de papel Gate, por recibir dinero de Concesiones, otorgadas a empresas privadas,. La financiera Inverlink, dirigida por Monasterio, estafó a CORFO en 200 millones de dólares. El presidente Lagos, ignorante de la importante suma del desfalco, sostuvo que esto equivalía al robo de un jarrón, incluso, apareció implicado el ministro álvaro  García, por haber defraudado a la municipalidad de Viña del Mar. Aquitado posteriormente por los Tribunales, fue nombrado recientemente como embajador de Chile en Suecia.

Pareciera que la vieja honestidad de los políticos republicanos hubiera desaparecido por completo, como si la virtud republicana hubiera fenecido entre los muros de la Moneda en llamas. Todos estos escándalos no nos debieran extrañar, cuando en la concepción neoliberal de la política, el mercado se transforma en un dios todopoderoso que devora, como víctimas propiciatorias, a toda actividad que persiga fines éticos y de grandeza. El objetivo de los pensadores neoliberales, Hayek y Friedman, es derrotar toda política de estado de bienestar, así, la seguridad social deberá ser ahorro individual, como ocurre con las AFP, en Chile que juega con los fondos de los pensionados en las fluctuaciones del mercado, o la medicina privada, manejada por las Isapres, la educación transformada en empresa. La idea central es instaurar una dictadura del mercado que, por cierto, no es un régimen político, no es república ni monarquía, no es tiranía ni presidencialismo, es mucho más: es una forma de civilización, una religión, cuyo único dios es la rentabilidad y que es asaltada, permanentemente, por  rutilantes escándalos, como los casos Enron, Parmelat, Citibank con los bonos europeos, y tantos otros. La búsqueda de la rentabilidad tiene otra ética cuyo único fin es el triunfo, importando poco los medios para conseguirlo.
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Continuará la III Parte