Quieren impunidad

José Huenante tenía 16 años de edad. Hijo de una familia de escasos recursos de Puerto Montt, trabajaba empaquetando erizos. El 3 de septiembre de 2005 fue detenido por una patrulla de Carabineros.

Y desapareció para siempre.

Las diligencias de la PDI revelaron una serie de irregularidades cometidas por la patrulla a cargo, incluida la adulteración del kilometraje del vehículo y del libro de detenidos. El fiscal alcanzó a acusar a los carabineros envueltos, pero entonces el caso fue traspasado a la justicia militar, por haber uniformados involucrados.

Allí languideció por años.

En 2010 y 2016, sucesivas reformas firmadas por los Presidentes Piñera y Bachelet permitieron al fin que crímenes como el de Huenante fueran vistos por tribunales civiles. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el caso volvió a la justicia regular, en 2018, encontrar nueva evidencia ya era casi imposible. Su abogado alertó que pruebas clave se habían perdido y ocultado.

Hoy José Huenante tendría 35 años. Su familia lo sigue buscando. Y su caso sigue impune.

En 2018, Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro en la nuca mientras, desarmado, se trasladaba en un tractor junto a un adolescente de 15 años. Las primeras versiones oficiales atribuyeron los hechos a un enfrentamiento, aseguraron que no había registro de cámaras, y, luego, que esa evidencia había sido destruida.

Sin embargo, gracias a las reformas de Piñera y Bachelet, este caso fue visto por un fiscal, en la justicia civil, que desarticuló el encubrimiento. Las imágenes del crimen salieron a la luz, el carabinero Carlos Alarcón confesó que fue obligado a mentir por sus superiores, y la justicia condenó al autor por un homicidio consumado y uno frustrado.

El crimen de Catrillanca tuvo verdad y justicia. El de Huenante, ni la una ni la otra.

Este jueves, Chile retrocedió a los tiempos oscuros de la justicia militar. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron que los actos cometidos por militares y policías en ciertas circunstancias, como los estados de excepción y otras, “serán siempre conocidos” por tribunales militares.

Fue el punto culminante de una semana de ataques políticos contra la justicia. Una campaña de acoso y derribo que pretende intimidar a fiscales y jueces que han tenido la insolencia de hacer su trabajo: investigar eventuales delitos.

Y si no se dejan intimidar, deshacerse de ellos.

Esta campaña se aprovechó del deleznable asesinato de tres carabineros en Cañete. La misma mañana en que se conoció el crimen, RN y la UDI ya pedían una ley de amnistía para carabineros y militares responsables de torturas, mutilaciones y homicidios de civiles entre 2019 y 2020. Luego, exigieron la destitución de los fiscales Armendáriz y Chong, y su presión política logró que la Fiscalía postergara la formalización del general Ricardo Yáñez.

La diputada RN Camila Flores habló de “carabineros que son perseguidos por el activismo judicial de la fiscal Chong”. (Sabemos que el odio político contra Chong tiene otro origen: es la única fiscal que ha logrado meter en la cárcel por corrupción a un senador en Chile, el UDI Jaime Orpis).

El republicano Cristián Araya habló de “fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo”. Una escalada a la que se sumó la alcaldesa Evelyn Matthei, al denunciar que “fiscales están inventando delitos”.

Estos políticos están usurpando la labor de la justicia y destruyendo la independencia de los poderes del Estado. Y lo hacen difundiendo información falsa o engañosa para minar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Un caso ilustrativo al respecto: muchos políticos, así como almirantes en retiro de la Armada, están usando el caso de Yordan Llempi como argumento para traspasar los casos a la justicia militar. En él, según la candidata Marcela Cubillos, infantes de marina están siendo llevados a juicio por “el delito de haber llegado a tiempo a defender y salvar a otros carabineros que estaban bajo ataque terrorista”.

Eso es falso. En ese caso, un grupo de manifestantes cortó una ruta y se enfrentó con carabineros e infantes de marina. Sin embargo, la actuación de estos últimos desconcertó a los mismos policías. El sargento de Carabineros Raúl Canales declaró que el encargado de la Armada “se arrancó con los tarros. No me hizo caso y quiso hacer su procedimiento sin tomar en cuenta a mi persona como el más antiguo de Carabineros”.

Las comunicaciones radiales dan cuenta de ese descontrol, con instrucciones entre los marinos como “indios culiaos” y “me importa un pico si una mujer se va a morir”. Quien murió fue Yordan Llempi, un joven de 23 años ultimado de un tiro en el patio de su propia casa mientras, junto a su familia, intentaba llegar a la leñera para guarecerse de los disparos.

La Fiscalía acusa al cabo de la Armada Ricardo Seguel por esa muerte. Pero Seguel, como todo chileno, civil o militar, goza de presunción de inocencia. Será un tribunal independiente, en un juicio público y transparente, el que decida si es o no culpable.

Todo lo contrario a la justicia militar, donde quien investiga, acusa y condena es una misma persona, un uniformado sometido a la estructura de mando. No es una justicia ciega; es una justicia parcial, donde el militar es juzgado por su propia institución.

La comisión de la Cámara aprobó este proyecto por 14 votos a 12, gracias al apoyo del “demócrata” Miguel Ángel Calisto y el “amarillo” Andrés Jouannet. Los autoproclamados partidos de centro, herederos de los “30 años” y la Concertación, votaron así por traicionar una de las banderas históricas de la Concertación: la igualdad ante la ley y la desmilitarización de la justicia.

Al día siguiente, esta aberración fue rechazada por un solo voto en la sala de la Cámara, pero la oposición ya anunció que insistirá en el Senado.

En resumen: buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. Dividen a los chilenos en dos clases distintas ante la justicia, unos con más derechos que otros. Estos políticos están atacando las bases mismas del estado de derecho y destruyendo la igualdad ante la ley.

No quieren justicia. Lo que quieren es impunidad.