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Presos Mapuches: 43 días de huelga de hambre

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GULUMAPU / Pasan los días y la piel se entristece, se anquilosa el cuerpo, se estremecen las certezas y el alma, porque una huelga de hambre es siempre dolorosa. También furia e impotencia, un llamado de atención, un grito a la razón a un país indolente que reniega de sus raíces y se acuerda de los pueblos originarios solo cuando estos se levantan en la defensa de sus derechos. Ahí el Estado recuerda su existencia, entonces manifiesta su propia furia de siglos y a través del fuego de su mirada dispara y golpea al mapuche. Y por obra y gracia de la justicia chilena al mapuche se le estigmatiza como delincuente y terrorista.

Por ello, por esa injusticia, es que un grupo de presos políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre el 13 de marzo. Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo, resolvieron comenzar el movimiento de carácter indefinido con el objetivo de exigir la libertad de todos los presos mapuche y, además, para demandar la revisión de los procesos en los cuales se les acusa.

Es que desde el comienzo de la nueva etapa del movimiento mapuche en su lucha por tierra, territorio y derechos colectivos como pueblo, el Estado ha utilizado toda la fuerza de la ley chilena para criminalizar las demandas indígenas. Es así que ha recurrido a la Ley anti-terrorista para reprimir a los mapuche e intentar desarticular sus organizaciones, a pesar de que múltiples instituciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo a la aplicación de dicha legislación en relación a un conflicto de carácter social y que, por lo demás, tiene su origen en la violencia proveniente del Estado chileno para despojar al mapuche de sus tierras y cultura.

La huelga de hambre es solo una manifestación más de esta violencia y de la torpeza de recurrir la a ley anti-terrorista. Claro, porque los comuneros en huelga fueron condenados a largas penas de cárcel en el marco del caso denominado “Poluco Pidenco”, proceso judicial que llevó ante los tribunales chilenos a once miembros de las comunidades Tricauco, San Ramón y Chequenco, acusados del delito de incendio terrorista del predio de propiedad de la Forestal Mininco, ocurrido en diciembre del 2001.

Poluco Pidenco y la increíble "justicia"
Como ha sucedido en reiteradas oportunidades, el Ministerio Público, el gobierno y las empresas forestales, actuaron de consuno para intentar impedir el debido proceso de los acusados. De hecho, la jueza de Garantía que rechazó el carácter terrorista del delito que se les imputaba a los procesados, fue prontamente inhabilitada por la Corte Suprema. En este marco se realizó el primer juicio en agosto del 2004 al cual no se presentaron todos los acusados, pues consideraron que no estaban dadas las condiciones para un proceso justo.

En esa oportunidad fueron condenados José Huenchunao , Juan Millacheo, Patricia Troncoso, Jaime Marileo, y Juan Marileo a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, además se les obligaba a pagar una indemnización a la Empresa Forestal Mininco de 425 millones de pesos (Nota de la redacción:  esto equivale a más de US$ 800.000). Es decir, a lo desproporcionado de las penas se le agregaba una sideral suma de dinero que, por cierto, ninguno de los detenidos está en condiciones de pagar, toda vez que son comuneros que perviven en las mismas condiciones de pobreza que la mayoría del pueblo mapuche.

Además, dicha indemnización era en favor de la forestal que ha arrasado con sus tierras y que el año 2002, en la época en que tuvo lugar el incendio, obtuvo ganancias por más de 7 mil millones de pesos. Pero lo increíble de la sentencia no radica solo en este hecho, sino también en que ésta se basó – incluso reproduciendo textualmente en parte – en la sentencia que había condenado a los lonko de Temulemu, Pascual Pichun y de Didaico, Aniceto Norin, a 5 años y un día el año anterior. Asimismo, amparados en la legislación anti-terrorista, se utilizaron testigos sin rostro o anónimos los cuales, se supo, fueron pagados para testificar.

El Ministerio Publico gastó alrededor de 20 millones de pesos en estos testigos que, de acuerdo a expertos, contravienen normas mínimas que garanticen un debido proceso. Aún así el juicio se realizó y los cinco detenidos fueron condenados, mientras los seis comuneros restantes optaron por no presentarse y sumirse en la clandestinidad, mas uno de ellos, Carlos Huenulao, fue eventualmente arrestado, sometido a juicio en abril del año pasado y condenado a 10 años y un día y a pagar una millonaria indemnización.

Por lo mismo, cuando dos de los comuneros prófugos, José Cariqueo y Juan Colihuinca, fueron detenidos recientemente y tuvieron que enfrentar al tribunal Oral en lo Penal de Angol por el mismo caso de incendio terrorista, la convicción era que, una vez más, serían condenados a largas penas de prisión. De hecho, Cariqueo – quien había sido detenido en octubre del 2005 – renunció a la defensa penal pública por considerar que este era un juicio político y que no existía garantía alguna de un debido proceso. Es lo mismo que sostuvo la Agrupación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche, al afirmar que “los tribunales de juicio oral de Angol, el Ministerio Público, el gobierno de Chile y la forestal Mininco se confabularán para acusar nuevamente a dos mapuche de “terroristas”, por el solo hecho de luchar por la libertad de su pueblo".
Como es de esperar serán enjuiciados bajo mentiras de testigos pagados por el Ministerio público, al igual como ocurrió con Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil, Patricia Troncoso, José Huenchunao Mariñan y Juan Millacheo Lican, todos condenados a diez años por incendio terrorista y a pagar una millonaria suma de dinero a favor de los ladrones y usurpadores del territorio Mapuche, Forestal Mininco”.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en este tercer juicio en relación al caso Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol declaró la inocencia de los imputados al no formarse la convicción de su participación en los hechos y, además, de no compartir la calificación de terrorista del supuesto delito de incendio. Esta no es la primera vez que un tribunal falla a favor de mapuche acusados de delitos terroristas, es lo acaecido en la ciudad de Temuko, en julio del año pasado, cuando un grupo de dirigentes y comuneros mapuche fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita terrorista. Ello, no obstante la intervención directa de la Corte Suprema orientando a los jueces del Tribunal Oral para que condenaran a los mapuche que ya habían sido absueltos por el mismo delito anteriormente. Entonces, pareciera existir, al menos en algunos jueces, la disposición a escuchar los argumentos esgrimidos por la defensa y los propios mapuche que son víctimas de un conflicto que jamás iniciaron y de delitos en los cuales no tuvieron participación.

Pero, varios de ellos continúan aún en prisión, pues son objeto de investigación en otros hechos. Además, lo insólito es que en el caso específico de Poluco-Pidenco, el tribunal de Angol analizó y valoró las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público para acusar y lograr la sentencia de los cinco detenidos actualmente en huelga de hambre. En otras palabras, en esta oportunidad fueron absueltos y liberados José Cariqueo y Juan Colihuinca, mientras que anteriormente fueron condenados Juan Huenulao, Patricia Troncoso, Patricio Marileo y Jaime Marileo. La misma causa, las mismas pruebas, pero dos sentencias distintas., por lo tanto algo funciona muy mal en la aplicación de justicia en territorio mapuche y al gobierno le cabe directa participación y responsabilidad en lo que allí sucede.

¿Qué dice el gobierno de Bachelet?
El nuevo gobie
rno de la Concertación ha señalado su disposición a no “criminalizar” las demandas mapuche, como sí lo hicieron sus antecesores, de la misma manera que ha manifestado su voluntad de proceder al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sin embargo el Ministerio del Interior se hizo parte del juicio que acaba de culminar , por ende, el discurso del gobierno de iniciar una nueva relación con el pueblo mapuche no se condice con su accionar, puesto que se continúa aplicando la ley anti terrorista en el contexto de un conflicto social. En el marco de las 100 medidas urgentes prometidas durante la campaña presidencial, el gobierno ha enviado al parlamento una serie de proyectos de ley para ser discutidos y aprobados antes del 21 de Mayo, entre estos se encuentra el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Esto pareciera ser congruente con el programa político del gobierno y con las promesas electorales, pero la rapidez con se pretendió aprobar esta nueva ley atentaba contra el debate serio y responsable y, por lo demás, es claro que no habían sido consultados los pueblos originarios. Finalmente – producto de la presión, fundamentalmente desde el pueblo mapuche – el proyecto fue temporalmente retirado por el gobierno. No obstante, lo más probable, es que se insista en el carácter unicultural de la sociedad chilena y en la naturaleza unitaria del Estado-nación chileno. Es decir, más allá que se pueda incluir a los pueblos indígenas en la constitución y constatar de esta manera su innegable existencia, no se reconocerán sus derechos colectivos.

Quizás a eso se deba el silencio de las autoridades en lo concerniente a la huelga de hambre de los presos mapuche de la cárcel de Angol, tal vez esta será la nueva política indigenista, invisibilizar el conflicto y las demandas mapuche. Por lo mismo, familiares, amigos y organizaciones solidarias con los huelguistas y con el pueblo mapuche han realizado numerosas manifestaciones y acciones en Valparaíso, Santiago y Temuko para intentar romper el manto de silencio comunicacional en torno a la huelga. Porque ya se prolonga demasiado, porque día a día se deteriora la salud de los presos, porque este es un problema que requiere de una solución política, pero por sobre todo, humana.
Lunes 24 de Abril de 2006

Periódico Azkintuwe

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