La educación es un punto muerto en Chile y en Iquique

7 marzo, 2019 

Profesor Haroldo Quinteros

En los comienzos de la actividad educacional en todos sus niveles en un nuevo año, no está de más recordar el tipo de educación que tenemos hoy y el que teníamos en el pasado antes de la transformación del Estado de Chile, desde un Estado de economía mixta, a uno de carácter neo-liberal.

Lo primero que llama la atención es que  en el pasado la educación chilena era, en su mayor parte, estatal y gratuita desde el nivel pre-escolar hasta la educación superior y profesional; se tratase de universidades o institutos, como el antiguo y estatal Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), fundado por el Estado de Chile en 1966, que tenía sedes en todo el país, y el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC) de la Universidad Católica, fundado en 1968, que aunque era parte constitutiva de la Universidad Católica, que es privada, también era gratuito. Chile, por lo tanto, ofrecía a la niñez y a la juventud una educación universal de Estado y gratuita en todos sus niveles. En términos relativos, nuestra educación era buena, si no muy buena, cuestión reconocida internacionalmente. No podía ser de otro modo, puesto que el Estado de Chile, con entero arreglo a la Ley, desde la constitución de 1833, la definía como su “atención preferente.” Hoy, la educación, como lo establece la Constitución vigente, no es atención preferente del Estado, sino un servicio; es decir, un bien de consumo que se compra y vende según las reglas y contingencias establecidas espontáneamente por el mercado.

Hoy, si bien la educación escolar de Estado es gratuita, en cuanto calidad ya no es aquella que nos enorgullecía en el pasado. En nuestra antigua democracia, la educación privada sólo cubría el 10% de las escuelas y liceos, cifra máxima hasta la cual se llega  en todos los países del mundo, excepto Chile.  Además, el financiamiento de las escuelas privadas corría por cuenta exclusiva de sus dueños; vale decir, el Estado sólo financiaba lo que era suyo, de modo que los fondos estatales asignados a la Educación iban en un 100% a las escuelas, universidades e institutos del Estado.

En conclusión, el financiamiento estatal de la educación, además de ser alto (el doble de lo que es hoy), lo recibían sólo los establecimientos educacionales del Estado, lo que explica  por qué eran de calidad. Las cosas cambiaron dramáticamente a partir de la imposición en Chile del neo-liberalismo en educación. La educación estatal no sólo ya no es buena, sino se redujo en un grado abismante, por cuanto apenas un tercio del sistema escolar es estatal. En cuanto las universidades, todas, sin excepción, son pagadas; por lo tanto, debe comportarse como empresas autosuficientes. Este es un caso único en el mundo.

Muchos dirigentes de la derecha política, la que impuso el sistema educacional imperante, se oponen a la gratuidad porque, según ellos los pobres pagan la educación de los ricos. Si el Estado, dicen, financia la educación nacional con los dineros del trabajo y los impuestos que paga toda la población, incluidos los pobres, éstos estarían costeando la educación de los ricos. Luego, agregan, que como los ricos pueden pagar su educación, el Estado se ahorraría grandes sumas de dinero, rematando este juicio con el argumento que esos fondos pueden servir para mejorar las condiciones de vida de los mismos pobres.

Veamos la falsedad que hay tras esa postura. En primer lugar, hoy hay en Chile más pobres que nunca, el salario mínimo es miserable, la cesantía es más alta que en el pasado, y ni hablar de la falta de viviendas, de una buena atención sanitaria, etc., etc. En segundo lugar, es falso que toda la educación privada sea realmente privada. No lo es porque la mayoría de los colegios privados son los subvencionados. Finalmente, en cuanto las universidades, las tradicionales privadas también son financiadas por el Estado, y en muchos casos mejor que las estatales.

Desde el punto de vista socio-político, lo más grave que trajo el sistema subsidiario a la educación, es que Chile se ha dividido en dos sectores educacionales, la de los que no pueden pagar una buena educación y los que sí pueden. Esto es contrario a todo sentido de sociedad, de comunidad y de nación. El quid ideológico del sistema es mantener a toda costa la división de la sociedad en muy definidas clases sociales. En verdad, el Estado financia la educación privada para que ésta sea mejor que la estatal. Aquella ya tiene varias ventajas, como los aranceles mensuales que allí se pagan, la contribución financiera estatal para la mayoría de ellos y, por supuesto, el buen status social de las familias de los educandos, que ofrecen a sus hijos buenas condiciones de vida en el hogar, lo que facilita su formación escolar.

Las familias vulnerables deben contentarse con escuelas que, en general, carecen de buenas estructuras físicas, buenos equipos, profesores de élite, etc.  A la pregunta obvia de por qué si hay más pobres que gente con dinero, hay más escuelas privadas que estatales en Chile. Muy simple, porque muchas familias humildes se endeudan y privan de bienes por matricular a sus hijos en colegios privados subvencionados para asegurar el acceso de sus hijos a la educación superior.  La Pedagogía general, la UNESCO y la OCDE, en varios documentos oficiales,  ha señalado su preocupación por los desniveles existentes entre sus países miembros en materia de acceso a una buena educación sobre la base de las diferencias en el ingreso familiar (más claro, de clase social). La OCDE, muy explícitamente, en muchos de sus informes oficiales, ha hecho esta crítica directamente a Chile.

También los defensores del sistema argumentan que nunca en la historia de Chile tantos jóvenes habían accedido a las universidades. Es cierto que hoy las universidades tienen muchos alumnos, pero primero, como ellas son empresas que deben auto-sustentarse, lo que más ofrecen al público es la formación en carreras profesionales, que, lógicamente, no responden a un sistema de planificación científica de Estado sobre cuáles deben programarse en beneficio del país. En verdad, la perversidad del sistema está a la vista. Ser estudiante universitario responde en la mayoría de los casos  al  endeudamiento de por vida de las familias, y, además, cuando aquellos estudiantes, que son la mayoría, obtuvieron su título profesional y tienen posibilidades de trabajar, deberán pagar el crédito con que estudiaron.

Finalmente, como también está ocurriendo, la falta de planificación en la oferta de carreras universitarias está creando un enorme contingente de jóvenes egresados que no encuentran trabajo; los llamados “cesantes ilustrados.” Las universidades perdieron el sentido mayor de formación ética de sus alumnos: el servir a la sociedad. La mayoría de los egresados, hayan pagado sus estudios con plata de su bolsillo, o egresen debiendo plata a los bancos, o salen a cobrar lo gastado, no a servir a la sociedad. Algo todavía peor que lo anterior es que fuera de dos o tres universidades, la la calidad de los estudios que ofrecen las universidades chilenas está siendo cuestionada desde hace bastante tiempo, tanto nacional, como internacionalmente.

Cada día se hace más evidente el hecho que la competencia entre las universidades por ganar clientela  (es decir, estudiantes) se basa en las facilidades que ofrecen para la obtención de un título. Las antiguas universidades chilenas eran buenas porque eran exigentes, y eran exigentes porque eran gratuitas.  Salvo una que otra excepción, hoy la universidad que exige  está condenada a perder clientela;  vale decir, a desaparecer. En un régimen neo-liberal en Educación, la verdad es que los dueños de las universidades, sea el Estado o sean privados, arriesgarían la sustentabilidad de sus instituciones si se pusieran realmente serios en cuanto la exigencia académica. En verdad, sólo la gratuidad asegura la calidad de los estudios en las universidades, y por extensión, de la excelencia profesional de sus futuros egresados.

Vamos al proyecto de ley  del gobierno llamado  “Admisión Justa .” El nombre exacto del proyecto es “Ley que perfecciona el sistema de Admisión Escolar incorporando Criterios de Mérito y Justicia.” En el propio proyecto, además, se lee una frase “para el bronce”: “proyecto necesario porque da más libertad a los que están en la industria de la educación.” Nada extraño, porque el propio Presidente del país, no sólo una vez, sino muchas, ha dicho públicamente que la Educación es un bien de consumo; es decir, no un derecho humano natural, como se entiende universalmente en todo el planeta.

Como ya lo han dicho muchos analistas educacionales, el objetivo de esta ley es hacer más fácil el trabajo de los sostenedores privados y municipales de las escuelas y liceos, en cuanto les  permite seleccionar a sus alumnos; esto, aun más de lo que ya se selecciona con arreglo a la solvencia económica de las familias. Las escuelas y liceos privados son los que reciben a los estudiantes con mejores rendimientos porque cuentan con mejor apoyo familiar económico y afectivo. Esto, obviamente,  sólo profundiza la situación de desigualdad en nuestra sociedad.  En otras palabras, la educación elitista y clasista existente en Chile se reafirma con esta ley.

Además, desde el punto de vista netamente pedagógico, esto es contrario a todo principio educacional, porque los estudiantes que no serán seleccionados no son los menos inteligentes, sino los que obtuvieron menores puntajes en las pruebas estandarizadas, como el SIMCE, en el caso de la educación escolar, y en la PSU en el de las universidades.

En verdad, la selección que propone esta ley es sobre condicionamientos que vienen de la cuna, no de la inteligencia ni las habilidades cognitivas.  La selección escolar ha sido uno de los temas más estudiados a nivel mundial durante las últimas décadas, y la tendencia general pedagógico-científica mundial de nuestros días es rechazarla. En verdad, o bien, la Ministra de Educación Marcela Cubillos, una abogada, no educadora, sabe muy poco de Pedagogía, o si sabe algo, oculta el fondo clasista y reaccionario del proyecto.

Defendiendo esta ley, ella ha exhibido dos argumentos: primero, lo que se llama en Pedagogía el “efecto par.” Aduce que la influencia que tienen los rendimientos estudiantiles en aulas con pares diversos (niños distintos en rendimiento; o sea niños pobres y otros que no lo son), es “difícil de medir,” por lo tanto, difícil de mejorar. Otro argumento de la ministra es aquel de la “educación con patines,” frase acuñada por dos autores, de los cuales ninguno es educador, Arturo Fontaine y Sergio Urzúa. Parten con la premisa correcta que la Educación en Chile es una carrera de niños, unos con patines y otros descalzos.

Sin embargo, defienden la selección, y ponen como ejemplo a países en que se selecciona, como Singapur, Australia, etc., sin reparar en que la selección en esos países no es por razones de background económico y familiar, sino por los intereses cognitivos de los niños para situarlos en las escuelas secundarias y universidades más acordes a sus habilidades. El punto central en todo este problema es que la literatura educacional mundial es contraria a la selección escolar que preconizan Fontaine y Urzúa, que la ministra Cubillos recoge sin saber bien de qué se trata. La experiencia internacional señala que en aulas heterogéneas todas y todos los niños ganan, aprenden de sus diferencias y así se potencian mutuamente.

La teoría pedagógica actual demuestra a las claras que este proyecto de ley sólo puede traer más segregación y estratificación en nuestro sistema educacional. Por último, este es un proyecto de ley que no tomó en cuenta para nada la participación de los actores del mundo educativo, lo que ya es habitual en Chile, profesores, centros de padres e incluso organizaciones estudiantiles. Finalmente, el tono anti-democrático de la ley es evidente. Se presentó justo al inicio de las vacaciones de verano, cuando ni estudiantes ni docentes se encuentran en las escuelas, sus espacios naturales de trabajo y organización. Afortunadamente,  los que saben de Educación, pedagogos connotados de Chile ya han expresado su rechazo a su aprobación, y el Colegio de Profesores, en su reciente Asamblea Nacional Programática se ha propuesto impedir que se apruebe.

El sistema escolar chileno está enteramente diseñado según el esquema monetarista, en todo sentido. Se premia a las escuelas con altos puntajes SIMCE y se castiga a las que tuvieron bajos puntajes. No olvidemos que en Chile las escuelas reciben recursos en función de la cantidad de estudiantes que tienen´, lo que no puede ir más a contracorriente de las tendencias modernas en Educación. Los sostenedores no sólo muestran los buenos puntajes SIMCE obtenidos en sus escuelas como señuelo comercial, sino, además, seleccionan a estudiantes provenientes de otros colegios que hayan obtenido altos puntajes en esta prueba, y se deshacen de los que no los obtuvieron. Obvia es la conclusión: la prueba SIMCE es funcional al sistema educacional chileno, y fue creada para servirlo. A todo esto, pruebas como SIMCE, que terminan por dividir a las escuelas en buenas y malas,  no existen en ningún país del mundo, y ni hablar de los más avanzados en educación.

Lo que explica que el tipo de educación escolar que tenemos, tan funcional al neo-liberalismo, no haya cambiado con cuatro gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría (NM), fuerzas políticas que, en doctrina y programa son, en teoría, sus contrarios, es el hecho que no garantizan una lucha frontal, convencida y decidida contra el neo-liberalismo, ni en general ni en educación. El modelo educacional basado en la competencia y en la destrucción de la educación pública, si bien se impuso al país por la fuerza bruta a comienzos de los años 80 bajo una feroz dictadura, se ha afianzado y perfeccionado desde entonces hasta hoy; por lo tanto, no sólo por la acción de la derecha política en el gobierno del país, con Piñera del 2010 al 2014 y en el año que lleva hasta ahora, sino también por la acción de la Concertación y NM. En los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet se aprobaron muchas leyes educacionales, pero ninguna fue estructural.

El “fortalecimiento de la educación pública” que invocaba Michelle Bachelet después de la “rebelión pingüina,” fue, en verdad, un mito. Bachelet continuó bajo el régimen de igualdad de trato a las escuelas públicas y privadas, con la LGE de 2007 y con la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) de 2008, con fondos que se reparten por igual colegios municipales y privados subvencionados. Nunca se agregó el capítulo sobre educación superior a la LGE, por lo tanto, hasta hoy este sector educacional sigue regido por la antigua LOCE (1989) de la dictadura. Siguieron los puntajes SIMCE como los referentes únicos de calidad educacional, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de  2011. Siguió la dotación de enormes recursos estatales a sostenedores privados, con la Ley de Inclusión de 2015. Se creó  una agencia público-privada para administrar la educación comunal, con directores de perfil gerencial, con la Ley de Nueva Educación Pública de 2017.

Siguió la barbaridad de basar el salario de nuestros maestros, cuyo trabajo debe ser siempre colectivo,  según los resultados en las pruebas estandarizadas, SIMCE y PSU, con la Ley de Carrera Docente de 2016. Además,  siguió el despido de profesores, con la Ley de Calidad y Equidad, también llamada “Ley Lavín,” de 2011. Tampoco en las administraciones de la Concertación y NM se les pagó la deuda histórica  a miles de maestros, ya muchos muertos.

En fin, con la Concertación y NM no hubo una sola ley que hubiese ido a atacar las raíces del sistema. Hubo sólo ideas que no se transformaron en proyectos de ley, como, por ejemplo, la desmunicipalización de la educación escolar, una idea discutible pero que iba en pos de algo positivo, terminar con hacer de las municipalidades feudos de tal o cual bando político en materia de contratos a profesores, elección de directivos, colocación de fondos, etc. Ese mismo proyecto contemplaba los “consejos municipales de Educación,”  hoy universal en todo país que tome en serio la educación como parte fundamental del sistema democrático. En estos consejos intervienen en la gestión educacional la comunidad,  los educadores, las universidades locales, juntas vecinales, sindicatos, etc. Todo ello quedó en nada.

Finalmente, la ley “Aula Segura,” recientemente promulgada. Su objetivo es terminar con la violencia en las escuelas. Por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con ello, tanto cuando la violencia se dirige contra sus instalaciones e infraestructura física,  los profesores, el matonaje (“bullying”) y las drogas. La ley, dicho en dos palabras, autoriza a los directores de los colegios a expulsar a alumnos que él considere “violentos,” a su entera discreción. El tema, por cierto,  merece algunas precisiones.

Como tantas otras, esta  ley, no terminará con el problema de la violencia en las escuelas, porque ataca sólo el síntoma del problema, no sus causas. De partida, esta ley se relaciona muy directamente con el tema de la selección, que aquí hemos tratado. Por extensión, entonces, grafica de manera perfecta la conexión directa entre la Educación y el sistema neo-liberal imperante.

Veamos:

Los ideólogos y políticos profesionales del sistema imperante, a través de sus aparatos mediáticos y culturales,  se esfuerzan a diario por convencer a la sociedad que “siempre habrá pobres;” por lo tanto, la Educación, de modo natural, se basa  en la selección. En otras palabras, el elitismo y el segregacionismo le son connaturales. Como los pobres no están para pagar por la educación de sus hijos, éstos van a las escuelas públicas, que no aseguran la llegada de los niños a la universidad.  Ante esto, el sistema ha impuesto la ideología del éxito sobre la base del esfuerzo y el emprendimiento personales, lo que se demostraría a través del mito que los padres que se lo propongan, aunque sea  vendiendo sus casas, pueden educar a sus hijos en establecimientos privados.

¿No es esto flor de negocio para los sostenedores de colegios privados? La realidad, sin embargo, es abrumadoramente menos optimista. La absoluta mayoría de los niños de familias vulnerables no llegan a los colegios privados, y, la evidencia estadística prueba que los mayores focos de violencia escolar se dan en los colegios públicos. Esta ley, aprobada por parlamentarios que se declaran “de izquierda,” conlleva también la facultad de expulsión sumaria de un liceo por actos que dañen la estructura física del colegio, cuestión que normalmente ocurre durante las jornadas de protestas estudiantiles.  Basta que el rector así lo considere, y la expulsión será inmediata. Los movimientos estudiantiles, obviamente, no cesarán mientras el sistema educacional chileno siga siendo el de hoy; de modo que esta ley, al fin de cuentas, llegó para reprimirlos.

No obstante, aun en el sistema imperante, hay experiencias pedagógicas muy interesantes que pueden servir en Chile para atenuar la violencia en las escuelas, que no se han aplicado en Chile, por ejemplo, realizar, primero, un exacto catastro de aquellas escuelas de violencia recurrente, disminuir el número de estudiantes por clase y poner en ellas dos o incluso tres docentes por aula; crear escuelas especiales para niños violentos para su mejor atención psicológica y  psico-pedagógica. Esto es lo que, por lo menos, había que hacer desde 1989. Hoy, con esta ley, por una parte, muchos jóvenes, que pudiendo ser rehabilitados en buena medida y cantidad, serán lanzados a la calle a engrosar el ya nutrido contingente de delincuentes jóvenes que hay en Chile; y por otra, se facilitará y legalizará la represión contra el movimiento estudiantil.

*Fuente: Edición Cero

Más sobre el tema:

La Escuela Nacional Unificada (ENU, febrero, 1973)
por Luis Rubilar Solís (Chile)
Publicado el 31 marzo, 2012 ,

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