La lucha de la memoria contra el olvido 

El día 11 de septiembre recién pasado visité por primera vez Villa Grimaldi, gracias a la iniciativa y buena voluntad de Nora Gatica, una amiga de aquellos tan felices como lejanos tiempos del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Cruzamos la amplia reja de fierro cuando ya eran pasadas las diez de la noche, y sin embargo el lugar, semiluminado por la tenue luz de cientos de velas, se encontraba repleto de visitantes de todas las edades que, respetuosa y silenciosamente, recordaban y rendían homenaje a sus amigos, camaradas o parientes torturados o asesinados allí durante los 17 años de la brutal dictadura pinochetista. Posteriormente experimentamos un profundo impacto emocional al escuchar el sentido lamento de voces e instrumentos bellamente tocados por varios músicos, cuyos cantos buscaban traer un mensaje de esperanza y alegría a este lúgubre lugar donde, en el pasado, funcionara aquella verdadera sucursal del Infierno en la tierra.

El aspecto de los edificios, muro exterior y demás construcciones del que fuera uno de los más siniestros centros de detención y tortura de la DINA, ha cambiado casi completamente desde aquellos días de terror y muerte, hasta el punto de que sería hoy prácticamente irreconocible para quienes tuvieron la desgracia de permanecer allí como prisioneros; a no ser por la torre de madera, de unos tres pisos de altura, que se alza casi en el fondo del espacio que constituía el campo de prisioneros, que evidentemente ha sido reconstruida, como lo delata el olor a pino recientemente aserrado que emana de su estructura.

En este sentido Villa Grimaldi, como ocurriera con muchos otros centros de tortura y muerte, no consiguió escapar a la premeditada y sistemática acción destructiva de los agentes del olvido programado, que se han valido de todos los medios a su alcance para borrar de la faz de la tierra chilena todo vestigio material o registro histórico de las brutales acciones de los aparatos represivos de la dictadura militar; del mismo modo como los nazis intentaron destruir toda evidencia, material o documental, de los campos de exterminio, con sus cámaras de gases y hornos crematorios, antes de que éstos fueran descubiertos por los ejércitos aliados que, aplastando toda resistencia, se abrieron paso sobre territorio alemán en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.                         

Entre las más conocidas, la antigua casa donde funcionara otrora el centro de torturas de Domingo Cañas fue demolida, contra todos los esfuerzos de los familiares de los detenidos-desaparecidos, así como de las campañas y mítines de las organizaciones políticas de la izquierda extraparlamentaria, muchos de cuyos militantes perecieron allí. Lo mismo ha ocurrido con varios otros lugares donde se cometieron por más de tres lustros, y por orden de Pinochet, los más terribles abusos a los derechos humanos de miles de compatriotas. Por su parte, la suerte de la casa de Londres 38 aún es incierta, a pesar de los incansables luchas de varias organizaciones de defensa de nuestro patrimonio histórico, de la colaboración de algunos parlamentarios de la Concertación, mientras el actual gobierno pareciera indiferente ante la posibilidad de que el edificio de este antiguo centro de tortura sea vendido y demolido, lo que constituiría un nuevo atentado de los agentes del olvido en contra de nuestra memoria colectiva.

De allí que sea plenamente justificada la indignada reacción de los dirigentes de la “Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi”, así como la de sus ex prisioneros, al descubrir recientemente que los arquitectos de la Universidad Católica, que estuvieron, entre 1994 y 1997, a cargo de la construcción del Parque por la Paz, habían demolido y sepultado importantes vestigios de los edificios originales en los que funcionó el centro de detención de Villa Grimaldi. Este proceder de los arquitectos Ana Cristina Torrealba, José Luco Gajardo, Luis Santibañez y Cristina Felsenhardt(1), es tan injustificado e imperdonable como si un equipo de arqueólogos encargados de preservar una pirámide egipcia procediera primero a demolerla, y a ocultar sus cimientos y estructura subterránea, para luego volverla a construir con materiales y técnicas modernas.

El reciente descubrimiento de los dirigentes de la “Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi”, que preside Rodrigo del Villar, pone en evidencia al menos tres importantes hechos:

1. Que la construcción del Parque se hizo, por lo que se ve, sin consultar el parecer de los miembros de la Corporación; la que se constituyó el 13 de Julio de 1996, es decir, cuando las demoliciones y el ocultamiento ya estaban en marcha, y que sólo recibió el Parque de manos del Ministerio de Bienes Nacionales en el 2005. Los referidos arquitectos estuvieron a cargo de las obras entre los años 94 y 97.

2. Que tal como en el caso del monumento al Presidente Allende, ubicado en la esquina norponiente de Moneda y Morandé, para cuya realización se comisionó a Arturo Hevia Salazar, un escultor derechista por propia confesión (2), tampoco se eligió  para el diseño y construcción del Parque por la Paz a profesionales que tuvieran, no digamos una clara afinidad política o ideológica con las víctimas (lo que sería mucho pedirle a los burócratas del referido Ministerio),  pero que mostraran por lo menos una mínima sensibilidad hacia ellas y sus terribles experiencias; sino que, como es obvio, se contrató a los arquitectos nombrados más arriba de acuerdo a criterios puramente técnicos.

3. Que las acciones de los arquitectos fueron tan inadecuadas y torpes que no pueden explicarse sino como el resultado de una premeditada voluntad de acometer la destrucción del patrimonio histórico de la Villa Grimaldi, o de una completa falta de comprensión del significado moral y humano de la tarea que les fue encargada.

Situaciones, como las aquí referidas, se explican en última instancia como consecuencia de la actitud ambivalente que muchos de los personeros de la Concertación tienen hoy ante la defensa de la memoria histórica relativa a los atropellos a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura. Su falta de sensibilidad ante la necesidad de preservar los vestigios y testimonios materiales de la represión dictatorial, por respeto a sus víctimas y para ilustración de las generaciones presentes y futuras, ha permitido que parte importante de dicho patrimonio haya sido destruido y olvidado. Es responsibilidad de todo chileno conciente hacer algo para que ello no vuelva a ocurrir en el futuro; porque es indudable que las fuerzas del olvido continuarán, abiertamente o desde las sombras, su siniestra tarea.