El imperativo de crear un programa de protección a los testigos de violaciones de DD.HH.

La importancia de la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, testigo de cargo contra uno de los más notables genocidas argentinos, radica en la desaparición misma y la falta de previsión por parte del Estado –gobierno y tribunales– para brindar adecuada protección a los testigos de crímenes de lesa humanidad. Esta responsabilidad alcanza incluso a los involucrados en DD.HH. por no anticiparnos a exigir tal protección para todos nuestros testigos de una manera real y efectiva.

No hay ninguna duda de que las organizaciones de DD.HH. y el actual gobierno argentino han logrado avances altamente substanciales en materias relativas a DD.HH., especialmente en comparación a los demás  países del Cono Sur, como Chile, por ejemplo. Con todo, el caso del compañero López muestra la falencia señalada y la necesidad imperativa de establecer en cada país del Cono Sur Latinoamericano un programa de protección a los testigos de violaciones de DD.HH.

Tal programa permitiría que muchos que permanecen en silencio por temor a represalias puedan comparecer en tribunales y hacer efectiva la responsabilidad de los criminales que permanecen impunes.

En la ausencia de un programa de esta naturaleza, la desaparición del compañero López va a tener un efecto paralizador en las causas de DD.HH. no sólo en Argentina, sino que también en los demás países del Cono Sur, y los plagiadores habrán logrado su objetivo.

Más que identificar responsabilidades políticas por la desaparición del compañero López –que en estricto rigor son ampliamente compartidas en distintos grados por los distintos estamentos de organización política y social–, lo importante es determinar su paradero, identificar y castigar a los responsables, y establecer de inmediato un programa de protección que evite nuevas ocurrencias tanto en Argentina como en los demás países del Cono Sur.

La responsabilidad de los gobiernos correspondientes es ineludible.

Para que se haga justicia en materia de DD.HH., no basta con dejar que los tribunales "funcionen" –y lavarse las manos y la cara, como ha ocurrido hasta ahora en Chile, mi país, por ejemplo–, sino que es imperativo proveer los medios –entre ellos, el establecimiento de un programa como el señalado.

Si hay algo que podemos hacer para corresponder a su valentía de comparecer como testigo de cargo y la victimización de la cual ha sido objeto a causa de ello, es trabajar por el establecimiento de un programa de protección al cual no tuvo acceso –el objetivo último de esta nota.

Sede Baltimore, EE.UU.

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