Ex ministro Figueroa en picada contra Senador Navarro

SANTIAGO / Como una iniciativa "demagógica e inútil" calificó el abogado y ex ministro de estado, Juan Agustín Figueroa, la iniciativa de ley del Senador Alejandro Navarro (PS), que busca hacer extensivo el beneficio de la libertad condicional para todos aquellos prisioneros políticos mapuches condenados en virtud de la Ley 18.314, sobre Conductas Terroristas. Dicho proyecto, que avanza en el Congreso, contando con el respaldo de los parlamentarios de gobierno, se originó tras la huelga de hambre que por más de dos meses mantuvieron cuatro presos mapuches en penales de la zona sur del país.

Figueroa, abogado influyente y testigo estrella de la Fiscalía del Ministerio Público de La Araucanía en gran parte de los juicios desarrollados contra comuneros y dirigentes mapuches, no dudó en criticar duramente el proyecto, utilizando para ello la tribuna de El Mostrador. "Un senador elegido por VIII Región, que se ha caracterizado por sus conductas destempladas y su apoyo a la causa indigenista, ha presentado un proyecto de ley que -de ser aprobado- persigue aparentemente que los mapuches y la activista que cumple pena por provocar incendios terroristas, accedan a la libertad condicional", señala en su columna de opinión.

A juicio del ex miembro de Tribunal Constitucional, cargo que ocupó en el cupo propuesto por el ex presidente Ricardo Lagos, se trataría de una iniciativa que buscaría "burlar" la Constitución y el marco jurídico vigente. "Se ve claramente que la iniciativa pretende burlar explícitas disposiciones constitucionales, que no permiten o dificultan los indultos especiales y generales a los condenados por tales ilícitos. De esta manera, asilándose en la circunstancia que la gracia presidencial, para cumplir la pena en libertad, no constituye propiamente indulto especial, se recurre al resquicio para lograr la misma finalidad", indica.

"Pero el imaginativo parlamentario no se ha detenido a meditar –prosigue Figueroa– que cuando su proyecto se remite a la institución de la libertad condicional, hace aplicable a los pretendidos beneficiarios la normativa del D.L. 321 de 1925. Este conjunto de regulaciones establece, entre otros requisitos, que los aspirantes hayan observado conducta intachable en el establecimiento penal en el que cumplen la condena. Y esta fundamental exigencia precisamente no se cumple respecto de los rematados que han sostenido, dentro del recinto penitenciario, una prolongada y publicitada huelga de hambre, comportamiento que constituye una grave infracción al régimen carcelario".

"De esta suerte, el proyecto de ley impone una condición específica aplicable a este caso, cual es la renuncia a la violencia por parte de los imputados, y los remite a otra general, que evidentemente no concurren. Surgen así dos obstáculos insalvables para que los presos obtengan el beneficio: su negativa a renunciar a la violencia y su mal comportamiento dentro del penal", enfatiza el ex ministro de Patricio Aylwin, abogado de la Universidad de Chile, casa de estudios en donde desde hace 30 años es amo y señor de la cátedra de Derecho Procesal.