El reencuentro de Chile con su historia 

"En Chile nada se hace lejos del Estado”
José Bengoa, Antropólogo chileno.

En una barroca ceremonia política, propia de los monarcas absolutistas del siglo XVIII, el pasado 17 de septiembre, el Presidente de la República Ricardo Lagos procedió a estampar su firma en tres ejemplares de lujo de la supuesta nueva Constitución Política del Estado de Chile. Promulgando con ello las reformas constitucionales introducidas a la Constitución de 1980. A través de este acto el Presidente y la clase política en el poder, entregaban a la sociedad chilena "por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”, sostuvo el Presidente.

La ceremonia, por cierto, se efectuó al interior del Palacio de Gobierno con invitados previamente convocados a través de invitaciones personales intransferibles, que nos hacen recordar a las “esquelas repartidas a los principales del reino” a participar en el Cabildo Abierto, que en realidad fue cerrado, el 18 septiembre 1810. La puesta en escena del acto ceremonial organizado por el gobierno concertacionista es digno de análisis: orquesta sinfónica interpretando música, una gradería para los invitados “sin poder”, sillones para los representantes de los cuatro poderes estatales (ejecutivo, legislativo, judicial y armado), por supuesto un lugar destacado para los representantes de los poderes fácticos (empresarios y la siempre presente Iglesia Católica), etcétera. Allí estaban todos los que habían jurado mantener la obra institucional de la dictadura como aquellos que habían jurado combatirla. Los únicos que faltaron a la fiesta fueron los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad chilena. Pues, el gobierno concertacionista y la clase política, fiel a la vieja tradición ilustrada absolutista practicaron aquello: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.

Obviamente, que en los tiempos de la video-política los ciudadanos y ciudadanas pudieron, seguir la ceremonia, a través de la “caja idiota”, siempre y cuando, en la agitada y convulsionada consumista mañana del sábado 17 de septiembre previo la celebracxión de la Fiestas Patrias, tuvieran el tiempo y el interés de mirar al Presidente Ricardo Lagos, bajar desde las alturas del poder, solo, las escaleras hacía el patio del Palacio, donde se encontraba la mesa y los tres ejemplares de lujo de la “nueva Constitución”, de rojas tapas y letras doradas, y procediera, solemnemente, a estampar su firma en aquellos, reemplazando así la firma del dictador, para luego comunicar al “pueblo”, que por fin los chilenos y chilenas teníamos una Constitución que no nos dividía y, por esa razón, teníamos motivos para celebrar.

Dijo, el Presidente, “nos reunimos aquí para celebrar, celebrar solemnemente el reencuentro de Chile con su historia”.
Tiene toda la razón, el Presidente, su ceremonia, su firma, su discurso, lo hacen a él y a la clase política civil y militar allí reunida, a los poderes fácticos, continuadores de la más rancia tradición histórica nacional y, sin lugar a dudas, que constituye, un reencuentro con su historia, con la historia AUTORITARIA. Pero, jamás con alguna tradición democrática o republicana moderna.    

En efecto, Ricardo Lagos, realizó una serie de afirmaciones históricas y políticas que no se corresponden con una interpretación democrática de la historia política de la sociedad chilena, sino más bien se ligan y entroncan con la versión conservadora y oligárquica, por ende antidemocrática propia de la pluma hacendal de un Francisco Antonio Encina o de un periodista mercurial como Alberto Edwards Vives.

Como es sabido, cosa que el Presidente ignora o, simplemente, obvia, la historiografía democrática ha demostrado que ninguna Constitución Política en Chile ha sido producto de la actividad de un poder constituyente democrático ciudadano. Todas han sido impuestas por el poder constituido con el apoyo del poder armado. Por lo tanto, no han sido fundadoras de una comunidad política democrática. Todo lo contrario han producido ordenes políticos, profundamente, autoritarios. Dirigidos por personalidades autoritarias como la del Ministro Diego Portales, 1833; Arturo Alessandri Palma en 1925, y Augusto Pinochet en 1980, y, por cierto, la “nueva Constitución” no escapa a esta regla.

Esas constituciones (1833, 1925 y 1980) no sólo fueron redactadas por integrantes de los poderes fácticos que siempre han manejado “las riendas del poder” en la sociedad chilena desde 1810 en adelante sino que, también, fueron aprobadas en contextos políticos que de ninguna manera garantizaban la plena y libre participación de la ciudadanía.

La constitución de 1833 fue redactada por una comisión que trabajo a puertas cerradas y para su promulgación no existió ningún mecanismo de aprobación ciudadana, salvo la decisión de sus redactores y de los que detentaban el poder constituido, tras la derrota militar de los liberales en 1829, Diego Portales y el Presidente José Joaquín Prieto.
La Constitución 1833 institucionaliza el poder político de los grupos dominantes conformando un Estado autoritario. El poder político es controlado por una pequeña elite que excluye al 95% de la población de cualquier tipo de participación política ciudadana que no sea la de estar sometido a esa forma estatal. Evidentemente, es un estado organizado, pero no democrático. Moderno, pero no democrático. Respetado, por su capacidad de disciplinar a su población a través del “azote y la ley”, y no por sus virtudes democráticas sino, fundamentalmente, por su condición autoritaria.

A pesar, que dicha condición la sociedad chilena no estuvo libre de convulsiones políticas, como supone Lagos, sufrió nada menos que tres guerras civiles, 1851, 1859 y 1891; y desde 1880 hasta 1925, fecha de la dictación de la segunda Constitución Política, diversas matanzas ciudadanas, por parte de las fuerzas represivas del Estado, en fin, toda una historia que el Presidente ignora o oculta deliberadamente en su discurso.

La Constitución de 1925 no fue la expresión ni respondió a la “sed de justicia social y de progreso que animaba a la mayor parte de los chilenos” como supone equivocadamente el Presidente. Respondió a los intereses políticos de los mismos poderes fácticos y políticos civiles y militares que redactaron la Constitución de 1833.
Por la forma que fue redactada y aprobada la Constitución de 1925 no puede ser considerada como producto de la acción política democrática de la ciudadanía nacional. Ella, igualmente que la anterior, fue redactada a puertas cerradas por una Comisión constituida por 15 personas designadas por el poder constituido y aprobada en un plebiscito en donde se abstuvo el 56,2% de la ciudadanía con derecho a sufragio. Cabe señalar, que esta no alcanzaba al 10% de la población total nacional. O sea, la Constitución de 1925 fue aprobada aproximadamente por menos del 5% de la ciudadanía nacional. Una clara y manifiesta expresión de la profunda tradición autoritaria de las clases dirigentes nacionales. Por eso, se equivoca, Lagos al sostener que dicha constitución respondió a la “sed de justicia social” de la mayor parte de los chilenos. Estos estaban excluidos de toda participación política.

También constituye una profunda equivocación del Presidente el sostener que dicha constitución permitiera el desarrollo de la democracia en la sociedad chilena. Como ha sido demostrado por la historiografía democrática entre 1925 y 1973 periodo de vigencia de dicha Constitución Política, la democracia como régimen político, tuvo una corta y agitada de existencia de tan sólo 6 años, entre 1
967 y 1973. O sea, de los 48 años de existencia, 42 años la Constitución de 1925 normó y reguló formas políticas no democráticas o insuficientemente democráticas. Por ejemplo, entre 1927 y 1931, el país estuvo bajo la dictadura militar del General Carlos Ibáñez del Campo; entre junio de 1931 y diciembre de 1932, fue repetidamente suspendida por distintas acciones políticas militares que siguieron a la caída del dictador. Entre 1932 y 1948, el régimen político impuesto autoritariamente por la “pax alessandrina” era excluyente, limitado y electoralmente corrupto (dado que la elecciones estaban dominadas por el cohecho, la manipulación electoral de la voluntad ciudadana). Entre 1948-1958, la Constitución de 1925, regula institucionalmente un régimen político autoritario electoral.

Donde las libertades cívicas y ciudadanas se ven limitadas por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que excluye y persigue a todos los ciudadanos disidentes del Estado como del gobierno. Durante varios años funciona en esta ejemplar democracia y “asilo contra la opresión”, de la cual, según Lagos, nos enorgullecía, un campo de concentración para recluir a todos los ciudadanos y ciudadanas acusados de transgredir la Ley antes señalada. Solo luego de los luctuosos hechos de 2 y 3 de abril de 1957, la lucha política democrática ciudadana da inició al más importante y profundo proceso de democratización nacional que culminara con la instalación de la democracia política plena entre 1967 y 1973.

Es durante esos años la Constitución de 1925 fue reformada en varias ocasiones transformándola no sólo en sus aspectos formales jurídicos-políticos institucionales sino que esas reformas afectaron directamente a las fuentes del poder político, social y económico de las clases dominantes nacionales. Entre las más significativa se encuentra la reforma constitucional que afecto a la concepción liberal del derecho de propiedad privada que permitió la realización de la reforma agraria y partir de ella el reconocimiento político de aquellos sectores que habían estado excluidos de la participación política durante décadas, los campesinos y campesinas. Durante, los años siguientes la acción política de la Unidad Popular la democracia política fue abriendo paso a la democracia social y económica. Las grandes mayorías sociales, antes excluidas y marginados de los procesos políticos y sociales, eran los principales constructores de la democracia. Por esa razón, fue destruida.

Fue la democracia vivida y construida entre 1967 y 1973 la que se estaba apartando y dejando atrás la larga y tormentosa tradición autoritaria y antidemocrática nacional. El autoritarismo que se instala en Chile a partir de septiembre de 1973 no constituye una excepción histórica que interrumpe la tradición democrática nacional o el alma de Chile. La violación de los derechos humanos por parte del Estado tampoco constituye una excepción, el Estado desde 1833 hasta el día de hoy ha violado los derechos humanos de los ciudadanos nacionales bajo distintas formas y modalidades. Las Fuerzas Armadas y los poderes fácticos, tal vez, con la sola excepción de algunos sectores de la Iglesia Católica de entonces, restauraron en 1973 su principal tradición política: el autoritarismo. Nuevamente, la ciudadanía será disciplinada apunta de “ metralla, tortura, exilio y ley”

Los autoritarios de los años sesenta y setenta del siglo pasado se encargaron de producir la nueva ley fundamental de la república: destinada a ordenar lo que los “rotos subversivos” habían desordenado en aquellos años de desvarió político e histórico. Así, en 1980 con la redacción del principal ideólogo antidemocrático de la nueva derecha chilena Jaime Guzmán, (el Egaña del siglo XX ) y la férrea voluntad autoritaria del Capitán General A. Pinochet, se impuso a los y las ciudadanas nacionales la denominada Constitución Política de 1980.
El carácter antidemocrática de ella fue denunciado por todos los ciudadanos demócratas, a muchos esa denuncia, les costo su vida, a otros torturas, a algunos exilio, pero no faltaron aquellos que con una fría racionalidad sostuvieron que a pesar de su ilegitimidad debía ser aceptada por la oposición democrática, fundamentalmente, porque esa “Constitución está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad” y debe acatarse. “Para hacerlo hay que eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”.

Y, efectivamente, durante quince años la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia han eludido en forma permanente el tema de la ilegitimidad de la Constitución de 1980.
Ese, ahora, lejano día 28 de julio de 1984 quedara marcado como el día en que “sé jodío la sociedad chilena de camino al siglo XXI”. 21 años más tarde el Presidente Lagos cierra el proceso abierto por el ex Presidente Patricio Alywin, de reconocimiento, aceptación y legitimación de la Constitución Política establecida por el binomio antidemocrático y autoritario Guzmán-Pinochet.

Se equivoca profundamente el Presidente Lagos cuando sostiene que la Constitución de 1980 reformada ha dejado de ser lo que era y que por solo imperio de la ley y de su firma se ha transformado en democrática.

Si bien, aspectos institucionales importantes de ella han sido modificados no implican necesariamente que el régimen político pos-autoritario establecido en 1990 logre adquirir una mejor calidad democrática. O, lo que es más difícil aún , sostener que la sociedad chilena o la forma de estado fundada a partir de 1973, adquieran la condición democrática. Puesto, que se siguen manteniendo distintas restricciones o limitaciones a la participación política ciudadana. Una democracia no se establece sólo con limpiar impurezas que afectan al poder civil, a la representación política, u otras. Si no, que una democracia se establece plenamente cuando las fuentes del poder son afectados directamente por la acción ciudadana democrática. Ello no ocurre con las reformas constitucionales aprobadas y promulgadas por el Presidente. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad no se termina sino que se transforma en un órgano asesor de las autoridades del Estado. Una verdadera Constitución Democrática habría reducido y limitado el enorme poder que tienen las Fuerzas Armadas nacionales al interior del sociedad chilena, las actuales disposiciones constitucionales dejaron intacto ese poder. La historia enseña que el Presidente tenga o no la facultad de remover a los Comandantes en Jefe no asegura que estos van a ser respetuosos del régimen democrático. La actitud asumida por algunos militares en el pasado prueba claramente que ello no constituye un dique para la acción antidemocrática de las Fuerzas Armadas, los ejemplos paradigmáticos de los generales Ibáñez y Pinochet, ahorran mayores comentarios.

Aunque, el Presidente Lagos intente con diversos argumentos históricos y políticos en decir que la Constitución de 1980 ya no divide a los chilenos y chilenas, es manifiesto que para un porcentaje significativo de ellos, dicha carta fundamental, continuara siendo ilegitima.
Especialmente, por su origen y, sobre todo, por la forma como que la Concertación a procedido a “legitimarla” desde 1984 a la fecha.
Dicha forma hacen de la Concertación y del Presidente Ricardo Lagos continuadores de la tradición política autoritaria y antidemocrática de los fundadores de la República, citados por el propio Lagos, Diego Portales y Arturo Alessandri.

La forma política utilizada tanto por Portales, Alessandri y el binomio Alywin-Lagos en representación de la Concertación, ha sido imponer desde arriba, o sea, por medio del poder constituido la Constitución Política al resto la sociedad. Ellos han impedido bajo diversas razones y acciones a
la ciudadanía la posibilidad de ejercer en forma libre y democráticamente el poder constituyente.

Tiene razón, Ricardo Lagos, al sostener que iniciamos el siglo XXI “con el mismo espíritu de 1833 y 1925”, que no es otro que el espíritu antidemocrático y autoritario que ha dominado a todos los que han asumido el poder constituido en Chile. Es el reencuentro de Chile con su historia.

Haberlo hecho de otra forma, a través de la acción del poder constituyente ciudadano por medio de una Asamblea Constituyente habría constituido una gran ruptura histórica trascendental, fundadora de una nueva cultura política y de un nuevo y verdadero orden político democrático. Pero, como siempre, se optó por el verdadero espíritu y alma nacional, el autoritario-estatal.

Dr. en Ciencia Política Director Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina Universidad ARCIS
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